Huella dactilar, iris, facciones del rostro, tono de voz, firma y ADN, se conocen como datos biométricos; los cuales, de acuerdo al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), serán recabados de forma obligatoria por parte de las empresas a todas aquellas personas que adquieran un celular o quieran mantener una línea telefónica.

Los legisladores publicaron dicha reforma con el propósito de combatir el uso delictivo de celulares y evitar, por ejemplo, las llamadas de extorsión o el manejo de grupos delincuenciales desde los reclusorios, sin embargo… ¿en dónde queda la privacidad o el respeto a las garantías individuales? ¿Y el costo y posibles consecuencias? Te contamos los detalles de la exposición de datos biométricos.

¿Qué es el Panaut?

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) se creó mediante reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el 16 de abril de 2021. Y es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quien deberá instalar y operar el Padrón. 

De acuerdo con el portal La Silla Rota, el Panaut nace de tres iniciativas presentadas respectivamente por los Diputados Mario Delgado, Manuel Gómez Ventura, ambos de MORENA, y Jorge Arturo Espadas Galván a nombre del grupo parlamentario del PAN.

Las tres iniciativas parten de la lógica de “combate al delito” y las tres atribuyen como principal causa del incremento en la inseguridad en el país, el anonimato en la adquisición de tarjetas SIM y el esquema de prepago que ofrecen las empresas de telecomunicaciones, aunque ninguna de las iniciativas sustenta esta relación. 

Panaut busca crear una base de datos nacional con información sobre todas las líneas de teléfono celular abiertas en México.

Su justificación es ser una medida que pretende velar por la seguridad de todos, empero, para lograrlo solicitará que cada usuario con línea telefónica aporte no solo sus datos biométricos, sino nombre, domicilio, CURP y número de teléfono móvil.

No obstante, ninguna de las iniciativas describe el uso específico que le darán las autoridades de seguridad y procuración de justicia al padrón, simplemente les abre a dichas autoridades la información de toda la población, sin explicar cómo será empleada, ni la manera en la que esto contribuye a inhibir la comisión de delitos.

A la fecha todavía no se establece una fecha precisa para que el padrón comience a funcionar, empero, la polémica se ha despertado en gran cantidad de mexicanos.

El riesgo de la exposición de datos biométricos

De acuerdo con el INEGI, el teléfono celular representa la tecnología con mayor penetración nacional sumando un total de 86.5 millones de personas usuarias en el país.

En 2019 se estimó que el 75.1% de la población objetivo es usuaria de teléfono celular, de los cuales el 88.1% cuenta con al menos un celular de los llamados teléfonos inteligentes o Smartphone, el 10.9% únicamente cuenta con al menos un celular común y el 1.0% con ambos tipos de celular.

Esto quiere decir que el Panaut se estaría convirtiendo en una base de datos extremadamente valiosa en diversos sentidos, tanto políticos-electorales como económicos. Ante ello, muchos se han manifestado en contra de tal padrón. Consideran que este viola totalmente los datos personales del usuario y además, pone en riesgo tal información, lo que podría ser contraproducente, es decir, en lugar de frenar la actividad, criminal, la aumentaría.

De hecho, una ONG ha lanzado plataforma para oponerse legalmente al padrón de telefonía móvil.

ONG vs exposición de datos biométricos

Recientemente, diversas organizaciones civiles han implementado una plataforma en la cual las personas pueden generar una demanda de amparo contra el Panaut. Se trata de la plataforma #NoAlPadrón, en donde participan organizaciones como Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Article 19, PODER u Social Tic, entre otras.

Un comunicado lanzado por R3D, afirma que los interesados deben llenar un formulario en https://noalpadron.mx/ y tienen hasta el 31 de mayo de 2021 para hacerlo. Y añade que las demandas podrán interponerse de forma presencial, por correo certificado o a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

La plataforma de #NoAlPadrón pretende poner al alcance de las personas una herramienta sencilla que les ayude a interponer una demanda de amparo para proteger sus derechos, en apoyo a las miles de personas que han manifestado en redes sociales su intención de presentar este recurso legal.

Derechos Digitales (R3D).

La organización civil compartió que la demandas se acumularán en un juicio de amparo interpuesto anteriormente por las organizaciones de #NoAlPadrón, de modo que se acumularán en un solo caso para facilitar el seguimiento de la acción legal y brinda visibilidad al esfuerzo colectivo. Empero, es importante destacar que este no es el primer intento por parte del Gobierno para tener acceso a nuestra información.

Renaut, el antecedente…

En 2008, se aprobó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), una iniciativa del Gobierno para enfrentar, prevenir y atender delitos como secuestros o extorsiones en los que se usaran teléfonos celulares. De acuerdo con la propuesta, con este mecanismo, los usuarios de teléfonos móviles necesitarían registrar sus líneas haciendo uso de su CURP.

Sin embargo, la mayoría hizo caso omiso y simplemente se negó. Decisión certera, ya que en 2010, se dio a conocer que la base de datos con los 20 millones de usuarios que sí se registraron estaba a la venta por internet por 500 pesos, lo cual llevó, en 2012, al entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a ordenar su eliminación.

Según información de Forbes, en 2010, hubo otra fuga de información o venta del padrón del IFE, cortesía del entonces partido político Convergencia por la Democracia, que luego se transformó en Movimiento Ciudadano, por la cual, en 2016, el Instituto Nacional Electoral sancionó al partido con una multa de 61 millones de pesos y a Ricardo Mejía Berdeja, entonces secretario de Organización del partido, con otra por 25,000 pesos, al determinarse que el ahora subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana había incumplido su obligación de mantener a buen resguardo la información.

En 2021, los legisladores crearon el Panaut con la finalidad de combatir el uso delictivo de celulares y evitar, por ejemplo, las llamadas de extorsión o el manejo de grupos delincuenciales desde los reclusorios, imponiéndole al IFT obligaciones que no necesariamente podrán cumplirse, por falta de presupuesto; a las compañías de telefonía, una tarea titánica que podría suplirse con otras medidas; y para los usuarios, una violación a sus garantías individuales.

El elevado costo de la exposición de datos biométricos: Panaut

La implementación del Panaut, no solo está siendo objetivo de la crítica por lo anteriormente mencionado, la realidad es que también representa costos en extremo elevados tanto para los operadores de telefonía móvil como para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFIT), responsable de su creación y almacenamiento de bases de datos.

Ante dicha situación, Adolfo Cuevas, presidente del instituto, informó que el Panaut tendrá un costo total  de 735 millones de pesos para su creación y, además, 200 mdp anuales para su operación, lo que implica que la Secretaría de Hacienda tendrá que aprobar una ampliación del presupuesto del IFT, el cual se redujo desde el inicio de la 4T por la “austeridad republicana” y que para este año asciende a 1,480 millones de pesos.

Además, implica la contratación de al menos 130 personas, habilitación de 32 oficinas, una por cada entidad, compra de equipo de cómputo para el manejo de una base de datos biométricos de 120 millones de usuarios, con una base espejo en otra ciudad, y equipo para enfrentar los ciberataques.

El IFT tendrá, por lo pronto, que emitir los lineamientos para que las empresas recaben los datos biométricos de sus usuarios. Y por si todas estas negativas no fuesen suficiente, ¿has pensado qué sucedería si el teléfono celular es robado o extraviado? Sí… podrías ser acusado de un delito.

Cárcel por pérdida de celular

Si bien el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX estimó que en 2018 ocurrieron cerca de 720 mil robos de celulares, advirtió que solo el 1% de estos fueron denunciados. Esto significa que se ignora la verdadera dimensión del problema, es decir, se desconoce lo qué ocurrió con el 99% de los robos. Las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) mostraron que en el 2017 esta cifra negra era del 91.3%. 

Por otro parte, las denuncias registradas en las carpetas de averiguaciones de la PGJ-CDMX, revelaron que entre el 2015 y 2018, el robo de celular fue uno de los delitos más frecuentes y uno de los que más ha aumentado considerablemente: pasó de registrar 210 robos de celulares con violenciaen enero de 2016 a 1357 en octubre de 2018 y de 179 robos de celulares sin violencia a 810 en mayo de 2018.

La estadística es considerablemente elevada, casi 50 mil denuncias únicamente por el robo de celular, sin tomar en cuenta todos esos actos que no llegan al ministerio púbico a levantar un acta. Ahora imaginemos que tras el despojo, el equipo telefónico es utilizado por un delito debido a una fuga de información.

El poder judicial podría hacer una investigación centrada en el dueño del celular por secuestro, asesinato u extorsión, y en algún punto ser procesado por el delito. A la fecha el Gobierno no ha otorgado respuesta ante tal situación, ni al riesgo de la exposición de datos biométricos con el Panaut. ¿Qué tanto confiarías tú en esta iniciativa?