Por: Juan Carlos Machorro
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo mención que se requiere establecer un proyecto de rescate de los cuerpos de los 65 mineros que fallecieron atrapados en la mina Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, proyecto y concesión de la empresa Grupo México.
Este accidente fue muestra de la falta de previsión, seguridad y respeto a los derechos laborales de los mineros, en donde las acciones antes y después de parte de la empresa concesionario del sitio, Grupo México, fue de reacción a los incidentes no de prevención de los mismos, pese a que existan diversas denuncias desde el año 2000 de problemas en este complejo industrial.
Este nuevo proyecto de rescate se informó recaerá en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), cuya titular es Luisa María Alcalde, que se encargará del rescate de los cuerpos de 65 mineros.
Ante dicho anuncio oficial, la empresa Grupo México, tal y como hace años, tuvo una actitud que ha sido catalogada de sólo reactiva al mandar una carta al Presidente y, cuyo propietario Germán Larrea aceptó ayudar en la búsqueda de los restos de los 65 mineros en Pasta de Conchos, quien comunicó su postura de manera directa a AMLO.
En dicha misiva el propietario de Grupo México indica que “nuestra total disposición a colaborar con su Gobierno –de AMLO- en el análisis de los estudios técnicos que hoy estén aconsejando este nuevo esfuerzo de recuperación de los cuerpos de los mineros fallecidos y poner a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, toda la información técnica con que contamos”.
Añadió que “las labores de recuperación de los cuerpos –en 2006- fue una tarea dura, y de muy alto riesgo durante 14 meses…Después de más de un año de trabajo, las 24 horas del día, nos vimos forzados a suspender las labores.
Cabe recordar que este incidente del año 2006 represento uno de los mayores accidentes mineros en la historia moderna de México, en donde 65 mineros fallecieron atrapados en la mina Pasta de Conchos.
Este accidente fue muestra de la falta de previsión, seguridad y respeto a los derechos laborales de los mineros, se denunció en su momento como un incidente inminente a ocurrir, debido a las malas condiciones de la mina, que se tenía; ello, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que había detectado graves afectaciones en la misma.
Según la Secretaría de Economía en el país existen 25,515 concesiones mineras que ocupan una superficie de 21.856.735,19 hectáreas (el 10.7% del territorio nacional).
La tragedia minera ocurrió el 19 de febrero de 2006, cuando se registró una explosión en la mina ocho de la Unidad Pasta de Conchos. Lo cual, desembocó en que quedarán atrapados varias cuadrillas de mineros y, en esa época tras un trabajo por poco más de un año, al final derivó en un dictamen técnico de que era imposible rescatar los cuerpos.
Al respecto, la CNDH documentó en su momento una foja de reportes de fallas en la mina, desde el año 2000, en donde se asentaban 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas, muchas de ellas de extrema urgencia. Sin embargo, hubo omisión y falta de previsión de la empresa, sindicato minero y autoridades federales al realizar reparaciones a dichas fallas.
Entre las diversas denuncias que se relata no fueron atendidos en su momento por Grupo México, -así como de señalar el silencio del sindicato minero que dirige el actual senador Napoleón Gómez Urrutia-, vienen desde el año 2000, cuando varias inspecciones señalaban condiciones inseguras en la mina y al año siguiente la delegación estatal de la Secretaría del Trabajo federal (STPS) en Coahuila había emitido el Emplazamiento 06/2001 contra la mina, por incumplir diferentes ordenamientos y normas, instruyendo 32 observaciones, entre las cuales destacaban la falta de inhibición de explosividad, de metanómetros para medir el gas en el ambiente y la descompostura del paro de emergencia.
Esas condiciones motivaron que desde 2001, los trabajadores se quejaran de la “condición sofocante”, que provocaba la sensación de asfixia debido a la saturación de metano, algo que los mineros llaman “mina gaseosa”, que puede derivar en explosiones.
Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la recomendación 26/2006, determinó que “los servidores públicos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”.
Lo cual se sumó a que la empresa Grupo México, propiedad de Germán Larrea, fue catalogada como la responsable de no proteger a sus empleados y que dicha empresa de forma indirecta entendió el peligro de ingresar a dicha mina, ello cuando se dictaminó el 4 de abril del año 2007 (tras sólo rescatar dos cuerpos), que se suspendía el rescate argumentando que se ponían en riesgo las vidas de los rescatistas al ingresar a la mina.
En México se tiene registro de dos tragedias mineras en donde no se han rescatado a los fallecidos, uno en el año 1973 y Pasta de Conchos en 2006; en ambos casos, la parte patronal era Grupo México.
Cabe mencionar que en México, de acuerdo al gobierno, existen diversos conflictos suscitados en torno a las minas, siendo un 72% de los casos por despojo del suelo, 11% por disputa del agua, 7% por contaminación, 6% por delincuencia, 2% por pago de regalías, 1% por deforestación y un 1% por conflictos laborales.
