La empresa brasileña que protagonizó el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica, recibió un veto por parte del gobierno de México y las entidades de la administración pública.
El gobierno prohibió celebrar contratos con dos unidades de Odebrecht, a las que inhabilitó temporalmente y multó por más de mil millones de pesos, unos 55 mil millones de dólares, junto con dos de sus representantes legales.
Ante ello, Odebrecht dijo este que buscará impugnar las sanciones que le impuso el gobierno federal, debido a que las considera infundadas e improcedentes.
Odebrecht dijo este que buscará impugnar las sanciones que le impuso el gobierno federal, debido a que las considera infundadas e improcedentes.
De acuerdo con los funcionarios, cada una de las medidas están relacionadas con indagatorias de supuesta corrupción que involucran operaciones de Odebrecht con la estatal Pemex.
En un comunicado de prensa difundido, se dice que Odebrecht México “impugnará mediante todos los recursos legales el contenido, alcances y efectos de dichas sanciones, confiando que las autoridades judiciales competentes realizarán una revisión objetiva e imparcial de las mismas, pues la empresa desconoce los hechos materia de tales injustas y desproporcionadas sanciones”.
La Resolución contenida en el oficio UR. DPTI. AR.147/2018 resuelve además, inhabilitar a la empresa por los próximos 18 meses.
El procedimiento administrativo sancionador incoado a la empresa CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A., hace de su conocimiento que a partir del día siguiente en que se publique Circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno, con dicha persona moral, por encontrarse inhabilitada temporalmente por el plazo de dos años seis meses.
La resolución dice qe los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la constructora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la presente circular.
Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluirán los efectos de la presente circular, sin que sea necesario otro comunicado, concluye la recomendación emitida por la Secretaría de la Función Pública.
A finales del año pasado, el gobierno de México inhabilitó por cuatro años a la misma filial de Odebrecht por realizar un cobro indebido a la petrolera estatal Pemex.
Fue en 2017 que la empresa formalizó su intención de colaborar con autoridades de distintos países, incluido México, pero la Secretaría de la Función Pública (SFP) rechazó su solicitud de cooperación por considerar que no existían elementos para presumir una probable infracción a la ley anticorrupción en contrataciones públicas.
Recordemos que desde el año pasado Odebrecht ha estado en la mira, por uno de los mayores casos de corrupción en América Latina.
Fueron 46 millones de dólares que la empresa brasileña recibió por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX). De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se reportaron presuntos pagos irregulares de Pemex Transformación Industrial en un contrato de obra pública para la refinería Hidalgo.
La ASF detectó que Pemex realizó en 2016 pagos irregulares por más de 950 millones de pesos a la empresa constructora Odebrecht.
Los pagos representan un fraude al erario público y de no solventarse darían paso a denuncias penales. Pemex fue beneficiario de al menos tres contratos. Dos de ellos están relacionados con obras en la refinería Miguel Hidalgo de Tula y uno más en Salamanca.
El principal fraude reportado fue por un monto poco más de 707 millones de pesos, que son los pagos en exceso que realizó Pemex por conceptos distintos relacionados con la obra que se le dio Odebrecht.
