Hablar de impuestos ambientales suele llevar la conversación directamente al carbono, pero el concepto es más amplio. Estas cargas incluyen impuestos sobre combustibles y energía, vehículos y transporte, contaminación, residuos y determinados recursos naturales. Su peso permite observar qué tan importante es esta vía dentro de la estructura fiscal de un país y cómo evoluciona frente a la transición energética.
De acuerdo con ESG Expansión, en México, los ingresos por impuestos ambientales representaron 1.32% del PIB, por debajo del promedio de 1.78% registrado entre los países de la OCDE. La diferencia es significativa frente a países como Eslovenia, que encabeza la lista con 3.07% del PIB, seguida por Grecia con 2.86% e Italia con 2.68%. ¿Qué explica esta brecha y qué podría cambiar en los próximos años?
¿Cuánto representan los impuestos ambientales en México?
Los países que más recaudan mediante impuestos ambientales no necesariamente tienen las tasas más elevadas. El indicador Environmentally Related Tax Revenue (ERTR) de la OCDE mide los ingresos obtenidos por estas cargas en relación con el tamaño de cada economía. Por ello, el resultado depende de las tasas, las actividades gravadas y el nivel de consumo.
En México, la recaudación se concentra principalmente en la energía:
- 1.32% del PIB: recaudación total por impuestos ambientales.
- 1.20% del PIB: corresponde a impuestos relacionados con la energía.
- 0.12% del PIB: proviene de impuestos vinculados con el transporte.
- 1.78% del PIB: promedio de recaudación ambiental entre los países de la OCDE.
La composición muestra que los combustibles y la energía siguen siendo la principal fuente de ingresos ambientales para México.
La brecha de los impuestos ambientales en México frente a la OCDE
La diferencia no está únicamente en cuánto recauda México, sino también en cómo se establece el precio de las emisiones. En su Economic Survey of Mexico 2026, la OCDE señala que México introdujo un impuesto al carbono en 2014, pero su aplicación está limitada a determinados combustibles fósiles y las tasas son bajas. Bajo la estructura vigente, el gas natural y la gasolina quedan efectivamente exentos.
El contraste también aparece al comparar la tasa efectiva neta de carbono. Para 2023, fue de 21.6 euros por tonelada de CO2 en México, frente a 76 euros por tonelada en promedio en la OCDE.
Según el organismo, México podría aumentar su recaudación mediante dos vías principales:
- Ampliar la base del impuesto al carbono.
- Ajustar las tasas aplicables.
La estimación de la OCDE es que estos cambios podrían generar ingresos adicionales equivalentes a 1.8% del PIB.
¿Por qué está cambiando la recaudación ambiental?
La situación mexicana forma parte de una transformación más amplia. En los países de la OCDE, la recaudación ambiental pasó de representar 1.8% del PIB en 2000 a 1.3% en 2023.
Entre los factores que explican esta reducción se encuentran:
- Inflación: erosiona el valor real de impuestos establecidos en cantidades nominales por litro.
- Transición energética: disminuye el uso de algunos combustibles tradicionales.
- Vehículos menos intensivos en emisiones: reducen el consumo de productos que históricamente han sido una fuente importante de recaudación.
Esto crea un reto para los gobiernos: conforme cambian los patrones de consumo y avanzan las tecnologías bajas en emisiones, algunas de las bases tributarias tradicionales también pueden reducirse.
Nuevas formas de ponerle precio a la contaminación
Para responder a este cambio, los gobiernos están buscando mecanismos que permitan asignar un costo más directo a las emisiones. Una de las alternativas consiste en establecer precios al carbono y ampliar las actividades sujetas a estos gravámenes.
El informe Tax Policy Reforms 2026 de la OCDE señala que durante 2025 varios países elevaron sus tasas de carbono o ampliaron su cobertura.
El cambio también está llegando al comercio internacional. Desde el 1 de enero de 2026, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea, conocido como CBAM, entró en su régimen definitivo.
El mecanismo contempla certificados vinculados con las emisiones de carbono incorporadas en determinados productos, entre ellos:
- Acero.
- Aluminio.
- Cemento.
- Fertilizantes.
- Electricidad.
- Hidrógeno.
El costo de estos certificados está ligado al precio del carbono en el mercado europeo y puede descontar el precio que ya se haya pagado en el país de origen.
¿Qué significa para las empresas mexicanas?
Para las empresas mexicanas, la evolución de los impuestos y mecanismos de precio al carbono tiene implicaciones que van más allá de la recaudación pública. Conforme más mercados incorporen un costo a las emisiones, la huella de carbono asociada con la producción puede convertirse en una variable adicional para determinar costos y competitividad.
Esto es especialmente relevante para las compañías que participan en cadenas de suministro internacionales o buscan exportar a mercados con mecanismos de precio al carbono.
En este escenario, las emisiones pueden adquirir una doble dimensión:
- Ambiental: representan el impacto climático asociado con una actividad productiva.
- Económica: pueden traducirse en costos adicionales cuando los mercados aplican un precio al carbono.
La evolución de estos instrumentos apunta así a un cambio en la forma en que se relacionan política ambiental, fiscalidad y competitividad empresarial.
México recauda menos por impuestos ambientales que el promedio de la OCDE: 1.32% del PIB frente a 1.78%. La mayor parte de los ingresos proviene de la energía, mientras que el precio efectivo del carbono también se mantiene por debajo del promedio de la organización. Para la OCDE, ampliar la cobertura y ajustar las tasas podría abrir un espacio adicional de recaudación.
Pero el tema no se limita a cuánto dinero obtiene el gobierno. La transición energética está reduciendo algunas bases tributarias tradicionales, mientras mecanismos como el CBAM están incorporando el precio de las emisiones a las relaciones comerciales. Para las empresas mexicanas, esto significa que el carbono puede adquirir cada vez mayor relevancia como una variable ambiental, fiscal y de competitividad.
