Sobre la voluntariedad de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) nadie duda. Sobre la conveniencia de estimular y favorecer la cultura de la sostenibilidad empresarial a través de políticas públicas, tampoco. O más bien, muy pocos. En esa difícil frontera entre la voluntariedad y el fomento venimos navegando desde hace varios años, aceptando siempre la naturaleza voluntaria de la RSE, la importancia de la unilateralidad en la incorporación de esa cultura superadora de los mínimos legales al diálogo con los grupos de interés (stakeholders), pero reivindicando, al mismo tiempo, la necesidad de la intervención pública en un buen número de asuntos relacionados con la RSE: la homologación de los métodos con los que se elaboran las memorias; la ordenación de las certificaciones sobre responsabilidad social sostenible; la difusión de las buenas prácticas; la objetivación de las ayudas y subvenciones públicas a las iniciativas de RSE para evitar la competencia desleal; la inclusión de criterios de RSE en los fondos de pensiones, y así podríamos seguir con un abanico grande de materias que configuran el amplio concepto del fomento.