De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la agrupación parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que integra a lo más destacado de la comunidad científica internacional en la materia, el debate ha terminado: el cambio climático es una realidad y es responsabilidad del hombre.

Así lo estableció en septiembre de 2013, durante la presentación de su quinto informe en Estocolmo, Suecia, como en el marco de la 21 Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP21), celebrada en diciembre de 2015. Frente a este contexto, el debate en el mundo empresarial ha dejado de centrarse en la conveniencia de desarrollar proyectos verdes y adoptar prácticas sustentables –queda claro que serán una obligación en el mediano y largo plazos–, para enfocarse en cómo y cuándo hacerlo.

En aras de acelerar esta transformación, Jim Yong Kim, presidente del Grupo Banco Mundial, se ha comprometido a incrementar el financiamiento otorgado por la institución en 28% para los próximos cinco años, con lo que alcanzaría los 1,000 millones de dólares en 2020. Es natural, el combate al cambio climático es crucial para que el Grupo Banco Mundial cumpla con uno de sus objetivos principales: terminar con la pobreza extrema para el año 2030.

La reducción de la pobreza y el combate al cambio climático van de la mano. La relación entre ambos fenómenos es de causa y efecto. Los pobres son los damnificados principales del cambio climático, pues los daños que las alteraciones climáticas extremas ocasionan en sus hogares detonan el deterioro de su nivel de vida.

A menos que la gente cuente con acceso a agua, recursos sanitarios, comida, energía e instituciones que funcionen, así como injerencia en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas, no tendrán posibilidades de adaptarse.

Los factores ambientales también generan un impacto en los flujos migratorios, pues los pueblos se desplazan de lugares devastados por catástrofes naturales en busca de mejores oportunidades.

Los gobiernos no pueden asumir la totalidad de esta batalla. El sector privado debe desempeñar un rol fundamental en la captación de capital para actividades que contribuyan a la mitigación y adaptación del cambio climático.

Es por ello que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), organismo del Grupo Banco Mundial enfocado al sector privado, ha redoblado sus esfuerzos en la materia, no sólo en los rubros de financiamiento, sino en contribuir a detonar un cambio de paradigma que permita desterrar la idea de que la sustentabilidad está peleada con la rentabilidad. Recientemente, IFC México ha actuado en dos frentes claves: la banca y el mercado de valores.

Finanzas sostenibles

A fines de marzo, IFC y la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) anunciaron un acuerdo para impulsar las finanzas sostenibles en el sector bancario de la región y apoyar a los bancos en la identificación de oportunidades de negocio relacionadas con la sostenibilidad.

El acuerdo permite a Felaban e IFC trabajar para promover la creación de conocimiento y capacidades que permita a los bancos crear programas de finanzas sostenibles, aprovechar la experiencia de IFC a escala global en banca sostenible y hacer uso de las distintas herramientas disponibles tanto para la financiación de proyectos que tengan un impacto positivo en el ambiente, como para construir sistemas de gestión de riesgos ambientales y sociales alineados con las mejores prácticas internacionales.

El acuerdo aprovechará la experiencia de la Red de Banca Sostenible (SBN, por sus siglas en inglés), una plataforma única de reguladores y asociaciones bancarias interesadas en promover prácticas de banca sostenible, bajo la coordinación de IFC.

La idea de la SBN nació del Foro Internacional de Crédito Verde celebrado en 2012, donde 12 países le solicitaron a IFC que coordinara una red de conocimiento para reguladores y asociaciones bancarias. La SBN desarrolla estándares, políticas y lineamientos para mejorar las prácticas ambientales y sociales de los sistemas bancarios de sus países miembros.

Las finanzas sostenibles permiten a los bancos buscar y desarrollar nuevas oportunidades de negocios en un área aún poco atendida y conocida, pero que cada vez más es un foco estratégico de los países en América Latina.

El mercado verde es la gran oportunidad de negocio en los años por venir, y los bancos ya comienzan a entenderlo de esta forma. La implementación de buenas prácticas le permite a los bancos ampliar sus servicios, atender nuevos mercados y responder a las necesidades de sus clientes, mientras analizan y velan por los riesgos y beneficios de sus inversiones y préstamos, y apoyan al cumplimiento de los objetivos de los países donde operan.

El número de naciones que cuentan con marcos de trabajo para promover las finanzas sostenibles ha aumentado rápidamente en los últimos años a escala global. En América Latina, México, Honduras, Perú, Colombia, Paraguay y Brasil han impulsado diversas actividades voluntarias y regulatorias para promover las finanzas sostenibles.

Bonos verdes

El 16 de marzo, en el marco de un evento coorganizado y respaldado por IFC, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) presentó formalmente el mercado de deuda verde local, enfocado a financiar proyectos que contribuyan a la reducción de gases de efecto invernadero.

No es la primera vez que la BMV acredita con acciones su interés en la sustentabilidad. En 2011 creó el IPC sustentable y dos años después MéxiCO2, un mercado voluntario de combate a las emisiones de carbono que busca compensar los gases de efecto invernadero.

Un bono verde es un instrumento de deuda en los mercados financieros. Lo que diferencia a un bono verde es el compromiso por parte de la emisora de canalizar los fondos recaudados sólo a proyectos que tengan un carácter verde, es decir, que produzcan un efecto positivo sobre el cambio climático, tanto en proyectos de energía renovable como de eficiencia energética.

El mercado de bonos verdes ha crecido de manera orgánica, pues pasó de 3,000 millones de dólares en 2010 a 90,000 millones de dólares en 2015. No hay una autoridad reguladora oficial que acredite a un bono como verde. Es por ello que, en un principio, la participación se limitó a los bancos de desarrollo y entidades gubernamentales, entidades que poseen una cierta credibilidad y respeto en cuanto a la utilización de fondos, y ahora se abre a instituciones privadas –de hecho, prácticamente cualquier entidad con calificación crediticia (banca de desarrollo, comercial, corporativos, gobiernos nacionales y locales) cuenta con la capacidad de emitirlos.

¿Qué torna atractivo a un bono verde? La ventaja no está en emitir a una tasa menor, sino en la reputación y el branding. Además de establecer que la empresa está consciente de que su éxito va atado a la viabilidad de la sociedad que la alberga, el bono verde manda una señal fuerte de que la emisora es una organización que piensa estratégicamente y en el largo plazo. Eso resulta en una situación donde se puede incluir a inversionistas fuera de los “sospechosos comunes” y atraer a jugadores más selectos. Es una inversión que no sólo es rentable en términos puramente monetarios, sino que florece en un mayor prestigio para la marca.

Éstos son, queda claro, tan sólo los primero pasos. Sin embargo, estamos convencidos que son muestras de un compromiso cada vez más claro con la sustentabilidad. No es una mera cuestión de “ser responsable”, sino de cumplir con una demanda global que en poco tiempo será obligatoria. El tema, a fin de cuentas, no es una cuestión de si nos vamos a subir al tren, sino quién se va a subir primero.

Fuente: Forbes