El gobierno mexicano admitió que continúa el desconocimiento de la existencia de múltiples barreras sociales y culturales que impiden a las personas con discapacidad participar plenamente en todos los ámbitos de la vida, por lo que anunció un programa de trabajo para los próximos cuatro años con el propósito de asegurar de manera progresiva la inclusión de quienes integran este sector.
En su primer informe ante la Organización de Naciones Unidas en torno a la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, consideró imprescindible lograr que las medidas que adopten tanto sociedad como gobierno para asegurar el goce y ejercicio de los derechos humanos de este sector partan de una comprensión cabal de la visión sobre la discapacidad que propone dicha convención, ratificada por México en diciembre de 2007.
