México carece de un registro sobre los ciudadanos que padecen algún tipo de discapacidad en el país y sus necesidades, así como el nivel de acceso de este sector a la salud, a la educación, al trabajo, al deporte y a la justicia, entre otros, que permita orientar las políticas públicas, se reconoce en el anteproyecto que elabora la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la Aplicación de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que revela los rezagos que existen para que sean personas en el goce pleno de sus derechos.

A pesar de que México promovió y ratificó en 2007 esta convención —por lo que deberá entregar su primer informe a Naciones Unidas (ONU) en los próximos meses—, en el documento preliminar se aceptan las deficiencias legales y la falta de oportunidades en diversos ámbitos para este sector, que de acuerdo con el último censo del año 2000 ascendía a un millón 795 mil personas, equivalente a 1.8% de la población.