El sismo del pasado 19 de septiembre del 2017 sacudió a todo el país, dejándolo con serias consecuencias y devastaciones. En varios estados, casas y edificios se vinieron abajo y muchas personas se quedaron sin hogar. A pesar de la ayuda que, tanto la gente como el gobierno ofreció, no ha sido suficiente para arreglar al 100% todas las consecuencias que el movimiento telúrico dejó.
Cuando éste se presentó, en una escala de 7.1 grados en escala de Richter, el entonces jefe de Gobierno de la ciudad de México, anunció la creación de un Plan de Reconstrucción, Recuperación y Transformación para la Ciudad, con el objetivo de brindar una atención inmediata a los afectados y aplicar de forma correcta y transparente los recursos públicos.
Sin embargo, a un año del 19S, los planes anunciados no han sido cumplidos, al contrario, los procesos han sido poco transparentes y lentos.
Reconstrucción de CDMX: procesos poco transparentes y lentos
Fueron más de 8 millones de pesos los que fueron asignados por el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018, para acciones de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México. Dicho monto incluía 1,500 millones de pesos derivados del fondo de Reconstrucción para entidades Federativas previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Pasaron seis meses para que se pudieran establecer los proyectos para la reconstrucción en los que se destinaría dinero público, toda vez que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que hasta febrero tuvo la facultad para aprobar los rubros en los que se destinaría el Fondo de Reconstrucción de la Ciudad de México nunca ejerció presupuesto o puso en marcha algún proyecto destinado para ayudar.
Para el actual titular de la comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, Edgar Tüngí, los candados de la Ley de Reconstrucción, que establecían que los legisladores locales tenían que determinar el destino de los recursos, “atoró importantemente” el flujo de estos.
“Eso hizo que renunciara el anterior comisionado (Ricardo Becerra), a él le tocó elaborar un programa de reconstrucción que no podía operar por no tener control de recursos. Nos tocó llegar a desatorar el tema e irle dando sentido al propio programa de reconstrucción. Si bien había una Ley de Reconstrucción faltaba toda la parte reglamentaria, hemos sacado una cantidad de muchos lineamientos y normatividad”.
De acuerdo con Forbes, tras acusar de intentar destinar estos recursos para promoción electoral a los integrantes de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, Jorge Romero del PAN y Mauricio Toledo se implementaron los cambios.
Sin embargo, fue a la llegada del Comisionado para la que dice que fue a su llegada que se estableció una ruta para determinar los proyectos de reconstrucción en los que se destinarían recursos.
“A partir de ahí decidimos hacer una comisión más operativa, a sesionar cada semana, los días miércoles y en el seno de la comisión recibir a los titulares de las diferentes dependencias que ocuparan o necesitaran dinero para poder llevar a cabo sus acciones dentro del marco de la construcción para saber de qué se trataban sus acciones y poderlas aprobar. Al final se nos presentaron alrededor de 121 acciones de las cuales solo aprobamos 49”.
Para apoyar la reconstrucción o rehabilitación de vivienda, se creó el Fideicomiso para la Reconstrucción de Vivienda en junio pasado, al que se le destinaron 5,600 millones de pesos.
“El objetivo de empezar a depositar ahí el dinero, por un lado, era asegurar que había dinero al final de gobierno y sobre todo en el cambio de año. Normalmente lo que establece es que al fin de año todo lo que no gastes o ejecutes lo tienes que regresar a tesorería, una vez que estás frente al fideicomiso en el que los beneficiados son los propios damnificados, aseguramos que serán los beneficiados contando con los recursos”.
«De los 8,772 millones de pesos que se asignaron en el presupuesto del gobierno de la Ciudad de México hacia el 4 de julio, mitad de ciclo fiscal, la secretaría de finanzas informó a la comisión de reconstrucción que no podía comprobar el ejercicio del gasto más de 283 millones, es decir de 4.5% del total”.
