Google, Meta y TikTok se oponen a los cambios propuestos a la ley de derechos de autor de Indonesia, una iniciativa que busca establecer nuevas obligaciones para las plataformas digitales respecto al uso y la distribución de contenidos informativos, así como incorporar disposiciones sobre inteligencia artificial (IA). Aunque las compañías argumentan que algunas medidas podrían afectar el acceso a las noticias y generar dificultades operativas, su postura también plantea una cuestión de responsabilidad empresarial: ¿hasta dónde deben responder las plataformas por el valor económico que obtienen de contenidos creados por terceros?
La discusión va más allá de una modificación legislativa. Indonesia busca actualizar un marco jurídico que enfrenta los desafíos de la economía digital y la IA, mientras algunas de las empresas con mayor influencia en la distribución de información cuestionan las obligaciones que podrían derivarse de esa actualización. El resultado podría sentar un precedente para otros países que intentan equilibrar la innovación tecnológica con los derechos de quienes producen contenidos.
¿Qué cambios propone Indonesia a la ley de derechos de autor?
La iniciativa contempla dos líneas principales de regulación. Por una parte, obligaría a las plataformas digitales a pagar una compensación a los editores por mostrar contenidos informativos. Por otra, establecería disposiciones relacionadas con la inteligencia artificial, en un momento en que los gobiernos buscan definir cómo proteger las obras humanas frente al desarrollo y entrenamiento de modelos tecnológicos.
Si se aprueba, Indonesia podría convertirse en el primer país del sudeste asiático en incorporar la IA a su legislación de derechos de autor. La propuesta adquiere relevancia porque aborda un problema que todavía genera tensiones entre empresas tecnológicas, medios de comunicación y creadores: quién debe recibir beneficios y asumir responsabilidades cuando una obra se utiliza dentro de servicios digitales.
Las revisiones previstas, sobre las que Reuters informó en exclusiva en julio a partir de un borrador legislativo, buscan responder a una realidad en la que las plataformas no solo funcionan como intermediarias, sino que también concentran audiencias, datos y oportunidades comerciales a partir de contenidos producidos por terceros.
¿Por qué Google, Meta y TikTok rechazan las nuevas obligaciones?
Las tres compañías cuestionaron distintos aspectos de la iniciativa durante una audiencia parlamentaria.
- Google: Agung Pamungkas, responsable de asuntos gubernamentales y políticas públicas de la empresa en Indonesia, argumentó que exigir pagos por mostrar enlaces a contenidos periodísticos limitaría el acceso de la población a las noticias.
- Meta: Berni Moestafa, responsable de políticas públicas de la compañía en el país, sostuvo que los editores podrían perder tráfico de lectores y, con ello, ingresos potenciales por publicidad y suscripciones. También defendió que dirigir a los usuarios hacia un artículo no equivale a reproducirlo o republicarlo.
- TikTok: Noudhy Valdryno, responsable de políticas públicas de la plataforma, pidió que los requisitos de divulgación sobre IA no se apliquen cuando esta tecnología se utilice únicamente como herramienta de asistencia y no para crear contenido de manera íntegra. También solicitó mantener las protecciones de “puerto seguro”, bajo el argumento de que las plataformas no pueden determinar de forma fiable la titularidad de los derechos ni las licencias.
Los argumentos reflejan preocupaciones operativas y comerciales que merecen consideración. Por ejemplo, distinguir entre enlazar una publicación y reproducirla es relevante para definir qué usos deben generar una compensación. Del mismo modo, exigir a una plataforma que verifique por sí sola la titularidad de cada contenido puede resultar complejo.
Sin embargo, esas dificultades no resuelven la pregunta de fondo: ¿deben las limitaciones técnicas de las empresas justificar que queden fuera de obligaciones destinadas a proteger a quienes generan los contenidos de los que depende parte de su negocio?
¿Qué revela el rechazo sobre la responsabilidad social de las plataformas?
La oposición de Google, Meta y TikTok merece analizarse más allá de la defensa de sus modelos de operación. Las plataformas digitales tienen una influencia considerable en la circulación de información y en las condiciones económicas de los medios y creadores que buscan llegar a sus audiencias.
Su postura plantea una tensión entre dos intereses: preservar un acceso amplio a la información y reconocer el valor del trabajo intelectual que alimenta los ecosistemas digitales. Ambos objetivos pueden ser legítimos. Una regulación mal diseñada podría reducir la visibilidad de ciertos contenidos o generar costos desproporcionados; pero renunciar a establecer reglas también puede dejar a los productores en una posición de desventaja frente a compañías con una capacidad tecnológica y comercial mucho mayor.
La responsabilidad empresarial no significa aceptar cualquier obligación regulatoria sin cuestionarla. Implica participar en la construcción de reglas equilibradas, transparentar los usos de contenidos protegidos y reconocer que la innovación no debe sostenerse a costa de debilitar los derechos de otros actores.
Esta discusión cobra todavía más importancia con la inteligencia artificial. El entrenamiento de modelos con obras creadas por personas plantea interrogantes sobre consentimiento, atribución y compensación. Si las compañías utilizan esos materiales para desarrollar herramientas comerciales, resulta razonable exigir mayor claridad sobre las prácticas de uso y los mecanismos para proteger a sus autores.
En ese sentido, la petición de TikTok para limitar las obligaciones de divulgación cuando la IA solo asiste en la creación merece una distinción técnica, pero no debería convertirse en una excepción general que dificulte conocer cuándo interviene esta tecnología y qué materiales se emplean.
La ley de derechos de autor también pone a prueba la gobernanza digital
El debate en Indonesia evidencia que la responsabilidad de las plataformas no termina en facilitar el acceso a contenidos o desarrollar nuevas herramientas. También comprende las condiciones bajo las cuales se benefician del trabajo de medios, periodistas y creadores.
Una ley de derechos de autor actualizada podría contribuir a equilibrar esas relaciones, siempre que sus disposiciones distingan entre enlazar, reproducir y utilizar obras para entrenar sistemas de IA, además de establecer obligaciones viables y mecanismos claros de cumplimiento.
Para Google, Meta y TikTok, rechazar las revisiones sin ofrecer alternativas suficientes para atender las preocupaciones de los titulares de derechos puede reforzar la percepción de que buscan preservar sus ventajas comerciales antes que contribuir a una distribución más justa del valor digital. La prueba de su compromiso estará en su disposición para negociar soluciones que protejan tanto el acceso a la información como la sostenibilidad económica de quienes la producen.
La innovación tecnológica necesita reglas que den certeza a las empresas, pero también garantías para las personas y organizaciones cuyo trabajo hace posible buena parte de los servicios digitales. La discusión sobre la ley de derechos de autor no debería reducirse, por tanto, a cuánto les costaría a las plataformas cumplir con nuevas obligaciones, sino a qué responsabilidades están dispuestas a asumir en el ecosistema del que obtienen beneficios.
