El rechazo al cambio de uso de suelo para desarrollar ocho proyectos —sometido a consulta pública por el gobierno de Benito Juárez (Cancún)— fue unánime. Sectores sociales, empresariales, artísticos, culturales, ambientales y académicos se pronunciaron en contra de seis obras en la zona hotelera, uno en la ciudad y otro en Puerto Morelos con el argumento de que se sobredensificaría el destino turístico.

Por escrito y de forma verbal, los participantes en la consulta —que duró cuatro horas— condenaron su procedimiento al considerarla amañada, apresurada e incompleta, a falta de expedientes con el detalle de las obras.

El caso Presunto culpable es complejo. Enfrenta dos derechos: uno individual (una persona querría proteger su imagen) y otro social (la comunidad tiene la prerrogativa de recibir información sobre hechos de interés colectivo). ¿Cuál debe prevalecer? Todo indica que el segundo: la legislación mexicana señala como salvedad para reclamar protección de la propia imagen, el que ésta haya sido captada en actos públicos y que su difusión forme parte del interés social. Por eso se explica la decisión tomada el martes por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el sentido de revocar la orden de suspender la exhibición de esa película que había dispuesto la jueza Blanca Lobo Domínguez y que hizo a Presunto culpable desaparecer de los cines al principio de esta semana.