Muchos se sorprendieron cuando James y Jennifer Crumbley, los padres de Ethan Crumbley, el chico de 15 años acusado de matar a cuatro compañeros de clase en el instituto de Oxford, en el condado de Oakland (Michigan), fueron acusados por su presunta participación en la tragedia.
De acuerdo con The Conversation, el derecho penal, a diferencia del derecho civil, es menos propenso a responsabilizar a los acusados por las acciones de un tercero, incluso si ese tercero es el hijo del acusado. Esto se debe a que en el derecho penal los acusados se enfrentan al encarcelamiento y al estigma asociado que conlleva una condena.
Los dos padres Crumbley se han declarado no culpables de cuatro cargos cada uno de homicidio involuntario. Si son declarados culpables de todos los cargos, cada uno se enfrenta a una pena máxima de 60 años de prisión y a multas máximas de 30,000 dólares. Al no poder pagar la fianza combinada de un millón de dólares, comparecieron ante el juez el 3 de diciembre de 2021, con uniformes y cadenas de prisión.
En los raros casos en que se procesa a los padres de los tiradores escolares, normalmente se les acusa de delitos como maltrato infantil, negligencia infantil y no asegurar adecuadamente un arma de fuego. El cargo presentado contra los Crumbleys, homicidio involuntario, también conocido como homicidio por negligencia grave, es aún más infrecuente, sin embargo, no carece de precedentes.
La muerte de un niño de primer grado
En el año 2000, Jamelle James, residente en Michigan, se declaró inocente de homicidio involuntario por dejar su pistola en una caja de zapatos en su dormitorio. En aquel momento, James vivía en un apartamento que los fiscales describen como una «casa de mala muerte» que compartía con varias personas, entre ellas dos niños pequeños.
Un niño de 6 años —sobrino de James— vivía temporalmente en el apartamento y descubrió el arma, la llevó a la escuela y disparó mortalmente a su compañera de primer grado Kayla Rolland. James pasó más de dos años en prisión antes de salir en libertad condicional.
Los fiscales afirmaron que la conducta de James fue «gravemente negligente» y «tan imprudente que demostró una sustancial falta de preocupación por si se producía una lesión». Podría decirse que dejar un arma sin asegurar cerca de niños muy pequeños demostró una grave negligencia.
El tiroteo de Oxford fue el más mortífero en un campus K-12 de Estados Unidos desde 2018 y se cobró las vidas de Madisyn Baldwin, de 17 años; Tate Myre, de 16; Hana St. Juliana, de 14; y Justin Shilling, de 17. Otros siete resultaron heridos.
La fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, apuntó directamente a los padres de Crumbley. Su comportamiento, explicó McDonald, fue «atroz».
Quiero ser realmente clara en que estos cargos están destinados a responsabilizar a los individuos que contribuyeron a esta tragedia y también a enviar un mensaje de que los propietarios de armas tienen una responsabilidad.
Cuando no cumplen con esa responsabilidad, hay consecuencias graves y penales.
Karen McDonald, fiscal del condado de Oakland.
Una de las preguntas clave para los jurados, suponiendo que no se llegue a un acuerdo, es si los padres sabían que se produciría un tiroteo en la escuela o si tuvieron una despreocupación temeraria por este hecho. Para demostrar la negligencia grave de los padres, la acusación se basará probablemente en una serie de hechos alegados.
Comportamiento «atroz»
Uno de los hechos más importantes es que los Crumbleys compraron la pistola a su hijo como regalo de Navidad y después lo llevaron a practicar tiro al blanco.
Ninguno de los padres informó a la escuela de que habían comprado el arma y de que su hijo tenía acceso a ella.
Tras ser informada de que su hijo estaba buscando munición en su teléfono en el colegio, Jennifer Crumbley le dijo a su hijo por mensaje de texto que no se dejara atrapar: «LOL, no estoy enfadada. Tienes que aprender a que no te pillen».
Ninguno de los dos padres optó por sacar a su hijo del colegio después de que les dijeran que un profesor había encontrado un inquietante dibujo de una figura ensangrentada en su pupitre. Finalmente, el arma no estaba asegurada.
Aunque el caso de la fiscalía parece convincente, el equipo de defensa de los Crumbleys tiene algunos contraargumentos muy sólidos.
Para empezar, el arma era de propiedad legal, y Michigan no tiene ninguna ley que exija que el arma esté debidamente guardada lejos de los menores. En cuanto a informar a la escuela sobre el acceso de su hijo a las armas, la defensa probablemente argumentará que los Crumbleys no tenían ninguna obligación de hacerlo, ni estaban obligados a sacar a su hijo de la escuela.
Por último, con respecto al texto, Jennifer Crumbley probablemente alegará que su texto sobre la munición fue enviado en broma y que pensaba que su hijo planeaba disparar a objetivos, no a otros niños.
Cambiar las leyes
En el caso de James, el niño de 6 años que disparó a su compañero de clase nunca fue acusado de un delito porque la mayoría de las jurisdicciones sostienen que los niños menores de 7 años son incapaces de formular una intención criminal.
No puede decirse lo mismo de Ethan Crumbley. Ha sido acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado, un cargo de terrorismo que causó la muerte, siete cargos de asalto con intención de asesinato y 12 cargos de posesión de un arma de fuego en la comisión de un delito grave.
A pesar de los retos a los que se enfrenta la fiscalía, muchas personas de ambos lados del debate sobre la seguridad de las armas aplauden los esfuerzos de la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald.
Esto puede atribuirse al hecho de que la mayoría de los tiradores escolares tienen pocas dificultades para adquirir sus armas. Según una evaluación realizada en 2019 por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el 76% de las armas utilizadas en los tiroteos en las escuelas provenían de un padre o pariente cercano, y aproximadamente la mitad de las armas eran fácilmente accesibles.
Procesar a los Crumbleys puede revertir esta tendencia, al igual que la legislación estatal y federal recientemente propuesta. Dos semanas después de los tiroteos de Oxford, la diputada demócrata Elissa Slotkin propuso una nueva ley que responsabiliza a los padres u otros adultos responsables por no asegurar sus armas de fuego.
Michigan, junto con la mayoría de los demás estados, carece de una ley de almacenamiento seguro de armas, y una nueva ley federal podría suplir la ausencia de legislación a nivel estatal y crear sanciones por no almacenar las armas de forma segura.
Los trágicos sucesos ocurridos en el instituto de Oxford —y el caso contra los Crumbleys— pueden ser el catalizador para conseguir que se promulgue esta legislación y que los padres sean penalmente responsables del comportamiento de sus hijos. Este caso también puede demostrar que el debate sobre la seguridad de las armas se ha trasladado de la sede del Estado a los tribunales.
