La transparencia sobre lo que contienen los alimentos vuelve al centro del debate en Estados Unidos. El 10 de agosto, Robert F. Kennedy Jr. anunció una propuesta para modificar el sistema mediante el cual las empresas notifican a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) la incorporación de nuevos ingredientes a los productos alimentarios. De acuerdo con Time, la iniciativa busca obligar a las compañías a presentar notificaciones cuando utilicen sustancias que consideren “generalmente reconocidas como seguras” (GRAS). De aprobarse, representaría un cambio relevante para la transparencia en los alimentos, al reducir el margen que actualmente permite a las empresas decidir si informan o no sobre determinados compuestos.
La propuesta surge en un contexto en el que existe incertidumbre sobre cuántas sustancias químicas están presentes realmente en los alimentos que consume la población estadounidense. Un análisis de 2026 del Environmental Working Group identificó al menos 111 sustancias que habían sido incorporadas a productos como cereales, barras energéticas y bebidas deportivas sin notificación a la FDA. Para Kennedy, el problema es que ni siquiera existe una cifra precisa sobre la cantidad total de sustancias químicas presentes en los alimentos. La nueva medida busca precisamente cerrar esa brecha de información y avanzar hacia una mayor transparencia en los alimentos.
¿Qué cambiaría para las empresas de alimentos?
Durante años, el sistema GRAS permitió que las propias empresas determinaran que ciertos ingredientes eran generalmente reconocidos como seguros y decidieran si presentaban o no una notificación ante la FDA. En la práctica, esto significaba que una compañía podía incorporar determinadas sustancias a sus productos sin necesariamente informar a la autoridad federal.
La nueva propuesta pretende cambiar ese mecanismo. Si llega a convertirse en una norma definitiva, las empresas tendrían que presentar una notificación GRAS cada vez que incorporen un nuevo producto químico a un alimento comercializado para el público.
“Al proponer notificaciones obligatorias de sustancias generalmente reconocidas como seguras (GRAS), estamos cerrando importantes lagunas de información y brindando a la FDA una mayor visibilidad sobre las sustancias que ingresan al suministro de alimentos”, afirmó Kyle Diamantas, comisionado interino de la FDA.
Para las compañías alimentarias, el cambio implicaría una mayor obligación de documentar y comunicar los ingredientes que incorporan a sus productos. También podría aumentar la necesidad de contar con procesos internos capaces de identificar sustancias, recopilar evidencia de seguridad y preparar la información requerida por la autoridad.
Sin embargo, la propuesta todavía no equivale a una obligación vigente. Primero deberá atravesar un proceso de elaboración de normas que podría prolongarse durante años. Además, especialistas anticipan posibles acciones legales por parte de la industria alimentaria, lo que podría retrasar todavía más su entrada en vigor.
La iniciativa tampoco significa que la FDA vaya a revisar automáticamente cada sustancia antes de que llegue al mercado. Las empresas podrían continuar comercializando un producto mientras notifican a la agencia, según explican los expertos citados. Por ello, la transparencia en los alimentos podría mejorar sin que necesariamente exista una revisión previa de seguridad para cada ingrediente.
Transparencia en los alimentos: ¿es suficiente para cerrar la brecha GRAS?
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona precisamente con la capacidad de la FDA para revisar las notificaciones. Melanie Benesh, vicepresidenta de asuntos gubernamentales del Environmental Working Group, considera que la propuesta constituye un “primer paso crucial”, aunque advierte que todavía no está claro si permitirá hacer los alimentos más seguros o garantizar una aplicación efectiva de las normas.
El problema es que la FDA enfrenta limitaciones de recursos y ya tiene dificultades para revisar los casos pendientes. Sin financiamiento adicional, las nuevas notificaciones podrían acumularse y ser evaluadas mucho después de que los productos hayan llegado al mercado.
Jennifer Pomeranz, abogada especializada en salud pública y profesora de la Escuela de Salud Pública Global de la Universidad de Nueva York, plantea que podrían explorarse mecanismos como las llamadas “cuotas de usuario”: pagos realizados por las propias empresas para financiar las revisiones regulatorias. Este modelo ya ha sido utilizado en otros sectores, como el de medicamentos genéricos, donde contribuyó a agilizar los procesos de evaluación.
Desde una perspectiva de responsabilidad empresarial, esto plantea una cuestión relevante: aumentar la información disponible no necesariamente equivale a garantizar la seguridad. La transparencia en los alimentos necesita estar acompañada de capacidad institucional para analizar esa información y de mecanismos claros para actuar cuando un ingrediente no cumple con los criterios de seguridad.
Pomeranz considera que el escenario ideal sería establecer una revisión previa a la comercialización de los nuevos ingredientes. Sin embargo, reconoce que una medida de ese tipo podría resultar difícil de implementar en el contexto político actual.
La tensión refleja una contradicción dentro de la propia agenda de la administración. Mientras el movimiento “Make America Healthy Again” (MAHA) impulsa una mayor transparencia de las empresas alimentarias, el movimiento “Make America Great Again” (MAGA) ha defendido históricamente una menor regulación.
Cuando la falta de información puede tener consecuencias
La discusión sobre GRAS no es únicamente administrativa. Para los especialistas, la existencia de sustancias que llegan a los consumidores sin una revisión suficientemente visible puede tener consecuencias concretas para la salud.
Thomas Galligan, científico principal de aditivos alimentarios y suplementos del Center for Science in the Public Interest, pone como ejemplo el caso de la harina de tara. En 2022, la empresa Daily Harvest utilizó esta sustancia en uno de sus productos de origen vegetal y posteriormente se relacionó con cientos de casos de personas enfermas.
La compañía no había presentado una notificación GRAS sobre la sustancia. En 2024, la FDA determinó que la harina de tara no se consideraba generalmente segura.
Para Galligan, este episodio demuestra que la brecha regulatoria tiene consecuencias reales. Algunas personas que consumieron el producto llegaron incluso a necesitar la extirpación de la vesícula biliar, según el especialista.
El caso también ilustra por qué una mayor transparencia en los alimentos puede ser relevante para la responsabilidad social de las compañías. Los consumidores no solo necesitan conocer qué productos compran, sino que las autoridades necesitan disponer de información suficiente para identificar sustancias potencialmente problemáticas y actuar cuando sea necesario.
Galligan espera que la propuesta federal modifique la manera en que las empresas toman decisiones sobre nuevos ingredientes, aunque advierte que podrían pasar años antes de que entre en vigor. La última vez que la FDA propuso cambios a una norma GRAS fue en 1997 y el proceso de modificación concluyó hasta 2016.
Ante esta incertidumbre, algunos especialistas están impulsando reformas a nivel estatal. En Nueva York, un proyecto aprobado por ambas cámaras legislativas y enviado a la gobernadora Kathy Hochul busca, en términos generales, prohibir la venta o utilización de determinadas sustancias GRAS en alimentos a menos que la empresa presente un informe detallado y público sobre el ingrediente ante el Departamento de Agricultura estatal.
Iniciativas similares están siendo consideradas en California y Nueva Jersey. Para Galligan, este tipo de medidas puede presionar a las empresas a modificar sus prácticas incluso antes de que exista una reforma federal definitiva.
Saber qué contienen los alimentos también es responsabilidad
La propuesta de la administración Trump coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta fundamental para la industria alimentaria: ¿hasta dónde debe llegar la responsabilidad de una empresa cuando incorpora una nueva sustancia a un producto que millones de personas consumirán? Hacer obligatorias las notificaciones GRAS podría reducir una de las principales brechas de información del sistema actual, pero no resolverá por sí sola los problemas de supervisión, recursos y aplicación de la normativa.
Para las compañías, el escenario plantea una oportunidad para avanzar hacia una transparencia en los alimentos que no dependa únicamente de lo que exige la regulación. Documentar los ingredientes, evaluar rigurosamente su seguridad y comunicar información relevante puede convertirse en parte de una gestión responsable del producto y de la relación con los consumidores. En última instancia, la discusión sobre GRAS muestra que la confianza en la industria alimentaria no depende solo de cumplir con la ley, sino también de ofrecer información suficiente para que consumidores y autoridades puedan saber qué llega realmente a sus alimentos.
