Para finales de este mes de febrero se espera que los directivos de la organización ISO otorguen la calificación de Borrador Final de Norma Internacional (Final Draft International Standard, FDIS) al proyecto de Norma ISO 26000 sobre Responsabilidad Social, surgido de un proceso que comenzó como grupo de trabajo en al año 2005.

El documento más reciente, que proviene de las reuniones de trabajo realizadas en septiembre de 2009, fue sometido a revisión y votación por las instancias normativas nacionales de los países que integran ISO.

En la votación, que terminó el 14 de febrero, más de dos tercios de los países que integran el grupo de trabajo de esta norma sobre Responsabilidad Social, votaron por continuar el proceso hacia el Borrador Final. Menos de un cuarto de todos los organismos nacionales miembros de ISO estuvieron en desacuerdo.

Un reconocido experto internacional destacó que actualmente ocurre un cambio en el consumidor sobre los productos que prefiere, que debe ser aprovechado por las empresas para promover qué están vendiendo.

Italo Pizzolante, quien funge como miembro del Consejo de asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resaltó que las personas se preocupan por el calentamiento global y el cambio climático y optan por elegir productos y mercancías que ayuden al medioambiente, situación que debe ser aprovechada por las empresas para dar a conocer sus aportes al respecto, que a la vez atrae más cliente y forma parte de la responsabilidad social empresarial.

La gente mayor a esa edad es víctima de discriminación al buscar trabajo, dice Carlos Odriozola; las firmas ya no contratan a gente con estos años. La ley lo prohíbe, pero ésta parece letra muerta.

Si tienes más de 35 años de edad y no cuentas con un trabajo digno es muy posible que no lo puedas encontrar en México, pues estás siendo víctima de una de las formas más comunes y graves de discriminación laboral que existen en nuestro país.

Esto se debe a que buena parte de las empresas mexicanas consideran que contratar a gente mayor de edad atenta contra la productividad, pues el tiempo laboral efectivo anterior a su jubilación será menor.

Los consumidores españoles elegirán a la que consideren la peor empresa del año por haber desarrollado las actuaciones más irresponsables, abusivas o fraudulentas para enriquecerse a costa de vulnerar sus derechos. FACUA-Consumidores en Acción ha abierto el proceso para la selección de nominados a los premios a la peor empresa, el peor anuncio y la peor práctica empresarial, cometida por una o varias empresas en los últimos doce meses.

Con estos premios, FACUA pretende censurar los graves abusos que se producen en el mercado sin respetar los derechos de los consumidores y promover prácticas más responsables en las relaciones entre las empresas, los consumidores y las organizaciones que representan sus intereses.

La empresa aún espera nueva revisión al caso

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un proyecto de sentencia que proponía amparar a Coca-Cola Company en contra de una resolución que emitió la Comisión Federal de Competencia (CFC), con base en la cual multó a la refresquera con 10.5 millones de pesos por incurrir en prácticas monopólicas.

Con este fallo, Coca-Cola perdió una batalla en el litigio llamado “La Guerra de Colas” que lleva 10 años. Aunque tiene la esperanza de obtener la protección de la justicia federal, pues el juicio sigue en curso.

Por cuatro votos contra uno, la mayoría de ministros acordó desechar un proyecto que presentó su compañera Olga Sánchez Cordero, en el que proponía amparar a Coca-Cola y dejar sin efecto la resolución de la CFC, a raíz de la cual se tomaron medidas para evitar que esta compañía refresquera le exigiera a las tiendas del país que sólo vendieran su producto y no ofertaran otro tipo de bebida carbonatada.

La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) negó estar encubriendo un fraude dentro del esquema de financiamiento de vivienda “renta con opción a compra”, donde estarían implicados la sofom Su Casita y la desarrolladora URBI, ante las acusaciones hechas por una asociación de compradores.

Convocados en la Cámara de Diputados, por la legisladora petista Laura Itzel Castillo, representantes de las partes involucradas explicaron su postura para resolver la controversia.

Ignacio Torcida, director general adjunto jurídico fiduciario de la SHF aseguró: “Niego categóricamente rescate alguno para cualquier sofom y no se ha incurrido en ningún tipo de delito por parte de la SHF”.