En México viven más de 18 millones de indígenas, es decir constituyen un 15 % de la población nacional y al menos uno de cada diez mexicanos es un indígena, de acuerdo con datos del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
A pesar del discurso generalizado sobre una mayor inclusión en este sector de la población, todavía este grupo de mexicanos sufren discriminación negativa debido a su fenotipo, vestimenta, idioma o sus costumbres, alertó el doctor Guillermo de la Peña.
Expuso que hoy en día el 80% de la población indígena vive en condiciones de pobreza, y el 30% de ellos en condiciones de pobreza extrema.
El investigador refirió que los pueblos indígenas son uno de los sectores de la población con más violaciones a sus derechos humanos, así como sus derechos constitucionales ignorados “por lo que todavía existen muchos problemas por resolver y desafíos que cumplir, no sólo por el gobierno sino también por la sociedad civil”.
En su trabajo “Diversidad Cultural, la Desigualdad Social y los Derechos de Ciudadanía”, indicó que, después de la Revolución Mexicana, el nuevo régimen puso en marcha una política que recibió el nombre de indigenismo, pero durante muchas décadas la Constitución no incluyó ninguna referencia explícita a esta población, a pesar de que reconoció el derecho de las comunidades agrarias históricas a sus tierras.
“La noción de ciudadanía se siguió vinculando a las identidades individuales y el gobierno fomentó la idea de que el mestizaje, la mezcla de razas y culturas, representaba la verdadera identidad nacional; es decir, los indígenas tendrían que convertirse en mestizos para ser verdaderos mexicanos”, señaló De la Peña.
Además, urgió al gobierno y a la sociedad civil a enfrentar siete grandes retos para saldar la deuda con estos mexicanos.
1.- Combatir su problema de visibilidad, ya que los indígenas todavía sufren discriminación por su fenotipo, vestimenta, idioma o costumbres. Con frecuencia prefieren ocultar su identidad étnica para que no los consideren atrasados, ignorantes o incluso peligrosos.
2.- Sensibilizar a la población de que los indígenas no sólo viven en zonas rurales, antes que llegaran los españoles existían ciudades en Mesoamérica y los Andes. Este punto es relevante si se toma en cuenta que a principios del siglo XXI al menos un tercio de la población indígena de México vive en las grandes urbes.
3.- Promover en las instituciones gubernamentales, como escuelas, centros de salud, comisarias, tribunales, y en los programas sociales en las áreas urbanas, una política de reconocimiento de los sujetos indígenas y medidas de atención especial hacia ellos, ya que a los servidores públicos les resulta difícil o imposible comunicarse con las personas a las que se les proporcionen sus servicios a causa de las barreras culturales y de lenguaje.
4.- Eficientar los tribunales e instituciones públicas donde se exponen los casos de violaciones de derechos indígenas, ya que no existen procedimientos judiciales claros para llevar a los infractores a juicio.
5.- Erradicar la concepción errónea de que la persistente pobreza de los pueblos indígenas es causada por factores endógenos a sus culturas. Incluso, entre funcionarios del gobierno y académicos persiste un punto de vista evolucionista unilineal de la sociedad mexicana, sin tomar en cuenta que los sectores indígenas históricamente han sufrido enormes desventajas.
6.- Cambiar la visión de la explotación capitalista salvaje que prevalece en la sociedad como único camino posible hacia la modernidad indígena, a pesar de que la Constitución reconoce su derecho a decidir sobre el uso y destino de sus recursos naturales.
7.- Definir de manera clara lo que significa la representación política indígena ante los diferentes niveles del gobierno mexicano, problema más evidente en las zonas urbanas.
Momentos clave en los que el gobierno mexicano reconoció a los indígenas:
1992. El gobierno firmó el “Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo” y se cambió la Constitución con el fin de reconocer “la naturaleza pluricultural de la nación, basada en sus pueblos indígenas” así como su derecho a tener acceso sin restricciones a la jurisdicción del Estado y a mantener su cultura tradicional.
2001. Ya en el nuevo siglo, una nueva reforma constitucional establece el principio de autonomía jurídica y política de las comunidades indígenas, aunque se añade que la autonomía no implica exención de las normas constitucionales, y que la forma concreta de ejercer su autonomía debía ser definida por los congresos estatales.
2003. Se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos que proclama la igualdad de todos los idiomas hablados por los mexicanos, y las lenguas indígenas se convierten oficialmente en idiomas nacionales.
2009. El gobierno de México se une a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
2011. Una nueva reforma constitucional estableció el respeto de los derechos humanos y prohibió cualquier tipo de discriminación. (Con información de CIESAS)
Fuente: Aristegui
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