Singapur busca endurecer su respuesta frente a la contaminación atmosférica transfronteriza con un proyecto de ley que propone multiplicar por diez las multas para las empresas responsables de provocar episodios de neblina tóxica. La iniciativa no solo elevaría las sanciones económicas, sino que permitiría al gobierno intervenir en las relaciones comerciales de compañías sospechosas de estar vinculadas con incendios forestales, incluso antes de que exista una condena judicial.
La propuesta surge después de que el país enfrentara su peor episodio de neblina desde 2015, un fenómeno relacionado con incendios en territorios vecinos que afecta la calidad del aire, la salud pública y la actividad económica. Más allá de su alcance nacional, la reforma plantea una cuestión relevante para la agenda ambiental internacional: ¿pueden las sanciones económicas y la responsabilidad sobre las cadenas de suministro convertirse en instrumentos efectivos para frenar la destrucción ambiental?
¿En qué consiste el proyecto de ley de Singapur para aumentar las multas por contaminación?
El miércoles, el Gobierno de Singapur presentó ante el Parlamento un proyecto de enmienda a la Ley de Contaminación Transfronteriza por Humo, aprobada en 2014. La iniciativa propone aumentar de 2 millones a 20 millones de dólares singapurenses (15.6 millones de dólares estadounidenses) la multa máxima por provocar o contribuir a episodios de contaminación atmosférica que afecten al país.
También elevaría de 100,000 a 1 millón de dólares singapurenses la sanción máxima diaria. Esto significa que las empresas podrían enfrentar penalizaciones considerablemente mayores, además de tener que devolver cualquier beneficio imponible obtenido o pérdida evitada como consecuencia de la infracción.
La propuesta fue presentada mediante un certificado de urgencia, un procedimiento poco frecuente que permite aprobar las tres lecturas de un proyecto de ley en una sola sesión parlamentaria. La ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Grace Fu, justificó la rapidez del proceso por la necesidad de evitar que las pruebas de las investigaciones en curso sean alteradas o desaparezcan.
El detonante fue la reciente crisis de neblina, que la Agencia Nacional de Medio Ambiente (NEA) calificó como la peor que ha experimentado Singapur desde 2015. De acuerdo con estimaciones de Eco-Business, el episodio podría ocasionar pérdidas de hasta 3,900 millones de dólares singapurenses (3,100 millones de dólares estadounidenses), aproximadamente el doble de los 1,830 millones registrados durante la crisis de 2015.
La magnitud económica del problema evidencia que la contaminación atmosférica no es únicamente una cuestión ambiental: también representa un riesgo para la productividad, la salud pública y la estabilidad de las actividades económicas.
¿Qué cambiaría con las nuevas multas por contaminación?
La reforma no se limita a incrementar las sanciones económicas. También busca corregir las dificultades que han impedido aplicar eficazmente la legislación vigente.
Desde 2014, la ley permite sancionar a quienes causen o contribuyan a la contaminación por humo en Singapur. Sin embargo, hasta ahora no se ha impuesto ninguna condena. La NEA notificó a seis empresas indonesias por su presunta responsabilidad en la contaminación de 2015: dos investigaciones se cerraron en 2017 y cuatro continúan abiertas.
Grace Fu explicó que uno de los principales obstáculos ha sido obtener pruebas y conseguir la cooperación de empresas que operan fuera de la jurisdicción singapurense. Para responder a estas limitaciones, el proyecto contempla cambios importantes:
- Intervención preventiva: ya no sería necesario esperar a que la neblina llegue al país. Bastaría con que existiera un riesgo de contaminación atmosférica en Singapur.
- Mayor responsabilidad empresarial: las compañías tendrían que demostrar que tomaron medidas razonables para prevenir incendios y combatirlos cuando se les atribuya responsabilidad.
- Menos posibilidades de evadir sanciones: se limitarían las defensas relacionadas con la intervención de terceros, desastres naturales o actos de guerra.
- Recuperación de beneficios económicos: los tribunales podrían ordenar a las empresas condenadas devolver las ganancias obtenidas o las pérdidas evitadas mediante la conducta sancionada.
Uno de los cambios más relevantes es que el humo que se dirija hacia Singapur se presumiría como un riesgo de contaminación, salvo que la empresa demuestre lo contrario. Además, un certificado del Director General de Protección Ambiental que confirme ese riesgo constituiría prueba concluyente ante un tribunal.
La reforma busca así trasladar parte de la responsabilidad hacia las compañías, evitando que la falta de una afectación ya consumada impida actuar frente a actividades potencialmente contaminantes.
Las empresas podrían perder proveedores, clientes y financiamiento
Uno de los aspectos más contundentes de la propuesta es la posibilidad de intervenir directamente en las relaciones comerciales de las empresas sospechosas de estar vinculadas con incendios. El ministro de Sostenibilidad y Medio Ambiente podría designar a compañías o individuos cuando tenga conocimiento o motivos para sospechar que han cometido una infracción. A partir de esa designación, el Gobierno podría ordenar a terceros:
- Dejar de suministrarles productos o servicios.
- Suspender las compras de sus productos.
- Interrumpir préstamos y otros servicios financieros.
- Dejar de proporcionarles seguros.
- Rescindir contratos comerciales existentes.
Estas restricciones también podrían extenderse a socios comerciales y empresas relacionadas. Además, no sería indispensable que existiera una condena penal para aplicar las medidas. Las compañías generalmente tendrían 14 días para impugnar su designación. Incumplir una orden podría generar multas de hasta 1 millón de dólares singapurenses.
La propuesta también contempla que la NEA pueda advertir a empresas, particularmente de los sectores forestal y agrícola, para que eviten relaciones comerciales con actores cuya conducta constituya una infracción, así como la adquisición de productos elaborados con sus materias primas.
Este punto introduce una dimensión importante para la responsabilidad social empresarial: la obligación de vigilar no solamente las operaciones propias, sino también las relaciones comerciales y el origen de los productos que circulan por las cadenas de suministro.
En la práctica, una empresa sospechosa de provocar incendios podría enfrentar consecuencias económicas mucho más amplias que una multa. Perder acceso a compradores, financiamiento, seguros y proveedores puede comprometer su continuidad operativa y afectar su posición en los mercados internacionales.
¿Cómo busca Singapur superar las dificultades para investigar a las empresas?
La iniciativa también propone nuevas facultades de investigación. El Director General de Protección Ambiental podría ordenar a empresas sospechosas, así como a otras vinculadas con ellas por relaciones comerciales o corporativas, contratar evaluadores privados pertenecientes a un panel oficial.
Estos especialistas podrían ingresar a sus instalaciones, solicitar documentos y exigir explicaciones sobre su posible participación en incendios fuera de Singapur. Aunque las compañías financiarían las evaluaciones, los investigadores responderían ante el Director General y sus informes podrían utilizarse como pruebas judiciales.
Negarse a contratar evaluadores o impedirles el acceso podría generar multas de hasta 20 millones de dólares singapurenses. La medida también daría respaldo legal a investigaciones que ya están en marcha. El 23 de octubre, la NEA notificó a diez empresas registradas en Singapur. Hasta el sábado referido en el reporte, cinco habían aceptado contratar evaluadores y otras dos habían manifestado su disposición.
Adicionalmente, se establecería un marco de sanciones civiles que permitiría a la NEA solicitar multas de entre 100,000 y 10 millones de dólares singapurenses, con autorización del Ministerio Público. En estos procedimientos bastaría aplicar el estándar de preponderancia de la prueba, menos exigente que el requerido en un proceso penal.
La ministra aclaró que una empresa no podría recibir sanciones penales y civiles por los mismos hechos. No obstante, existe una limitación temporal importante: algunas facultades de investigación, designación y restricción comercial podrían aplicarse retroactivamente a conductas anteriores a la entrada en vigor de la reforma, como las relacionadas con los incendios de este año. En cambio, las nuevas multas y la ampliación del delito de contaminación atmosférica no tendrían el mismo alcance retroactivo.
¿Pueden las multas por contaminación convertirse en un precedente mundial?
La propuesta de Singapur plantea un modelo de regulación ambiental que va más allá de castigar económicamente a quienes contaminan. Su principal innovación consiste en vincular la responsabilidad ambiental con las relaciones comerciales y financieras de las empresas, de manera que las consecuencias de una infracción puedan extenderse a toda su red de negocios.
Este enfoque resulta especialmente relevante para actividades como la agricultura y la explotación forestal, donde los impactos ambientales pueden producirse en un territorio y afectar a comunidades, ecosistemas y economías de otros países.
También plantea una discusión para las empresas multinacionales: la distancia geográfica entre sus operaciones, proveedores y mercados no necesariamente las exime de responsabilidad cuando sus actividades contribuyen a generar daños ambientales transfronterizos.
Sin embargo, replicar este modelo en otros países requeriría condiciones institucionales específicas. Entre ellas destacan:
- Legislaciones que permitan atribuir responsabilidad por daños ambientales fuera del territorio nacional.
- Autoridades con capacidad técnica para investigar cadenas de suministro y reunir pruebas.
- Mecanismos de cooperación internacional para identificar a los responsables.
- Garantías jurídicas que permitan impugnar las designaciones y evitar sanciones arbitrarias.
- Sistemas de supervisión que aseguren que las penalizaciones sean proporcionales al daño y a la capacidad económica de las empresas.
La iniciativa también deja una advertencia: aumentar las multas por contaminación no garantiza por sí mismo que las empresas modifiquen sus prácticas. La efectividad dependerá de que las autoridades puedan investigar, demostrar responsabilidades y aplicar las sanciones sin que los procesos queden detenidos durante años.
Una señal para la responsabilidad ambiental empresarial
El proyecto de Singapur representa un cambio relevante en la manera de abordar la contaminación transfronteriza. Al combinar sanciones económicas más elevadas, mecanismos de investigación y restricciones comerciales, busca que provocar daños ambientales tenga consecuencias que afecten directamente la viabilidad económica de las empresas responsables.
Para la agenda ESG, la propuesta refuerza la importancia de la debida diligencia ambiental, la trazabilidad de las materias primas y la supervisión de proveedores. Ya no bastaría con que una compañía declare compromisos de sostenibilidad: tendría que demostrar que conoce los riesgos ambientales asociados con sus operaciones y relaciones comerciales.
Aun así, la ministra Grace Fu reconoció que las modificaciones legales no garantizan el éxito de los procesos judiciales ni resolverán por sí solas el problema de los incendios. «Pero debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance dentro de nuestra jurisdicción para proteger a nuestra gente de los efectos nocivos de la neblina», afirmó.
La relevancia internacional de esta iniciativa dependerá de su aplicación. Si consigue convertir las sanciones en un mecanismo efectivo para prevenir incendios y responsabilizar a las empresas, Singapur podría ofrecer una referencia regulatoria para otros países que enfrentan contaminación transfronteriza y daños ambientales asociados con cadenas de suministro globales.
El mensaje de fondo es que el costo de contaminar no debería limitarse a una sanción administrativa: también tendría que reflejarse en los beneficios, las operaciones y las relaciones comerciales de quienes generan el daño.
