En la industria del deporte profesional, la línea entre el privilegio ejecutivo y la responsabilidad pública es sumamente delgada. El arresto del propietario principal y CEO de los 49ers de San Francisco, Jed York, durante un operativo encubierto contra la trata de personas en East Palestine, Ohio, marca un momento crítico para la gestión deportiva moderna. La situación, que inicialmente involucró cargos de contratación sexual antes de reducirse a alteración del orden público y posesión de instrumentos criminales tras declararse no contest, expone una falla fundamental en la gobernanza corporativa de élite: la suposición de que la conducta personal de un ejecutivo puede aislarse de la reputación de la marca.
Ética empresarial y la ilusión de la “conducta personal”
Los marcos modernos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) dictan que los valores de una organización están definidos por las acciones de sus líderes más altos. Cuando un ejecutivo principal se involucra en actividades ilegales, la frontera entre el comportamiento privado y la estrategia corporativa se disuelve. La explotación sexual comercial está profundamente entrelazada con la trata de personas, una realidad subrayada por la participación del Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Condado de Mahoning en la detención de York. Para una franquicia valorada en miles de millones de dólares que opera en el Área de la Bahía, un ejecutivo que solicita servicios sexuales contradice directamente los compromisos públicos de la NFL con los derechos humanos, la equidad de género y la responsabilidad social.
Cuando el liderazgo evade los límites legales y sociales, socava los programas de cumplimiento interno. Los empleados, los jugadores y el personal operativo están sujetos a códigos de conducta rigurosos mientras la propiedad parece operar bajo un escudo implícito de inmunidad. Una empresa no puede presentarse como un motor de impacto social positivo si sus máximos representantes vulneran la ética institucional; esta incongruencia disuelve la autoridad moral necesaria para liderar una institución deportiva de alto perfil.
#49ers owner Jed York responded to an ad on a prostitution website and arranged a $140 sexual encounter before being arrested upon arriving at a mobile home park in East Palestine, Ohio, as part of a human-trafficking sting operation.
El impacto en la reputación corporativa y los stakeholders
La reputación es un activo intangible de alto valor. Frente a un hecho de esta naturaleza, la onda expansiva afecta directamente a los distintos grupos de interés (stakeholders):
Socios comerciales y patrocinadores: Las grandes marcas invierten en los 49ers buscando asociarse con valores de integridad, inclusión y superación. La vinculación indirecta con un escándalo de explotación sexual expone a los patrocinadores a un riesgo reputacional inaceptable, obligándolos a reevaluar sus contratos si no existe una postura institucional clara.
Afición y comunidad: Los fanáticos no solo consumen un producto deportivo; depositan su confianza e identidad en el equipo. La condescendencia o el silencio ante una falta grave del propietario aliena a la base de aficionados, especialmente a las familias y a las mujeres, quienes representan una porción clave del mercado deportivo.
Jugadores y personal interno: Resulta insostenible exigir estándares de conducta irreprochables en el vestuario mientras la directiva incumple las normas más elementales de responsabilidad ética.
The 49ers have signed defensive lineman Viliami Fehoko Jr.
¿Cómo deben reaccionar los inversionistas y la NFL?
Para mitigar el daño y restaurar la confianza, las partes interesadas deben actuar con firmeza y bajo principios de gobernanza transparente:
Junta directiva e inversionistas: Deben instar a una revisión independiente sobre el impacto ético del incidente y considerar la suspensión temporal o la cesión de las funciones ejecutivas de York. La gestión del equipo no puede ser rehén de un conflicto personal.
La NFL y el Comisionado: La liga debe aplicar de manera equitativa la Política de Conducta Personal, demostrando que las sanciones no se reservan únicamente para los atletas, sino que aplican con igual o mayor rigor a los dueños de las franquicias.
Planes de remediación social: Más allá de las multas o comunicados de prensa, la organización debería destinar recursos significativos a programas comunitarios dedicados a la prevención de la trata de personas y el apoyo a las víctimas.
Los líderes corporativos deben entender que el éxito financiero y deportivo carece de sustento si no va acompañado de integridad. La respuesta que los 49ers y la NFL den a este caso sentará un precedente definitivo sobre si la responsabilidad social es un compromiso real o simplemente una estrategia de marketing.
Europa enfrenta una paradoja cada vez más difícil de ignorar: mientras las olas de calor se intensifican, también crece la demanda de soluciones para mantener los hogares habitables. Una encuesta realizada en Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido muestra que una mayoría de la población prefiere facilitar el acceso al aire acondicionado antes que concentrar los esfuerzos exclusivamente en reducir las emisiones de carbono. El dato cobra relevancia después de cuatro olas de calor extremas que dejaron miles de muertes adicionales en el continente. Para entre 30% y 52% de las personas consultadas, las temperaturas cercanas o superiores a 40 °C representan una amenaza para la salud dentro de sus propios hogares.
Pero apostar por la refrigeración mecánica también abre otro frente: el consumo energético y su impacto climático. El aire acondicionado puede ofrecer una respuesta inmediata ante el calor, pero su expansión masiva podría aumentar la presión sobre los sistemas eléctricos y dificultar los objetivos de descarbonización si la energía utilizada no proviene de fuentes limpias. Así, Europa se encuentra ante una pregunta incómoda: ¿cómo enfriar las viviendas sin agravar el problema que está haciendo que las temperaturas aumenten?
¿Por qué los europeos están pidiendo más acceso al aire acondicionado?
Los resultados de la encuesta de YouGov muestran una preocupación concreta: muchas personas sienten que sus hogares simplemente no están preparados para el calor extremo. En Alemania, 53% de los encuestados dijo que no podía mantener su vivienda suficientemente fresca, una percepción que alcanzó 41% en Francia y 27% en España. Al mismo tiempo, entre 61% y 73% apoyó que el aire acondicionado se instalara de serie en las nuevas viviendas. La refrigeración comienza así a percibirse como una cuestión relacionada con la seguridad y el bienestar.
La demanda también se refleja en las políticas que los ciudadanos estarían dispuestos a respaldar. Entre 65% y 75% de los encuestados en los seis países apoyó facilitar la instalación de aire acondicionado sin necesidad de obtener permisos de ayuntamientos o propietarios. Además, entre 52% y 66% respaldaría subvenciones gubernamentales para que los propietarios pudieran instalarlo.
La diferencia entre quienes cuentan con aire acondicionado y quienes no también resulta significativa. Entre 79% y 85% de las personas que tenían uno afirmaron haber conseguido mantener una temperatura interior confortable durante las recientes olas de calor. Entre quienes no disponían de este sistema, la proporción cayó a entre 35% y 47%. En un contexto donde el calor extremo se vuelve más frecuente, esa brecha puede convertirse en un asunto de salud pública.
Aumento de emisiones: ¿el aire acondicionado puede agravar el cambio climático?
El problema aparece cuando una solución de adaptación comienza a competir con los objetivos de mitigación. En cinco de los seis países analizados, entre 41% y 48% de los participantes consideró que debería priorizarse permitir y fomentar un mayor uso del aire acondicionado para reducir los daños provocados por las olas de calor, por encima de reducir las emisiones de CO₂. Solo entre 20% y 33% eligió la prioridad contraria.
La percepción ciudadana parece responder a una lógica inmediata: si el calor ya está poniendo vidas en riesgo, primero hay que encontrar una forma efectiva de enfrentarlo. Sin embargo, una expansión acelerada del aire acondicionado puede contribuir al aumento de emisiones cuando la electricidad utilizada procede de fuentes intensivas en carbono. Además, una mayor demanda de refrigeración implica más presión sobre las redes eléctricas durante los periodos de mayor temperatura.
La paradoja es evidente: el calentamiento global impulsa la necesidad de enfriar los hogares, pero hacerlo de manera indiscriminada puede reforzar las condiciones que alimentan el problema. Por eso, el desafío no consiste únicamente en aumentar el acceso a la refrigeración, sino en determinar con qué energía, mediante qué tecnologías y bajo qué criterios debe hacerse.
¿Qué países europeos tienen más y menos aire acondicionado?
Europa parte de una situación muy distinta a la de Estados Unidos, donde 93% de la población cuenta con aire acondicionado central o portátil. En Italia, el sistema está presente en 63% de los hogares y en España en 58%, pero su penetración disminuye considerablemente en Francia, con 30%; Polonia, con 23%; Alemania, con 16%; y Reino Unido, con apenas 11%.
Estas diferencias ayudan a explicar por qué el debate adquiere características distintas en cada país. En los lugares donde la refrigeración ya está más extendida, el problema puede centrarse en su costo de uso y eficiencia. En aquellos donde su adopción es todavía baja, la discusión gira alrededor de si facilitar su instalación es una medida necesaria de adaptación frente a temperaturas cada vez más extremas.
El costo aparece como una barrera particularmente importante. Entre 51% y 75% de las personas en cada país señaló el precio como la principal razón para no tener aire acondicionado. La preocupación por el impacto climático fue mucho menor, de entre 6% y 17%, excepto en Francia, donde alcanzó 27%.
¿Cómo pueden enfriarse las viviendas sin aumentar el consumo de energía?
El debate podría plantearse como una elección entre aire acondicionado y reducción de emisiones, pero los propios resultados de la encuesta apuntan hacia una tercera vía. Entre 35% y 46% de las personas en cada país considera que muchos de los problemas para mantenerse frescos durante las olas de calor podrían solucionarse sin recurrir necesariamente a estos equipos.
Cuando se preguntó qué debería priorizar el gobierno, la respuesta fue todavía más clara: entre 27% y 42% eligió otros métodos para mantener las viviendas frescas, como persianas exteriores, aislamiento y techos reflectantes. En contraste, solo entre 12% y 20% señaló que el aire acondicionado debería ser la principal prioridad.
Estas medidas tienen una ventaja: pueden reducir la temperatura interior y, al mismo tiempo, disminuir la necesidad de utilizar energía para refrigerar los espacios. Un edificio mejor aislado, protegido del sol y diseñado para aprovechar la ventilación natural puede ofrecer una respuesta más estructural al calor extremo.
Para las personas en situación de riesgo, los expertos europeos no descartan el aire acondicionado. El desafío está en evitar que se convierta en la única respuesta disponible ante un problema que también exige transformar las viviendas y las ciudades.
¿Por qué el aire acondicionado se convirtió en un debate político en Europa?
La discusión dejó de ser exclusivamente técnica y comenzó a adquirir una dimensión política. En Europa, el aire acondicionado se ha convertido en un nuevo frente de las llamadas guerras culturales: algunos sectores acusan a los gobiernos tradicionales de obstaculizar su adopción por razones ambientales, mientras partidos de extrema derecha lo presentan como una solución indispensable frente al calor y cuestionan las políticas contra la crisis climática.
El debate corre así el riesgo de convertir una herramienta de adaptación en un símbolo ideológico. Sin embargo, los datos muestran que la población no está necesariamente dividida entre quienes apoyan y quienes rechazan el aire acondicionado. En general, las opiniones fueron positivas, entre 46% y 60%, o neutrales, entre 31% y 39%.
Además, solo entre 12% y 24% consideró que un mayor uso de estos sistemas haría que las personas se comprometieran menos con la lucha contra el cambio climático. De hecho, quienes tenían aire acondicionado no mostraron una menor preocupación climática que quienes no lo tenían.
¿Cuál es la solución para enfrentar las olas de calor sin aumentar las emisiones?
El aumento de emisiones no debería entenderse como una consecuencia inevitable de proteger a las personas del calor. El reto consiste en evitar que la adaptación climática se construya sobre soluciones que incrementen la presión ambiental en el largo plazo. Facilitar el acceso al aire acondicionado puede ser necesario para proteger a quienes enfrentan temperaturas peligrosas, pero no debería sustituir inversiones en aislamiento, sombra, infraestructura urbana, eficiencia energética y generación eléctrica limpia.
Europa está entrando en una etapa en la que mantener una vivienda fresca puede convertirse en una necesidad básica, no en un elemento de confort. La pregunta para gobiernos, empresas y responsables de sostenibilidad ya no es si las personas necesitarán enfriarse, sino cómo hacerlo de manera accesible, eficiente y compatible con los objetivos climáticos.
Resolver esa paradoja será fundamental para que la respuesta al calor extremo no termine alimentando el mismo fenómeno del que busca protegernos. Porque frente a un clima que ya está cambiando, la verdadera apuesta no debería ser elegir entre enfriarse o reducir emisiones, sino construir hogares y ciudades capaces de hacer ambas cosas al mismo tiempo.
El desarrollo sostenible necesita algo más que compromisos: requiere capital capaz de convertirse en proyectos, infraestructura y oportunidades. En ese escenario, el Banco Mundial volvió a mirar hacia los mercados financieros con una operación que pone sobre la mesa 4,000 millones de dólares. La emisión, con vencimiento en agosto de 2033, recibió pedidos por más de 11,000 millones de dólares. La cifra revela que el apetito por instrumentos vinculados al desarrollo permanece sólido. Y también muestra que los grandes inversionistas siguen buscando alternativas capaces de combinar rendimiento, seguridad e impacto.
La operación involucró a más de 150 inversionistas institucionales y permitió al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) ampliar su capacidad para financiar programas de desarrollo sostenible. El bono ofrece un cupón semestral de 4.50% y fue colocado con una demanda que superó en más de dos veces y media el monto finalmente emitido. Detrás de esos números hay una señal relevante para la responsabilidad social: el capital institucional puede desempeñar un papel decisivo en la atención de desafíos globales. En este caso, la confianza financiera se convierte en capacidad para impulsar una agenda de desarrollo.
¿Qué es el bono de desarrollo sostenible de 4,000 mdd del Banco Mundial?
El Banco Mundial fijó el precio de un bono de desarrollo sostenible a siete años por 4,000 millones de dólares, pero el interés del mercado fue considerablemente mayor. Los inversionistas colocaron órdenes por más de 11,000 millones de dólares, una diferencia que evidencia la fortaleza de la demanda.
La operación representa además el regreso del Banco Mundial al mercado de referencia en dólares. El bono, con vencimiento en agosto de 2033, cuenta con una calificación crediticia Aaa/AAA y ofrece a los inversionistas exposición a un emisor de alta calidad, mientras los recursos fortalecen la capacidad del BIRF para financiar su mandato de desarrollo sostenible.
Jorge Familiar, vicepresidente y tesorero del Grupo Banco Mundial, señaló que la respuesta refleja la confianza de inversionistas de alta calidad en la misión de la institución y en su capacidad para movilizar capital destinado al desarrollo sostenible.
Bonos sostenibles: ¿cómo financiarán el desarrollo global?
La relevancia de esta emisión no está únicamente en su tamaño. Los bonos sostenibles permiten conectar los mercados de capitales con programas que buscan atender necesidades de desarrollo económico y social, convirtiendo las decisiones de inversión en una pieza más de una estrategia global de impacto.
En este caso, el BIRF obtiene nueva capacidad de financiamiento para cumplir con su mandato de desarrollo. Para los inversionistas institucionales, la operación combina exposición a un emisor con una calificación comparable a la de instrumentos soberanos y la posibilidad de respaldar las actividades de desarrollo del Banco Mundial.
El resultado muestra que la sostenibilidad puede integrarse a instrumentos financieros de gran escala sin quedar relegada a un nicho especializado. La dimensión de la operación y la diversidad de participantes sugieren que los criterios de sostenibilidad continúan formando parte de decisiones financieras de largo plazo.
¿Quiénes invirtieron en el bono sostenible del Banco Mundial?
Los bancos y las tesorerías bancarias y corporativas recibieron 43% de las asignaciones, convirtiéndose en el grupo con mayor participación. Los bancos centrales y las instituciones oficiales concentraron otro 30%, mientras que las gestoras de activos, aseguradoras y fondos de pensiones representaron el 27% restante.
La distribución muestra que el interés no estuvo concentrado en un solo tipo de institución. Participaron actores con diferentes objetivos y horizontes de inversión, desde instituciones públicas hasta administradores de activos y fondos de largo plazo.
Esta diversidad amplía la base de capital disponible para iniciativas vinculadas con el desarrollo sostenible. Cuando distintos perfiles de inversionistas coinciden en una misma emisión, el mensaje para el mercado trasciende una operación individual y muestra el potencial de los mercados de capitales para financiar objetivos de impacto.
¿En qué regiones se concentró la inversión?
La demanda también tuvo una marcada diversidad geográfica. Europa, Oriente Medio y África concentraron 42% de las asignaciones, mientras que América recibió 38% y Asia obtuvo el 20%.
Más allá de la distribución porcentual, estos datos reflejan la dimensión internacional de los mercados de deuda y la capacidad de los organismos multilaterales para reunir capital procedente de distintas regiones. El desarrollo sostenible enfrenta problemas que no se detienen en las fronteras nacionales y requiere mecanismos financieros capaces de movilizar recursos a esa misma escala.
La operación ilustra precisamente esa conexión: inversionistas de diferentes mercados aportan recursos a un emisor supranacional cuya misión consiste en financiar iniciativas de desarrollo. El mercado financiero se convierte así en un puente entre el capital institucional y las necesidades de inversión de economías y comunidades.
¿Qué rendimiento ofrece el bono sostenible del Banco Mundial?
El bono paga un cupón semestral de 4.50% y fue fijado con un diferencial de 3.9 puntos básicos sobre el bono de referencia del Tesoro estadounidense. Además, cotizará en la Bolsa de Luxemburgo.
Bank of America, Morgan Stanley, Nomura y TD Securities actuaron como coordinadores principales de la operación. Para las instituciones financieras participantes, la amplitud y calidad de la cartera de pedidos fueron señales de la fortaleza de la relación del Banco Mundial con su comunidad global de inversionistas.
La colocación también llega en un momento relevante para los bancos de desarrollo, que continúan recurriendo a los mercados internacionales de capital para financiar proyectos relacionados con el desarrollo económico y las prioridades de sostenibilidad. La respuesta obtenida sugiere que existe espacio para seguir ampliando ese vínculo.
¿Por qué crece la demanda de financiamiento para el desarrollo sostenible?
El volumen de órdenes frente al monto emitido constituye uno de los datos más reveladores de la operación. La demanda superó en más de dos veces y media los 4,000 millones de dólares finalmente colocados, lo que permitió al Banco Mundial acceder a una base amplia de inversionistas y obtener recursos para fortalecer su capacidad financiera.
Para quienes siguen la evolución de la responsabilidad social y las finanzas sostenibles, el mensaje es especialmente relevante: la sostenibilidad no depende únicamente de la voluntad de empresas, gobiernos o instituciones. También necesita mecanismos capaces de movilizar grandes cantidades de capital hacia objetivos de largo plazo.
La operación del Banco Mundial muestra que esos mecanismos pueden encontrar una respuesta favorable en los mercados cuando se combinan una institución sólida, confianza de los inversionistas y un propósito de desarrollo claramente definido. La pregunta ya no es solamente cuánto dinero puede movilizarse, sino qué transformación puede financiar ese capital.
Los 4,000 millones de dólares colocados por el Banco Mundial representan mucho más que una cifra financiera. Frente a una demanda superior a 11,000 millones, la operación evidencia que existe un mercado dispuesto a respaldar instrumentos que vinculan solidez financiera con objetivos de desarrollo sostenible. La participación de bancos, bancos centrales, fondos de pensiones, aseguradoras y gestores de activos amplía todavía más el alcance de esa señal.
Para la agenda de responsabilidad social, el caso deja una lección clara: transformar el futuro requiere convertir los compromisos en recursos concretos. Mientras los mercados continúen respondiendo a instrumentos diseñados para financiar el desarrollo, el capital puede convertirse en uno de los grandes habilitadores de la sostenibilidad. Y en esa transición, cada emisión puede ser también una declaración sobre el tipo de futuro que los inversionistas están dispuestos a financiar.
El turismo enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia: seguir creciendo mitigando al máximo el impacto en los recursos naturales, preservando la identidad cultural y el bienestar de las comunidades que hacen posible cada destino. En este contexto, Grupo Xcaret presenta su Memoria de Xostenibilidad 2025, un informe que muestra cómo un modelo de negocio puede generar valor económico, social, ambiental y con transparencia.
Durante el año, la organización realizó un anuncio de inversión por más de 1,000 millones de dólares principalmente en la ampliación de Hotel Xcaret México, que alcanzó las 1,800 habitaciones y obtuvo las certificaciones EDGE y EarthCheck, fortaleciendo la infraestructura turística del Caribe Mexicano bajo criterios de sostenibilidad e impulsando el desarrollo económico de la región.
El desempeño de la compañía en materia ambiental, social y de gobernanza fue reconocido por el ranking Merco México ESG 2025, que la posicionó como la empresa número uno en reputación relacionada a temas ESG del sector Hoteles y Servicios Turísticos en nuestro país. Ese liderazgo se sostiene en el trabajo de conservación que la compañía realiza todos los días; donde opera más de 5 mil paneles solares, generando 4.04 millones de kWh de energía limpia y evitó la emisión de 1,796 toneladas de CO₂, asimismo, reforestó 275,273 ejemplares de flora nativa y en peligro de extinción, y mantiene 8 alianzas con instituciones especializadas en conservación. Además, el Programa de Conservación de Tortugas Marinas celebró tres décadas de trabajo, con más de 20 millones de crías vivas reingresadas al mar.
Esa misma lógica de crecimiento compartido se refleja en el impacto económico y social del grupo. Donde recibió a más de 5 millones de visitantes, huéspedes, socios y pasajeros; realizó 90% de sus compras con proveedores establecidos en México, y trabajó con 184 proveedores de comunidades rurales y 3,574 proveedores afiliados a NAFIN, fortaleciendo cadenas productivas locales.
Las personas son el núcleo de Grupo Xcaret, una comunidad de más de 16 mil colaboradores donde el 85% fue capacitado en el Código de Conducta Ética en este mismo periodo, lo que se tradujo en cero casos de corrupción confirmados durante el año. Además, la empresa reafirmó su compromiso con el bienestar social al otorgar 493 becas para hijas e hijos de sus trabajadores.
En el ámbito comunitario, destacan la inversiones acumuladas de 2.7 millones de dólares al programa Kone’ex Xiimbal y 4.25 millones de dólares a Turismo Social, iniciativas que acercan experiencias turísticas y culturales a las comunidades de la zona maya mediante visitas gratuitas al Parque Xcaret con transporte, alimentos y atención en su propia lengua.
“Todos los días, en cada parque, hotel y comunidad donde estamos presentes, buscamos que nuestro trabajo tenga sentido más allá del negocio: en la playa donde liberamos tortugas, en los talleres donde maestras y maestros artesanos mantienen viva la cultura de México, en las familias que forman parte de nuestro equipo y en cada experiencia que compartimos con quienes nos visitan. La Memoria de Xostenibilidad da testimonio de una forma de hacer turismo, misma que llevamos más de tres décadas construyendo”, señaló Miriam Alonso, Subdirectora de Sostenibilidad en Grupo Xcaret.
La Memoria busca aportar evidencia a una conversación cada vez más relevante para la industria de Hotelería y Servicios Turísticos y sobre cómo generar crecimiento económico mientras protegemos aquello que hace únicos a los destinos. Por eso, para Grupo Xcaret la sostenibilidad no es una iniciativa adicional, sino el principio que guía la evolución de su modelo de negocio y su propósito de hacer más feliz al planeta contagiando su gran amor por México.
Puedes consultar la Memoria de Xostenibilidad 2025 en el siguiente enlace.
Este agosto, compartir un helado con tu perro puede convertirse también en una forma de apoyar a otros animales que aún esperan encontrar un hogar. La campaña invita a las personas a sumar una acción cotidiana a una causa que beneficia directamente a refugios y rescatistas.
De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alrededor de 500 mil animales de compañía son abandonados cada año en México. A esta situación se suma el reto económico que implica mantenerlos: algunos albergues han compartido que destinan hasta 170 mil pesos mensuales únicamente a la compra de alimento, sin considerar gastos veterinarios, medicamentos, mantenimiento o personal.
En este contexto, Neverías Frody presenta una nueva edición del Croquetón 2026, iniciativa que busca respaldar a perros y gatos rescatados mediante la recolección de comida y que este año incorpora nuevas maneras de participar.
A siete años de su creación, la campaña ha reunido más de 15 toneladas de alimento, que han sido entregadas a albergues de la Ciudad de México, Estado de México y Cuernavaca.
Para la edición 2026, los beneficiarios serán Colitas de Colores, Fundación Toby, Biocan y el rescatista Rodrigo Estrella, quienes proporcionan alimentación, atención veterinaria, rehabilitación y resguardo a perros y gatos recuperados de situaciones de abandono o maltrato.
Un helado con causa
Una de las formas de sumarse será a través de Luky Bites: Helado con Causa, creado para consentir a los perros. Durante agosto, 10% de sus ventas se destinará a adquirir alimento para las organizaciones participantes, de modo que compartir un momento especial con la mascota también contribuya al cuidado de otros animales que necesitan apoyo.
Otra alternativa será llevar alimento seco o húmedo para perros y gatos a las sucursales participantes. Quienes realicen una aportación podrán formar parte del Muro de las Segundas Oportunidades, una dinámica que reunirá nombres de mascotas y mensajes dedicados a aquellos animales que todavía esperan una familia.
Cada persona que lleve una donación recibirá un Post-it para escribir el nombre de una mascota que haya marcado su vida o compartir unas palabras de esperanza.
“El Croquetón nació para que ayudar fuera algo sencillo y cercano. Este año queremos que las personas puedan participar de distintas maneras: llevando alimento, comprando un Luky Bites o simplemente dejando un mensaje para recordar a esa mascota que ha sido importante en su vida. Cada acción suma y se convierte en apoyo para los animales que hoy lo necesitan”, señaló Beatriz Rodríguez, Directora General de Neverías Frody.
¿Cómo sumarse?
Llevar alimento: entregar comida nueva para perros o gatos, correctamente empaquetada y con fecha de caducidad vigente, en las sucursales participantes.
Comprar un Luky Bites: adquirir el helado para perros y contribuir con el 10% de la venta, que será destinado a la compra de comida para los beneficiarios.
El Croquetón busca hacer de la solidaridad una actividad sencilla y cercana: desde compartir un helado con la mascota hasta llevar una bolsa de comida o dedicar unas palabras a un animal que aún espera una segunda oportunidad.
Una empresa puede tener políticas de diversidad, capacitaciones y campañas de inclusión, pero existe una pregunta menos frecuente: ¿cuánto le cuesta cuando una persona no se siente segura para ser quien es en el trabajo? El impacto no siempre aparece en una factura, un balance financiero o un indicador de productividad. Sin embargo, se acumula en cada idea que un colaborador decide no compartir, en cada conversación que evita y en cada oportunidad que deja pasar por miedo a ser juzgado.
Ese costo tiene un nombre: un impuesto emocional que pagan las personas cuando deben permanecer en guardia para protegerse de posibles sesgos relacionados con su identidad. Género, orientación sexual, edad, apariencia física o lugar de origen pueden convertirse en motivos para editar la propia conducta. Y mientras el colaborador paga con desgaste y salud, la organización puede terminar pagando con menor desempeño, compromiso, innovación y retención de talento.
¿Qué es el precio de la exclusión laboral y cómo empieza a cobrarse?
El impuesto emocional aparece cuando una persona siente que necesita esconder, modificar o controlar una parte de sí misma para evitar un trato injusto. “Cuando un trabajador siente que debe protegerse de una manera constante para evitar ser juzgada, estereotipada o discriminada por una parte de su identidad, ahí es donde comienza a pagar un impuesto emocional”, explica Alejandra Moreno Maya, consultora en inclusión en MAREA.
La situación puede ser tan cotidiana como una mujer que duda antes de intervenir en una junta por temor a no parecer suficientemente inteligente; un hombre que evita hablar de salud mental para no ser considerado débil; una persona LGBTIQ+ que omite mencionar a su pareja o un colaborador mayor que prefiere no revelar su edad. También puede aparecer cuando alguien modifica su apariencia física para intentar encajar en las expectativas de su entorno.
De acuerdo con Catalyst, seis de cada 10 trabajadores pertenecientes a grupos históricamente marginados pagan este impuesto emocional al mantenerse diariamente en alerta para evitar que un rasgo de su identidad provoque un trato injusto. En México, además, solo 36% de los profesionales considera que puede mostrarse auténtico en el trabajo, según Talent Trends 2025 de Michael Page.
El precio de la exclusión laboral también se paga con salud
El problema no termina en la incomodidad. Mantenerse constantemente atento a lo que se dice, cómo se actúa y qué parte de la identidad puede mostrarse genera una carga mental que compite directamente con la energía que debería estar destinada al trabajo. “Imagínate que una persona llega a su trabajo y además de ocupar su energía para trabajar, para lograr los objetivos, también tiene ese desgaste emocional para protegerse de posibles sesgos”, señala Moreno Maya.
Jorge Gutiérrez Siles, psicoanalista y consultor Senior en KAYSA, explica que esta dinámica puede producir hipervigilancia, autocontrol y una disonancia emocional entre lo que la persona experimenta internamente y lo que muestra hacia afuera. Con el tiempo, puede traducirse en pérdida de autenticidad, aislamiento y una menor sensación de pertenencia.
El desgaste sostenido también puede expresarse en estrés crónico, irritabilidad, tristeza, alteraciones del sueño y afectaciones en la autoestima laboral. A nivel físico, los especialistas señalan posibles dolores de cabeza, tensión muscular, problemas gastrointestinales, fatiga e hipertensión arterial. Así, lo que comenzó como una estrategia para evitar la exclusión puede terminar convirtiéndose en un problema de bienestar.
Cuando el precio de la exclusión laboral llega a los resultados
Para una empresa, el costo aparece cuando una persona deja de aportar todo lo que podría aportar. Si un colaborador debe utilizar parte de su atención para protegerse de posibles sesgos, queda menos energía disponible para pensar, colaborar, resolver problemas o proponer nuevas ideas. “Ahí su desempeño puede llegar a disminuir”, advierte Moreno Maya.
El impacto puede ser todavía más profundo cuando el trabajador aprende que hablar, participar o mostrarse tal como es representa un riesgo. Entonces puede comenzar a guardar silencio en las reuniones, reducir su participación y dejar de proponer. La organización conserva físicamente a la persona, pero pierde una parte de su capacidad, conocimiento y creatividad.
“Pensaríamos que solo estamos hablando del trabajador, pero la organización pierde un trabajador competitivo porque su cognición no va a ser tan fuerte. A la larga va a impactar la productividad de la organización”, explica Gutiérrez Siles. La inclusión, en este sentido, deja de ser únicamente una conversación cultural y se convierte también en una condición para aprovechar el talento disponible.
El precio de la exclusión laboral también aparece cuando el talento se va
Hay un punto en el que el desgaste deja de ser silencioso: cuando el colaborador decide irse. Una persona que no encuentra condiciones para expresarse con seguridad puede aislarse, reducir su compromiso, desconectarse de la organización o buscar otro espacio laboral donde no tenga que vivir en constante vigilancia.
El resultado puede reflejarse en mayor rotación, ausentismo y presentismo, además de un entorno menos favorable para la innovación. La empresa no solo pierde a una persona: también puede perder experiencia, conocimiento acumulado y la diversidad de perspectivas que esa persona aportaba al equipo.
Por eso, el verdadero costo de la exclusión no se limita a cuánto dinero se destina a programas de inclusión. También implica preguntarse qué sucede cuando esos esfuerzos no consiguen transformar la experiencia cotidiana de quienes trabajan en la organización. Como señala Moreno Maya, las consecuencias del impuesto emocional son tangibles y observables tanto a nivel personal como organizacional.
La inclusión puede medirse en políticas, presupuestos, capacitaciones y metas, pero también en algo mucho más cotidiano: la libertad que tiene una persona para participar sin preguntarse qué parte de sí misma debe esconder. Cuando esa libertad existe, el talento puede concentrarse en crear, colaborar y resolver problemas, en lugar de protegerse.
Al final, el precio de la exclusión laboral no es una cifra aislada que aparezca en los estados financieros. Se encuentra disperso en el estrés de una persona, en una idea que nunca llegó a una reunión, en una renuncia que pudo evitarse y en todo el potencial que una organización dejó de aprovechar. Para las empresas, quizá la pregunta más relevante ya no sea cuánto cuesta invertir en inclusión, sino cuánto cuesta seguir posponiéndola.
¿Qué se necesita para estar seguros de que los alimentos que llegan a nuestra mesa son realmente seguros? La respuesta va mucho más allá de que un platillo se vea apetitoso o de que un ingrediente parezca estar en buenas condiciones. De hecho, detrás de cada alimento apto para consumo existe una cadena de decisiones, controles y cuidados que deben funcionar correctamente para garantizar la inocuidad de los alimentos.
Para conseguirlo, las empresas del sector alimentario necesitan contar con procesos claramente definidos, protocolos de higiene, sistemas de prevención, controles y certificaciones que permitan identificar riesgos antes de que lleguen al consumidor. No se trata únicamente de reaccionar cuando aparece un problema, sino de construir mecanismos que ayuden a prevenirlo desde la selección y manejo de las materias primas hasta la preparación, almacenamiento, distribución y entrega.
Por eso, en Corporativo Kosmos, empresa líder en servicios alimentarios en México, que maneja empresas como La Cosmopolitana, Serel, y Kol Tov, este compromiso está presente tanto en los alimentos que empaca y distribuye, como en aquellos que prepara y lleva directamente hasta la mesa de sus clientes, ya que, para la compañía, lograr que estos estándares sean parte de su operación diaria significa no solo la cuidar cada insumo o platillo, sino también cuidar a las personas que lo consumirán.
¿Cómo garantizar la inocuidad de los alimentos? Corporativo Kosmos lo explica
Corporativo Kosmos participa en distintos momentos de la cadena de alimentación, desde la elaboración de desayunos escolares y el servicio de comedores institucionales hasta el catering para el sector hotelero y la entrega de insumos alimentarios, como despensas y box lunches.
Una operación de esta magnitud requiere mucho más que capacidad para preparar grandes volúmenes. La experiencia, la infraestructura y la capacidad logística son parte de la fortaleza de la compañía. No obstante, para conseguir que los alimentos que reciban sus clientes sean seguros, la empresa se apega a estrictos protocolos para garantizar la inocuidad y trabaja con los más altos estándares de la industria para asegurar la calidad de sus productos.
Para Corporativo Kosmos, la clave está en entender que la inocuidad no depende de un único momento. Un alimento puede ser seguro al salir de una instalación y dejar de serlo si posteriormente se maneja de manera inadecuada. Por ello, la compañía busca controlar los riesgos a lo largo de la cadena operativa mediante diferentes estándares y sistemas que le permiten saber qué puede salir mal, prevenirlo, vigilarlo y actuar si algo se desvía de lo establecido. Entre los instrumentos que la empresa de alimentos utiliza se pueden mencionar los siguientes:
ISO 22000: un sistema que cuida la seguridad de principio a fin
La ISO 22000 es una norma internacional para establecer un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. Su propósito es que las empresas puedan identificar, prevenir y controlar los peligros que podrían comprometer la seguridad de los alimentos de manera sistemática y a lo largo de la cadena. Pero, ¿cómo se traduce esto a la operación de Corporativo Kosmos?
En términos sencillos, significa que la seguridad de un alimento no se deja para el último momento: se construyen controles desde antes de que comience su preparación. Por ejemplo, la revisión de las materias primas, las condiciones de higiene, el manejo de los ingredientes, el control de temperaturas, la limpieza de las áreas y equipos, así como la correcta conservación y distribución, pueden formar parte de un sistema en el que cada actividad tiene procedimientos definidos y mecanismos para comprobar que se cumplen. ISO contempla precisamente estas medidas, así como el control de proveedores y la trazabilidad.
Así, cuando Corporativo Kosmos prepara alimentos la ISO 22000 ayuda a que la inocuidad sea parte de toda la operación y no simplemente una revisión final. El objetivo es que cada eslabón —desde el ingrediente que llega a las instalaciones hasta el alimento que se entrega— esté contemplado dentro de un sistema de gestión. De esta manera, garantizar la inocuidad de los alimentos se convierte en una tarea organizada, medible y constante.
HACCP: encontrar dónde puede ocurrir un problema y detenerlo antes
El sistema HACCP(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control)analiza peligros biológicos, químicos y físicos y determina en qué etapas del proceso es indispensable mantener un control para prevenir o reducir esos riesgos.
Corporativo Kosmos aplica este sistema de manera continua. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, primero identifica los peligros que pueden surgir en cada parte del proceso y determina cómo prevenirlos; después establece los llamados Puntos Críticos de Control (PCC), es decir, aquellos momentos en los que mantener una condición determinada es indispensable para obtener un alimento confiable. También define límites críticos, establece sistemas de vigilancia, contempla acciones correctivas y verifica que los lineamientos se estén cumpliendo.
¿Y qué significa esto en la práctica? Imaginemos que durante la preparación de un alimento existe una etapa en la que una condición específica debe mantenerse dentro de determinados parámetros para evitar un riesgo. En lugar de simplemente confiar en que el procedimiento se realizó correctamente, HACCP establece qué debe controlarse, cuál es el límite seguro, quién debe vigilarlo y qué hacer si existe una desviación. Incluso se documentan los controles y las acciones tomadas. Por eso, más que ser una revisión al final del proceso, HACCP funciona como una especie de mapa de prevención que acompaña las operaciones de Kosmos y permite actuar antes de que un riesgo llegue al consumidor.
TIF: la inocuidad también comienza en las instalaciones
La certificación Tipo Inspección Federal (TIF), otorgada por SENASICA, reconoce a establecimientos que procesan bienes de origen animal y que cumplen con requisitos de sanidad e inocuidad. En estos establecimientos existe supervisión para verificar que actividades como procesamiento, almacenamiento y distribución se realicen conforme a la normatividad aplicable.
Aquí es donde la inocuidad deja de ser solamente una cuestión relacionada con el alimento y también se observa el lugar y las condiciones en las que ese alimento es procesado. Para obtener la certificación se consideran aspectos como las características de las instalaciones, los flujos de operación, los procedimientos de sanitización, el control de fauna nociva, la trazabilidad, el control de calidad y el plan HACCP. Incluso los requisitos de certificación contemplan que el flujo de productos y personal evite retrocesos o cruzamientos que puedan provocar contaminación.
Para Corporativo Kosmos, esto significa sumar una barrera más de protección a su operación: no basta con cuidar qué ingredientes se utilizan, también es necesario mantener bajo control dónde, cómo y bajo qué condiciones se procesan. La limpieza y desinfección de áreas y utensilios, el control de posibles plagas, la correcta circulación dentro de las instalaciones, la identificación de los productos y la posibilidad de rastrearlos forman parte de una operación diseñada para reducir riesgos. SENASICA, además, realiza inspecciones y verifica que las desviaciones detectadas sean corregidas y que se establezcan medidas preventivas para evitar que vuelvan a ocurrir.
En conjunto, ISO 22000, HACCP y TIF no funcionan como tres sellos independientes. Se complementan para cubrir diferentes capas de la operación: ISO 22000 aporta un sistema de gestión de la inocuidad; HACCP permite identificar y controlar los puntos donde puede aparecer un peligro; y TIF incorpora exigencias sanitarias y de supervisión para establecimientos que procesan productos de origen animal. En una operación como la de Corporativo Kosmos, esta combinación permite llevar la inocuidad de la teoría a algo mucho más concreto: prevenir, controlar, comprobar y corregir, todos los días y en cada etapa del servicio.
¿Por qué la inocuidad también es parte de la RSE de Corporativo Kosmos?
Hablar de RSE suele llevarnos a pensar en acciones ambientales, programas sociales o iniciativas dirigidas a las comunidades. Sin embargo, también existe una dimensión cotidiana y fundamental: la responsabilidad de una empresa frente a las personas que utilizan sus productos y servicios. En la industria alimentaria, esa responsabilidad tiene una relación directa con la seguridad de lo que se pone en sus manos.
Por eso, en Corporativo Kosmos los protocolos, sistemas y certificaciones permiten estructurar una operación en la que la prevención de riesgos, la vigilancia de los procesos y la documentación forman parte del trabajo cotidiano. Al final, garantizar la inocuidad de los alimentos es una tarea que comienza mucho antes de que un platillo llegue a la mesa. Requiere sistemas que permitan mirar la cadena completa, identificar riesgos y establecer controles que protejan al consumidor en cada etapa.
Estándares como la ISO 22000, HACCP y TIF respaldan la operación de una empresa como Corporativo Kosmos, cuyo objetivo no es solamente entregar alimentos a gran escala, sino hacerlo bajo criterios de calidad y seguridad. Su infraestructura y capacidad logística permiten atender distintos servicios, mientras que sus procesos de inocuidad ayudan a cuidar aquello que realmente importa: el alimento que recibe cada persona.
Porque detrás de una comida, un box lunch o un servicio de catering hay algo más que una preparación: hay confianza. Y esa confianza se construye cuando una empresa asume el cuidado de la calidad de sus alimentos y de las personas que los consumen como parte esencial de su misión. Así, la inocuidad se vuelve una forma de ejercer la RSE todos los días.
La inteligencia artificial está cambiando la manera en que las empresas buscan y seleccionan talento, con la promesa de hacer los procesos más rápidos y objetivos. Sin embargo, mientras estas herramientas ganan terreno, también crecen las dudas sobre su capacidad para reproducir sesgos y discriminar a candidatos. En 2025, 90% de los empleadores utilizó algún tipo de automatización en sus procesos de contratación, de acuerdo con el Foro Económico Mundial. El desafío ahora es determinar si esta eficiencia puede realmente convivir con decisiones laborales justas.
El caso de Erin Kistler muestra la dimensión del problema. Durante cuatro años solicitó miles de empleos en empresas como PayPal, Microsoft y Netflix, pero nunca consiguió una entrevista. Kistler demandó a Eightfold AI, cuyo software de contratación es utilizado por cientos de compañías, al argumentar que su sistema podría clasificar candidatos sin que estos sepan cómo fueron evaluados ni tengan oportunidad de cuestionar el resultado. El caso ha llevado a preguntarnos, ¿qué tan eficiente puede ser esta tecnología cuando un algoritmo decide qué perfiles merecen avanzar?
Contrataciones con IA: entre eficiencia y falta de transparencia
Las herramientas de IA ya pueden filtrar currículums, evaluar habilidades y realizar entrevistas telefónicas iniciales. Eightfold AI, por ejemplo, utiliza información de currículums, perfiles de LinkedIn y redes sociales de más de mil millones de trabajadores para calificar candidatos de 0 a 5 y predecir su posible desempeño en determinados puestos.
La promesa es reducir tiempos y sesgos humanos, pero automatizar una decisión no garantiza que sea más justa. Los expertos advierten que estos sistemas pueden introducir o amplificar prejuicios presentes en los datos con los que fueron entrenados. Además, los candidatos no necesariamente saben que están siendo evaluados mediante IA: actualmente, en Estados Unidos, no existe una ley general que obligue a las empresas a notificar o divulgar el uso de estos sistemas.
El problema, por tanto, no es únicamente tecnológico. También es de gobernanza: si una persona desconoce qué información utiliza un algoritmo para evaluarla, difícilmente podrá detectar un error o defenderse frente a una decisión injusta.
¿Puede la IA decidir vetarte algorítmicamente?
El riesgo más inquietante aparece cuando un sesgo no afecta solamente una candidatura, sino que puede repetirse en distintas empresas. En un proceso tradicional, ser rechazado por un reclutador permite volver a intentarlo con otra organización. Pero si diferentes compañías utilizan sistemas basados en modelos similares, una señal negativa podría reproducirse una y otra vez.
Ifeoma Ajunwa, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Emory y directora fundadora del programa de IA y futuro del trabajo advierte que, cuando un trabajador es rechazado por un sistema algorítmico utilizado en varias empresas, este puede “recordar la decisión que ya se tomó y repetirla en aras de la eficiencia”. Su conclusión es contundente: “En realidad, te han vetado algorítmicamente”.
Este escenario se relaciona con el concepto de “monocultura algorítmica”, que describe el riesgo de que múltiples organizaciones dependan de los mismos modelos para tomar decisiones laborales. Katie Creel, coautora de un estudio sobre este fenómeno, advierte que las personas podrían quedar excluidas de puestos de trabajo con mayor frecuencia de lo que ocurriría sin estos sistemas.
Además, existen antecedentes concretos de discriminación. Amazon, por ejemplo, tuvo que suspender una herramienta que penalizaba currículums de mujeres porque había aprendido de una plantilla laboral predominantemente masculina. En otra investigación, Ajunwa encontró que una IA calificaba negativamente a candidatos con acento sureño porque tenía dificultades para comprenderlos durante entrevistas de voz.
Un estudio de Xuechunzi Bai también encontró que modelos de IA podían desarrollar estereotipos sobre candidatos ficticios y asociar determinados grupos con profesiones específicas sin relación con sus cualificaciones. El estudio detectó mayor sesgo en la IA que en las decisiones humanas analizadas y, de manera especialmente llamativa, más sesgo en modelos nuevos y avanzados.
¿Cómo implementar IA de manera responsable en las contrataciones?
La solución no necesariamente es renunciar a la tecnología. El verdadero reto consiste en establecer límites para que la IA sea una herramienta de apoyo y no quien tenga la última palabra. Iman Abuzeid, directora ejecutiva de Incredible Health, sostiene que la IA debe recopilar información para que un ser humano tome una mejor decisión, pero no rechazar, clasificar o decidir automáticamente quién avanza.
Para avanzar hacia unas contrataciones con IA responsables, las empresas deberían considerar:
Mantener supervisión humana. La IA puede apoyar la evaluación, pero la decisión final debería permanecer en manos de una persona capaz de revisar el contexto y cuestionar el resultado.
Informar al candidato. Las personas deben saber cuándo están siendo evaluadas mediante inteligencia artificial. En Nueva York, por ejemplo, la legislación exige notificar previamente a los candidatos sobre el uso de determinados sistemas automatizados.
Auditar los algoritmos. No basta con implementar una herramienta: es necesario comprobar periódicamente si genera resultados discriminatorios. En Nueva York, los empleadores deben realizar auditorías anuales de sesgo para determinados sistemas.
Garantizar mecanismos de revisión. Un candidato debería tener alguna posibilidad de conocer y cuestionar una decisión algorítmica que considere incorrecta.
Revisar los datos utilizados. Si los sistemas aprenden de patrones históricos, las empresas deben evaluar si esos datos contienen prejuicios que puedan trasladarse a nuevas decisiones.
Evitar la dependencia de un único modelo. Cuando distintas organizaciones utilizan herramientas similares, un mismo error puede replicarse a gran escala y convertirse en una barrera para acceder al empleo.
De hecho, algunas compañías ya exploran modelos de uso más limitado. Incredible Health, utilizada por más de 1,500 empresas del sector sanitario, emplea IA para realizar entrevistas telefónicas, pero no permite que el sistema rechace o clasifique automáticamente a los candidatos. Además, alrededor de 10% de sus entrevistas con IA son auditadas por personas para detectar sesgos.
La discusión sobre las contrataciones con IA demuestra que la innovación no puede evaluarse únicamente por la velocidad o eficiencia que aporta. Si una herramienta puede influir en quién obtiene una oportunidad laboral, también debe ser evaluada por su capacidad para respetar la equidad, la transparencia y la dignidad de las personas.
Para las empresas comprometidas con la responsabilidad social, el objetivo debería ser claro: no utilizar IA para eliminar la responsabilidad humana, sino para fortalecer decisiones más informadas y justas. La pregunta ya no es si los algoritmos formarán parte del futuro del trabajo, sino qué controles estarán dispuestas a implementar las organizaciones para evitar que una caja negra determine, sin explicación, quién merece una oportunidad.
Durante años, el poliéster reciclado se ha presentado como una de las alternativas más prometedoras para reducir la huella ambiental de la industria de la moda. Frente a una fibra virgen derivada de combustibles fósiles y responsable de importantes emisiones, contaminación del agua y del aire, reciclar el plástico parecía ofrecer una salida contundente. Sin embargo, un nuevo análisis del ciclo de vida elaborado por Textile Exchange y SCS Consulting Services pone esta promesa bajo la lupa y revela que reciclar no necesariamente significa contaminar menos.
El análisis, que evaluó a un productor de poliéster virgen en el sudeste asiático y a seis productores de poliéster reciclado en China, Europa, el sudeste asiático y Estados Unidos, ofrece una fotografía más compleja de esta alternativa. Aunque algunas tecnologías de reciclaje pueden reducir considerablemente las emisiones frente al poliéster virgen, otras presentan impactos que cuestionan la idea de que todo material reciclado es necesariamente más sostenible.
El poliéster reciclado no es automáticamente una alternativa verde
La magnitud del reto se entiende mejor al observar el peso que tiene el poliéster dentro de la industria. El material virgen representa alrededor del 57 % de la producción mundial de fibras y, al estar elaborado a partir de combustibles fósiles, implica emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación del agua y del aire desde su fabricación. Además, una vez que los productos que lo contienen son desechados, el plástico puede permanecer durante décadas o incluso milenios en el ambiente.
Ante este escenario, el reciclaje parece una alternativa lógica: aprovechar materiales existentes en lugar de recurrir nuevamente a materias primas fósiles. Sin embargo, el análisis de ciclo de vida de Textile Exchange y SCS Consulting Services demuestra que el impacto de un material no depende únicamente de si es virgen o reciclado, sino de todo lo que ocurre para producirlo.
El estudio evaluó a un productor de poliéster virgen del sudeste asiático y a seis productores de poliéster reciclado ubicados en China, Europa, el sudeste asiático y Estados Unidos. Los resultados muestran diferencias importantes entre las distintas alternativas. Mientras la producción de hilo de poliéster virgen o fibra discontinua generó entre 3.96 y 4.76 kilogramos de CO₂, la producción de fibra discontinua reciclada mediante procesos termomecánicos generó 3.04 kilogramos.
El reciclaje químico presentó resultados todavía más bajos en determinados productos. Las virutas recicladas químicamente registraron entre 1.77 y 2.24 kilogramos de CO₂, mientras que las virutas recicladas termomecánicamente se ubicaron entre 0.959 y 1.31 kilogramos. Incluso, un productor europeo que empleaba un método químico patentado logró emisiones de entre 0.683 y 0.885 kilogramos.
Estas cifras muestran que sí existe potencial para disminuir las emisiones, pero también evidencian que no existe un único poliéster reciclado. Su desempeño ambiental depende de las condiciones bajo las cuales se obtiene y procesa.
El reciclaje también necesita energía limpia
Hay otra pieza que puede cambiar por completo el resultado: la energía utilizada para reciclar. Una planta que emplea electricidad proveniente del carbón puede tener una huella de carbono muy diferente a otra que funciona con una red eléctrica con una elevada participación de energías renovables.
El estudio simuló diferentes escenarios y encontró que la fuente de electricidad influye considerablemente en las emisiones asociadas con el reciclaje. Por ello, no basta con construir más plantas de poliéster reciclado; también es necesario analizar dónde se instalan y cómo obtienen la energía que requieren.
El informe recomienda que las empresas que desarrollen nuevas instalaciones consideren regiones con una alta proporción de renovables en su red eléctrica, establezcan contratos con productores de energía limpia o incorporen sistemas renovables dentro de sus propias instalaciones. En otras palabras, el reciclaje puede ser parte de una estrategia de descarbonización, pero solo si su infraestructura también avanza hacia una matriz energética menos intensiva en carbono.
Además, el análisis recuerda que la discusión ambiental no puede separarse de la social. Mientras el poliéster virgen está ligado a la extracción de combustibles fósiles y sus posibles impactos —como acaparamiento de tierras, contaminación, violencia y malas condiciones laborales—, la recolección de botellas de plástico destinadas al reciclaje suele depender de trabajadores informales, incluidos niños, que pueden desempeñarse en condiciones inseguras e insalubres.
Por eso, una estrategia verdaderamente responsable debe mirar más allá de las emisiones de una fibra y preguntarse qué condiciones ambientales y sociales existen a lo largo de toda su cadena de valor.
Menos residuos implica producir y desperdiciar menos ropa
Aquí aparece el límite más importante del poliéster reciclado: puede mejorar el impacto de un material, pero no resuelve por sí solo el problema de una industria que produce y consume textiles a una escala cada vez mayor.
El propio estudio señala que el auge de la moda rápida y un modelo económico enfocado en el crecimiento impulsan la sobreproducción y el consumo excesivo de productos textiles, generando problemas ambientales y sociales importantes. Si cada vez se fabrican más prendas, incluso una mayor incorporación de materiales reciclados puede resultar insuficiente para reducir de manera significativa el volumen total de recursos utilizados y residuos generados.
La reflexión, entonces, debe cambiar de dirección. No se trata únicamente de sustituir poliéster virgen por poliéster reciclado, sino de preguntarse cuánta ropa necesita realmente producir la industria y qué sucede con ella cuando deja de utilizarse. El reciclaje debe formar parte de una estrategia más amplia que también considere la reutilización, la reparación y el diseño de prendas que puedan reciclarse fácilmente. Como MacAdam-Somer, director técnico de SCS declaró a ESG Dive:
“Si queremos reducir seriamente estos impactos, debemos reflexionar sobre nuestra relación con el consumo y asegurarnos de diseñar productos textiles que puedan reutilizarse, repararse y reciclarse fácilmente“.
La principal lección del estudio es, por tanto, que no existe una solución verde aislada. El poliéster reciclado puede ofrecer reducciones importantes de emisiones dependiendo de la tecnología y de la energía empleada, pero su potencial se diluye si la industria continúa produciendo cantidades masivas de prendas que terminan convertidas en residuos. Para las empresas comprometidas con la responsabilidad social, el reto consiste en dejar de evaluar la sostenibilidad únicamente por el material de una prenda y comenzar a mirar el sistema completo: cómo se produce, con qué energía, qué impactos genera su cadena de suministro y, sobre todo, cuánto se fabrica y cuánto termina desperdiciándose.
¿Dónde termina la libertad de expresión de una selección o de sus aficionados y dónde comienza una conducta que las reglas de una competencia internacional pueden legítimamente sancionar? La pregunta vuelve a estar sobre la mesa después de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA concluyera su investigación sobre distintos incidentes protagonizados por integrantes de las selecciones de Argentina y España durante el Mundial 2026. Uno de ellos ocurrió en la semifinal entre Argentina e Inglaterra, cuando jugadores argentinos exhibieron una pancarta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, en referencia al territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de una disputa histórica entre Argentina y Reino Unido. Por este hecho y otras conductas investigadas, FIFA multa a Argentina con 321 mil dólares, además de imponer una reducción de aforo para sus dos siguientes partidos como local.
🏴⚽️🇦🇷 | MUNDIAL 2026: Inglaterra vs Argentina ha sido calificado por el FBI como el partido de “mayor riesgo” del la Copa del Mundo. pic.twitter.com/8Tu8Ba1noT
La decisión, sin embargo, merece ser analizada más allá del marcador económico. La FIFA no sólo está diciendo qué conductas considera incompatibles con sus competencias: también está estableciendo los límites de lo que puede comunicarse dentro de uno de los escenarios deportivos más visibles del planeta. Y ahí aparece una discusión particularmente relevante: ¿sancionar un acto de protesta protege la convivencia dentro del deporte o puede terminar restringiendo expresiones legítimas?
¿Por qué FIFA multa a Argentina? Estas son las razones
La investigación del organismo de la FIFA no sólo consideró lo ocurrido con la pancarta de las Malvinas, sino que también consideró otras conductas y comportamientos de aficionados.De acuerdo con la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la conducta de la delegación argentina infringió distintos artículos de su Código Disciplinario:
Artículo 13: utilización de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole no deportiva.
Artículo 14: conducta incorrecta del equipo.
Artículo 15: discriminación y actos racistas, relacionados con cánticos y gestos discriminatorios realizados por aficionados.
Artículo 17: orden y seguridad durante los partidos.
Esta clasificación resulta importante porque coloca dentro de un mismo expediente fenómenos que no necesariamente tienen la misma naturaleza. Una pancarta que expresa una reivindicación territorial es, en principio, un mensaje político; los cánticos o gestos discriminatorios y racistas pertenecen a otra categoría, porque pueden afectar directamente la dignidad de otras personas y reproducir conductas de exclusión.
La distinción es fundamental para cualquier política de gobernanza deportiva. Una organización internacional puede establecer reglas para impedir que un partido se convierta en un espacio de confrontación, pero necesita explicar con precisión qué está sancionando y por qué. De lo contrario, existe el riesgo de que la lucha contra la discriminación termine mezclándose con la prohibición general de expresiones políticas, creando una frontera demasiado amplia sobre lo que los participantes pueden decir.
¿Qué sanciones impuso la FIFA a Argentina y a sus jugadores?
Por las infracciones señaladas, la Comisión Disciplinaria determinó que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá pagar 321 mil dólares, equivalentes a poco más de 5.4 millones de pesos mexicanos. De ese monto, 100 mil dólares serán destinados a un plan de lucha contra la discriminación. Además, Argentina deberá disputar sus próximos dos partidos como local con un aforo limitado.
La decisión tiene un elemento de gobernanza relevante: el castigo no se limita a una amonestación simbólica. Al establecer una consecuencia económica y otra que afecta directamente la experiencia de los aficionados, la FIFA convierte sus normas en mecanismos con efectos concretos. En particular, destinar parte de la multa a combatir la discriminación permite que la sanción tenga, al menos en principio, una dimensión correctiva y no únicamente punitiva.
A esto se sumaron las sanciones derivadas del altercado ocurrido después de la final entre España y Argentina. Los jugadores y el integrante del cuerpo técnico sancionados fueron:
Leandro Paredes: 10 partidos de suspensión y multa de 90 mil dólares.
Nahuel Molina: 7 partidos de suspensión y multa de 90 mil dólares.
Thiago Almada: 1 partido de suspensión y multa de 30 mil dólares.
Roberto Ayala, oficial del equipo argentino: 3 partidos de suspensión y multa de 30 mil dólares.
Pablo Martín Páez Gavira, Gavi, de España: 1 partido de suspensión y multa de 30 mil dólares.
Las suspensiones deberán cumplirse en los siguientes partidos de las respectivas selecciones nacionales. La diferencia en las sanciones también resulta significativa: la FIFA no aplicó una consecuencia idéntica a todos los involucrados, sino que estableció castigos distintos según cada caso investigado.
¿Qué respondió Argentina y qué sigue después de la sanción?
La AFA confirmó que apelará las decisiones. A través de un comunicado, señaló que su Gerencia de Legales solicitará a la FIFA los fundamentos de los fallos y que lo hará dentro del plazo correspondiente para defender los derechos de la asociación y de sus futbolistas.
El organismo rector del fútbol mundial estableció un plazo de 10 días para solicitar una apelación, de acuerdo con lo informado tras la resolución. Por ahora, por tanto, la sanción no debería interpretarse como el último capítulo del caso, sino como una decisión que todavía puede ser revisada mediante los mecanismos previstos por la propia FIFA.
La posibilidad de apelar es especialmente importante en un caso que involucra cuestiones tan distintas como conducta deportiva, seguridad, discriminación y expresión política. La legitimidad de una sanción no depende únicamente de que exista una regla que permita imponerla, sino también de que el proceso sea transparente, que las partes conozcan los fundamentos y que exista una vía efectiva para cuestionar una decisión cuando consideren que fue desproporcionada o incorrectamente aplicada.
Lo que esta sanción enseña sobre gobernanza: ¿la FIFA actuó correctamente?
El caso deja varias lecciones que van más allá de Argentina y del Mundial 2026.
1. Las reglas deben ser claras, pero también deben distinguir conductas.
Uno de los principales desafíos para la FIFA es no colocar bajo la misma lógica una expresión política y un acto discriminatorio. La primera puede resultar polémica o incluso incómoda, pero no necesariamente constituye una agresión contra una persona o colectivo. El racismo y la discriminación, en cambio, tienen consecuencias sociales concretas y requieren mecanismos de prevención y sanción. Una gobernanza sólida debe establecer esa diferencia con claridad.
2. El castigo económico modifica el alcance de la responsabilidad.
Que FIFA multa a Argentina con 321 mil dólares envía un mensaje distinto al de una simple advertencia. Las organizaciones deportivas tienen la capacidad de establecer incentivos y consecuencias económicas para que federaciones y equipos tomen medidas preventivas. Sin embargo, ese poder también exige proporcionalidad: una multa debe guardar relación con la conducta sancionada y explicar claramente qué busca corregir.
3. Destinar recursos contra la discriminación puede convertir la sanción en una herramienta preventiva.
Los 100 mil dólares destinados a un plan de lucha contra la discriminación representan uno de los elementos más interesantes de la resolución. Si ese recurso se traduce en programas efectivos de educación, prevención y cambio cultural, la sanción podría producir un beneficio que vaya más allá del equipo castigado. De esta manera, el castigo deja de ser solamente una penalización y puede convertirse en una política de prevención.
4. La FIFA también debe rendir cuentas sobre sus propios criterios.
La autoridad de una organización internacional no debería depender únicamente de su capacidad para castigar. También necesita explicar de manera consistente cómo interpreta sus reglas. Si FIFA multa a Argentina por utilizar un evento deportivo para una manifestación política, tendrá que sostener un criterio que pueda aplicarse de manera coherente ante futuras expresiones de naturaleza política, social o cultural provenientes de otras selecciones.
¿Debe el fútbol mantenerse al margen de la política?
Aquí aparece la parte más incómoda del debate. Resulta difícil sostener que el deporte ha sido históricamente un espacio exclusivamente dedicado al entretenimiento. Los grandes eventos deportivos han servido en numerosas ocasiones como escaparate para demandas sociales, reivindicaciones de derechos y mensajes políticos. Precisamente porque concentran la atención de millones de personas, tienen un enorme poder para colocar determinados temas en la conversación pública.
Desde esta perspectiva, la pancarta de las Malvinas puede entenderse como una expresión política dentro de un acontecimiento deportivo. Que el mensaje sea controversial, particularmente en un partido contra Inglaterra, no significa automáticamente que sea racista o discriminatorio. La FIFA tiene derecho a establecer reglas sobre el comportamiento de las selecciones y aficionados, pero la cuestión de fondo es si esas reglas deben impedir cualquier manifestación política o únicamente aquellas que constituyan una agresión, incitación al odio, discriminación o una amenaza para la seguridad.
También sería problemático utilizar la libertad de expresión como argumento para justificar cualquier conducta dentro de las gradas. Los cánticos racistas, los gestos discriminatorios o las acciones que ponen en riesgo a otras personas no deberían quedar protegidos simplemente porque ocurren durante un partido. El desafío consiste precisamente en encontrar un equilibrio: preservar el fútbol como espacio de convivencia sin convertir esa convivencia en una excusa para silenciar expresiones legítimas.
Por eso, el caso argentino plantea una pregunta que la FIFA tendrá que responder más allá de esta sanción: ¿qué tipo de mensajes quiere permitir dentro del mayor espectáculo deportivo del mundo? Si la respuesta es que el fútbol debe permanecer completamente al margen de la política, el criterio tendría que aplicarse de manera universal y transparente. Si, en cambio, reconoce que los estadios también son espacios de expresión social, entonces debería diferenciar entre protesta política, discriminación y violencia.
En ese sentido, el verdadero desafío de gobernanza no consiste únicamente en determinar si FIFA multa a Argentina de manera correcta, sino en demostrar que sus reglas protegen simultáneamente la integridad de la competencia y los derechos de quienes participan en ella. Una organización con la influencia global de la FIFA no sólo administra partidos: también establece qué comportamientos son aceptables dentro de uno de los espacios públicos más influyentes del planeta. Por eso, sus sanciones deben ser firmes frente al racismo y la discriminación, pero también suficientemente precisas para no convertir la defensa de la convivencia en una prohibición indiscriminada de la protesta.
