El l9 de agosto se celebra el Día Mundial de las Comunidades Indígenas, instituido por la ONU. En este contexto, este 2 de agosto inicia la semana de acción mundial por el derecho al territorio.
Más de 500 organizaciones de todo el mundo, incluyendo Oxfam Internacional, Rights and Resources y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, entre muchas otras, se han sumado a este llamado, pues más de dos mil quinientos millones de personas en el mundo, un tercio de la humanidad, habitan y cuidan los territorios rurales y dependen directamente de ellos para su subsistencia, y no cuentan con plenos derechos sobre los mismos.
Aunque el territorio que habitan, cuidan y del que dependen estas personas corresponde al 50 % del territorio mundial, y produce los alimentos de una proporción incluso mayor, sólo un 10 % les pertenece formalmente, y casi la totalidad de esta tierra está en riesgo por la tala ilegal, las políticas orientadas a la extracción de minerales e hidrocarburos, la plantación de monocultivos agro industriales o la expansión del hato ganadero, además de bienes raíces, represas, carreteras y otras obras de infraestructura.
El caso de México es muy particular, pues la mayor parte de los territorios forestales pertenece a ejidos y comunidades, muchas de ellas indígenas.
Es gracias al cuidado y manejo que realizan las comunidades que los bosques se conservan, incluyendo la biodiversidad y servicios ambientales que prestan, tales como la infiltración de agua y en la conservación de los suelos, además de la captura de carbono que contribuye a mitigar el cambio climático.
Los bosques bajo manejo en manos de las comunidades, cuentan con programas de manejo que incluyen áreas de conservación y prácticas de restauración, vigilancia, saneamiento y reforestación en los casos necesarios. Además promueven el bienestar generando ingresos, empleo y medios de vida sostenibles para jóvenes, mujeres y avecindados.
Sin embargo, a estas comunidades y ejidos no siempre se les reconocen plenamente sus derechos sobre el territorio, pues en su contraposición se han erigido leyes, políticas, proyectos y trabas, que les imponen severas restricciones, como el caso de la ley minera, que establece en su artículo 6 que ‘La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esa Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del territorio’, incluso por encima de actividades tales como el manejo sustentable del bosque por parte de sus legítimos dueños, ejidos, comunidades y núcleos agrarios indígenas, además de asuntos como la producción de alimentos a través de la agricultura de pequeña escala y el autoconsumo, o la preservación de la cultura.
Esta situación de apropiación del valor de los territorios comunitarios por parte de las empresas mineras, petroleras, agroindustriales, de infraestructura e inmobiliarias, no sólo está provocando un grave deterioro del suelo, el agua y la biodiversidad, y está perpetuando pobreza y marginación, sino que también está provocando graves conflictos que se extienden por todo el territorio.
La doctora María Fernanda Paz, investigadora del CRIM de la UNAM, ha documentado con detalle en los últimos diez años cientos de casos de autorizaciones de proyectos, que violando los derechos de las comunidades, facultan a empresas y dependencias para que socaven, perforen, remuevan, inunden, extraigan, privaticen o construyan sobre tierras comunales y ejidales, sin contar para ello con autorización por parte de los legítimos dueños del territorio (legítimos en el sentido de que están regidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias, particularmente la Ley Agraria). Muchas de esas comunidades se han organizado en frentes, alianzas e iniciativas para resistir a estos embates.
Del 28 al 30 de julio se dieron cita en Miahuatlán, Morelos, varias decenas de organizaciones comunitarias agrupadas en torno a la Red Mexicana de Afectados por la Minería, quienes expusieron y compartieron sus formas de resistencia, que van desde el uso de redes sociales, radios comunitarias, asambleas populares y foros nacionales, el uso de instrumentos legales tales como el amparo, la exigencia de la consulta pública, o incluso la controversia constitucional, aunadas a formas activas de defensa del territorio como las marchas, plantones, cierres, y la vigilancia del territorio por parte de las policías comunitarias, en el caso de la región de La Montaña, en Guerrero.
Según expusieron las diferentes comunidades, un elemento crucial en la defensa del territorio ha sido el establecimiento de redes y alianzas con otras comunidades en situación similar, así como con organizaciones civiles, particularmente con organizaciones defensoras de derechos humanos.
Entre los casos exitosos de resistencia quiero destacar el de la Comunidad Indígena Tlapaneca o Me’Phaa, de San Miguel del Progreso, territorio forestal en la montaña guerrerense.
Los bosques comunitarios de esa región son ricos en minerales como oro, plata, zinc y molibdeno. Al igual que ha hecho con muchos otros territorios (casi el 40 % del territorio nacional), el gobierno ha concesionado el territorio forestal comunitario a empresas mineras para la explotación del subsuelo.
En este caso son las corporaciones mineras Hochschild y Zalamera. Las autoridades indígenas, agrarias y municipales, con ayuda del centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan, interpusieron un amparo, desconocieron el proceso de autorización por haber omitido la consulta mandada por la ley, e iniciaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley Minera. Con asesoría de organizaciones como Tlachinollan, ganaron el amparo y lograron que la empresa se desistiera y que el gobierno suspendiera la concesión de ese territorio para la minería.
Pero lo verdaderamente sobresaliente de este caso, es que el recurso que interpuso la comunidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la inconstitucionalidad de la Ley Minera, puso en evidencia que esa ley es violatoria del precepto constitucional y de las convenciones internacionales que son ley en México, relativos a la libre determinación de las comunidades indígenas, y obligó al gobierno mexicano a implementar un estratagema legal para impedir que la SCJN entrara al fondo del problema, es decir, a analizar la inconstitucionalidad de la Ley Minera.
Con el desistimiento de la concesión por parte de la empresa, la Secretaría de Economía (responsable de la actividad minera en México) logró que la SCJN abandonara el análisis de fondo de la mencionada ley, al pretender que con el desistimiento de la concesión por parte de la empresa, no habría ‘litis’ o materia de litigio. Esto por supuesto es cuestionable y falaz, ya que la inconstitucionalidad de esa ley no sólo depende de que una comunidad mantenga su demanda por enfrentar a una empresa. Pese a que no se llegó al fondo del problema (la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley minera), el haber logrado el desistimiento y la suspensión de la concesión minera y sobre todo haber llegado a poner en tela de juicio de manera verosímil a la propia ley minera, este es un caso interesante que muestra las formas de resistencia exitosas de las comunidades indígenas ante políticas públicas que amenazan la integridad del territorio comunitario, y abre el camino hacia la derogación de la mencionada ley.
Existen alternativas sustentables, que pueden permitir a las comunidades convivir bajo los preceptos constitucionales, sin erosionar o destruir su territorio. Es el caso del manejo forestal comunitario, mediante el cual las comunidades pueden participar en el mercado de productos forestales en su beneficio, y desde una posición de respeto a sus derechos y cuidado y conservación de sus territorios. La mejor manera de conmemorar el día de las comunidades indígenas y de sumarse al llamado mundial por el derecho al territorio, es promoviendo el uso sustentable de los territorios por parte de sus comunidades.
Fuente: Aristegui
