A las 7 de la mañana en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, los primeros niños comienzan a llegar a la estancia “Angelitos felices”, porque sus madres trabajan desde temprano. Serán 35 niños en las siguientes horas, aunque prácticamente son la mitad de los que asistían hasta enero, cuando el lugar operaba a su máxima capacidad, con 60 pequeños de 1 a 4 años de edad. 

Quienes dejaron de ir son los hijos de empleadas de tiendas departamentales, o de pequeños comercios como tortillerías, de venta de telas, quienes trabajaban en un restaurante, o en cooperativas donde ganaban 80 pesos por día. “Ellas fueron las primeras que desertaron porque los sueldos no son buenos”, esa era la población que atendía y ya no asisten, dijo Margarita Luna, encargada de la estancia. 

Esto porque a partir de febrero, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hubo actos de corrupción en las estancias infantiles que operó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante los últimos 12 años, las reglas de operación cambiaron. 

Antes, el gobierno federal entregaba a las estancias 950 pesos por cada niño atendido durante al menos 15 días al mes, ahora entrega mil 600 bimestrales directamente a cada mamá y ésta puede decidir enviar a sus hijos a una estancia, o que lo cuide alguien más.  

En este caso, la mayoría de mamás optó por gastar el dinero en otra cosa y no pagar la estancia, o no le llegó el apoyo prometido. 

Es por ello que las estancias, al dejar de recibir el dinero directamente, rompieron vínculo con el gobierno y para subsistir se han convertido en servicios privados que están funcionando sólo “con las mamás profesionistas que tienen un nivel económico más alto”.

“Se oye feo, pero la verdad es que la gente que tiene el servicio de estancia es quien tiene para pagar, y los que no son los que tienen que dejar a los niños abandonados con la tía, con la vecina”, aseguró Margarita. 

Con el apoyo del gobierno a las estancias, las madres sólo pagaban una cuota de corresponsabilidad que, en este caso, era de 150 pesos semanales. Pero sin el subsidio, el servicio asciende a mil 100 pesos mensuales que debe ser absorbido por los padres completamente. 

Sin embargo, para recibir el apoyo del gobierno, las madres deben ser censadas por los “servidores de la nación”, quienes recorren los estados buscando a posibles beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal, pero en algunos casos el apoyo no les llegó en los primeros meses, y les prometieron que se acumularía. 

Con esa promesa la estancia siguió prestando el servicio, pero cuando algunos padres recibieron el dinero de dos bimestres, o sea, 3 mil 200 pesos, “tuvimos problemas. Les decíamos que ‘lo justo es que pagues porque ya te dimos el servicio’, pero nos respondían que ‘las personas (los servidores de la nación) dicen que el dinero es de nosotros’. Muchos se salieron sin pagar”, y ya no llevaron a sus hijos, contó Margarita. 

Las estancias 

Hasta 2018, la Sedesol tenía 9 mil 126 estancias en todo el país registradas en un padrón público. En febrero pasado, el DIF informó que había realizado la supervisión de 7 mil 363 guarderías, según reportó el periódico El Universal. Esto significa que entre un número y otro hay mil 763 estancias menos. 

Animal Político solicitó a la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) el número de estancias que tienen registradas actualmente pero no hubo respuesta. En Zacatlán de las Manzanas, por ejemplo, había seis estancias registradas en el padrón, pero dos tuvieron que cerrar.   

La red de estancias mantenidas por el gobierno y que servían a las mujeres que no tenían seguridad social ni prestación de guardería, se desmanteló y ahora esos mismos inmuebles sólo funcionan de manera particular.

Se perdió también la inversión inicial pública. Aunque los inmuebles no son propiedad del gobierno, sí hubo un aporte inicial para que quienes quisieran atender una estancia adecuaran el espacio que podría ser incluso su propia casa. 

En el caso de Margarita, rentó un sitio que ocupa el lugar de dos casas para atender hasta a 60 niños. “El gobierno nos aportó 70 mil pesos para adecuar el inmueble, pagar el seguro de daños a terceros y la carpeta de protección civil. Iniciamos el 31 de septiembre de 2013”. 

Para recibir el apoyo, las madres hacían el trámite de inscripción de sus hijos a las estancias en las delegaciones de Sedesol de cada estado. Una vez inscrito, las madres debían firmar la entrada y salida de sus hijos que, al menos, debían tener 15 días de asistencias. 

Esas listas eran llevadas por la encargada de la guardería a la delegación estatal de Sedesol que, después de validar los datos, liberaba los recursos por cada niño y entregaba a través de un cheque a cada estancia. 

Con ese dinero la encargada de la estancia debía pagar salarios, renta de inmueble, servicios y alimentación de los niños. Por eso, “cuando el presidente dijo que nos hacíamos ricas a costillas de los niños sí me dio mucho coraje, porque estoy segura que él nunca visitó una estancia ni el trabajo que nosotras hacemos”, afirmó Margarita. 

Su trabajo, de hecho, era avalado por las usuarias a través del Índice de Satisfacción con la calidad en los servicios de cuidado infantil. De 2014 a 2017 se ubicó entre 92 y 97 puntos de 100 posibles, según reportó la ficha de monitoreo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

El programa era el tercero con mayor presupuesto asignado en el ramo. Entre 2012 y 2017 tuvo alrededor de 3 mil millones de pesos para operar en mil 300 municipios y 2 mil 169 localidades, atendiendo a 310 mil 968 madres y padres solos, y 327 mil 854 niños y niñas en 9 mil 399 estancias hasta 2017. 

La corrupción, según informó la subsecretaria de Bienestar, antes Sedesol, Ariadna Montiel, fue no haber localizado a 97 mil niños porque los domicilios son inexistentes o las personas no son localizadas en el domicilio que está registrado.  

Por eso, dijo en conferencia de prensa del 3 de abril, al nuevo padrón sólo habían incorporado a 203 mil mamás y 213 mil niños. Sin embargo, hasta el momento no existe un informe público detallado sobre las supuestas irregularidades, ni un padrón público de las beneficiarias. 

Por esas acusaciones y supuesta depuración del padrón, el programa sufrió un recorte de casi la mitad. Mientras en 2018 tuvo 4 mil 70 millones de pesos para 2019 sólo le fue etiquetado 2 mil 41 millones de pesos. 

Para 2020, el programa que ahora se llamará “de apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras” volverá a tener poco más de 2 mil millones de pesos para atender a los 202 mil 310 niñas y niños y 193 mil 797 madres, padres o tutores, según informó la Secretaría de Bienestar a este medio. 

Y aunque prácticamente tendrán el mismo presupuesto, según la dependencia planea que el próximo año se atienda a 223 mil niñas y niños, es decir, 21 mil más que en 2019. 

Margarita aseguró que un niño puede tener todo el amor de su abuelita o tía que lo cuide, en el mejor de los casos, pero el que un niño esté en estancia “quiere decir que son totalmente independientes, tienen convivencia con otros niños, son más ordenados, aprenden a comer frutas, verduras y leguminosas. Es cuidado, atención, alimentación. Y también tiempo para los papás”. 

Quienes trabajan en la estancia tuvieron capacitaciones de DIF en el cuidado de los pequeños, de Sedesol para las medidas de seguridad, búsqueda y rescate, manejo de extintores y de protección civil, sobre primeros auxilios, por eso es que los niños eran cuidados por profesionales. 

“A partir de que el gobierno nos suspendió el apoyo hemos tenido reportes de accidentes de los niños o los encargan de un lado a otro, y no tienen estabilidad. Cuando los papás reciben el apoyo, los beneficiados son ellos pero no los niños”, dijo Margarita Luna. 

Animal Político también contactó a otras estancias infantiles en Chiapas, Ciudad de México y Estado de México, y en todos los casos los testimonios coinciden: las estancias que antes eran públicas ahora sólo funcionan de manera privada. 

Fuente: Animal Político