Desde la introducción del concepto del triple bottom line, partidarios y críticos han discutido la posibilidad de vincular la responsabilidad social con la rentabilidad de negocios; y es que sin un incentivo financiero, las empresas no han sido históricamente receptivas a la idea de integrar conceptos de sostenibilidad en las prácticas de su negocio. Sin embargo, las recientes tendencias se inclinan a indicar que el mundo empresarial puede cambiar su punto de vista.

La sostenibilidad de negocios no está exclusivamente enfocada al medio ambiente. Los programas de sostenibilidad ofrecen medidas para ahorrar dinero y hacer crecer negocios de manera rentable. La integración de conceptos de sostenibilidad en funciones básicas de negocios permite a las empresas ser más ágiles en un mundo que cambia rápidamente. Los clientes las perciben mejor y generan un goodwill para con ellas, mejoran la moral de los empleados, se reducen riesgos, y sí… también es bueno para el medio ambiente.

La consultora inglesa EIRIS, especializada en sostenibilidad, descubrió en un estudio que 85% de las empresas consultadas en todo el mundo no cuenta con política anti soborno y 94% no tiene un sistema para manejar el soborno adecuadamente.

El soborno implica un gran riesgo para las empresas y, como tal, debería merecer un sistema para prevenirlo o al menos para atenuar los problemas relacionados. Sin embargo, los investigadores descubrieron que no hay herramientas para combatirlo.

Los investigadores parten de la base de que existen grandes diferencias en el manejo del soborno por parte de las empresas según los países donde se encuentran y según la legislación local.
Los autores presentan el ejemplo de Estados Unidos, en donde la ley Sarbanes Oxley les exige a las compañías implementar un código de ética que asegure que se tienen procedimientos eficaces para que los empleados denuncien situaciones irregulares, lo que, según las cifras, parece dar muy buenos resultados: de acuerdo con el estudio, 52% de las empresas norteamericanas cuentan con un intermediario que evalúa los riesgos de soborno y ninguna compañía aparece como que no toma medidas frente a estos riesgos.