Los participantes en esa reunión y marcha llegaron desde decenas de localidades en siete estados del país especialmente afectadas por acciones u omisiones de particulares y autoridades que ponen en riesgo la salud, la integridad física y la vida de millones de personas.
No es una exageración hablar de esa cifra cuando se piensa en, por ejemplo, la cauda mortífera que lleva consigo el río Lerma-Santiago desde su nacimiento en el estado de México hasta su desembocadura en Nayarit.
O cuando se tiene en cuenta que tiraderos de basura urbana o desechos tóxicos en Morelos, Hidalgo y la entidad mexiquense han ensuciado y aun envenenado –o lo harán cuando funcionen proyectos en marcha– aguas de consumo humano generalizado.
Un caso típico de desatención de las autoridades a la gravedad de los problemas ambientales es el basurero de Loma de Mejía, diseñado para recibir los desechos de la aglomeración urbana en torno de Cuernavaca.
Se ha probado que ese lugar es una zona particularmente permeable, por cuyo subsuelo se filtrarán lixiviados (veneno líquido procedente de la basura) hacia el acuífero, hacia los ríos que corren por las cañadas y barrancas de la “ciudad de la eterna primavera”, que dejará de serlo si se insiste en ese proyecto vitando, es decir si se acepta la violación a la norma 083 que prohíbe ese género de proyectos en áreas hidrológicas vulnerables.
Quienes se oponen a su construcción ofrecen alternativas.
Un grupo de estudiosos, académicos aliados a los pobladores más alerta de la comarca afectada, ha examinado varios otros lugares donde es más conveniente establecer la recepción de los desechos urbanos.
No parecen considerar siquiera el riesgo de que la actual movilización magisterial y social refuerce la oposición al basurero de Loma de Mejía y lo convierta en un problema político que los gobiernos autoritarios resuelven mediante el uso de la fuerza.
Reforma, “Plaza Pública”, Opinión, p. 17
