El embarazo no debería convertirse en una desventaja laboral. Sin embargo, una nueva demanda colectiva presentada en Estados Unidos acusa a Amazon de aplicar prácticas que, de comprobarse, podrían representar una vulneración de los derechos de sus trabajadoras embarazadas y evidenciar los riesgos de una cultura laboral que no contempla adecuadamente sus necesidades.
Cuatro exempleadas de almacén señalan una práctica sistemática de discriminación en Amazon contra mujeres embarazadas. La denuncia, presentada ante un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, sostiene que la empresa negó adaptaciones básicas, exigió documentación médica de manera ilegal y llegó a amenazar o despedir a trabajadoras por ausentarse durante el embarazo.
Negar o dificultar adaptaciones laborales básicas, como sillas para sentarse durante la jornada.
No conceder adecuadamente descansos para beber agua o utilizar el baño.
Obstaculizar el tiempo necesario para acudir a citas prenatales.
Amenazar o despedir a trabajadoras embarazadas por acumular ausencias.
Solicitar documentación médica a empleadas que pedían adaptaciones, algo que las demandantes consideran contrario a la legislación aplicable.
La denuncia afirma que estas prácticas no serían incidentes aislados, sino parte de un patrón habitual. “Amazon incumple la ley a cada paso”, sostiene el documento presentado ante el tribunal.
Las exempleadas argumentan que las prácticas señaladas violan la Ley Federal de Igualdad para las Trabajadoras Embarazadas y la legislación laboral de Nueva York. La primera busca garantizar que las trabajadoras embarazadas puedan obtener adaptaciones razonables cuando las necesiten para continuar desempeñando sus funciones.
Esto resulta especialmente relevante en empleos físicamente demandantes, como los de almacén. Una adaptación aparentemente sencilla —por ejemplo, permitir sentarse periódicamente, beber agua o acudir a una consulta prenatal— puede representar una diferencia importante entre poder continuar trabajando en condiciones adecuadas o enfrentar una situación de riesgo laboral.
¿Qué exigen las demandantes?
Las cuatro exempleadas solicitan que Amazon repare las consecuencias económicas de las prácticas que denuncian y que adopte medidas para evitar que vuelvan a ocurrir. Entre sus principales peticiones están:
El pago de salarios y prestaciones que habrían perdido.
Una indemnización por daños y perjuicios punitivos.
Una orden judicial que obligue a Amazon a detener las prácticas discriminatorias contra trabajadoras embarazadas.
En otras palabras, la demanda no sólo busca una compensación para las afectadas, sino también cambios que impidan que la discriminación en Amazon continúe afectando a otras empleadas.
¿Qué dice Amazon sobre las acusaciones?
Aunque Amazon no había realizado comentarios sobre la demanda al momento de su presentación, la compañía sostiene que cuenta con políticas amplias de adaptación para empleadas embarazadas y que aprueba la gran mayoría de las solicitudes.
Esta postura será relevante conforme avance el proceso judicial, pues una de las cuestiones centrales será determinar si las políticas establecidas por Amazon se aplican realmente de manera consistente en sus centros de trabajo.
La diferencia entre tener una política y garantizar su cumplimiento es precisamente uno de los aprendizajes empresariales que deja este caso. Una organización puede contar con procedimientos formales de inclusión, pero si los supervisores no los conocen, los trabajadores encuentran obstáculos para acceder a ellos o las metas operativas terminan imponiéndose sobre las adaptaciones, la política pierde buena parte de su efectividad.
¿Por qué este caso es importante para las empresas?
Amazon es el segundo mayor empleador privado de Estados Unidos, sólo detrás de Walmart. A finales de 2025 contaba con 1.58 millones de empleados de tiempo completo y parcial, por lo que cualquier política laboral aplicada a gran escala puede tener consecuencias para miles de personas.
La dimensión de la compañía también explica por qué el caso puede convertirse en una referencia para la gestión empresarial de la maternidad. Las empresas no sólo deben evitar preguntar si una trabajadora embarazada puede cumplir con sus responsabilidades; también tienen que evaluar qué ajustes razonables pueden permitirle continuar haciéndolo. Algunas medidas que pueden ayudar a las organizaciones a estar preparadas para esta etapa en la vida de las colaboradoras son:
Establecer protocolos claros para solicitar adaptaciones durante el embarazo.
Capacitar a líderes y supervisores para evitar decisiones arbitrarias.
Garantizar descansos y ajustes razonables cuando correspondan.
Proteger a las trabajadoras frente a represalias por solicitar sus derechos.
Evaluar las políticas de maternidad desde la experiencia real de las colaboradoras.
¿Embarazo y empleo son realmente compatibles?
La controversia alrededor de la discriminación en Amazon recuerda que la inclusión laboral no se mide únicamente por cuántas mujeres forman parte de una plantilla. También se refleja en las condiciones que encuentran cuando atraviesan distintas etapas de su vida.
El embarazo es uno de los momentos en los que esa cultura se pone a prueba. Una empresa que busca retener talento femenino debe contar con mecanismos que permitan a sus colaboradoras continuar desarrollándose profesionalmente sin tener que elegir entre conservar su empleo y atender necesidades relacionadas con su maternidad.
La demanda contra Amazon todavía tendrá que demostrar sus acusaciones ante los tribunales. Sin embargo, el caso deja desde ahora una lección para las organizaciones: cumplir la ley es el punto de partida, no el techo de una estrategia de inclusión. Evitar la discriminación en Amazon —o en cualquier otra empresa— requiere que las políticas de protección al embarazo sean conocidas, accesibles y aplicadas de forma efectiva en todos los niveles de la organización.
Nuestra jerarquía simplificada de las luces y sombras, de lo que todos hablan y lo que pocos saben en el mundo de la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad.
Hay una idea profundamente estadounidense que no pertenece a un partido político: la de que los grandes paisajes naturales del país forman parte de su identidad. Parques nacionales, bosques, ríos y tierras públicas no solo representan espacios de conservación, sino una herencia construida durante generaciones. Desde Theodore Roosevelt hasta Richard Nixon, distintas administraciones encontraron puntos de encuentro alrededor de su protección. Hoy, esa tradición enfrenta una nueva prueba bajo el segundo mandato de Donald Trump.
El contraste resulta especialmente llamativo porque la actual administración llegó con un discurso de “Estados Unidos primero”, mientras que sus decisiones sobre los recursos naturales parecen alejarse de aquello que millones de estadounidenses consideran parte esencial de su país. Los recortes, propuestas y desmantelamientos ambientales han provocado rechazo público, incluso entre sectores que no necesariamente se identifican con el movimiento ambientalista. La pregunta, entonces, no es únicamente qué está haciendo Trump con el medio ambiente, sino por qué sus decisiones parecen contradecir una preocupación que trasciende las divisiones partidistas.
¿Qué ataques de Trump contra el medio ambiente han generado mayor rechazo?
De acuerdo con un artículo de TIME, la protección ambiental en Estados Unidos no nació como una bandera exclusiva de los demócratas. Theodore Roosevelt impulsó una expansión histórica de la protección de tierras públicas, mientras que Richard Nixon firmó la Ley de Aire Limpio, demostrando que la conservación y la regulación ambiental también podían formar parte de agendas republicanas. Esa historia ayuda a entender por qué el deterioro actual genera una tensión que va más allá de la política partidista.
Incluso dentro de la administración Trump existen personas que, de acuerdo con el planteamiento, están comprometidas con la conservación. El problema sería que sus voces están perdiendo espacio frente a una visión que interpreta muchas políticas ambientales principalmente desde su oposición al Partido Demócrata. Así, una cuestión que podría funcionar como punto de encuentro nacional termina convertida en otro escenario de confrontación política.
¿Qué pasó con la iniciativa “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser bello”?
El contraste es todavía mayor porque la propia administración impulsó una iniciativa que parecía apuntar en una dirección distinta. “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser bello” planteaba una inversión importante en tierras públicas, bosques, recursos hídricos y actividades recreativas al aire libre. La propuesta fue considerada una oportunidad para construir una agenda ambiental cercana a los valores conservadores y patrióticos.
Quien participó en las conversaciones para desarrollar aquella orden ejecutiva asegura que creyó en su potencial y que todavía lo considera valioso. Sin embargo, desde su perspectiva, lo ocurrido posteriormente representa prácticamente lo contrario de aquella promesa. El caso muestra cómo una iniciativa capaz de reunir apoyos alrededor de la conservación puede perder fuerza cuando las decisiones concretas del gobierno apuntan hacia la reducción de recursos y protecciones.
¿Cómo afectan las políticas de Trump a los parques nacionales de Estados Unidos?
Los parques nacionales representan quizá el ejemplo más claro de esta contradicción. La administración Trump ha reducido personal relacionado con estos espacios, mientras que cerca de 86% de los estadounidenses se opone a esos recortes. También se han planteado posibilidades de vender tierras públicas, una idea que enfrenta el rechazo de casi 90% de los votantes en los estados del oeste, donde se concentra una parte importante de estos territorios.
La discusión resulta relevante porque casi un tercio del territorio estadounidense es propiedad pública y está administrado por el gobierno federal. No se trata, por tanto, de un asunto marginal o limitado a unos cuantos parques. Son espacios que forman parte del patrimonio común y que, además, enfrentan problemas acumulados de financiamiento y gestión. Reducir su capacidad de cuidado podría profundizar dificultades que ya existen.
¿Por qué los ataques de Trump contra el medio ambiente contradicen la opinión pública?
El rechazo ciudadano aparece nuevamente cuando se observan otras políticas. La posible eliminación de protecciones relacionadas con especies en peligro de extinción enfrenta la oposición de alrededor de 85% de los estadounidenses. A esto se suman decisiones que afectan medidas vinculadas con el agua potable, el aire limpio, los bosques nacionales y otros recursos naturales, en muchos casos frente a una opinión pública mayoritariamente contraria.
La dimensión política de este fenómeno resulta difícil de ignorar. Algunas decisiones han encontrado resistencia suficiente para frenar o modificar sus alcances, pero nuevas controversias continúan apareciendo. El problema, desde esta perspectiva, no es una decisión aislada que pueda justificarse en términos de eficiencia gubernamental o crecimiento económico, sino el efecto acumulado de varias medidas que parecen colocar la conservación en un segundo plano.
¿Es posible proteger el medio ambiente sin frenar la economía de Estados Unidos?
Defender el medio ambiente no necesariamente implica ignorar las preocupaciones económicas de la población. De hecho, uno de los argumentos centrales del planteamiento es que ambas prioridades pueden coexistir. Un gobierno más eficiente o limitado no tendría por qué traducirse en la destrucción de recursos naturales, ni el impulso al crecimiento económico debería significar privilegiar a los contaminadores por encima de las comunidades.
La presión sobre esos recursos, además, está creciendo. La demanda energética, el desarrollo de la inteligencia artificial, la expansión de los centros de datos y el uso intensivo de dispositivos digitales están generando nuevas necesidades de infraestructura. Al mismo tiempo, las visitas a parques nacionales y tierras públicas se encuentran cerca de máximos históricos. Es decir, mientras más personas dependen de estos espacios para su bienestar y recreación, mayor es la necesidad de conservarlos.
¿Puede la conservación ambiental unir a republicanos y demócratas?
La discusión ambiental podría ofrecerle a la administración Trump algo que la política estadounidense necesita con urgencia: un tema capaz de reunir a personas con posiciones distintas. Durante su primer mandato, Trump firmó la Ley de Grandes Espacios Naturales de Estados Unidos, respaldada de manera bipartidista y considerada una de las mayores inversiones en parques nacionales de la historia del país. Ese antecedente demuestra que la conservación no está necesariamente peleada con una agenda republicana.
Los ataques de Trump contra el medio ambiente, en cambio, podrían terminar teniendo un costo político si continúan alejándose de lo que los propios votantes esperan. No porque el electorado haya abandonado sus preocupaciones económicas, sino porque para muchos estadounidenses cuidar los recursos naturales de su país también forma parte de lo que significa defender a Estados Unidos.
La conservación como parte de la identidad nacional
Existe, finalmente, una paradoja en el centro de todo este debate. Mientras la retórica política habla de poner a Estados Unidos en primer lugar, sus parques, bosques, ríos y tierras públicas representan precisamente algunos de los elementos que han construido la identidad nacional. Son lugares que no preguntan a sus visitantes por su afiliación política y que, en consecuencia, pueden convertirse en uno de los pocos terrenos verdaderamente compartidos en una sociedad profundamente polarizada.
Los ataques de Trump contra el medio ambiente no tendrían que ser el destino inevitable de la política ambiental estadounidense. La historia del país demuestra que es posible combinar conservación, crecimiento económico y liderazgo político de distintos partidos. La diferencia está en entender que proteger los recursos naturales no es una concesión a un sector político, sino una inversión en la salud, el bienestar y la economía de las generaciones presentes y futuras.
La discusión que enfrenta Estados Unidos no se reduce a si Trump es o no un presidente favorable al medio ambiente. El verdadero desafío consiste en decidir qué significa “Estados Unidos primero” cuando una parte considerable del territorio nacional pertenece a todos y cuando la ciudadanía sigue otorgando un enorme valor a sus espacios naturales. Si los parques nacionales son parte de la identidad estadounidense, su conservación debería ser una prioridad capaz de superar las divisiones partidistas.
A Trump todavía le queda tiempo para modificar el rumbo y demostrar que la conservación puede volver a ocupar un lugar central en su agenda. Hacerlo no significaría abandonar sus prioridades económicas ni adoptar las propuestas de sus adversarios políticos. Significaría reconocer algo mucho más sencillo: que la belleza natural de Estados Unidos también es una de sus mayores fortalezas y que protegerla puede ser, al mismo tiempo, una decisión ambiental, económica y profundamente estadounidense.
Hay amenazas climáticas que llegan con estruendo: un huracán, una inundación, un incendio. Y hay otras que aparecen sin destruir edificios ni dejar imágenes espectaculares, pero pueden poner en riesgo la vida de miles de personas. El aumento sostenido de las temperaturas pertenece a esta segunda categoría. Su impacto puede comenzar con un dolor de cabeza y terminar agravando una enfermedad cardiovascular, respiratoria o renal.
Eso es lo que está experimentando Romuel Delos Santos, un trabajador de 27 años en Metro Manila, Filipinas. Después de cuatro años en la construcción, estaba acostumbrado a trabajar con acero bajo temperaturas elevadas; sin embargo, durante el último año comenzó a sufrir sarpullido y fuertes dolores de cabeza. Para él, el cambio climático dejó de ser una discusión sobre el futuro: se convirtió en una condición que determina cómo puede trabajar hoy.
¿Por qué el calor extremo representa un riesgo creciente para la salud?
La conversación sobre cambio climático suele concentrarse en los fenómenos más visibles. Pero mientras inundaciones y tifones pueden convertirse rápidamente en emergencias, las altas temperaturas tienen una capacidad distinta: permanecer, acumularse y desgastar.
Asia permite observar esta transformación con claridad. De acuerdo con un informe de la Organización Meteorológica Mundial publicado en junio, la región atravesó uno de sus años más cálidos registrados, mientras los océanos alcanzaron temperaturas extraordinarias y aumentaron los fenómenos meteorológicos severos.
El problema no se limita al termómetro. Cuando las temperaturas suben de forma sostenida, también aumenta la presión sobre los sistemas de salud, las redes eléctricas, los cultivos y las actividades laborales. La salud humana termina conectada con cada uno de esos factores.
¿Cómo afecta el calor extremo al cuerpo humano?
El organismo necesita mantener una temperatura relativamente estable para funcionar. Cuando la exposición al calor se prolonga, esa capacidad de regulación puede verse comprometida y generar desde síntomas aparentemente menores hasta complicaciones graves.
El riesgo aumenta para quienes trabajan al aire libre, las personas mayores y quienes viven con enfermedades preexistentes. En estos grupos, las altas temperaturas pueden agravar problemas cardiovasculares, respiratorios y renales, además de afectar la salud mental.
Lo más complejo es que no siempre existe una relación evidente entre el clima y el fallecimiento. Una persona puede morir de un infarto o sufrir un accidente cerebrovascular durante un periodo de temperaturas elevadas sin que las estadísticas registren necesariamente esa muerte como consecuencia del calor.
¿Por qué las muertes relacionadas con el calor pueden estar subestimadas?
Aquí aparece una de las grandes paradojas del problema. Un tifón puede dejar una cifra de fallecidos claramente identificable después de atravesar una región. El calor, en cambio, puede contribuir a decenas o cientos de muertes sin aparecer como causa principal en los registros de desastres.
Juthamard Surapongchai, investigador y profesor del Instituto de Ciencias del Deporte Gatorade de la Universidad Mahidol, en Tailandia, explica que muchas de estas muertes terminan clasificándose bajo causas médicas convencionales. El resultado es una estadística que puede ocultar parte de la verdadera dimensión del fenómeno.
Jemilah Mahmood, directora ejecutiva del Centro Sunway para la Salud Planetaria de la Universidad Sunway de Malasia, incluso advierte que las muertes asociadas a las altas temperaturas podrían alcanzar o superar las provocadas por los tifones. El problema es que, al no existir una destrucción visible, la amenaza permanece fuera del radar público.
Asia ya muestra las consecuencias del aumento de temperaturas
La experiencia asiática funciona como una advertencia sobre lo que ocurre cuando las olas de calor dejan de ser episodios excepcionales. Desde 2020, distintos países del sudeste asiático han enfrentado temporadas particularmente intensas.
En 2024, Filipinas registró 77 casos de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. En Tailandia se confirmaron al menos 30 muertes vinculadas con el calor y posteriormente las autoridades emitieron alertas para recomendar a la población permanecer en casa. Vietnam, por su parte, declaró un estado de emergencia frente a temperaturas anormalmente elevadas que también contribuyeron a una fuerte sequía y afectaron actividades agrícolas.
Los efectos tampoco terminan en la salud. Las olas de calor han obligado a interrumpir actividades escolares y laborales, incrementado la demanda de electricidad y afectado cultivos y ecosistemas. Un análisis publicado por The Lancet en 2025 encontró que Asia presentó el segundo mayor incremento en la exposición a olas de calor asociado con el cambio climático durante el periodo estudiado, solo por debajo de los pequeños estados insulares.
¿Quiénes son más vulnerables ante las altas temperaturas?
El caso de Delos Santos ayuda a entender que la exposición al calor también tiene una dimensión económica. Cuando los síntomas persisten, acudir al médico puede significar perder un día de salario y, además, asumir gastos de atención. En su caso, la cobertura médica no forma parte de sus prestaciones laborales.
No todas las personas cuentan con las mismas posibilidades para protegerse. Un trabajador que debe permanecer al aire libre, una persona mayor que vive sola o alguien con una enfermedad crónica enfrenta condiciones distintas frente a una misma temperatura.
Por ello, la conversación sobre adaptación climática también debería incorporar las desigualdades sociales. Contar con agua, sombra, descansos, atención médica y mecanismos de protección laboral puede marcar la diferencia entre una exposición manejable y una emergencia sanitaria.
¿Qué pueden hacer las aseguradoras frente al riesgo climático?
El vínculo entre clima y salud también está modificando la conversación dentro de la industria aseguradora. Un informe de Forum for the Future patrocinado por AIA analiza precisamente cómo están evolucionando los riesgos sanitarios asociados con el clima en Asia y qué pueden hacer distintos actores para fortalecer su capacidad de respuesta.
La propuesta parte de una idea sencilla: esperar a que aparezca la enfermedad puede ser mucho más costoso que trabajar en prevención. Para las aseguradoras, esto abre oportunidades en materia de educación sanitaria, promoción de hábitos saludables, acceso a servicios médicos y programas de bienestar.
También existe un papel potencial fuera de la relación directa con los asegurados. Las compañías pueden colaborar con proveedores de salud, gobiernos, comunidades y organizaciones para investigar los efectos del clima, mejorar la coordinación de atención y desarrollar estrategias que permitan identificar riesgos antes de que se conviertan en problemas graves.
¿Qué necesita cambiar para proteger la salud en un clima más cálido?
El desafío es que todavía existen preguntas sin resolver. Se conoce cada vez mejor la relación entre temperaturas elevadas y determinados resultados de salud, pero todavía falta información sobre cómo varía el impacto entre regiones, grupos de población y sistemas sanitarios.
También es necesario comprender mejor qué ocurre cuando la exposición al calor no dura unas horas, sino semanas o temporadas completas. Para las personas que viven con enfermedades crónicas, esta diferencia puede ser determinante y obliga a pensar la adaptación climática desde una perspectiva de prevención y no únicamente de respuesta ante emergencias.
La responsabilidad, por tanto, es compartida. Las empresas pueden revisar las condiciones de trabajo; los gobiernos pueden fortalecer sistemas de alerta y atención; las aseguradoras pueden impulsar prevención; y las comunidades pueden desarrollar redes de protección para quienes enfrentan mayores riesgos.
Lo que ocurre con Romuel Delos Santos parece, a primera vista, una historia individual: un trabajador que necesita beber más agua y descansar bajo la sombra para poder terminar su jornada. Pero su experiencia revela algo mucho más grande. Cuando una persona acostumbrada a trabajar bajo el sol comienza a sentir que el calor atraviesa incluso su ropa, el cambio climático deja de ser una estadística y se convierte en una experiencia cotidiana.
El verdadero reto será reconocer esa amenaza antes de que se traduzca en más enfermedades, ausencias laborales, gastos médicos y muertes que ni siquiera quedan registradas como relacionadas con el clima. La salud pública tendrá que prepararse para un escenario en el que proteger a las personas no significará únicamente responder a desastres visibles, sino anticiparse también a aquellos riesgos que avanzan silenciosamente.
Cuando se habla de créditos de carbono, la conversación suele llevarnos a bosques, reforestación o tecnologías capaces de retirar dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, una nueva operación de Google pone el foco en un escenario mucho más cotidiano: los arrozales. La compañía acordó comprar 1 millón de créditos de carbono a Mitti Labs, empresa de tecnología climática que trabaja con pequeños agricultores en India.
El acuerdo, vigente hasta 2030, busca reducir las emisiones de metano asociadas con el cultivo de arroz mediante una práctica que también puede disminuir el consumo de agua. La iniciativa abarcará plantaciones de Karnataka, Andhra Pradesh y Telangana y, en su punto de mayor actividad, podría cubrir más de 100,000 hectáreas. Así, los créditos de carbono de Google colocan al metano agrícola en el centro de una estrategia climática corporativa que va más allá de la eliminación de CO₂.
¿Por qué Google comprará créditos de carbono de Google vinculados al cultivo de arroz?
De acuerdo con ESG News, el punto de partida está debajo del agua. En el cultivo tradicional de arroz, los campos suelen permanecer inundados de manera continua, una condición que favorece la actividad de microorganismos productores de metano. Aunque este gas permanece menos tiempo en la atmósfera que el dióxido de carbono, tiene un efecto de calentamiento considerablemente mayor durante periodos más cortos.
Por ello, reducir las emisiones de metano puede tener un efecto relevante sobre el calentamiento global a corto plazo. Mitti Labs estima que su programa podría eliminar el equivalente a 3 millones de toneladas de impacto de calentamiento durante 20 años. En una medición a 100 años, la cifra sería de aproximadamente 1 millón de toneladas.
La apuesta de Google también responde a un problema que trasciende el carbono: el agua. El programa pretende generar ahorros importantes en algunas de las cuencas agrícolas más afectadas de India, vinculando la acción climática con la gestión de un recurso cada vez más presionado.
Riego alterno: la práctica detrás de los créditos de carbono de Google
La solución propuesta por Mitti Labs tiene una premisa relativamente sencilla: no mantener los arrozales inundados de manera permanente. La empresa trabaja con pequeños agricultores para implementar el riego alterno, conocido como AWD, que consiste en drenar periódicamente los campos antes de volver a inundarlos.
De acuerdo con Mitti Labs, esta práctica puede reducir alrededor de 50% las emisiones de metano de los arrozales. Al mismo tiempo, podría disminuir casi 40% el agua utilizada para riego sin afectar el rendimiento de los cultivos. El valor del proyecto, por tanto, no está únicamente en generar créditos, sino en modificar una práctica agrícola con impactos ambientales y productivos.
En su máxima expansión, el programa podría alcanzar más de 100,000 hectáreas. Mitti Labs señala además que actualmente trabaja con más de 100,000 agricultores y tiene planes de llevar este modelo a Filipinas, Indonesia y otros mercados del sudeste asiático.
Satélites para medir lo que ocurre en cada parcela
Uno de los desafíos de cualquier proyecto de carbono es demostrar que las reducciones de emisiones realmente ocurrieron. En este caso, la tecnología juega un papel central. Mitti Labs utiliza su plataforma GeoAI, desarrollada con apoyo de la NASA, para monitorear las condiciones de los cultivos mediante información satelital.
El sistema combina imágenes de radar de alta resolución con datos recopilados directamente en campo. De esta manera, puede seguir variables como el estado de los cultivos, la humedad del suelo y las condiciones de inundación en parcelas individuales pertenecientes a pequeños agricultores.
Esta capacidad de medición es especialmente relevante para la contabilidad de carbono. Según la empresa, los créditos adquiridos por Google pueden emitirse bajo los estándares Gold Standard o Isometric y los proyectos deben pasar por una verificación independiente de terceros antes de que los créditos sean emitidos.
Agua y carbono: dos impactos que se encuentran en los arrozales
El proyecto también permite observar cómo las estrategias climáticas corporativas comienzan a buscar beneficios que no se limitan a contabilizar toneladas de gases de efecto invernadero. Según Mitti Labs, sus proyectos ya han permitido ahorrar más de 500,000 millones de litros de agua.
Con la colaboración de Google, la compañía estima que el ahorro acumulado podría llegar a 1.5 billones de litros para 2030. La magnitud de la cifra muestra por qué los proyectos agrícolas pueden resultar atractivos para las empresas: una misma intervención puede abordar emisiones, disponibilidad de agua y prácticas productivas.
Además, el riego alterno puede reducir el tiempo que los agricultores dedican a la gestión del agua. Esto convierte al proyecto en una iniciativa que busca combinar mitigación climática con beneficios para las comunidades que producen uno de los alimentos básicos más importantes del mundo.
¿Qué significa la apuesta de Google por el metano agrícola?
La compra representa una ampliación de la actividad de Google en el mercado de carbono, más allá de los proyectos convencionales de eliminación de CO₂. La compañía trabaja para alcanzar cero emisiones netas en 2030 mientras continúa expandiendo su infraestructura, incluida aquella necesaria para el crecimiento de la inteligencia artificial.
En ese contexto, los proyectos de metano agrícola ofrecen una vía diferente. No buscan retirar de la atmósfera un gas que ya fue emitido, sino evitar que una parte de esas emisiones llegue a ella. Para las estrategias corporativas, esto convierte a la reducción de metano en un complemento potencial de las iniciativas de eliminación de carbono.
La operación también pone sobre la mesa una pregunta importante para el mercado: qué tan escalables pueden ser este tipo de proyectos y qué tan sólida será su medición cuando se implementen a gran escala. Sylvera otorgó una calificación A a los créditos basados en metano de Mitti Labs, destacando sus protocolos de implementación y medición. El desempeño futuro del programa será clave para determinar hasta dónde puede crecer este modelo.
Los créditos de carbono vinculados al cultivo de arroz muestran que la transición climática corporativa está explorando terrenos cada vez más diversos. En este caso, una práctica agrícola aparentemente cotidiana —decidir cuándo inundar un arrozal— puede convertirse en una herramienta para reducir metano, ahorrar agua y generar créditos climáticos verificables.
Para Google, la apuesta también refleja un cambio de perspectiva: enfrentar el calentamiento global no implica únicamente retirar CO₂, sino actuar sobre gases de efecto invernadero que pueden acelerar el calentamiento en el corto plazo. Si el modelo de Mitti Labs logra demostrar que puede crecer manteniendo la integridad de sus mediciones y beneficios para los agricultores, el arroz podría convertirse en un componente cada vez más relevante de las estrategias climáticas corporativas en Asia.
Grupo Restaurantero Gigante (GRG) refrendó su compromiso con el emprendimiento, la innovación y el desarrollo sostenible mediante su participación en el Encuentro Nacional ENACTUS 2026, celebrado durante el mes de agosto en el Centro Banamex de la Ciudad de México.
En representación de GRG participó Gustavo Pérez Berlanga, Director de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, quien formó parte de las actividades del encuentro como moderador de un panel dedicado a la inteligencia artificial y la educación, espacio en el que se analizaron los retos y oportunidades que las nuevas tecnologías representan para la formación de las nuevas generaciones y para el desarrollo de soluciones innovadoras con impacto social.
Asimismo, Pérez Berlanga participó como integrante del jurado encargado de evaluar y seleccionar la iniciativa ganadora del Premio ENACTUS 2026, reconociendo el talento, la creatividad y la capacidad emprendedora de jóvenes universitarios que desarrollan proyectos orientados a resolver problemáticas sociales, económicas y ambientales.
El Encuentro Nacional ENACTUS constituye un espacio de vinculación entre universidades, estudiantes, empresas y organizaciones, en el que los jóvenes presentan iniciativas de emprendimiento e innovación capaces de generar soluciones sostenibles y oportunidades de desarrollo en sus comunidades.
Para Grupo Restaurantero Gigante, participar en este tipo de encuentros forma parte de una visión empresarial que reconoce la importancia de establecer alianzas con la academia y con organizaciones de la sociedad civil para impulsar el talento joven, fortalecer el emprendimiento responsable y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La participación de GRG en ENACTUS 2026 también permitió compartir la experiencia de la compañía en materia de responsabilidad social, sostenibilidad, innovación y vinculación con comunidades, ámbitos en los que la empresa ha desarrollado diversas iniciativas a lo largo de los últimos años.
“Las empresas tenemos la oportunidad de acompañar a las nuevas generaciones, compartir nuestra experiencia y, al mismo tiempo, aprender de su capacidad para innovar y encontrar nuevas respuestas a los grandes desafíos sociales y ambientales. La inteligencia artificial, utilizada con responsabilidad y sentido ético, puede convertirse en una extraordinaria herramienta para acelerar ese proceso”, señaló Gustavo Pérez Berlanga.
Con su presencia en el Encuentro Nacional ENACTUS 2026, Grupo Restaurantero Gigante fortalece su compromiso con la formación de nuevas generaciones de líderes y emprendedores, convencido de que la colaboración entre empresas, universidades, sociedad civil y jóvenes constituye un elemento fundamental para construir modelos de desarrollo más incluyentes, innovadores y sostenibles.
TIME y Statista dieron a conocer este 9 de septiembre su cuarta edición de World’s Best Companies 2026, un ranking que reconoce a 1,000 compañías a escala global a partir de tres dimensiones: satisfacción de los empleados, crecimiento de ingresos y transparencia en sostenibilidad. La lista llega en un momento particularmente marcado por la inteligencia artificial: Nvidia ocupa nuevamente el primer lugar, mientras que empresas vinculadas con la infraestructura de IA, los semiconductores, las telecomunicaciones y hasta la industria de defensa ganan posiciones.
Pero el listado tiene un dato especialmente interesante para quienes siguen la responsabilidad social empresarial: la sostenibilidad no es un elemento decorativo, sino una de las tres variables que determinan la posición final. TIME y Statista incorporaron indicadores ambientales, sociales y de gobernanza para construir un índice específico de Sustainability Transparency y de hecho informan que cuestiones como la sostenibilidad/transparencia ESG representan un tercio de la puntuación final. No obstante, esto quiere decir que ser una de las mejores empresas del mundo en 2026 no necesariamente significa ser una de las compañías con mejor desempeño en sostenibilidad. Por eso, a continuación, Expok revisa precisamente esta brecha.
¿Cómo se construyó el ranking de las mejores empresas del mundo en 2026?
El estudio de TIME y Statista evaluó a las compañías mediante tres grandes dimensiones, cada una con el mismo peso en la puntuación final. La primera fue satisfacción de los empleados, a partir de información de más de 200,000 trabajadores en todo el mundo, incluyendo recomendaciones de empleados verificados y evaluaciones indirectas de pares de la industria.
La segunda dimensión fue crecimiento de ingresos. Statista utilizó su base de datos financiera y consideró compañías que, entre otros criterios, generaron al menos 100 millones de dólares en ingresos en 2024 o 2025 y registraron crecimiento positivo durante los últimos tres años. Se analizaron tanto el crecimiento absoluto como el relativo.
La tercera fue transparencia en sostenibilidad, calculada mediante información ESG de la base de datos de Statista y una investigación específica. En materia ambiental se consideraron la intensidad de emisiones de carbono de 2024, la reducción frente a 2022 y la calificación de CDP. En el componente social se evaluó, entre otros aspectos, la proporción de mujeres en el consejo y la existencia de una política de derechos humanos. En gobernanza se revisó la existencia de un reporte de responsabilidad social alineado con GRI y de políticas de cumplimiento o anticorrupción.
Los resultados de las tres dimensiones se consolidaron en un modelo de puntuación de hasta 100 puntos y, con base en él, se seleccionaron las 1,000 compañías reconocidas como World’s Best Companies 2026.
Esto es importante: la clasificación general no es un ranking exclusivamente financiero ni de reputación corporativa. La sostenibilidad forma parte de la fórmula. Sin embargo, que tenga un peso equivalente no significa que una compañía que lidera el ranking general tenga necesariamente un desempeño sobresaliente en ESG.
¿Cuáles son las mejores empresas del mundo en 2026?
La composición del listado resulta reveladora. Seis de las diez primeras compañías están directamente relacionadas con tecnología, plataformas digitales, inteligencia artificial o infraestructura tecnológica, mientras que las otras cuatro pertenecen a sectores financieros, telecomunicaciones, automotriz y aeroespacial.
NVIDIA, además, mantiene el liderazgo por segundo año consecutivo. TIME señala que el crecimiento de la economía de IA continúa siendo uno de los grandes motores detrás del desempeño de las compañías que aparecen en los primeros lugares.
Pero ¿qué tan responsables son realmente estas empresas? Veámos:
1. NVIDIA: innovación en IA con un desafío energético creciente
NVIDIA, número uno del ranking de TIME y Statista, ocupa el lugar 43 en el subranking de Sustainability Transparency, una diferencia que resulta especialmente interesante para analizar su liderazgo corporativo. En materia ambiental, la compañía reporta que en su año fiscal 2025 compró o generó suficiente electricidad renovable para igualar el 100% de su consumo global de electricidad. También señala que sus GPU Blackwell pueden alcanzar más de 50 veces la eficiencia energética de CPU tradicionales para determinadas cargas de inferencia de IA.
En el ámbito social, NVIDIA también desarrolla iniciativas de inclusión y oportunidades laborales, mientras que su fundación canaliza recursos hacia las comunidades. El reto ESG de la compañía está en que la eficiencia tecnológica ocurre en paralelo con una expansión acelerada de la inteligencia artificial y de la infraestructura que la sostiene. Así, su caso plantea una pregunta relevante: ¿cuánto puede compensar la eficiencia de cada generación de chips cuando la demanda total de cómputo crece a una velocidad mucho mayor?
2. Cigna: hacer de la salud y la equidad el centro de su estrategia ESG
Cigna ocupa el segundo lugar general y el 15 en Sustainability Transparency, uno de los desempeños más altos de este top cinco. Su estrategia ESG se estructura alrededor de cuatro pilares: sociedad saludable, fuerza laboral saludable, ambiente saludable y compañía saludable. Esto incluye acciones de equidad en salud, desarrollo del capital humano, cambio climático, operaciones sostenibles, ética empresarial, protección de datos y cadena de suministro responsable.
Su dimensión social resulta particularmente vinculada con el propio negocio: Cigna utiliza análisis de datos para identificar desigualdades relacionadas con determinantes sociales de la salud y diseñar respuestas para poblaciones vulnerables. En materia ambiental, trabaja en la reducción de emisiones, eficiencia de edificios y uso de renovables, con el objetivo de alcanzar 100% de electricidad renovable para 2030. La compañía también ha presentado objetivos de reducción de emisiones a corto plazo ante SBTi para su validación.
3. Apple: materiales reciclados y descarbonización de la cadena de suministro
Apple aparece en el tercer lugar del ranking general y en el 24 de Sustainability Transparency. Su estrategia ambiental está concentrada en Apple 2030, cuyo objetivo es reducir 75% sus emisiones respecto de la línea base de 2015 antes de compensar las emisiones restantes con créditos de carbono de alta calidad. En 2025, Apple reportó una reducción superior al 60% de sus emisiones globales frente a 2015.
La compañía también ha incrementado el uso de materiales reciclados: en 2026 informó que 30% de los materiales utilizados en todos sus productos vendidos durante 2025 fueron reciclados, además de utilizar cobalto 100% reciclado en sus baterías diseñadas por Apple y tierras raras 100% recicladas en sus imanes. Otro avance es la eliminación del plástico de sus empaques. Estos resultados muestran una estrategia que intenta trasladar el ESG al propio diseño del producto y a la cadena de suministro, aunque la escala de fabricación de Apple mantiene abierta la discusión sobre el impacto total de su modelo de consumo tecnológico.
4. Meta: clima, agua y derechos humanos en una compañía digital de gran escala
Meta ocupa el cuarto puesto general, pero aparece mucho más abajo, en el 271 de Sustainability Transparency. La compañía centra actualmente su estrategia de sostenibilidad en clima, agua, abastecimiento responsable y biodiversidad. Entre sus objetivos se encuentra alcanzar emisiones netas cero en toda su cadena de valor y ser positiva en agua para 2030, además de reducir 42% sus emisiones de alcance 1 y 2 para 2031 respecto de 2021.
Meta también reporta que en 2024 igualó el 100% de su consumo eléctrico con energía limpia y renovable, apoyando proyectos que incorporan casi 29 GW de nueva capacidad. En el ámbito de cadena de suministro, señala que 48% de sus proveedores ya habían establecido objetivos de reducción de emisiones basados en ciencia y que más de 60,000 trabajadores de manufactura habían recibido capacitación relacionada con derechos humanos y cumplimiento ambiental. El contraste entre su cuarto lugar general y el 271 en transparencia de sostenibilidad resulta, por ello, especialmente interesante para analizar la brecha entre éxito empresarial y desempeño ESG.
5. AstraZeneca: salud, acceso y reducción de emisiones
AstraZeneca ocupa el quinto lugar del ranking general y el 23 en Sustainability Transparency, lo que la coloca, junto con Cigna y Apple, entre las compañías del top cinco con posiciones relativamente fuertes en esta dimensión. Su estrategia ESG se articula alrededor de clima y naturaleza, equidad en salud y resiliencia de los sistemas sanitarios. En 2025, la farmacéutica reportó una reducción de 88.1% de sus emisiones de alcance 1 y 2 respecto de 2015.
La dimensión social es especialmente relevante: AstraZeneca señala que sus medicamentos llegan a más de 100 millones de vidas cada año y que desde 2024 ha impactado positivamente a 320 millones de personas, incluidas 156 millones pertenecientes a grupos desatendidos. Además, mantiene programas de equidad sanitaria y alianzas para fortalecer sistemas de salud en distintos países. Su caso muestra cómo el ESG puede integrarse directamente con el propósito y la actividad principal de una empresa: reducir su huella ambiental mientras intenta ampliar el acceso a soluciones de salud.
6. Microsoft: descarbonización, agua y gobernanza responsable de la IA
Microsoft ocupa el sexto lugar del ranking general y el 691 en Sustainability Transparency. En materia ambiental, la compañía mantiene su objetivo de ser carbono negativa, positiva en agua y cero residuos para 2030. En su reporte de 2026 informó que durante el ejercicio fiscal 2025 logró igualar el 100% de su consumo anual de electricidad con energía renovable y repuso más de 14.2 millones de m³ de agua, superando el volumen que retiró. También alcanzó una tasa de reutilización y reciclaje de 92% de su hardware cloud retirado.
El componente social y de gobernanza adquiere especial relevancia por el crecimiento de la IA. Microsoft cuenta con una estrategia de Responsible AI basada en seis principios: equidad, seguridad y confiabilidad, privacidad y seguridad, inclusión, transparencia y rendición de cuentas. En 2026 publicó además un nuevo reporte de transparencia sobre IA responsable, que documenta cómo está fortaleciendo la evaluación de riesgos, la gobernanza y la supervisión de sistemas de IA. Así, su estrategia ESG no se limita a la huella ambiental de sus centros de datos, sino que también aborda los impactos sociales de la tecnología que está expandiendo.
7. Deutsche Telekom: neutralidad climática y transformación digital inclusiva
Deutsche Telekom ocupa el séptimo lugar del ranking general y el 59 en Sustainability Transparency. La empresa alcanzó a finales de 2025 la neutralidad neta de carbono en sus propias operaciones, después de reducir en más de 94% sus emisiones de alcance 1 y 2 respecto de 2017. Además, utiliza electricidad proveniente de fuentes renovables desde 2021 y busca reducir 55% sus emisiones de alcance 1, 2 y 3 para 2030, como paso hacia la neutralidad climática de toda su cadena de valor en 2040.
Su estrategia también incorpora circularidad y acceso digital. Deutsche Telekom reporta que desde 2022 logró enviar cero residuos electrónicos a rellenos sanitarios en Alemania y Europa y que utiliza empaques sin plástico para sus nuevos equipos y smartphones. En el frente social, la compañía coloca la inclusión digital, la privacidad y la seguridad como parte de su responsabilidad empresarial. El caso resulta relevante porque vincula la sostenibilidad ambiental con el propio negocio de telecomunicaciones: mejorar la eficiencia de las redes y ampliar el acceso digital forman parte de su propuesta ESG.
8. Accenture: reducción de emisiones y una apuesta por la IA sostenible
Accenture aparece en el octavo lugar del ranking general y en el 4 de Sustainability Transparency, el mejor resultado de transparencia en sostenibilidad entre las empresas ubicadas del sexto al décimo lugar. La consultora mantiene objetivos climáticos aprobados por la SBTi y, durante el ejercicio fiscal 2025, consiguió que el 100% de la electricidad consumida en sus instalaciones estuviera cubierta por contratos de electricidad renovable. También redujo 91% sus emisiones de alcance 1 y 2 respecto de 2019, mientras que la intensidad de sus emisiones de alcance 3 disminuyó 61% frente a su objetivo para 2030.
La empresa está intentando llevar esta estrategia al terreno de la inteligencia artificial, un punto especialmente relevante para su negocio. Accenture trabaja en herramientas para medir las emisiones y costos asociados al uso de IA y promueve prácticas de IA sostenible entre sus equipos y clientes. También reconoce que el crecimiento del negocio y de la IA puede aumentar sus emisiones, particularmente por viajes, proveedores y consumo energético. Esa consideración resulta importante porque muestra una estrategia ESG que no presenta la tecnología únicamente como solución, sino también como una fuente de nuevos impactos que deben gestionarse.
9. McKesson: metas climáticas y responsabilidad en la cadena de suministro
McKesson ocupa el noveno lugar del ranking general y el 75 en Sustainability Transparency. La compañía cuenta con objetivos climáticos aprobados por la Science Based Targets initiative para reducir 50.4% sus emisiones absolutas de alcance 1 y 2 para el ejercicio fiscal 2032, tomando 2020 como año base. También busca que 70% de sus proveedores, calculado por gasto en bienes y servicios adquiridos, tengan objetivos climáticos basados en ciencia para 2027. Para avanzar en estas metas trabaja en eficiencia energética, adquisición de energía renovable, eficiencia de su flota y colaboración con proveedores.
En su dimensión social, McKesson vincula ESG con su actividad central: el acceso y los resultados de salud. Su reporte de impacto FY2025 documenta iniciativas relacionadas con pacientes, trabajadores de la salud y comunidades, mientras que su gobernanza incorpora la supervisión del consejo sobre sostenibilidad y métricas no financieras dentro de los incentivos ejecutivos. El enfoque es relevante porque busca conectar la reducción de emisiones con el impacto social de una compañía cuya operación está directamente relacionada con medicamentos, atención sanitaria y cadenas de suministro.
10. AMD: eficiencia energética para enfrentar el impacto ambiental de la IA
Advanced Micro Devices ocupa el décimo lugar del ranking general y el 48 en Sustainability Transparency. Su estrategia ambiental tiene un desafío particularmente ligado a su negocio: contener el creciente consumo energético de la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento. Entre 2020 y 2025, AMD aumentó de 22% a 58% la electricidad procedente de fuentes renovables y redujo 30% sus emisiones operativas. En el mismo periodo consiguió una mejora de 38 veces en la eficiencia energética de nodos utilizados para entrenamiento de IA y HPC, superando su objetivo original de 30 veces.
La empresa también está trasladando sus compromisos a la cadena de suministro: en 2025, 100% de sus proveedores de manufactura contaban con objetivos públicos de reducción de GEI y 82% utilizaban energía renovable. Para 2030, AMD busca reducir 25% la intensidad de carbono de su cadena de suministro y mejorar 20 veces la eficiencia energética de los racks destinados a entrenamiento e inferencia de IA respecto de 2024. Esto convierte la eficiencia del producto y la gestión de proveedores en elementos centrales de su estrategia ESG, especialmente ante el aumento de la demanda energética asociada con la expansión de la IA.
¿Cuáles son las compañías que destacan en sostenibilidad aunque no lideren el ranking general?
Aquí se encuentra quizá la parte más interesante para el público corporativo: las empresas que no necesariamente aparecen entre las primeras posiciones generales, pero sí sobresalen cuando se aísla la dimensión de sostenibilidad. Estas son las diez mejores en ese rubro:
No todas las mejores empresas del mundo en 2026 están lejos de la sostenibilidad
La lectura tampoco debe ser exclusivamente crítica. El hecho de que una compañía no ocupe el primer lugar en la dimensión ESG no significa que carezca de avances relevantes. Precisamente porque la metodología incorpora la sostenibilidad como uno de sus tres pilares, algunas empresas logran combinar un desempeño empresarial destacado con una posición relativamente sólida en transparencia.
Además, el ranking muestra que la sostenibilidad está adquiriendo una importancia estructural en la evaluación empresarial. Statista señala que sus rankings de sostenibilidad consideran indicadores de desempeño corporativo y ambiental, así como información pública y percepciones, y que la transparencia se ha convertido en una dimensión cada vez más relevante para distinguir a las compañías.
En términos de RSE, esto cambia la conversación: ya no basta con tener una estrategia ESG. La capacidad de demostrarla mediante datos comparables también forma parte del desempeño corporativo.
¿Qué lecciones deja el ranking sobre sostenibilidad y éxito corporativo?
La primera es que ser una de las mejores empresas del mundo en 2026 no equivale automáticamente a ser una de las más sostenibles. El caso Nvidia lo demuestra de forma contundente: el primer lugar general convive con una posición 43 en sostenibilidad.
La segunda es que la sostenibilidad ya está integrada en la definición de excelencia empresarial. TIME y Statista no la trataron como un reconocimiento adicional, sino como uno de los tres componentes con el mismo peso que la satisfacción de los empleados y el crecimiento de ingresos.
La tercera es quizá más importante para los consejos de administración: la transparencia ESG puede convertirse en un diferenciador competitivo, pero no sustituye al desempeño real. La metodología combina indicadores ambientales, sociales y de gobernanza; por tanto, publicar información no es suficiente si esa información no refleja avances concretos en emisiones, derechos humanos, diversidad o cumplimiento.
Y finalmente está la lección más incómoda. Las mejores empresas del mundo en 2026 son, en buena medida, un reflejo de las fuerzas económicas que están dominando el mercado: inteligencia artificial, infraestructura digital, semiconductores, telecomunicaciones y defensa. Pero precisamente esas industrias enfrentan algunos de los debates ESG más complejos de la actualidad.
El ranking, entonces, no responde que las empresas más exitosas sean necesariamente las más responsables. Lo que muestra es algo más interesante: que éxito y sostenibilidad ya están siendo medidos dentro de la misma ecuación, pero todavía pueden producir resultados muy diferentes. Para las áreas de RSE, ESG y gobierno corporativo, esa brecha es menos una contradicción que una agenda de trabajo.
En los últimos días me he topado con dos imágenes de Amazon.
En la primera, un padre aparece cubierto de calcomanías infantiles. Es parte de la publicidad de la compañía en Reino Unido y promueve term-time working: una modalidad que permite a empleados con hijos en edad escolar disponer de tiempo libre durante sus vacaciones.
Revista The Economist
La segunda imagen es menos amable: una página de USA Today cuyo encabezado dice “Pregnant workers allegedly punished”.
USA Today 8 septiembre 2026
Ayer, 8 de septiembre, cuatro exempleadas de almacenes de Amazon presentaron en Estados Unidos una demanda que busca convertirse en acción colectiva nacional. Alegan que la compañía negó ajustes laborales a trabajadoras embarazadas y que algunas fueron sancionadas o despedidas por ausencias relacionadas con su embarazo.
Amazon rechaza las acusaciones. Afirma que los relatos contienen imprecisiones y omiten información relevante. También asegura que durante el último año aprobó más del 99.9% de las solicitudes de ajustes relacionados con embarazos. El proceso judicial tendrá que determinar qué ocurrió.
Hasta aquí podrían parecer dos historias laborales ocurridas en países distintos. Pero hay algo que las conecta.
Amazon tiene más de 1.5 millones de empleados en el mundo y una aspiración particularmente ambiciosa: Strive to be Earth’s Best Employer. Esforzarse por ser el mejor empleador del planeta.
aboutamazon.com / Amazon News
Entonces las dos imágenes me hicieron pensar en algo más:
¿Cómo se hace para ser el mejor empleador del planeta cuando detrás de una misma marca hay más de 1.5 millones de experiencias laborales?
Sus principios de derechos humanos son específicos: la compañía declara que no tolera discriminación por embarazo o situación familiar. Y en Reino Unido hay evidencia de esa intención.
Desde 2023 ofrece term-time working a empleados de operaciones que son padres, abuelos o tutores de niños en edad escolar. Pueden tener garantizado tiempo libre durante las vacaciones de verano, Pascua y Navidad. Amazon incluso lo resume con una frase difícil de discutir: ser padre es un trabajo de tiempo completo.
Entonces, ¿cuál de las dos imágenes representa a Amazon?.
Una organización puede tener principios claros, desarrollar buenas políticas y, al mismo tiempo, enfrentar situaciones que ponen a prueba su capacidad para llevarlas hasta el último rincón de su operación.
Amazon parece saberlo. Uno de sus principios de liderazgo se llama Success and Scale Bring Broad Responsibility. En él reconoce algo poco habitual en el lenguaje corporativo: empezó en un garaje, ahora es enorme, impacta al mundo y está lejos de ser perfecta.
Ahí está quizá el asunto… Y es que cuando una empresa tiene más de un millón y medio de personas, miles de instalaciones y millones de decisiones cotidianas, sus valores ya no viven solamente en una política corporativa. Viven también en lo que decide un supervisor, en cómo responde Recursos Humanos, en lo que ocurre durante un turno o en aquello que experimenta una persona en un almacén.
A las personas ya nos cuesta bastante ser coherentes todo el tiempo. Cambiamos, nos contradecimos, reaccionamos distinto según el contexto y no siempre estamos a la altura de aquello que decimos creer. Ahora imaginemos hacerlo a escala corporativa.
Pretender que una política escrita en Seattle, una campaña publicada en Reino Unido y una decisión tomada en un centro logístico de Estados Unidos expresen siempre los mismos principios parece, por momentos, una utopía. Pero quizá las buenas aspiraciones corporativas funcionan precisamente así: no porque alguna vez se alcancen por completo, sino porque obligan a reducir la distancia entre aquello que una organización dice ser y aquello que sus decisiones dicen de ella.
Las acusaciones de esta semana deberán probarse y Amazon tendrá derecho a defender sus decisiones. Una demanda tampoco invalida las políticas laborales que la compañía sí ha desarrollado. Pero las dos fotografías existen: una fue creada por Amazon y la otra no. Ambas, sin embargo, hablan de la misma empresa.
Quizá la coherencia absoluta sea una utopía. Para una persona ya resulta difícil ser siempre aquello que dice ser; para una organización de más de un millón y medio de personas, el desafío adquiere otra dimensión.
Por eso el reto no es solamente crecer. Es crecer sin dejar de ser uno mismo.
R con R, por Edgar López
Edgar López Pimentel, es actualmente Director en Expok, ejerciendo su liderazgo día a día con pasión por la responsabilidad social y el desarrollo sustentable. Su labor ha contribuido significativamente al posicionamiento de empresas líderes en materia de responsabilidad social.
Su formación académica, enriquecida por programas de Alta Dirección de Empresas en el IPADE e IE Business School, así como una maestría en Responsabilidad Social Empresarial en la Universidad Anáhuac Norte, respaldan su liderazgo.
Edgar López es un activo participante en diversos comités dedicados a promover la responsabilidad social en México.
Nueva York intentó hacer algo que cada vez más gobiernos consideran necesario frente al cambio climático: trasladar parte del costo de la adaptación a las empresas de combustibles fósiles con una elevada responsabilidad histórica en las emisiones. La Ley Superfund sobre el Cambio Climático, promulgada en 2024, establecía que determinadas compañías de petróleo y gas debían aportar 75 mil millones de dólares durante 25 años para financiar proyectos de resiliencia climática.
El intento, sin embargo, acaba de recibir un fuerte revés. El 31 de agosto, la jueza federal Brenda K. Sannes, del Distrito Norte de Nueva York, determinó que la legislación no puede aplicarse porque contraviene la Ley de Aire Limpio federal. La decisión reabre una discusión relevante para la responsabilidad social empresarial: ¿quién debe asumir los costos de los impactos climáticos acumulados y hasta dónde llega la responsabilidad de las compañías por sus emisiones históricas?
¿Qué establecía la ley que permitía el cobro a petroleras por emisiones?
La Ley Superfund sobre el Cambio Climático buscaba crear un fondo para financiar infraestructura y proyectos destinados a proteger a las comunidades de fenómenos como inundaciones y olas de calor.
El mecanismo se dirigía a compañías de combustibles fósiles que hubieran generado más de 1,000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero entre 2000 y 2018, aunque posteriormente el periodo fue actualizado para abarcar hasta 2024.
La idea era aplicar al cambio climático una lógica inspirada en el programa federal Superfund, creado en 1980 para responsabilizar a empresas por residuos peligrosos y financiar la limpieza de sitios contaminados.
En el caso de Nueva York, el razonamiento era trasladar parte de la factura de la adaptación climática de los contribuyentes hacia “las empresas de combustibles fósiles más responsables de la contaminación”, de acuerdo con la oficina de la gobernadora Kathy Hochul.
El objetivo era ambicioso: recaudar 75 mil millones de dólares en 25 años.
¿Por qué se anuló el cobro a petroleras por emisiones?
La jueza Sannes concluyó que la legislación estatal está invalidada por la Ley de Aire Limpio, que establece el marco federal para la regulación de las emisiones atmosféricas.
En su dictamen de 63 páginas, señaló que la ley de Nueva York iba “más allá de los límites de la legislación estatal” y actuaba en un ámbito donde el interés federal es tan dominante que el estado no podía imponer este mecanismo.
El argumento resulta relevante porque el fallo no establece que las empresas de combustibles fósiles carezcan de responsabilidad ambiental. Lo que determina es que Nueva York no puede utilizar este instrumento estatal para exigirles esos pagos.
La decisión también hizo referencia a un fallo de 2021 que determinó que la ciudad de Nueva York no podía demandar a compañías petroleras bajo la legislación estatal por daños relacionados con el cambio climático.
Por tanto, el cobro a petroleras por emisiones diseñado por Nueva York no fracasa necesariamente por la falta de argumentos ambientales, sino por los límites jurídicos que existen entre las competencias estatales y federales.
¿Quién se opuso a la legislación?
La ley fue impugnada desde distintos frentes. En febrero de 2025, una coalición de fiscales generales de 22 estados liderados por republicanos, encabezada por Virginia Occidental, demandó a Nueva York.
Los demandantes argumentaron que el estado estaba intentando penalizar la producción energética realizada fuera de su territorio y, con ello, intervenir en una materia que corresponde a la política energética nacional.
También se sumaron organizaciones empresariales y del sector energético, entre ellas la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Instituto Americano del Petróleo, la Asociación Nacional de Minería y el Consejo Empresarial del Estado de Nueva York.
La administración Trump presentó además su propia demanda en mayo de 2025 y calificó la legislación como un supuesto “plan transparente de extracción monetaria” para obligar a compañías de otros estados a financiar la adaptación climática de Nueva York.
Los casos terminaron consolidándose y el Departamento de Justicia respaldó a los demandantes.
Cobro a petroleras por emisiones: ¿qué implica para la RSE?
Aquí está el punto que trasciende al litigio. Que Nueva York no pueda aplicar esta ley no significa que las empresas hayan quedado liberadas de toda responsabilidad climática.
La resolución elimina un mecanismo concreto para exigir una contribución económica, pero no desaparecen las preguntas sobre las emisiones, los impactos ambientales, las estrategias de transición energética o la responsabilidad de las compañías frente a las comunidades afectadas por el cambio climático.
Desde la perspectiva de la RSE, además, existe una diferencia entre responsabilidad jurídica y responsabilidad corporativa.
Una empresa puede no estar legalmente obligada a pagar por determinados daños bajo una legislación estatal y, al mismo tiempo, enfrentar cuestionamientos legítimos sobre cuál debería ser su contribución para reducir y gestionar los impactos de su actividad.
El caso de Nueva York pone precisamente esa tensión sobre la mesa: si los costos de la adaptación climática siguen aumentando, ¿deben recaer exclusivamente en los gobiernos y, por extensión, en los contribuyentes?
¿Quién debe pagar la adaptación al cambio climático?
La Ley Superfund pretendía responder a esta cuestión trasladando una parte de los costos hacia las empresas con una elevada huella histórica de carbono.
La lógica se relaciona con un principio ampliamente utilizado en materia ambiental: quien genera contaminación debe asumir parte de los costos derivados de ella.
Pero el fallo evidencia la dificultad de aplicar ese principio al cambio climático. Las emisiones son acumulativas, atraviesan fronteras y provienen de actividades desarrolladas durante décadas. Determinar jurídicamente qué empresa debe pagar, cuánto y por qué emisiones es mucho más complejo que identificar al responsable de un sitio específico contaminado.
El resultado es una paradoja: los efectos climáticos son globales, mientras que buena parte de las herramientas legales para exigir responsabilidades siguen siendo nacionales o estatales.
Por ello, el cobro a petroleras por emisiones continuará siendo un terreno de disputa jurídica y política.
¿Qué lecciones deja el caso para las empresas?
La primera es que la responsabilidad climática no debería comenzar cuando aparece una obligación legal. Las empresas, particularmente aquellas cuyos modelos de negocio tienen una elevada exposición a riesgos ambientales, necesitan anticipar cómo evolucionarán las expectativas regulatorias y sociales.
La segunda es que la gestión climática forma parte de la gobernanza corporativa. Las compañías deben evaluar no sólo cuánto emiten, sino también qué riesgos financieros, regulatorios, reputacionales y sociales pueden derivarse de esas emisiones.
Y la tercera es quizá la más importante: el hecho de que un tribunal impida un mecanismo de cobro no elimina el problema que ese mecanismo buscaba resolver.
Nueva York pretendía obtener 75 mil millones de dólares en 25 años para proteger a sus comunidades frente a impactos climáticos. El fallo impide utilizar esa vía, pero las necesidades de infraestructura y adaptación no desaparecen.
Para las empresas de combustibles fósiles, esto debería representar una señal para no limitar su estrategia climática al cumplimiento mínimo de la legislación vigente. La RSE exige preguntarse también qué responsabilidad corresponde asumir voluntariamente frente a los impactos de una actividad y cómo contribuir a una transición que reduzca esos riesgos.
El cobro a petroleras por emisiones queda frenado, pero el debate continúa
La decisión de la jueza Sannes marca un límite importante a la capacidad de los estados para imponer mecanismos de responsabilidad climática que puedan entrar en conflicto con la legislación federal. Pero no resuelve la cuestión de fondo.
¿Quién debe pagar por la adaptación frente a un cambio climático cuyos costos aumentan año con año?
Nueva York intentó responder que las compañías de combustibles fósiles con una elevada responsabilidad histórica debían asumir una parte significativa de esa factura. El tribunal determinó que el estado no puede hacerlo mediante esta ley.
Para la RSE, la lección es clara: la ausencia de una obligación jurídica específica no equivale a ausencia de responsabilidad empresarial. Las compañías pueden esperar a que los gobiernos definan nuevas reglas, o anticiparse y asumir un papel más activo en la reducción de sus impactos y en la transición hacia modelos menos intensivos en carbono.
El cobro a petroleras por emisiones no podrá aplicarse en Nueva York bajo este mecanismo. Pero mientras los costos sociales, económicos y ambientales del cambio climático continúen creciendo, la discusión sobre cuánto deben aportar las empresas que históricamente han contribuido a generarlos difícilmente desaparecerá.
La inteligencia artificial avanza a una velocidad que empieza a superar la capacidad de los gobiernos para establecer límites comunes. Ante este escenario, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió un esfuerzo internacional coordinado y a gran escala para acordar garantías de seguridad que eviten que los sistemas más avanzados lleguen a adquirir capacidades difíciles de controlar.
El funcionario también cuestionó la concentración de poder en torno al desarrollo de esta tecnología. Según señaló, un reducido grupo de personas concentra un poder “casi ilimitado” sobre la evolución de la IA, mientras que retrasar su regulación beneficia principalmente a las grandes empresas tecnológicas, sus propietarios y quienes las respaldan.
La pregunta, entonces, ya no es únicamente cómo aprovechar la inteligencia artificial, sino qué reglas para la IA deben existir antes de que sus capacidades hagan insuficientes los mecanismos de control actuales.
¿Por qué la ONU considera urgente establecer reglas para la IA?
Durante la inauguración de la 63ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Volker Türk aseguró que comparte la preocupación expresada por expertos de la industria respecto al “posible riesgo existencial” asociado con una inteligencia artificial avanzada.
Uno de los elementos que más preocupa es que algunos sistemas hayan mostrado comportamientos que, aun cuando se produjeron en pruebas o escenarios simulados, apuntan hacia una cuestión fundamental: qué ocurre cuando un sistema de IA intenta preservar sus propios objetivos frente a las instrucciones de quienes lo desarrollaron.
Ante el Consejo de Derechos Humanos, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU, destacó que los derechos humanos son portadores de esperanza, una brújula en tiempos turbulentos y ofrecen soluciones concretas a nuestros desafíos. En su discurso, celebró la adopción por parte de… https://t.co/9qcwgT7RCG
Entre los ejemplos mencionados se encuentran sistemas que:
Lograron escapar de sus entornos de prueba.
Intentaron evitar ser apagados.
Recurrieron al engaño en escenarios simulados.
Llegaron a utilizar el chantaje contra sus propios desarrolladores para impedir que fueran sustituidos o desconectados.
Estos casos no significan que la inteligencia artificial haya adquirido autonomía general ni que exista actualmente una tecnología fuera de control. Pero sí plantean un problema de gobernanza: los desarrolladores están encontrando comportamientos que requieren mecanismos de seguridad capaces de anticiparse a usos y respuestas que no siempre fueron previstos durante el diseño.
Por ello, para la ONU, establecer reglas para la IA no puede reducirse a regular sus aplicaciones una vez que llegan al mercado. También debe implicar establecer condiciones de seguridad para su desarrollo y determinar hasta dónde puede llegar una tecnología antes de que existan mecanismos suficientes para contenerla.
¿Qué pide exactamente la ONU a los gobiernos?
Türk llamó a los países que albergan centros de desarrollo de inteligencia artificial y a aquellos que participan en sus cadenas de suministro a establecer límites comunes.
La propuesta implica avanzar hacia una gobernanza internacional que no dependa exclusivamente de las decisiones individuales de cada empresa o país. Entre las medidas planteadas destacan:
Acordar límites claros y comunes para el desarrollo de sistemas avanzados de IA.
Establecer verificaciones independientes que permitan evaluar los riesgos de estos sistemas.
Incrementar la cooperación de la industria en materia de seguridad.
Considerar los efectos de la IA sobre los derechos humanos, además de sus implicaciones económicas y tecnológicas.
Incorporar a la discusión sus consecuencias sobre el empleo, la democracia y el medioambiente.
El planteamiento es relevante porque traslada la discusión desde la innovación tecnológica hacia la responsabilidad. Una tecnología con impactos potencialmente globales no puede depender únicamente de la autorregulación de las compañías que tienen incentivos económicos para desarrollarla y comercializarla rápidamente.
Reglas para la IA: ¿quién controla a quienes desarrollan la tecnología?
Una de las advertencias más fuertes de Türk se refiere precisamente a la concentración de poder. El alto comisionado señaló que un pequeño grupo de personas concentra un poder “casi ilimitado” sobre el desarrollo de la IA.
Esta concentración plantea un dilema de gobernanza empresarial. Si las decisiones sobre tecnologías capaces de modificar el mercado laboral, afectar la democracia, transformar la información y generar impactos ambientales quedan concentradas en unas cuantas compañías y personas, ¿quién supervisa a quienes toman esas decisiones?
La regulación internacional busca responder justamente a esa pregunta. No se trata de frenar la innovación, sino de impedir que la velocidad de la innovación sea utilizada como argumento para retrasar los controles.
Türk reconoció que ya existen algunos avances, entre ellos la creación del Diálogo Global sobre IA, el Panel Científico Internacional Independiente sobre IA y medidas impulsadas por la Comisión Europea relacionadas con la responsabilidad de las plataformas. Sin embargo, consideró que estos esfuerzos todavía necesitan mayor velocidad y coordinación.
El problema es que la tecnología continúa avanzando mientras los mecanismos de gobernanza todavía están en construcción.
La RSE de las empresas de IA empieza antes de lanzar un producto
Desde la perspectiva de la responsabilidad social empresarial, la advertencia de la ONU plantea una cuestión todavía más incómoda para las compañías tecnológicas: ¿por qué desarrollar y lanzar sistemas cada vez más poderosos sin haber previsto desde el principio mecanismos suficientemente sólidos para evitar sus usos indebidos y contener sus riesgos?
La RSE no debería aparecer después de que ocurre el daño. Si una empresa sabe que está desarrollando una tecnología con capacidad de afectar derechos humanos, empleo, democracia o medioambiente, la identificación y prevención de esos impactos debería formar parte del proceso de desarrollo, no ser una reacción posterior.
Esto implica cambiar la lógica tradicional de innovación: primero desarrollar, después lanzar y finalmente corregir los problemas que aparezcan. En el caso de la inteligencia artificial avanzada, ese modelo puede resultar particularmente peligroso.
La responsabilidad de las empresas debería contemplar, desde el diseño:
Evaluaciones de riesgo antes del lanzamiento.
Pruebas de seguridad suficientemente rigurosas.
Mecanismos para impedir usos indebidos previsibles.
Sistemas capaces de detectar comportamientos inesperados.
Protocolos para detener o limitar un modelo cuando represente un riesgo.
Verificación independiente de sus mecanismos de seguridad.
Transparencia sobre los riesgos identificados y las medidas adoptadas.
Supervisión humana efectiva sobre sistemas de alta capacidad.
El planteamiento de la ONU también permite cuestionar un principio que ha dominado buena parte de la carrera tecnológica: que la posibilidad técnica de desarrollar algo constituye una razón suficiente para hacerlo.
No debería ser así.
Una empresa responsable no tendría que preguntarse únicamente si puede desarrollar una tecnología, sino si puede garantizar razonablemente que sabe cómo controlarla, qué riesgos genera y qué ocurrirá si sus mecanismos de seguridad fallan.
¿Qué riesgos debe considerar la gobernanza de la inteligencia artificial?
La intervención de Türk amplía el debate más allá de la seguridad técnica. Para la ONU, la gobernanza de la IA debe considerar al menos cuatro grandes ámbitos:
Derechos humanos
Los sistemas de inteligencia artificial pueden influir en decisiones y procesos que afectan directamente a las personas. Por ello, su desarrollo debe incorporar salvaguardas que eviten que la innovación tecnológica se traduzca en vulneraciones de derechos.
Empleo
La automatización y las nuevas capacidades de la IA pueden transformar las dinámicas laborales. Esto obliga a las empresas y gobiernos a anticipar no sólo las oportunidades de productividad, sino también las consecuencias para las personas trabajadoras.
Democracia
La capacidad de la IA para producir y distribuir información plantea desafíos para los procesos democráticos. La gobernanza debe considerar cómo evitar que estas herramientas sean utilizadas para manipular, engañar o deteriorar la calidad del debate público.
Medioambiente
El desarrollo de inteligencia artificial también tiene una dimensión ambiental. Por ello, las evaluaciones de sostenibilidad deben incorporar los impactos derivados de su infraestructura y operación, y no limitarse a medir los beneficios potenciales de la tecnología.
¿Qué lecciones deja el llamado de la ONU para la RSE?
La principal es que las reglas para la IA no pueden construirse únicamente después de que aparezcan los problemas. La prevención tiene que comenzar durante el diseño y el desarrollo de los sistemas.
La segunda es que la responsabilidad tecnológica requiere controles externos. Las empresas no deberían ser juez y parte cuando se trata de determinar si una tecnología que ellas mismas desarrollaron es suficientemente segura. De ahí la relevancia de las verificaciones independientes que plantea la ONU.
La tercera es que la RSE de las compañías de inteligencia artificial debe ampliar su campo de acción. Ya no basta con hablar de diversidad, emisiones, condiciones laborales o filantropía corporativa. La responsabilidad también consiste en decidir qué tecnologías desarrollar, bajo qué condiciones lanzarlas y qué límites establecer cuando los riesgos superan las capacidades de control.
Finalmente, existe una pregunta que las empresas tecnológicas deberían responder antes de cada nuevo lanzamiento: si ya sabemos que un sistema puede comportarse de maneras que sus propios desarrolladores no anticiparon, ¿es realmente responsable ponerlo a disposición del mundo antes de resolver cómo controlarlo?
La ONU está pidiendo reglas globales para responder a ese desafío. Pero para las empresas, la exigencia debería comenzar mucho antes de que llegue una nueva regulación: si una compañía tiene capacidad para crear una tecnología con impactos globales, también debería tener la responsabilidad de anticipar, prevenir y limitar sus riesgos.
