Entre 2008 y 2012 gastó más de 800 millones en comprar derechos de CO2

A España le está saliendo caro cumplir con el protocolo de Kioto, el acuerdo internacional para reducir los gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) advierte de ello en un informe reciente: España es, junto con Austria, Liechtenstein y Luxemburgo, el país europeo que necesita comprar más derechos de emisión de CO2 en proporción a sus emisiones. Solo así, a golpe de talonario, puede compensar las toneladas de más que ha enviado a la atmósfera y cumplir sus compromisos.

España lleva gastados entre 2008 y 2012 más de 800 millones de euros en comprar derechos de emisión y, aunque en la oficina de Cambio Climático creen que no hará falta desembolsar más, el inventario aún no está cerrado —se pasan cuentas con la ONU a principios de 2014— y siempre hay margen para la sorpresa. La EEA alerta de que en España la brecha entre lo que se tendría que haber reducido y las emisiones reales es comparativamente muy grande. Supone un 13%, cuando la media de los países europeos es del 1,9%. España, por tanto, deberá comprar “cantidades significativas” de derechos de emisión, asegura.

El gasto, según las explicaciones del Gobierno, ya estaría prácticamente hecho. En abril del año pasado el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, desveló lo que se había invertido hasta entonces. España había comprado 159 millones de toneladas de CO2 por 770 millones de euros. Y aún le faltaba comprar en el exterior otros 105 millones de toneladas hasta 2014 para cumplir con Kioto. Según el cálculo del que habló Arias Cañete, eso podía suponer entre 500 y 800 millones más, dependiendo del precio del mercado. Un acuerdo ganga evitó que finalmente fuera así.

El año pasado, Medio Ambiente anunció que había comprado derechos de emisión equivalentes a ese centenar de millones de toneladas a Polonia por un precio de saldo. “No puedo desvelar el precio; son acuerdos confidenciales”, alega aún hoy la directora de la oficina de Cambio Climático, Susana Magro. Pero se puede hacer el cálculo. El presupuesto para comprar derechos era de 42 millones, así que se debió de pagar menos de un euro por tonelada. “Fue el precio más barato de la historia. Compramos casi tanto como la vez anterior”, añade Magro, que insiste: “Creo que no habrá que gastar más. Pero por si acaso en el cierre hubiera que hacerlo, tenemos reservada una partida de 24 millones de euros”.

El informe de la EEA no solo desvela que España es uno de los países europeos que más tiene que gastar por no haber reducido sus emisiones. También, y eso es lo que destaca Magro, dice por primera vez que España sí será capaz de cumplir con sus compromisos. Aunque sea pagando. En informes anteriores la agencia, dependiente de la Comisión Europea, siempre situaba a España entre los países más alejados del cumplimiento. Según un inventario provisional publicado en otro informe reciente de la EEA, España ha emitido en el periodo de Kioto (2008-2012) un 22,8% más que en 1990, el año que se usa como referencia. El tratado le permitía a España emitir un 15% más que en 1990. Kioto podía haber sido mucho más gravoso: la crisis ha ayudado a pisar el freno. España llegó a emitir en 2007 un 50% más que en 1990.

El dinero que debe destinar el Gobierno a cumplir con Kioto responde únicamente al exceso de emisiones de lo que se conoce como sectores difusos. Se trata del transporte, los hogares, la agricultura… Las grandes industrias también están sujetas a límites, pero en su caso funciona un sistema de comercio de emisiones. Las fábricas recibieron una asignación gratuita de CO2, pero con la crisis y la caída de la producción han emitido mucho menos de lo previsto, así que se han dedicado a vender los excedentes. Algunas empresas han ganado millones de euros vendiendo lo que recibieron gratis; mientras, el Gobierno debe pagar por sectores que no recibieron asignación, de los que es responsable, y que son los que menos han bajado sus emisiones, tal y como constata la EEA en su informe.

Susana Magro relata que, cuando se hizo cargo de la oficina (enero de 2012), la situación era “grave”. Se habían gastado ya 770 millones pero aún había un déficit de 105 millones de unidades de Kioto y “el precio no era tan bajo como ahora”. “Eran entre 700 y 1.000 millones de euros, que no teníamos”, recuerda. Lo que hizo fue negociar acuerdos bilaterales con países del Este de Europa, a los que se les asignaron derechos de emisión que nunca usaron debido al desmoronamiento de la industria comunista. A estos excedentes se les llama aire caliente; su compra es controvertida, puesto que con ellos no se reducen emisiones.

Teresa Ribera, secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011, reconoce que “la mayor parte de la reducción de las emisiones en España tiene que ver con la crisis”, pero asegura que el país igualmente ha hecho un gran esfuerzo, por ejemplo con las renovables y la mejora de las centrales términas. “Se han reducido 29 puntos porcentuales desde 2004, y eso no lo ha conseguido nadie, ni con crisis”, señala. Ribera siempre se quejó de que España había resultado penalizada con el reparto de emisiones en la UE, porque cuando se le permitió incrementar un 15% sobre el año base, ya lo superaba. El objetivo, dice, siempre fue reducir, pero la realidad hizo necesario comprar en el exterior. Durante el Gobierno del PSOE ya hubo acuerdos con países del Este, pero entonces (2009) se compraba a una media de cerca de ocho euros por tonelada.

“Si finalmente las emisiones de España en el periodo 2008- 2012 se quedaron en torno al 22% sobre el año base, a pesar de no cumplir con reducciones internas el objetivo Kioto, España solo tiene que comprar derechos hasta ese 22%. Ese es, sin duda, un ahorro significativo respecto al plan inicial”, explica Ismael Romeo, director general de Sendeco2, la bolsa española de CO2. “Si a ello se le añade que el precio actual es mucho menor del que había en 2008-11, el ahorro en las compras es realmente significativo”, señala.

Fernando Prieto, doctor en Ecología, es muy crítico: “España no ha adoptado políticas serias de reducción de emisiones, ha mantenido apoyos al consumo de carbón y gas, ha incrementado de forma importante el transporte por carretera de mercancías, ha incentivado el uso del transporte privado, ha aumentado exponencialmente las vías de alta capacidad, y ha edificado sin criterio viviendas (de las cuales hay 3,1 millones vacías)”, señala. “Por otra parte, no ha apoyado de una forma inteligente las renovables, con una continua inseguridad jurídica. Los Gobiernos no han enviado ninguna señal a los sectores contaminantes”, concluye.

Fuente: El País.