La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes no ha tenido los resultados esperados, y aunque podría ser un buen instrumento para combatir estos problemas de salud, la regulación de publicidad, etiquetados y políticas en bebidas azucaradas no han sido efectivos, coinciden investigadores y asociaciones civiles.
El estudio “Contra la obesidad y diabetes: una estrategia secuestrada”, realizado por la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), refiere que tanto en su diseño como en su implementación la estrategia tiene diversas debilidades y muchas regulaciones no están basadas en evidencia científica.
De acuerdo con los especialistas de la ASA —que agrupa a decenas de organizaciones civiles, sociales y académicas— ante la magnitud del problema de sobrepeso y obesidad que enfrenta el país, donde uno de cada de tres niños y siete de cada diez adultos presentan estos padecimientos (de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2012), las medidas de la Estrategia “no son suficientes, además de que denota la presencia del conflicto de interés desde su diseño”, refiere el documento.
La alerta es mayor bajo el enfoque de que estos padecimientos metabólicos pueden generar diabetes mellitus, que en adultos tiene una prevalencia del 14% en la población, de acuerdo con el INEGI. Por otra parte, uno de cada tres niños, nacidos a partir de 2010, sufrirá la enfermedad en algún momento de su vida, refiere el estudio “Mexican diabetes devastation. It is essential to tax the soda”, publicado recientemente en la revista World Nutrition.
“Este es un dato científico que si tomara en cuenta la incidencia de la enfermedad de 2005 en niños, en vez de 2010, referiría que uno de cada dos la desarrollaría”, señala Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, una de las organizaciones miembro de la ASA. “Pero no estamos lejos, 14 por ciento de la población adulta ya tiene diabetes. Ya veremos por población y edades si la incidencia es mayor”.
Análisis
El estudio de la ASA se enfoca al análisis de uno de los tres pilares de la Estrategia, propuesta en 2013 por el gobierno federal, relativo a la regulación sanitaria y política fiscal requerida para evitar la epidemia de estas enfermedades.
“Pero también realizamos un análisis de su implementación a través de diversas regulaciones: publicidad dirigida a niños, etiquetado frontal, política fiscal (impuestos a bebidas azucaradas y de alto contenido calórico), expendio y distribución de bebidas y alimentos en las escuelas y distintivo nutrimental que complementa etiquetado frontal de alimentos y bebidas”, explica Fiorella Espinosa, coordinadora de Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor y una de las especialistas que encabeza el estudio.
En este sentido, el análisis contrapone lo establecido en el documento de la Estrategia con los fallos implementados en su regulación. En el tema relacionado a la publicidad de alimentos chatarra dirigidos a niños evidencia que: “utiliza criterios nutrimentales permisivos que son basados en parámetros usados por la industria; no reflejan las recomendaciones internacionales; y que la cobertura de la regulación de la publicidad en estos alimentos es muy limitada”, entre otros.
Etiquetado
Por otra parte, sobre la regulación del etiquetado frontal, el documento puntualiza inicialmente que se mantiene bajo la base de las Guías Diarias de Alimentación (GDA) autorregulado por las industrias, por sí mismo un fallo clave en la Estrategia.
Otros puntos de alerta son que “utiliza el término ‘azúcares totales’ en lugar de ‘azúcares añadidos’, permitiendo que se utilice un valor de referencia engañoso”. Una evidencia más de su ineficacia es que el formato de los conceptos son incomprensibles e incluso sólo 31.7% de los estudiantes de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública son capaces de estimar el contenido energético del producto —de acuerdo con un estudio del mismo instituto— y sólo el 1.8% respondió asertivamente todas las preguntas en tiempo limitado.
“Los nutriólogos no lo entienden no porque sean malos, sino porque el etiquetado no se entiende y además puede desinformar”, apunta Rafael Díaz, director de la División de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco y coordinador de la licenciatura de Nutrición.
“Si decimos que un alimento o bebida contiene 1.4 gramos de sodio o 10 gramos o un kilo, nos deja en lo mismo. ¿Es bueno o malo?, ¿es permisible?, ¿hace daño? Este tipo de etiquetado no puede presentarse así. No es la mejor forma de informar y hay otros medios que serían mucho más claros”.
Para Fiorella Espinosa, la postura de la ASA no es empecinarse a un etiquetado de semáforo, como se ha implementado en Ecuador o al sistema de advertencia de Chile, donde se especifica “Alto en azúcar” en los productos, por ejemplo. “Lo que proponemos es que se realice un estudio para saber qué tipo de etiquetado es más entendible para la población mexicana. Lo cierto es que los parámetros mundiales refieren que las personas son más receptivas cuando se utilizan colores y advertencias”.
Espinosa resume además el fallo de otras regulaciones como el “distintivo nutrimental”, que acompaña el etiquetado de ciertos productos “saludables”, el cual emplea criterios laxos para otorgarlo. Un producto que en México puede tener el distintivo nutrimental, dice, en otro (como Ecuador, Reino Unido o Suecia) tiene una advertencia de exceso de azúcar o de grasa. “Hoy en día no tengo claro cómo se puede obtener el sello nutrimental o quién lo pone. Seguramente no expertos, sino la industria”, apunta por su parte el investigador de la UAM.
El documento, enfatiza además el tema de política fiscal, donde califica como positivo el aumento de impuestos a bebidas azucaradas, por ejemplo. No obstante, señala que la recaudación de éste debe emplearse para la prevención del sobrepeso y obesidad. “La recaudación en 2014 del impuesto a las bebidas azucaradas fue de más de 18 mil millones de pesos, sin embargo sólo 1.36% fue asignado a la instalación de de bebederos en las escuelas, sólo el 30% del costo proyectado para el primero de tres años para su alcance nacional”, ejemplifica el documento.
“El gobierno federal no se ha tomado en serio el problema del sobrepeso y obesidad. La Estrategia que presentó es frágil porque no define quienes son las autoridades responsables de garantizar alimentos sanos ni define una ruta de exigibilidad para saber cuáles son las sanciones por no seguir lo plasmado en ésta”, puntualiza Julieta Ponce, directora del Centro de Orientación Alimentaria, miembro de la ASA. “Parece que el título de Estrategia fue deliberado para que no sea una ley que exija y busque justicia en beneficio de la sociedad”.
Organizaciones de la alianza por la salud alimentaria
La Alianza por la Salud Alimentaria agrupa a un conjunto de asociaciones civiles, organizaciones sociales y profesionistas preocupados por la epidemia de sobrepeso y obesidad en México. Se conforma por investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, UAM, UACJ, UNAM, UAS, ENAH, Neurorecovery Center EDELFO, UNSON, UdeG, ITESO y CIAD, entre otros; así como por las organizaciones AlConsumidor, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Blue Planet Project, CCESC-DDS de Chiapas, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Orientación Alimentaria, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, ContraPESO, El Poder del Consumidor, Foodfirst Information and Action Network, Fundación Interamericana del Corazón, Fundación Mídete, Greenpeace, Grupo de Estudios Ambientales, The Hunger Project México, Oxfam México y Semillas de Vida, entre otras.
Fuente: La Crónica
