Apenas empezó a tramitarse en la Asamblea de Extremadura el proyecto de Ley de Responsabilidad Social Empresarial de nuestra comunidad, muchas han sido las reflexiones que se han vertido en revistas especializadas, diarios económicos y, en general, en medios de comunicación social. En esta abundancia de reflexiones, naturalmente, ha habido de todo, pero en la mayor parte de los casos tienen el denominador común de la “sorpresa”. ¿Cómo es posible -se preguntan- que una comunidad autónoma aborde la responsabilidad social empresarial?, y además Extremadura. Pues bien, a nosotros nos sorprende que se sorprendan.

Probablemente sorprenda que en el año 2005 ya se tramitara en Extremadura un anteproyecto de Ley de Responsabilidad Social Empresarial de la comunidad que, por aquello de los tiempos parlamentarios, no vio finalmente la luz. Tal vez se desconoce que nuestra comunidad ha formado parte, desde su creación, del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial y de la comisión permanente de este consejo, en representación de todas las comunidades autónomas, nada meritorio por otra parte porque fue una cuestión de azar.

El 80% de las empresas del IBEX 35 tienen presencia en paraísos fiscales y no informan de cuáles son sus actividades en estos territorios. Existe un avance moderado en transparencia sobre información de obligado cumplimiento, mientras que se resiente la transparencia sobre información no financiera y de carácter voluntario.

La 7ª edición del estudio “La Responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35” referido al ejercicio 2009, y realizado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, desvela riesgos de posible utilización de estrategias poco responsables y claramente incoherentes con los mensajes de sostenibilidad y contribución al desarrollo que las empresas del IBEX 35 nos ofrecen en sus memorias.