Desde su origen, el desarrollo fue restringido al ámbito económico y, por lo tanto, asociado específicamente al crecimiento económico (Díaz y Ascoli, 2006). Y no fue hasta que fue creciendo la valoración de los aspectos sociales, culturales y ambientales del desarrollo, que el modelo de éste fue tomando diferentes esquemas hacia un enfoque holístico, que derivó hacia los modelos basados en los ejes de la sustentabilidad. Sin embargo, en la actualidad, países emergentes como es el caso de México, aunque presentan un discurso basado en la búsqueda de la sustentabilidad, el establecimiento de sus políticas y planes de desarrollo aun muestran una fuerte primacía hacia el elemento económico, como eje crucial del progreso. Esto se vislumbra en la actual estrategia energética de México, que es presentada como la panacea del desarrollo económico y social de todos los mexicanos, pero que en su implementación aún hay muchos vacíos legales y operativos que no dejan apreciar su contribución real hacia la sustentabilidad y progreso del país.
En primera instancia es importante reconocer la importancia que tiene el sector energético, como elemento estratégico para el desarrollo, desde el punto de vista económico y de finanzas públicas, como para el funcionamiento de las actividades productivas de cualquier nación; ya que la energía es insumo en todos los sectores de la economía como el transporte de personas y mercancías, la producción de manufacturas y el funcionamiento de establecimientos comerciales, de servicios, fábricas y hogares (HSBC, 2015). Por ello es que una política energética estratégica puede ser pieza clave para el progreso de un país, sin embargo para que éste se logre de manera sustentable no se puede perder de vista los factores sociales, culturales y ambientales que permita responder a las necesidades de su población.
Por lo antes mencionado es que el Gobierno Mexicano entra al juego global con la polémica Reforma Energética, motivada por la necesidad de revertir la caída en la producción de gas y petróleo, a través de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, como son el gas shale y las fuentes de petróleo en aguas profundas. Esta reforma abre las puertas a la inversión privada tanto en actividades de exploración y extracción, como de transformación de hidrocarburos, petroquímica, transporte y almacenamiento, así como de generación eléctrica. Esto a su vez ha crea todo un movimiento de desarrollo de proyectos de inversión e infraestructura asociados a la industria energética alrededor del país.
La construcción de estos proyectos trae consigo una serie de impactos sociales y ambientales que deben ser contemplados como un elemento de importancia en el análisis de la factibilidad previa al desarrollo de dichos proyectos. Puesto que, como señala Daniel Revollo en 2016, “la implementación de cualquier tipo de proyecto en determinada área del territorio nacional, ya sea energético, turístico, de extracción minera o de infraestructura –entre muchos otros- genera tanto beneficios y costos privados, como beneficios y costos ambientales y sociales. En términos económicos y de bienestar, estos beneficios y costos sociales están estrechamente ligados con el término de las externalidades (positivas y negativas). El hecho de no incorporar estas externalidades en el análisis económico de los proyectos, puede llegar a generar condiciones no óptimas o no deseadas por algunos sectores de la sociedad. En otras palabras, el no incorporar estas externalidades provoca que tanto beneficios como costos sean transferidos de un sector de la sociedad a otros sectores, sin una compensación de por medio”.
En un intento de responder a las tendencias y tratados internacionales de impulso al respeto a los derechos humanos y al ambiente, la Reforma energética busca integrar los factores sociales y ambientales dentro de su estructura de operación, haciendo un especial énfasis en la salvaguarda de los derechos de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad; estableciendo procedimientos de consulta previa y requerimientos de estudios de impacto social respecto al área de objeto de la asignación o contrato previo al desarrollo del proyecto (PwC México, 2015).
La importancia de la evaluación del impacto social en los proyectos energéticos en su etapa previa, radica en su utilidad para dar una comprensión previa del sistema, a través de un acercamiento entre las partes interesadas, que permita brindar la posibilidad de generar mapas de análisis de los actores interesados y abrir canales de comunicación, identificar los impactos que deriven de la actividad, estimando las medidas para mitigarlos y compensarlos; que culmine en la apropiación del proyecto por parte de las comunidades, ya que se trata de desarrollos que duran de 25 a 30 años que requieren de un proceso de apropiación por parte de la comunidad para garantizar la sustentabilidad a lo largo de la vigencia del proyecto (PwC México, 2015).
En el caso del factor ambiental, es cierto que en nuestro país tenemos un avance significativo en la legislación en materia de impacto ambiental, el cual integra consultas públicas y evaluaciones de impactos ambientales como requerimiento previo a la autorización del desarrollo de cualquier proyecto; y que éste está sustentado en toda una estructura legislativa y judicial para salvaguardar la protección de esta factor.
Independientemente de los elementos de integración de estos factores dentro del análisis de factibilidad y autorización de los proyectos, aún hay dudas y serias críticas al sistema, derivado del argumento de la primacía de la utilidad pública que envuelve este tipo de proyectos por su carácter estratégico para el país, lo cual le da preferencia sobre cualquier otra actividad o factor. A esto se le suma realidades como las deficiencias derivadas de la falta de claridad en la implementación de lo establecido legislativamente y las insuficiencias de la incorporación de manera estructurada de los impactos, así como de la cuantificación de forma precisa de los servicios ambientales que prestan los recursos afectados por dichos proyectos (Arriaga, 2014).
De lo anterior se deriva la relevancia de cuantificar a través de metodologías estandarizadas, los servicios ambientales de la región en la cual se piensa llevar a cabo el proyecto, así como los impactos sociales que la realización del mismo tendría sobre la comunidad. Esto con el fin de que esta información se incluya en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y permita brindar mayor certidumbre jurídica a todos los actores involucrados; es decir, al gobierno responsable de brindar las autorizaciones, los inversionistas interesados en desarrollar el proyecto y a la comunidad que habita en la zona (Revollo, 2016). Así mismo resulta fundamental el promover el incremento de la autogestión comunitaria con respeto a sus diferencias culturales, de forma que les permita alcanzar un mayor grado de participación en la toma de decisiones en sus respectivas áreas, reconociendo la autonomía de los pueblos y del ejercicio de la capacidad social de estos para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones (Bonfil, 1985).
A pesar que los instrumentos jurídicos que se derivan o refuerzan la Reforma energética han incluido diversos estudios y autorizaciones para contemplar los factores sociales y ambientales durante el desarrollo de proyectos, aún quedan vacíos operativos y de efectividad en su implementación que deben ser considerados a la hora de otorgar las autorizaciones correspondientes.
Como conclusión, el caso de la Reforma energética de México, es solo un ejemplo de que el desarrollo sustentable sin duda ha logrado una hegemonía discursiva, pero en la realidad no se ha consolidado como la alternativa viable que pretendía subsanar las prácticas de su antecesor desarrollista (Escobar, 1995), sin embargo aún se realizan esfuerzos por contemplar un enfoque holístico producto de las presiones y tendencias internacionales, el cual es una ventana de oportunidad que requiere de la participación de los diferentes actores sociales, los cuales deberán testificar y contribuir en el proceso de democratización y manejo de su territorio en miras del verdadero desarrollo social-sustentable.
Fuente: Ecoosfera
