La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados en la apertura del actual periodo de sesiones de la actual Legislatura, el Paquete Económico en el documento “Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de egresos de la Federación Correspondientes al ejercicio fiscal 2017”, en el que se incluyen posibles cambios al régimen de las donatarias autorizadas en el país (pp. 60-62). Algunas medidas serían provechosas, otras encierran potencialmente acciones que reforzarían inhibir su desarrollo y más bien lo aniquilarían.
En la justificación de la propuesta hacendaria para el trato con donatarias autorizadas se incluye una frase que indica que por la importancia de las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil (sólo las del régimen de donatarias autorizadas –un universo de alrededor de 8 mil 200, no es para todas las que tiene están integradas al Registro que tiene el gobierno en la Secretaría de Desarrollo Social –que son alrededor de 35 mil), “el Estado respalda su labor a través de un esquema fiscal en el que dichas organizaciones están exentas del pago del ISR. Adicionalmente, se fomenta la realización de donativos por parte de la población y las empresas del país permitiendo su deducción en el ISR”.
El documento indica que en los últimos años han crecido las organizaciones “registradas como donatarias” (el crecimiento ha sido más bien lento y más bien conserva el mismo número entre las que aparecen y las que pierden la prerrogativa de ser donataria autorizada), pero no así la cultura de la donación pese al incentivo que da el estado de poder deducir dichas aportaciones: “en 2015 solo el 3.7 por ciento de las personas físicas y el 3.4 por ciento de las personas morales realizaron donativos”. Los límites de la deducibilidad (7%) “no son el principal obstáculo a las donaciones que realizan las personas y empresas en el país”.
Pese a las “las bondades del régimen fiscal aplicable al sector filantrópico, existen ciertas barreras administrativas que inhiben tanto la creación de organizaciones con fines no lucrativos como aspectos específicos de su operación”. La SHCP por lo tanto realizó “un diagnóstico de los obstáculos a la expansión de la cultura filantrópica en el país” el cual estima que la falta de desarrollo del sector se ubica en tres ejes:
a) Complejidad de las disposiciones administrativas que se aplican a las donatarias autorizadas
b) Falta de efectividad de los controles establecidos para verificar su actuación
c) Déficit en la visibilidad y certeza sobre el desempeño de las donatarias y sus labores entre la población
¿Cómo responde la propuesta a sus tres ejes de su diagnóstico?
En primer lugar para “eliminar las barreras administrativas que obstaculizan el funcionamiento adecuado de las donatarias”, la SHCP propone las siguientes medidas:
• “Flexibilizar el límite de ingresos provenientes de actividades distintas a las de su objeto social por los que no se causa ISR. Para tal efecto, se propone excluir de dicho límite, de 10 por ciento de sus ingresos totales, a los ingresos obtenidos por concepto de cuotas de recuperación. Con ello se facilita a las donatarias realizar actividades autosustentables.
• Debido a la dificultad que tienen para obtener el acreditamiento de sus labores, actualmente se les permite obtener la autorización de labores sin haber entregado el acreditamiento correspondiente, con la condición de que lo presenten en un plazo no mayor a 6 meses. Con el fin de reducir las barreras de entrada al sector, se propone ampliar a 12 meses el periodo para presentar la acreditación de actividades.
• Se propone establecer que terceros, o agentes distintos al SAT, puedan acreditar de manera expedita las actividades de las donatarias.
• El esquema actual no contempla el apoyo a pequeños proyectos productivos. Se propone incluir como actividad susceptible de obtener donativos, el apoyo a proyectos de pequeños productores agrícolas y artesanos en las zonas con mayor rezago del país.
• Poner en marcha un sistema electrónico que permita la donación expedita de las mercancías de comercio exterior embargadas.
• Establecer la opción para que las instituciones de educación superior con autorización para recibir donativos puedan invertir en proyectos de emprendimiento. Ello estará́ condicionado a que las ganancias obtenidas se destinen exclusivamente al desarrollo de nuevos proyectos”.
Para enfrentar las problemáticas del segundo eje la SHCP propone “crear mecanismos que generen visibilidad y certeza entre la sociedad de la tarea que realizan las organizaciones filantrópicas” de esta manera:
• “Que la donataria que pierda el registro y al ejercicio siguiente no lo hubiese recuperado, automáticamente se considere liquidada y deberá́ destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada.
• Con el fin de promover la profesionalización de las fundaciones, se propone que en el acta constitutiva de las mismas se establezca el requisito de tener un gobierno corporativo.
• A efecto de cerrar vacíos normativos que propician abusos, se propone establecer que las empresas que se reincorporen al régimen, deberán publicar en el portal del SAT la información de los donativos recibidos y destino que se les dio durante el periodo en que estuvieron fuera del régimen”.
Respecto a este eje vendría bien señalar que las organizaciones sean asociación civil o institución de asistencia privada cuentan con un Consejo Directivo o Patronato, respectivamente los cuales también necesitan ser fortalecidos.
Por otra parte la SHCP podría analizar el comportamiento de los portales de crowdfunding que están teniendo un crecimiento importante porque pueden abrir la posibilidad de malas prácticas tanto con los donantes, los beneficiados y la forma de operar pues no hay transparencia a cabalidad y certeza sobre el porcentaje que retienen de las aportaciones recibidas (que no son donativos). Se sabe que tan solo hay un portal que es donataria autorizada y cumple con todos los requisitos de ley como es Aporta iniciativa de Aldo Álvarez y que ofrece un servicio enfocado al donante y canaliza peticiones de donaciones a donatarias autorizadas.
Pero quizá los mayores problemas y riesgos se suscitan en las acciones que desea emprender para resolver las adversidades de su tercer eje, pues la SHCP propone: “el establecimiento de un esquema de certificación que simultáneamente produzca información para la sociedad y para la propia donataria sobre la eficacia de la actuación de esta última, a la vez que ofrezca beneficios fiscales y facilidades administrativas para las organizaciones con resultados favorables”, estás son las propuestas:
• “Se propone establecer un esquema de certificación voluntaria para las donatarias. La certificación se podrá́ dar en tres niveles (A, AA, AAA), determinados por el nivel de cumplimiento de requisitos específicos de transparencia y rendición de cuentas y de una evaluación de impacto social.
• La certificación estará́ a cargo de instituciones privadas especializadas en este tipo de mediciones, y dará́ acceso a beneficios fiscales y facilidades administrativas diferenciadas de acuerdo al nivel de cumplimiento. Un elemento indispensable para su obtención será́ la evaluación de impacto social que se realice sobre las actividades de la donataria”.
En primer lugar. Habrá que cuestionarse por qué miles de organizaciones que se encuentran en el Registro Federal de organizaciones de la sociedad civil que lleva el Instituto Nacional de Solidaridad no buscan ser donatarias autorizadas pero al contar con la CLUNI si pueden recibir recursos públicos. Esta cantidad supera por mucho a la cantidad de donatarias autorizadas. Dicho Registro Federal contiene alrededor de 35 mil asociaciones con distintos niveles en su capacidad administrativa y operativa.
Cierto el nivel de donaciones hacia donatarias autorizadas es bajo. Pero el espectro de la SHCP sólo abarca 8,230 instituciones que en 2016 tienen esa prerrogativa, pero pronto llegaremos a 40 mil organizaciones ciudadanas que brindan servicios donde el gobierno es uno de los principales beneficiados. ¿Por qué la SHCP no las toma en cuenta en su diagnóstico y no las incorpora al “bondadoso” mecanismo?
Existe desde la SHCP la creencia de que la gente solo ayuda a donatarias autorizadas y no a todo el espectro de asociaciones civiles formales e informales, con niveles distintos de administración y operación. Cotidianamente el público en general ayuda a otros, de manera desorganizada, pero colabora y es un pueblo generoso, miles de prácticas solidarias se dan diariamente.
Ahora bien, no porque el gobierno cuente con un régimen “bondadoso” de donatarias autorizadas significa que el estado sea promotor de la filantropía o un agente creador de cultura de donación. Más bien ha jugado un papel de vigilante y regulador (obvias obligaciones públicas), pero no promotor. Y pese a la alternancia de gobiernos, es pasivo. ¿Por qué? Porque a la clase política, quien hace el marco legal y fiscal, le asusta la participación ciudadana.
Lejos de ser un esfuerzo demiurgo de la autoridad hacendaria, estaría al menos en este último eje generando mayores complicaciones. Para profundizar en la promoción y desarrollo del sector filantrópico, objeto de la propuesta hacendaria, se requieren otras acciones.
En primer lugar habría que tomar en cuenta la opinión, percepción y experiencia que tiene el sector filantrópico respecto a sus necesidades y dificultades no solo la visión de la SHCP. Además habría que sentar a la mesa a otras dependencias públicas a las que la sociedad civil con organizaciones que sólo cuentan con la Clave Única reportan grandes apoyos al gobierno allende donde no llega su esfuerzo o donde no invierte por no ser políticamente atractivo, por ejemplo, lejos de fortalecer a los DIF municipales para que ofrezcan servicios, en muchos estados solo canalizan a los beneficiaros a organizaciones de la sociedad civil sin proveerles de recurso económico porque “no hay”.
En el tercer eje se advierte una visión de arriba abajo, en donde la propuesta de “solución” a pesar de que sea una “certificación voluntaria” realmente aniquilaría a varios miles de organizaciones que ya trabajan e inhibiría la creación de nuevas organizaciones que busquen ser donatarias autorizadas pero ante el monstruoso escenario de cómo llevar una donataria autorizada, mejor desalentarían sus intenciones.
Edificar un certificación en 3 niveles: A, AA y AAA para las donatarias autorizadas amarrados a criterios de transparencia y rendición de cuentas y evaluación de impacto social puede ser útil pero no es apremiante. Más bien habría que preguntase si no es mejor primero incrementar la inversión pública en organizaciones fortalecedoras del sector.
Primero hay que enseñarles a ser y luego evaluarlas. Vea el ejemplo de casas hogar, asilos y albergues. Algunas asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada se adelantaron a la regulación gubernamental y establecieron sus estándares de desempeño como la Confederación de Niños de México (CONANIMAC) motivados por diversos propósitos: dignificar el servicio a los niños y adolescentes, dar servicios de calidad, atraer más donantes satisfaciendo sus preguntas sobre el manejo, uso y destino de los recursos donados, aumentar la confianza y mostrar los resultados de sus acciones. El gobierno ahora regula, pero no les destina dinero para su operación pese a que le resuelve varios problemas.
Si avanzan los deseos de certificación habrá que tener mucho, pero mucho cuidado porque la propuesta de la SHCP suena que seguiría el esquema que una organización en particular promueve desde hace varios años en México y que algunos donantes apoyaron sin darse cuenta del daño que producían a las nacientes o débiles organizaciones porque con su dictamen les calificaban como “apta para recibir donativos” o bien, si no había renovado su cuota a la certificadora: “para recibir donativos la calificación debe estar vigente”. Con ello estableció un círculo perverso: “me pagas te certifico y eres apta para recibir donativos. No me pagas, no estas vigente y se los digo a tus donantes” y como se dice vulgarmente “te balconeo” en mi sitio electrónico. ¿Negocio o deseos de fortalecer al sector?
Aquella “certificadora” Filantrofila, motivada por copiar índices de las Calificadoras País, Standar & Poor’s y Moody’s, arrebató al gobierno hace poco más de un lustro la función que ahora Hacienda propone construir. Esa asociación se ha venido queriendo posicionar como la primera certificadora de México (cuando esa facultad correspondería al gobierno).
Lo más grave es que se erigió con un poder sobre gubernamental para determinar quién si puede o no recibir donativos generando más bien desconfianza en el donante o al menos mayor confusión (visite su página electrónica y verá que la mayoría de sus organizaciones “certificadas” no están vigentes aunque conserven la autorización de ser donataria). Vuelve a ser oportuna la pregunta que en este espacio editorial se viene haciendo respecto al trabajo de esa organización: ¿Quién certifica al certificador? Máxime cuando en algunas ocasiones Filantrofilia no ha tenido recursos para pagar la nómina mensual y su asociación paralela “Amigos de Filantrofilia” aparece en uno de los niveles más bajos de su propio ranking.
Lo anterior no quiere decir que el sector filantrópico, que parece ir siempre pasos adelante del gobierno, haya estructurado otros mecanismos en la misma intención pero que se centran en dar confianza al donante pero con efectos distintos. Se tiene el ejemplo positivo de Confío, Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, que por cierto acaba de dar su informe de actividades la semana pasada y es una iniciativa apoyada por la prestigiada Fundación del Empresariado Chihuahuense.
Su metodología, respaldada por las organizaciones más prestigiadas en el mundo en la materia (como el International Committee on Fundrasing Organizations y la Fundación Lealtad de España entre otras), ubica retos en la organización para que se fortalezca luego de una revisión consensada para detectar áreas de oportunidad. Confío guía y acompaña el trabajo en las áreas de oportunidad detectadas, desarrolla las habilidades operativas y administrativas que llaman la atención a la SHCP. Recibe recursos de fundaciones y empresas que se identifican con la necesidad de fortalecer los principios de transparencia, rendición de cuentas y efectividad.
Al respecto también entra a discusión la efectividad que está asociada a la manera de evaluar el impacto social de las organizaciones donde se puede incluir la eficiencia y eficacia tanto operativa como administrativa de la organización pero hay que tener en cuenta porque no son determinantes entre si. Las metodologías hegemónicas de evaluación de impacto tienen hoy dos grandes vertientes que se ubican dentro de la visión del financiador ya sea gobierno, sea empresa; pero ambas coinciden en dar prioridad principalmente solo a una arista: la medición de impacto.
Medir no es sinónimo de un proceso global de evaluación de impacto. En esta tarea son importantísimos los indicadores cualitativos que las primeras metodologías dejan de fuera o le dan menor valor. Por ello se incorpora fácilmente el concepto “Retorno social sobre la inversión” (ROI) como indicadores cuantitativos primordialmente, que más que ayudar por el incipiente manejo de las organizaciones civiles hoy estorba porque no es posible medir por igual acciones de desarrollo que de las asistencia, igualmente importantes como necesarias.
En esta discusión siempre la asistencia sale perdiendo. Sesudos consultores contratados por empresas o noveles directores de fundaciones empresariales apoyan su trabajo en frases que no pueden siquiera definir en significado y profundidad: “la empresa solo apoya proyectos autosustentables”, sin lograr definir a qué se refiere ese término dentro de la filantropía o la inversión social.
Si la SHCP quiere etiquetar a las organizaciones con esos tres niveles (A, AA y AAA), la pregunta es ¿Para qué? Lo primero que generará es un efecto contrario: acentuará desigualdades en el acceso a donativos privilegiando sólo a las que se encuentran en la cúspide y así profundizará la brecha entre las organizaciones que se han desarrollado y las que paradójicamente necesitan más apoyo y precisamente, más recursos. También alentará relaciones clientelares entre quién certifica y empresas que condicionen sus donaciones a niveles de institucionalidad alcanzados y evaluados por aquellas. La propuesta de SHCP se basa más o menos en esta frase: “te estás ahogando pero te doy la mano para ayudarte solo hasta que llegues a la orilla”.
El reto es cómo lograr que miles de organizaciones entren a un proceso de fortalecimiento para que cada año suban uno varios niveles y sean más profesionales; no quitarles con una calificación dada por una organización particular las posibilidades de obtener donativos. El gobierno más bien debe ser promotor y podría recurrir a una visión de abajo hacia arriba para emprender otras acciones que fortalezcan tanto la cultura filantrópica y de donación, como también de la de participación ciudadana a través del voluntariado.
Así es prioritario invertir en el fortalecimiento institucional. Al respecto el Instituto Nacional de Desarrollo Social que ha venido realizando un muy bien trabajo podría recibir un mayor volumen de fondos para capacitar a las organizaciones, aumentar su oferta, seguir produciendo materiales, alentar la investigación y llevar la enseñanza a municipios remotos o difícil acceso parcialmente atendidos respecto a sus organizaciones de la sociedad civil.
Aunque escapa a las facultades de la SHCP, al gobierno le vendría bien desarrollar una política pública para fomentar el voluntariado. No obstante a que el Instituto Nacional de Desarrollo Social a propuesta e iniciativa de la Alianza Mexicana de Voluntariado emprendieron conjuntamente en enero del año pasado los trabajos para edificar la Plataforma Voluntarios por México y que hoy funciona con la generosa participación de diversas organizaciones que se alían al gobierno, al organismo le falta consolidarse y garantizar su continuidad transexenal para ello hace falta dinero que como siempre “no hay”.
En otros países, como España, las plataformas de voluntariado son administradas por una organización privada que es responsable de la Secretaria Técnica, pero participan dependencias gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil pero reciben fondos públicos para su operación porque el voluntariado es considerado de interés público. De esta manera el interés público persiste aunque cambie el partido en el poder.
Por otra parte, respecto a la evaluación de impacto es tiempo ya de que investigadores, académicos, miembros de organizaciones civiles y filantrópicas, autoridades y especialistas desarrollen una metodología ad hoc sobre evaluación de impacto de organizaciones civiles (donde caben las filantrópicas y donatarias autorizadas). El gobierno cuenta con una dependencia como es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para encabezar esa tarea. Ya algo ha avanzado pero requiere la afluencia de los especialistas del sector filantrópico para una desarrollar metodología adecuada.
Finalmente, hace algunos días legisladores del Partido Acción Nacional hicieron públicos sus deseos de reformar la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles, con lo que coincidieron con líderes de las organizaciones y sus representantes han venido señalando. En efecto, se hacen necesarios cambios pero diseñados con la concurrencia de representantes de esas organizaciones, funcionarios públicos, investigadores y académicos y legisladores quienes podrán profundizar en el desarrollo del sector filantrópico y si es el caso, proponer las modificaciones necesarias a la Ley Federal del Impuesto Sobre la Renta para que se amplíen los objetos sociales que permitirían incorporar a las más de 35 mil organizaciones del registro a solicitar se donatarias. Falta aún trabajo que concilie el marco legal con el fiscal.
Ante los riesgos de que prosperen algunas de las desatinadas propuestas de la SHCP, Miguel de la Vega, académico y con amplia experiencia en organizaciones de la sociedad civil ha abierto en Change.org una petición para frenar dichas medidas que afectarían gravemente al sector. El lector o las organizaciones pueden sumarse a ella y proponer entonces un foro de trabajo diseñar mejores medidas aquí.
Desde el Consejo Directivo
El Presidente del Directorio se congratuló y envió una felicitación a Confío, Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A. C. por rendir su informe. Respecto al tema central (las disposiciones de SHCP) abordado en la junta de Consejo Directivo señaló que por ello se ratifica el valor del trabajo de este tipo de organizaciones. También felicitó a los 11 filántropos que dieron vida la semana pasada a la nueva asociación MéXXIco Libre de Corrupción que viene a sumarse a Impunidad Cero, otra asociación contra este mal, de Federico Reyes Heroles y Manuel Arango.
El Tesorero de la organización, a propósito del tema fiscal, señaló que es necesario dar seguimiento al posible acuerdo entre el gobierno de la Ciudad y el Hospital de la Ceguera, quienes se encuentran analizando la posibilidad de adquirir un predio en Coyoacán o recibirlo como donación porque es una transferencia a particulares que administran recursos con fines públicos y no es una mera transacción comercial.
Por otra parte, es importante que la SHCP pudiera tener una rápida respuesta a los enredos de funcionarios públicos que so pretexto de hacer donaciones o recibirlas, realmente dañan a la filantropía como el caso de Pedro Pablo de Antuñano y Ricardo Monreal, Jefe de Delegacional en Cuauhtémoc. Habría que aclarar posibles manejos fraudulentos de dinero público que se maneja en efectivo. Monreal y su fondo constituido por los filántropos funcionarios que dan parte de su sueldo a una cuenta revolvente para dar donativos o atender necesidades de la delegación, daña más la confianza en la filantropía que el nivel de institucionalidad de las donatarias autorizadas. Se cuestionó el Tesorero, ¿No son maniobras de compra de votos?, ¿Cómo la Delegación restituye a sus generosos funcionarios el dinero que ellos pusieron en efectivo para ayudar como filántropos a otros?, ¡Patrañas! Es populismo en pleno, concluyó.
La Secretaria del Consejo Directivo señaló que este 9 de octubre se llevará a cabo uno de los movimientos que más voluntarios moviliza en México como es la jornada “Limpiemos nuestro México”, organizada por Fundación Azteca. Expresó que Esteban Moctezuma Barragán Presidente de dicha asociación presentó este lunes los objetivos y mecánica del evento que por varios años representa uno de los voluntariados más grandes de México.
El Director de la organización expresó que será muy grato acompañar la noche del martes a los miembros de Compartir Fundación Social IAP quién en ceremonia especial entregará sus prestigiados premios.
Emilio Guerra Díaz
Emilio Guerra cuenta con amplia experiencia en la Gestión de la RSC, destacando su trabajo en el área de vinculación con la comunidad que potenciar la inversión social empresarial. Ha gerenciado fundaciones empresariales.
