Los conflictos de interés son inherentes a la naturaleza humana. El ser humano se ve constantemente confrontado entre fuerzas internas y opuestas. Ovidio decía: “Veo lo mejor, lo pruebo y sigo lo malo”.

Y, parecidamente, Pablo de Tarso: “No es el bien que mi voluntad desea, sino el mal que mi voluntad detesta lo que hago”. Pero, además, abundan los conflictos de interés exteriores, dado que cada persona tiene sus propios intereses que a menudo chocan con los de los demás.

Todo el mundo, y en especial los políticos, los científicos, los periodistas, los empresarios y los profesionales, nos vemos con frecuencia inmersos en conflictos de interés.

Hace años que mi empresa, la farmacéutica MSD, establece objetivos de mejora de la presencia de mujeres en los niveles directivos. Nadie, creo, los interpreta como una cuota.

No fijan un mínimo número de promociones o contrataciones sino que establecen un determinado aumento en el porcentaje de mujeres en esos puestos.

Tampoco generan controversia, más bien cierta indiferencia. Simplemente forman parte del paisaje anual de métricas a mejorar. Su peso es de un 3% sobre el total de objetivos que tiene cada año un país o división (el total de objetivos vinculados al área de Cultura y Recursos Humanos es de un 10%).

Es de suponer que todo obedece a alguna razón, aunque no siempre ésta sea evidente a nuestros ojos. Lo cierto es que en las últimas semanas se ha reproducido el sempiterno debate acerca de la presencia de la “S” en el acrónimo de nuestra RSC o RSE.

Aunque ya parecía un debate gastado y casi olvidado, nos ha sorprendido reapareciendo en las últimas semanas en las redes sociales, en los debates públicos y en la prensa digital.

En la presentación del libro de Josep Maria Lozano en Madrid el pasado 29 de octubre, un relevante ponente lanzó un encendido ataque hacia la consideración del concepto “social” en la RSE, argumentando que “la RSE había muerto para dar paso a la ESG”, y defendiendo que la “S” de ESG ya no representaba la palabra “social” sino “sostenible” (sustainable).

El CCE considera que la aprobación del 20 de noviembre como descanso afectará a la economía; el consejo instó a descartar la propuesta de tener 2 días para conmemorar la misma festividad.

La reforma a los días de asueto para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana han generado controversia entre la cúpula empresarial mexicana.

La Cámara de Senadores podría aprobar en esta semana una reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en la que el 20 de noviembre se establecería como día de descanso obligatorio, al mismo tiempo que permanecería el 16 del mismo mes como día de asueto.

Una nueva polémica ha estallado en el sector bancario británico y esta vez no ha sido por la gestión de sus ejecutivos, ni por los bonus que cobran. En esta ocasión el escándalo ha sido por la concesión de créditos a empresas que fabrican armas declaradas ilegales por acuerdos internacionales.

Según un estudio de la consultora holandesa Profundo, en colaboración con varias ONG’s, Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Barclays y Goldman Sachs prestaron unos 5.000 millones de dólares en los dos últimos años a empresas de armamento que fabricaban las llamadas bombas de racimo, expresamente prohibidas por una Convención Internacional en 2008.

La filantropía corporativa debería ser vista por las empresas como una oportunidad de mercado; las firmas deben ganar la confianza del consumidor a través de prácticas de responsabilidad social.

Las empresas alrededor del mundo se preocupan cada vez más en generar acciones de responsabilidad corporativa con la sociedad en la que se encuentran inmersas.

El modelo de responsabilidad social utilizado en México tiene mayor similitud con el europeo que con el estadounidense, afirma Theo DeBruijin, profesor de desarrollo sustentable de la Universidad Twente de Holanda, en entrevista con CNNExpansión.

La Comunidad Valenciana es la primera en España en impulsar una Ley de Ciudadanía Corporativa, con el fin de promover y potenciar la aplicación de políticas de responsabilidad social corporativa en el tejido empresarial.

La Consellería de Inmigración y Ciudadanía de la mano del conseller Francisco Blasco ha desarrollado una ley, que actualmente se está tramitando en Les Corts, y que define el marco normativo en el que se desarrollará la actividad de fomento de los poderes públicos de la Comunidad Valenciana en materia de ciudadanía corporativa.

Actualmente, es más que evidente que el futuro de las empresas no sólo radica en la productividad, la calidad o los beneficios, sino también en su responsabilidad social.