Para construir una sociedad resiliente y sostenible, es necesario saber qué es la justicia ambiental, ya que a través de ella podremos entablar acuerdos que beneficien a todas las personas. Esto es particularmente importante para la industria, porque la crisis climática en gran medida fue provocada por la actividad económica sin control de todos los sectores. La cual ha incrementado la temperatura global debido a la emisión excesiva de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Sin embargo, no todos los actores globales se han sumado a las medidas para mitigar el impacto del cambio climático de manera efectiva. Por ello, es necesario que los compromisos internacionales tengan una base legal vinculante, ya que, de no actuar a la brevedad, el futuro de las próximas generaciones se verá severamente afectado por el acelerado cambio en el clima y los ecosistemas.
Debemos recordar que las consecuencias no se limitan a un aumento en la temperatura, sino que se perderán especies y se alterarán los ciclos naturales, provocando un colapso en el sistema alimentario. Además, la invasión de nuevas áreas naturales puede generar el surgimiento de enfermedades zoonóticas, como la COVID-19. Por ello, te contamos qué es y lo que implica la justicia ambiental.
Justicia ambiental, ¿qué es?
Podemos definir qué es la justicia ambiental como «la distribución equitativa de cargas y beneficios en el uso y aprovechamiento de los bienes naturales de interés común, como son, por ejemplo, el agua y el aire». Es decir, todas las personas y organizaciones tenemos derecho a usar los recursos naturales y, al mismo tiempo, tenemos el compromiso de cuidarlos.
Esta protección no se trata de una promesa, sino que es una obligación legal contemplada en las leyes y códigos que tienen relación con el medio ambiente y la ecología. Por ello, se incluye como parte de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) e Individual, ya que la explotación de los servicios que nos brindan los ecosistemas se debe detener si amenaza la regeneración del medio ambiente y los derechos de las demás personas.
Respecto a estos últimos, es importante recordar que deben ser protegidos por el sistema de justicia, para garantizar:
- Aire limpio.
- Agua potable.
- Alimentos sanos.
- Clima estable.
- Biodiversidad próspera.
- Ecosistemas saludables.
No obstante, es responsabilidad colectiva que el uso y el aprovechamiento de los elementos de la naturaleza se realice con ética, evitando conflictos de interés. Y, es en estos casos en donde la justicia ambiental actúa para asegurar que la distribución sea equitativa y no dañe la fuente de los recursos.
¿Cómo se aplica la justicia ambiental?
Para aplicar la justicia ambiental es necesario conocer algunos principios del Derecho Ambiental que pertenecen a la normatividad internacional. El primero de ellos es el principio de la «obligación de prevenir, reducir y controlar el daño ambiental«:
«Los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental, y la obligación de asegurarse de que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional».
Principio 21 de la Declaración de Estocolmo Sobre el Medio Ambiente Humano (1972).
Por otro lado, el principio «el que contamina paga«, emitido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en 1972 y ratificado en la Declaración de Río, dicta lo siguiente:
«Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales».
Principio 16 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992).
Lo cual ha motivado el nacimiento de los impuestos verdes, aplicados a los comportamientos nocivos para la salud del planeta, así como la tipificación de delitos ambientales, la creación de leyes para la protección de los ecosistemas y los recursos naturales, así como la constitución de instituciones gubernamentales dedicadas a velar por la protección de los derechos ambientales.
Aunque hay más principios en las declaraciones internacionales y en las leyes nacionales locales, académicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí destacan los siguientes:
- Sustentabilidad: Limitación de la sobrecarga de las funciones ambientales para evitar el deterioro de la calidad ambiental en el futuro.
- Partes iguales: Todos los seres humanos merecen el mismo espacio ambiental, es decir, el uso de recursos debe ser equitativo.
- Mitad y mitad: La distribución del territorio debe ser 50/50 para seres humanos y seres no humanos, limitando la invasión de más áreas naturales.
Para construir políticas y estrategias sobre lo que es justicia ambiental, es necesario considerar estos principios. Y, esto no se limita solo a los organismos de gobierno, sino que el sector privado debe integrarlos en las respectivas estrategias ambientales. Además, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección del planeta, y la población en general, deben basarse en conocimiento científico y nociones legales para evitar acciones indebidas.
Hay que evitar la injusticia ambiental
La crisis ambiental actual fue ocasionada por acciones contrarias a todo lo que es la justicia ambiental, resultando en cargas excesivas que afectan especialmente a las comunidades menos favorecidas. Esta situación no solo se presenta en países en vías de desarrollo, sino en países ricos donde las desigualdades sociales provocan que ciertos grupos vean comprometida su salud y bienestar por vivir cerca de zonas contaminadas o sobreexplotadas.
En el caso de México, de 2012 a 2017 se registraron 560 conflictos socio-ambientales relacionados con minería (173), agua (86), energía (74), proyectos megaturísticos (49), expansión urbana (38), uso forestal (37), agricultura (35), residuos tóxicos y peligrosos (34), construcción de carreteras (16), pesca (10) y biotecnología (8). Todos ellos enfrentaban intereses de la industria y el gobierno con el bienestar de las poblaciones humanas y no humanas.
De acuerdo con datos del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la UNAM, cada una de estas situaciones surgieron porque los proyectos podrían tener consecuencias a la salud, así como contaminación, destrucción de ecosistemas e invasión de propiedades. Aunque en algunos casos se pudo negociar, en otros se recurrió a la represión de las comunidades locales para seguir con las actividades. Además, esto ha provocado el encarcelamiento de opositores a los proyectos, violando no solo los principios del Derecho Ambiental, sino también los Derechos Humanos.
Justicia ambiental en beneficio de todas las personas
Por todo ello, es necesario que las autoridades nacionales e internacionales aumenten los esfuerzos para garantizar justicia en todas las situaciones de conflicto. Un ejemplo de ello es el Programa de Procuración de Justicia Ambiental de la PROFEPA que fomenta la creación e implementación de estrategias y acciones para proteger el medio ambiente y a las comunidades.
Asimismo, las empresas, desde su RSE, deben actuar según los principios de la justicia ambiental, pues son actores sociales con gran injerencia en el futuro tanto de sus intereses monetarios como del bienestar de todas las personas. Esto es algo que se ha convertido en parte fundamental de la transición económica de la actualidad, ya que la industria ha comenzado a trabajar para proteger los intereses de sus grupos de interés.
Empresas, inversionistas, comunidades, familias, individuos, gobiernos y otras organizaciones deben tener muy claro qué es la justicia ambiental, porque en este planeta vivimos todos. Y, según los principios del Derecho Ambiental, es nuestra responsabilidad cuidar todos los servicios que nos dan los ecosistemas, así como exigir que otras entidades actúen también de forma ética.
