La necesidad de conservar la diversidad biológica es, día con día, más aceptada por la sociedad en el mundo entero, y aunque aún dista mucho de otorgársele la importancia que han alcanzado temas como el cambio climático, el compromiso por evitar la pérdida de la biodiversidad es creciente, pero aún insuficiente.

A pesar de dicho reconocimiento, la implementación de los instrumentos de gestión para la conservación enfrenta múltiples obstáculos y la tarea de protección se hace cada vez más difícil poniendo en riesgo a la propia biodiversidad.

Las áreas naturales protegidas (ANP) son el mejor instrumento para conservar la biodiversidad y los servicios ambientales que generan ya que protegen amplios espacios naturales, con baja o nula interferencia humana, en donde se concentra una buena parte de dicha biodiversidad.

Después de la enorme repercusión que tuvo la cumbre climática de Copenhague, resulta extraño cómo se diluyó el tema en las últimas semanas. No es para menos: el acuerdo al que llegaron un grupo de cinco países fue débil y muy por debajo de las expectativas, aunque desde algunos sectores se sostiene que el hecho de que China y Estados Unidos llegaran a algún tipo de punto común ya fue un avance relevante.

A pesar de este ‘enfriamiento’ del tema, las negociaciones tienen que volver a arrancar en vista a la COP16. Así, esta semana la Organización Naciones Unidas (ONU) anunció que pondrá como plazo el 31 de enero para que los países acepten o no el Acuerdo de Copenhague. El mismo fue firmado solamente por 20 de los 192 países participantes en la cumbre.

La Fundación Entorno ha realizado una investigación -“Por activa y Por Pasiva: Impulsar la Edificación de Alto Rendimiento Energético” que demuestra la rentabilidad de implantar medidas de eficiencia energética, tanto en edificios nuevos como en rehabilitaciones de viviendas.

El sector residencial es responsable del 20% del consumo final de energía en España y será en los próximos años un elemento clave de lucha contra los gases de efecto invernadero en forma de compromisos voluntarios o de normas de eficiencia cada vez más exigentes que, en cualquiera de los dos casos, encarecerán el precio de la vivienda nueva a cambio de reducir siempre la factura energética.