México podría actualizar uno de los principales instrumentos para proteger sus ecosistemas. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la presentación de una iniciativa para crear una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), con la que el Gobierno de México busca sustituir el marco jurídico vigente desde 1988 y fortalecer las herramientas para enfrentar desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
La propuesta, que será enviada al Congreso de la Unión a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), plantea una transformación que va más allá de modificar disposiciones legales. La iniciativa busca colocar en el centro a las personas, las comunidades y los pueblos indígenas y afrodescendientes, además de impulsar una política ambiental basada en la prevención, la restauración y la justicia ambiental. Como señaló la titular de Semarnat, Alicia Bárcena: “No puede haber justicia social sin justicia ambiental”.
¿Por qué México necesita actualizar su legislación ambiental?
La actual LGEEPA fue promulgada en 1988, hace casi cuatro décadas, en un contexto ambiental muy diferente al que enfrenta el país actualmente. Desde entonces, problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de océanos, costas, ríos y otros ecosistemas han adquirido una mayor relevancia y complejidad.
Para el Gobierno federal, esta transformación hace necesario actualizar las herramientas con las que se evalúan y atienden los impactos ambientales. La nueva propuesta pretende establecer una relación distinta entre desarrollo económico, bienestar social y protección de la naturaleza, bajo una visión de largo plazo.
“El tema ambiental no es un asunto solo de especialistas ni secundario, realmente atraviesa toda nuestra vida y está en la base del bienestar y de la prosperidad”, afirmó Bárcena durante la presentación.
En este sentido, la discusión sobre una nueva Ley ambiental en México parte de una premisa: la protección de los ecosistemas no debe considerarse un elemento separado de las políticas económicas o sociales, sino una condición para el bienestar de la población.
¿Qué propone la nueva Ley ambiental en México?
Uno de los principales cambios planteados es actualizar el modelo de evaluación de impacto ambiental e incorporar la Evaluación Ambiental Estratégica. Esta herramienta permitiría analizar de manera más amplia los efectos que determinados proyectos y políticas pueden generar sobre los ecosistemas.
La propuesta también busca fortalecer las capacidades de prevención, inspección, investigación y sanción, considerando no solo los daños directos de una actividad, sino también sus efectos acumulativos, sinérgicos y residuales.
Entre los principales temas que contempla la iniciativa están:
- Cambio climático y adaptación.
- Conservación y restauración de ecosistemas.
- Protección de la biodiversidad.
- Economía circular y reducción de residuos.
- Protección de polinizadores.
- Prevención y atención de riesgos ambientales.
- Participación ciudadana y acceso a la información.
- Protección de personas defensoras del medio ambiente.
- Conservación del patrimonio biocultural.
La iniciativa incorpora además los principios de precaución y prevención, con el propósito de priorizar la protección ambiental ante posibles daños.
De reparar el daño a prevenirlo: ¿qué cambiaría?
Uno de los ejes de la propuesta es fortalecer los mecanismos para prevenir, reparar y remediar daños ambientales, así como incorporar programas de restauración ecológica.
Esto supone un cambio relevante en la forma de abordar el deterioro ambiental: no solo responder cuando un ecosistema ya ha sido afectado, sino generar herramientas para anticiparse a los riesgos y recuperar aquellos espacios que ya presentan daños.
La propuesta contempla nuevas herramientas de conservación, compensaciones ambientales y mecanismos de financiamiento destinados a recuperar ecosistemas deteriorados.
Entre las prioridades mencionadas por Semarnat se encuentran la recuperación de ríos, barrancas, costas y playas, así como la protección de manglares y otras zonas estratégicas.
La iniciativa también plantea impulsar una política de “menos basura, más reciclaje”, mediante una mayor incorporación de los principios de economía circular y una gestión de residuos orientada al aprovechamiento de materiales.
Biodiversidad y defensores ambientales también entran en la nueva ley
La actualización propuesta no se concentra únicamente en los ecosistemas. También incorpora medidas para fortalecer la protección de especies emblemáticas de México, entre ellas el lobo mexicano, la ballena azul y los delfines.
Otro elemento relevante es la creación de un capítulo específico para las personas defensoras del medio ambiente. Con ello, la propuesta reconoce que quienes participan en la protección de los ecosistemas requieren mecanismos específicos de protección.
La iniciativa también busca conservar el patrimonio biocultural del país y combinar los avances científicos y tecnológicos con los conocimientos de los pueblos indígenas.
“No podemos hacer ciencia sin reconocer la sabiduría que tienen nuestros pueblos indígenas”, sostuvo Bárcena, al destacar la importancia de integrar ambos tipos de conocimiento en la política ambiental.
Este enfoque amplía la concepción de la Ley ambiental en México, al reconocer que la conservación no depende exclusivamente de herramientas científicas o gubernamentales, sino también de los conocimientos y prácticas de las comunidades que históricamente han habitado y protegido determinados territorios.
¿Qué papel tendrán las comunidades y la sociedad?
La participación ciudadana es otro de los componentes que el Gobierno federal busca fortalecer. La iniciativa plantea ampliar la intervención de la sociedad en las decisiones ambientales y garantizar un mayor acceso a la información.
Esto también pretende dar mayor certeza jurídica tanto a las comunidades como a las inversiones relacionadas con proyectos que puedan generar impactos ambientales.
La propuesta contempla mecanismos para fortalecer el acceso a la justicia ambiental y garantizar el derecho de la población a un medio ambiente sano. De esta manera, la política ambiental buscaría incorporar de manera más directa a las personas que pueden verse afectadas por las decisiones relacionadas con el territorio.
Para las empresas, esto podría representar un escenario en el que la evaluación de los impactos ambientales y la relación con las comunidades adquieren todavía mayor relevancia dentro de la planeación de proyectos.
¿Qué significa la propuesta para las empresas?
La nueva Ley ambiental en México plantea un mensaje relevante para el sector privado: la protección ambiental debería formar parte de la planeación de los proyectos y no limitarse a responder ante las consecuencias de una actividad.
Al fortalecer la prevención, incorporar los efectos acumulativos de los proyectos y ampliar la evaluación ambiental estratégica, la iniciativa propone considerar de manera más integral la relación entre actividad económica y ecosistemas.
Desde la perspectiva de la responsabilidad social empresarial, esto también representa una oportunidad para que las compañías incorporen una gestión ambiental más preventiva, con evaluación de riesgos, restauración y diálogo con las comunidades como parte de sus estrategias.
El objetivo declarado por Semarnat es dejar atrás un modelo centrado exclusivamente en la rentabilidad inmediata y avanzar hacia una política preventiva, humanista y con perspectiva de largo plazo.
La propuesta de Sheinbaum representa el primer paso para sustituir un marco jurídico que ha acompañado a México durante casi cuatro décadas. Su relevancia estará no solo en actualizar conceptos, sino en determinar si las nuevas herramientas consiguen responder de manera efectiva a problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el deterioro de los ecosistemas.
