Organizaciones ambientalistas, de igualdad, de transporte, y centros de pensamiento, llaman a que la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 responda a los retos del cambio climático.

Para las organizaciones de la sociedad civil integrantes del Grupo de Financiamiento para Cambio Climático, la elaboración de la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, que se encuentra en desarrollo en la Secretaría de Energía (SENER) debe estar en plena coherencia con la política y las acciones para atender el cambio climático y ofrecer las condiciones para alcanzar las metas de mitigación en la producción, distribución y consumo energético en México. La ENE debe estar en plena coincidencia con lo que el Presidente Peña Nieto ha promovido en la instalación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC): el desarrollo sustentable y de bajo carbono. Para ello, la ENE –como instrumento rector de la política energética- deberá considerar por lo menos lo siguiente:

Armonizar metas y objetivos con la Ley General de Cambio Climático. México se encuentra dentro de los primeros 13 países emisores de Gases de Efecto Invernadero (GEI), con 750 millones de toneladas de CO2eq emitidas por año. El 67.3% de estas emisiones provienen del sector energético. Para cumplir sus compromisos internacionales en materia ambiental y en coherencia con las metas de mitigación establecidas en la LGCC del 30% de las emisiones de CO2eq al 2020 con respecto a la línea base, la ENE requiere promover la reducción de 150 millones de toneladas de CO2eq por año en la producción y consumo energético. Asimismo, deberá incluir los objetivos de la LGCC de aumentar la generación de electricidad a partir de fuentes limpias y renovables en al menos 35% de la generación nacional en el 2024.

Establecer metas concretas para el aprovechamiento de energías renovables y la mayor eficiencia energética. La ENE debe establecer metas concretas anuales para el aprovechamiento de energías renovables como porcentaje de generación nacional o como incremento en capacidad de generación, por tecnología específica, así como para la eficiencia energética. Esto no sólo como medida de reducción de emisiones de CO2e, sino también para contribuir a incrementar la soberanía energética del país. Los últimos estudios elaborados por la SENER anuncian la capacidad económicamente competitiva de instalar 19 GW con fuentes renovables al 2018, el 29% de la matriz de energía eléctrica. En materia de eficiencia energética, el marco legal actual no contempla metas concretas, aun cuando la plantea como un tema prioritario del país para atender las crecientes necesidades energéticas de todos los sectores del país.

Establecer un marco regulatorio para gobierno federal, estatal, municipal, comunidades e inversionistas que garantice certidumbre, igualdad y justicia energética para todas y todos. Este marco debe incluir mecanismos de coordinación entre las diferentes dependencias involucradas en la consecución de objetivos y metas, así como vincular dentro de las acciones a los diferentes sectores públicos y privados que permiten sinergias para llevar a cabo la construcción de una política energética coherente y factible. La ENE debe establecer criterios y principios que garanticen la optimización en el desarrollo de los proyectos garantizando, al mismo tiempo que se evitan los altos impactos ambientales y sociales, y se respetan los derechos humanos, la igualdad de género y los criterios de sustentabilidad.

No promover la explotación de petróleo y gas no convencionales, ni de energía nuclear. Los recursos que se asignan a este tipo de proyectos deben ser redirigidos a la promoción de fuentes de energía renovable. En el caso de los proyectos petroleros en aguas profundas, la gran cantidad de recursos públicos invertidos en la exploración en este tipo de yacimientos no ha sido redituable en descubrir reservas altamente rentables y que garanticen certidumbre técnica: la Comisión Nacional de Hidrocarburos señaló recientemente que 74% de los proyectos de menor rentabilidad y mayor incertidumbre son proyectos de aguas profundas y gas asociado. Además, el riesgo ambiental que conllevan contradice el criterio de reducir progresivamente los impactos ambientales del sector energético, según lo establece el Art. 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Proyectos como el de Aceite Terciario del Golfo que ha recibido 88 mil millones de pesos en el sexenio pasado, ha mostrado baja rentabilidad, incumplimiento de las metas de producción e importantes impactos sociales y ambientales en los estados de Puebla y Veracruz, como ha señalado la CNDH.

La transición energética está concebida en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) como las políticas, acciones y proyectos nacionales encaminados a una mayor utilización y aprovechamiento de fuentes de energías renovables, la promoción de la eficiencia energética y la reducción de la dependencia de los hidrocarburos como fuente primaria de energía. Bajo este supuesto, la inversión en Gas Shale no solo no es una estrategia adecuada para avanzar en este sentido, es además una fuente generadora de emisiones GEI. Por último, la ENE debe descartar un incremento en la participación de energía nuclear, porque resulta cara e insegura; como lo han demostrado los accidentes de Chernóbil y Fukushima.

Reducción del consumo de combustibles fósiles en el transporte. El transporte constituye una de las mayores y crecientes fuentes de GEI del país. Tan solo en México, el transporte contribuyó con 22% de las emisiones totales de GEI al año 2010, lo que equivale a 166 millones de toneladas de CO2e. Este monto ha venido creciendo a una tasa media de 3.2% anual desde 1990. Por tal motivo, la ENE debe promover combustibles limpios, particularmente con bajo contenido de azufre, que permitirán la adopción de tecnologías de punta para el control de emisiones dentro del sector transporte, así como la eficiencia energética mediante la implementación de normas vehiculares y planeación urbana, impulsando planes de desarrollo urbano cuyas prioridades sean la contención de la mancha urbana y el establecimiento de redes integradas y eficientes de movilidad sustentable de pasajeros y mercancías a través de trenes, camiones y movilidad no motorizada, desacoplando así el crecimiento urbano del elevado consumo energético relacionado con el uso indiscriminado de combustibles fósiles.

Metodología para contabilización de externalidades. Por mandato de la LAERTFE se debe crear una metodología para internalizar las externalidades derivadas de proyectos cuyas líneas de operación deben estar contenidos en la ENE 2013-2027. Dicha metodología debe incorporar no sólo criterios ambientales (CO2, residuos, afectación a la biodiversidad, entre otros), sino también sociales (mala calidad del aire, impactos a la salud, afectación del entorno y de los derechos humanos y de la situación de las mujeres, de los pueblos indígenas y tribales, entre otros) y aplicarse tanto a proyectos de generación de energía renovable como a los no renovables.

Las organizaciones integrantes del Grupo de Financiamiento para el Cambio Climático consideran que la ENE 2013-2027 debe ser conceptualizada y desarrollada para llevar a México a ser “más audaz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero” –como señaló el Presidente Peña Nieto en la instalación de la CICC-, dirigiendo la visión sustentable del quehacer del sector energético durante los próximos 15 años. Esta visión debe estar enfocada a conducir al país hacia menor consumo de combustibles fósiles, mayor generación de electricidad a partir de energías renovables, mejora de la eficiencia energética y disminución de las emisiones, garantizando, así, una verdadera transición energética que vele por la seguridad del país y cumpla con la legislación nacional en materia de medio ambiente y cambio climático.

Comunicado de Prensa