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La vivienda verde, con más de una espina

Deberá librar más de un obstáculo para alcanzar los beneficios del programa de bonos de carbono; los constructores medianos no están dispuestos a asumir los costos que implican estas viviendas.

La segunda etapa del desarrollo habitacional Puente Moreno, en el municipio de Medellín, Veracruz (2010-2015), podría convertirse en uno de los primeros proyectos de vivienda mexicanos capaces de generar bonos de carbono vía el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), definido en el Artículo 12 del Protocolo de Kioto.

Sin embargo, no sucederá hasta que llegue a un acuerdo con la Conavi, instancia que inició ante la ONU la validación de la metodología para registrar casas sustentables en el PoA (Programa de Actividades) del organismo. Esto permitiría obtener 12 millones de euros al año (21 mdd) a través de bonos de carbono, informó la dependencia.

Pero el proyecto tiene inconvenientes, pues la vivienda verde implica mayores inversiones, sólo que el constructor mediano ya no quiere meter más dinero, porque luego no lo puede recuperar, deja claro Erick Jáuregui Renaud, director de la empresa Proyectos y Construcciones SC JJ, que construye 60 condominios ecológicos cada dos años.

Edificar para generar bonos de carbono no es una utopía, pero necesita apoyo legal, financiero y voluntad, tanto del Estado como del constructor, y que los compradores estén dispuestos a pagar las adecuaciones sustentables, argumenta el también investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.

Para apoyar los proyectos verdes surgieron iniciativas como las de las seis empresas afiliadas a la Cámara Nacional del Cemento, que ayudan a las construcciones sustentables de todo tipo, con descuentos de 10% en el concreto.

Aun así, «la falta de estímulos fiscales frena el proyecto (de bonos de carbono)», reconoce Crispín Tapia Mejía, administrador de Aldata, firma especializada en costos de obra y construcción.

Pero opina que este vacío podría ser cubierto con «una ley de sustentabilidad» que brinde beneficios como la reducción de impuestos en el pago de nómina, para que más constructores inviertan en proyectos amigables con el medio ambiente, pues tienen un incremento de entre 10 y 15% en el costo.

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