A medida que los incendios forestales y las temperaturas extremas azotan el planeta, los registros de temperaturas del mar caen y los glaciares polares desaparecen, la magnitud y la velocidad de la crisis climática son imposibles de ignorar.

De hecho, los expertos científicos son unánimes al señalar que es necesario tomar medidas urgentes para reducir la producción de combustibles fósiles, aumentar considerablemente la energía renovable y apoyar a las comunidades para que avancen rápidamente hacia un futuro bajo en carbono, más justo, saludable y sostenible.

Sin embargo, muchos gobiernos parecen tener prioridades diferentes. Según expertos en cambio climático, altos funcionarios de la ONU y defensores de base contactados por The Guardian, algunos líderes políticos y agencias de aplicación de la ley en todo el mundo buscan criminalizar ambientalistas como una nueva vía para silenciar voces contra el cambio climático.

Represión contra activistas climáticos

“Estos defensores básicamente están tratando de salvar el planeta y, al hacerlo, salvar a la humanidad”, dijo Mary Lawlor, relatora especial de las Naciones Unidas sobre defensores de los derechos humanos. “Estas son personas a las que deberíamos proteger, pero son percibidas por los gobiernos y las corporaciones como una amenaza a neutralizar. Al final, se trata de poder y economía.”

Según los grupos de justicia climática y ambiental se informa de un aumento significativo en los casos de criminalizar ambientalistas, cargos draconianos y a menudo arbitrarios para los manifestantes pacíficos como parte de lo que afirman es un conjunto de tácticas para difamar, desacreditar, intimidar y silenciar a los activistas.

The Guardian también ha encontrado similitudes sorprendentes en la forma en que los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, Guatemala y Chile, India y Tanzania, el Reino Unido, Europa y Australia están reprimiendo a los activistas que intentan proteger el planeta.

Los contextos legales varían, pero los cargos, como la subversión, la asociación ilícita, el terrorismo y la evasión de impuestos, a menudo son vagos y requieren mucho tiempo para ser desmentidos, mientras que un número creciente de países, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, han buscado criminalizar ambientalistas aprobando leyes controvertidas contra las protestas, destinadas en principio a proteger la seguridad nacional o la llamada infraestructura crítica, como los oleoductos de combustibles fósiles.

Criminalizar a los aliados del clima

Criminalizar ambientalistas no es nuevo. Los recursos naturales en tierras indígenas han sido explotados durante mucho tiempo, generando grandes beneficios para algunos pero también fomentando la violencia y la desigualdad.

Los expertos en el tema dicen que la mina Marlin en Guatemala fue uno de los primeros casos documentados de una corporación transnacional y sus aliados estatales que utilizaron el sistema legal para criminalizar ambientalistas. Desde entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en repetidas ocasiones lo que describe como el alarmante aumento del mal uso de los sistemas de justicia penal contra defensores del medio ambiente, la tierra y otros derechos humanos en América Latina.

Según Lawlor, criminalizar ambientalistas se ha convertido desde entonces en un fenómeno global y es ahora la táctica más común utilizada para silenciar y desacreditar a los defensores.

“En su núcleo, se trata de mantener las estructuras de poder en su lugar. Esto es cierto independientemente de si se trata de una dictadura, una democracia o un estado corrupto de narcotráfico, y sin importar el compromiso declarado del estado con los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático”, dijo.

“Manchar a los defensores como delincuentes o anti-desarrollo distrae de la causa y cambia la narrativa… Lo que está claro es que los estados aprenden unos de otros”.

Mary Lawlor, relatora especial de las Naciones Unidas sobre defensores de los derechos humanos.

Activismo climático en auge

Paolo Gerbaudo, académico del King’s College de Londres que estudia los movimientos sociales, dijo que antes de la crisis financiera de 2008, la emergencia climática se sentía como “el desafío de nuestra época”. Pero “se deslizó en gran medida fuera de la agenda social y política” a medida que los activistas, como Occupy, un movimiento social que se oponía a la creciente desigualdad económica, centraron su atención en oponerse a las políticas de austeridad y presionar por reformas económicas globales.

A medida que las advertencias científicas se volvieron cada vez más sombrías durante la década de 2010, hubo un sentimiento cada vez más profundo de que las campañas tradicionales en favor del medio ambiente estaban fracasando y que los políticos no estaban cumpliendo, con consecuencias potencialmente catastróficas.

Fue en este contexto que surgieron grupos de acción directa y protestas medioambientales más radicales. Durante los últimos cinco años, el Reino Unido no solo ha estado a la vanguardia de estas nuevas formas de activismo no violento, sino también de nuevos medios para silenciarlo.

En 2021, a medida que se levantaban las restricciones de la pandemia de la COVID-19, Insulate Britain fue pionera en la táctica de bloqueos viales disruptivos con grupos pequeños, polarizando al público pero forzando la agenda política de la aislación de viviendas, como es la mejora en la eficiencia energética. Just Stop Oil expandió esas tácticas el año pasado, dirigiéndolas a la infraestructura de petróleo del Reino Unido y ampliando sus objetivos a una serie de protestas llamativas en eventos deportivos y culturales.

Activistas urgen a la acción climática

Desde entonces, han surgido nuevos grupos en Canadá, Australia, Estados Unidos, Italia y Alemania, como Sunrise Movement, Climate Defiance, Fridays for Future, Last Generation y The Tyre Extinguishers, que imitan las tácticas no violentas pero disruptivas de Insulate Britain, eligiendo una única demanda y protestando hasta que se cumpla o hasta que los activistas sean encarcelados. El enfoque y los métodos varían, desde interrumpir las reuniones de accionistas, sentadas y bloqueos de carreteras hasta dañar obras de arte y SUVs, y confrontar a políticos y académicos con vínculos con los combustibles fósiles en sus hogares y lugares de trabajo.

También hay ejemplos de oposición de base a oleoductos de combustibles fósiles, minas, plantas petroquímicas y otros proyectos contaminantes que se han convertido en movimientos globales, como las protestas de 2016 contra el oleoducto de acceso Dakota en la reserva india de Standing Rock en Dakota del Sur. Se han producido protestas contra los bancos multinacionales que financian el oleoducto de petróleo crudo de África Oriental (EACOP), que amenaza con contaminar fuentes de agua vitales y desplazar a miles de familias y agricultores en Uganda y Tanzania, en unos 20 países.

Pero a medida que estas protestas se volvieron más directas, organizadas y disruptivas, lo que los activistas dicen que refleja la urgencia de la situación, los estados han respondido cada vez más agresivamente.

Gerbaudo dijo que la represión contra los activistas climáticos ha estado aumentando: “El castigo por acciones colectivas se vuelve cada vez más draconiano, como un medio para desalentarlas y criminalizarlas… Esto es un testimonio de la forma en que la clase política, aunque tiene pocas respuestas prácticas a las demandas de los movimientos sociales, con demasiada frecuencia recurre simplemente a reprimir estas mismas demandas y a los grupos e individuos que las expresan”.

Criminalizar ambientalistas

En Australia, Human Rights Watch, una organización no gubernamental (ONG) internacional dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el mundo, ha encontrado que las autoridades “están castigando desproporcionadamente a los manifestantes climáticos en violación de sus derechos básicos a la protesta pacífica”.

Varios estados, incluidos Tasmania, Nueva Gales del Sur y Victoria, han aprobado o están tratando de aprobar leyes que pueden castigar a los manifestantes ambientales pacíficos con multas elevadas y tiempo de prisión. Las leyes van acompañadas de una expansión de los poderes discrecionales disponibles para la policía, como multas en el lugar y condiciones de libertad bajo fianza onerosas.

En Estados Unidos, 21 estados han aprobado leyes de protección de infraestructuras críticas desde las protestas de Standing Rock, y docenas de activistas han sido arrestados y/o acusados en los últimos cinco años. Mucha de la legislación de los estados comparte el lenguaje redactado por el American Legislative Exchange Council (Alec), un grupo de derecha financiado por empresas de combustibles fósiles.

En el Reino Unido, después del aumento de las protestas en 2019, los formadores de opinión de derecha se horrorizaron por la percepción de un colapso en el orden público y el gobierno conservador respondió con una multitud de nuevos poderes policiales para abordar lo que llamó las “tácticas de protesta guerrillera” del nuevo movimiento climático.

Gobiernos sin responsabilidad social

David Armiak, el director de investigación del Center for Media and Democracy, dijo que la nueva legislación en el Reino Unido y Estados Unidos era “parte de un esfuerzo respaldado por la industria para proteger su modelo de ganancias frente a las demandas públicas de pasar a las energías renovables y desinvertir en los combustibles fósiles a medida que la emergencia climática se intensifica”.

Shin Imai del Justice and Corporate Accountability Project (JCAP), una clínica legal con sede en Ontario que ayuda a las comunidades afectadas por la extracción de recursos naturales a responsabilizar a las corporaciones canadienses y a los estados, dijo que la criminalización de los activistas ambientales era especialmente inquietante porque exponía la relación simbiótica entre las corporaciones contaminantes y los gobiernos.

“Claramente, hay un patrón internacional de criminalizar a las comunidades en las que el nexo entre las corporaciones y los gobiernos es muy importante… las empresas mineras y de combustibles fósiles necesitan que el Estado [anfitrión] criminalice a los defensores, y a menudo dependen de su propio gobierno para utilizar la influencia diplomática para presionar al Estado anfitrión para que despliegue tropas, apruebe leyes, arreste a activistas y niegue la fianza”.

Shin Imai, profesor emérito en la facultad de derecho de Osgoode Hall en Toronto.

En otras palabras, Shin dijo, los actos de violencia, los ataques en línea, las amenazas y otras tácticas intimidatorias pueden ser llevadas a cabo contra los activistas sin la implicación del estado, pero la criminalización requería que los legisladores, los fiscales, la policía y los tribunales estuvieran involucrados, las mismas personas y organismos que necesitamos para abordar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

No se sabe que ningún alto ejecutivo de combustibles fósiles haya sido detenido por su papel en la emergencia climática, pero expertos de la ONU, abogados y activistas han documentado cientos de activistas ambientales que han sido arrestados y acusados por protestar pacíficamente para salvar el planeta.

Se agota el tiempo para salvar el planeta

Se agota el tiempo, es una de las conclusiones tajantes del informe histórico del IPCC de este año: “Hay una ventana de oportunidad que se cierra rápidamente para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos”.

Está claro que las comunidades en primera línea de la crisis climática lo saben, porque son ellas las que mueren y pierden sus hogares y medios de vida como resultado del aumento del nivel del mar, los patrones de lluvia erráticos y las temperaturas abrasadoras.

Por eso, los grupos de campaña y los activistas de todo el mundo dicen que están tomando medidas directas contra proyectos extractivos al dirigirse a empresas de combustibles fósiles, minería y petroquímica y a sus cómplices como bancos, fondos de capital privado y políticos a través de acciones directas y a veces disruptivas, a pesar del riesgo para su libertad y sus vidas.

“A veces se representa a los activistas climáticos como radicales peligrosos. Pero los radicales verdaderamente peligrosos son los países que están aumentando la producción de combustibles fósiles. Invertir en nueva infraestructura de combustibles fósiles es una locura moral y económica”.

António Guterres, secretario general de la ONU.

La acción es hoy

La crisis climática está poniendo de manifiesto y agravando las desigualdades económicas, políticas y raciales, pero eventualmente el planeta más cálido afectará a todos, en todas partes. Los activistas ambientales y climáticos están tratando de forzar a los gobiernos y las corporaciones a poner a la humanidad antes que a las ganancias y el poder.

Lawlor dice que criminalizar ambientalistas como el arresto de defensores de la tierra indígena en Canadá, la joven activista Greta Thunberg en Suecia, defensores de la energía limpia en Vietnam y protectores del agua en Guatemala y Honduras están todos conectados, forman parte del mismo libro de jugadas de los combustibles fósiles para bloquear y retrasar medidas significativas.

Este es un momento peligroso a nivel mundial, dice Jorge Santos, director de un observatorio con sede en Guatemala que monitoriza los ataques contra defensores de los derechos humanos. “Si no detenemos la extracción interminable de recursos naturales, la destrucción medioambiental y climática continuará, y veremos más y más autoritarismo porque la criminalización y la violencia forman parte del ADN de este modelo económico”.