Erika Barón

Las grandes lagunas en las leyes laborales de México han permitido por años que empresas e instituciones públicas incumplan con los derechos de sus trabajadores, hechos que además se han silenciado con políticas públicas ineficientes y un largo proceso de justicia laboral.

De acuerdo con la Estrategia Legislativa 2030, el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) reúne el mayor número de interacciones con el marco jurídico de México, al vincularse con 78 leyes en el país.

El análisis realizado en conjunto por el sector público, privado, la academia y organizaciones civiles detalla que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el primer instrumento jurídico que afecta directamente el desempeño del ODS 8.

“Se identificó que todas las leyes estudiadas no hacen referencia a la Agenda 2030, ni al ODS 8, ni sus metas específicas. No obstante, diversas leyes hacen referencia a las diferentes temáticas correspondientes al ODS 8 y sus metas”.

Tras un análisis transversal, integral y universal, Andrés Ávila, director de Política y Legislación Ambiental AC (POLEA), aseguró que en el ODS 8 hay un sesgo relevante, “el marco jurídico tiene una preferencia por la dimensión económica, en este caso es el número uno de los objetivos de desarrollo sostenible” lo que ha impedido que se voltee a ver con mayor claridad las dimensiones sociales y ambientales.

Prueba de ello es la reciente Reforma Laboral promulgada en 2019, cuyo fin ha sido mejorar las condiciones laborales de los mexicanos y de la cual ya se planteó una segunda etapa.

Respecto de esta reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y sus leyes secundarias, el análisis muestra que a la fecha ya contienen los cambios necesarios para cumplir con el ODS 8, no obstante, estos instrumentos ahora deben adaptarse a la “ nueva normalidad” que vive el país.

Esto refleja la importancia de reconocer las nuevas formas de trabajo que no están dentro del marco legal, es decir, las plataformas digitales, una modalidad laboral que creció con la pandemia por Covid-19 y en la que no se reconoce la relación empleador-trabajador, quien carece, por tanto, de toda forma de protección social.

Se estima que cerca de 40% de las empresas en el país adoptaron el teletrabajo este año en algunos puestos, pero con deficiencia y de forma incompleta en la mayoría de los casos al carecer de una ley.

El Senado aprobó el dictamen mediante el cual se reforma el artículo 311 de la LFT, aunque por el momento, sigue en la Cámara de Diputados en espera de ser discutido y aprobado para ser enviado al Ejecutivo.

Algunos de los grandes faltantes en la reforma son: especificar horarios de trabajo desde casa; modificar la forma en que se supervisa el trabajo, al pasar de un esquema de horas trabajadas a uno de resultados; puntualizar los gastos del trabajo en casa como la luz, impresiones, internet y otros servicios para ser absorbidos por el empleador, y redefinir los accidentes de trabajo ocurridos bajo esta modalidad de trabajo.

Otro elemento que debe revisarse es la modalidad de contratación a través del outsourcing, la cual ya se quiso reglamentar con la nueva Ley del Trabajo, sin embargo se encuentra limitada en su reglamentación, lo que ocasiona que continúe siendo una de las formas de precarización laboral más usadas.

Al respecto, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, María Alcalde, informó en conferencia de prensa que, como parte de la política laboral, ya se realizaron 26 mil 844 inspecciones laborales; de las cuales se iniciaron mil 200 sanciones a subcontratistas ilegales.

El estudio también señala la importancia de revisar otras formas de contratación, como las prácticas profesionales, contratos a prueba, contratos de capacitación, trabajos por hora y trabajo por cuenta propia.

Una reciente figura laboral que tampoco está incorporada en la legislación actual es la del trabajador migrante, problemática que empeoró con las restricciones para entrar a Estados Unidos y que ha propiciado la permanencia de migrantes en México, bajo condiciones laborales precarias y susceptibles de abusos laborales.

Asimismo, expertos en la materia coincidieron en la importancia de discutir el establecimiento del ingreso mínimo universal y del seguro del desempleo, pues los trabajadores tampoco tienen garantizado un ingreso mínimo y, tras perder el trabajo, transitan por lo general a uno precarizado.

En el ámbito internacional, la estrategia también destacó la importancia de promover la firma de los convenios existentes de política del empleo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la fecha existen cerca de 37 convenios en México que no se han concretado, instrumentos que contribuirían sustancialmente a mejorar el marco general del país.

La Estrategia Legislativa 2030 destaca 24 áreas de oportunidad en el ámbito laboral que podrían afinar los instrumentos jurídicos, con el fin de alcanzar el cumplimiento del ODS correspondiente; entre ellas destaca:

• Proteger mejor los derechos laborales, particularmente de los sectores más vulnerables
• Incorporar la actividad turística a las cadenas productivas
• Impulsar la generación de estímulos para el aprovechamiento de la vida silvestre y la generación de empleos
• Fortalecer la reinserción social y productiva
• Legislar para sancionar con mayor severidad todas las modalidades de explotación laboral, incluyendo la sexual.

Acción por el Clima, sin avance

En la actualidad aún existe un enfoque limitado hacia lo que debería ser una de las prioridades del Poder Legislativo: el ODS 13 “Acción por el Clima”. El estudio reveló que éste cuenta con 26 interacciones en leyes y 13 áreas de oportunidad.

Este rezago se debe a que simplemente es uno de los objetivos que menos regulaciones tiene respecto de los otros 16, y para poder avanzar es urgente la implementación de normas en eficiencia energética.

Expertos también señalaron la necesidad de enfocarse en establecer prioridades dentro de las políticas públicas en materia de mitigación de riesgos y de protección civil; promover la cultura y prácticas ecológicas sostenibles; fortalecer los mandatos legales encaminados al desarrollo de políticas para la adaptación al cambio climático, así como el fomento de la resiliencia de las ciudades y asentamientos humanos, lo cual da como consecuencia la aplicación del ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).

Gemma Santana, directora de Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia de la República, aseguró que en este camino “es importante comenzar a respetar nuestras diferencias y escuchar las propuestas que el documento establece para llegar a soluciones inmediatas y alcanzar la metas en 2030”.

Entre los hallazgos generales de las 128 leyes analizadas se encontró que 54 de ellas tienen orientación social, 330 interacciones con los ODS y 117 áreas de oportunidad en 36 normas.

Además, 53 más tienen orientación económica con 317 interacciones con los ODS y 117 potenciales áreas de oportunidad en 38 normas; mientras que las legislaciones con orientación ambiental sólo suman 21, 180 interacciones y 57 áreas de oportunidad en 16 normas.

Esto muestra una falta de integralidad que hasta ahora ha impedido el avance de la Agenda 2030 y que de seguir igual podría evitar que se cumplan los objetivos en tiempo y forma como se pretende.

Al respecto, Marisa Mazari Hiriart, investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (LANCIS) del Instituto de Ecología (IE) de la UNAM, aseguró que la “deuda ambiental es grande” y como ejemplo puso el uso del agua.

“Debemos pensar en su origen; ubicación geográfica, una cuenca, bosques, para implementar sistemas de conservación ambiental, pero sobretodo vigilar las actividades productivas que se llevan en estos lugares, ya no hablamos de cantidad sino de calidad y esto tiene que ver con saneamiento (ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento). No estamos en el camino de cumplir con la Agenda 2030”, acotó la académica.

Enfatizó que, en el caso del medio ambiente se deben tomar en cuenta todos los recursos comunes en sistemas acuáticos y terrestres y resaltó la necesidad de actualizar normas que nos han regido por años, como la NOM 001 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales y bienes nacionales.

Así como la NOM 004 que habla sobre el reúso del agua, “somos el segundo país en el mundo que más agua residual reutiliza en zonas de riego; afectamos los alimentos y contaminamos nuestros propios cuerpos de agua”.

En el caso de la NOM 127, que habla del uso y consumo humano de agua en México, agregó que es una norma “obsoleta”, un tema que se ha discutido por sexenios sin resultados concretos.

La especialista resaltó la evidente falta de actualización en dicha norma pues “tenemos una versión del 2000 cuando debería revisarse cada cinco años, de eso depende el agua potable que consumimos todos los habitantes y lo cual representa una gran contradicción en el marco normativo del país”.

“Nuestras actividades no van por el camino correcto, estamos muy lejos de cumplir con los objetivos que tenemos planteados con la Agenda 2030. Pero aún se pueden mejorar las condiciones que tienen que ver con infraestructura, monitoreo, no sólo llevar agua a las comunidades, también hablamos de no pobreza, equidad de género, etc.”.

¿Cómo pasamos del papel a los hechos?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se adoptaron como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.

Es por esto que los ODS han sido diseñados para traer al mundo varios “ceros” que contribuyan con el bienestar de la población mundial, lo que incluye pobreza cero, hambre cero y discriminación cero.

Gemma Santana resaltó en entrevista con Expok que para alcanzar estos objetivos ambiciosos se necesita integralidad de las tres dimensiones de desarrollo (económica, social y ambiental), universalidad y no dejar a nadie atrás.

Pero, sobre todo, urgió en la necesidad de un “cambio de paradigma al rol del Poder Legislativo; pasar de lo genérico a lo específico y abordar áreas de oportunidad de la legislación vigente”.

Detalló que la Estrategia Legislativa de la Agenda 2030 funciona como metodología para el diseño de las propuestas que podrían generar los mejores resultados, la cual se basó en cuatro pasos que se llevaron a cabo desde marzo del presente año:

• Recopilación de información en las 46 comisiones que integran la Cámara de Diputados para saber el grado de conocimiento de dominio que estas tenían, con resultados sumamente positivos: 43 de estas comisiones ya tenían conocimiento e interés en la Agenda 2030 y 41 votaron por la necesidad de capacitaciones especializadas en desarrollo sostenible
• Construcción de una matriz del marco normativo federal para determinar de forma transversal el vínculo con los ODS
• Entrevistas semiestructuradas con académicos de la UNAM sobre la normatividad vinculada al logro de los ODS
• Realización de informes técnicos y específicos por expertos del Tecnológico de Monterrey para conocer áreas de oportunidad que promuevan una legislación sostenible

Este hecho quizá represente un gran avance y logro en el desarrollo sostenible del país, es relevante el interés que generó y la participación de todos los actores, “una discusión nada sencilla” como lo calificó Andrés Ávila, director ejecutivo de Polea, pero que construye un camino más claro hacia esta hoja de ruta.

Cabe mencionar que en la elaboración de este documento participaron el equipo técnico de la Dirección de la Agenda 2030 de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, 32 investigadores de la Red de Soluciones al Desarrollo Sostenible en México (SDSN, por sus siglas en Ingles), la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable, GIZ México y la Organización POLEA.