En un nuevo episodio de la disputa entre Disney y Florida, el gigante del entretenimiento ha presentado una demanda contra el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, con el objetivo de impugnar las acciones del estado para ejercer control sobre Disney World, de acuerdo con Reuters.
Esta acción legal no solo intensifica la tensión entre la empresa y Ron DeSantis, quien también se considera un posible candidato a la presidencia de Estados Unidos, sino que también plantea el tema de las posibles represalias hacia la empresa después de que esta expresara su opinión sobre una iniciativa que prohíbe la discusión en las aulas sobre sexualidad e identidad de género con niños más jóvenes en ese estado.
Libertad de expresión y RSE
La controversia se desencadenó el año pasado, después de que Walt Disney Co criticara la propuesta de regulación que prohibía a los docentes hablar sobre la identidad de género y la orientación sexual en los niveles de preescolar y primaria. Disney consideró esta medida como una restricción a la libertad de expresión y a la diversidad.
«Muchas de estas cuestiones no son necesariamente políticas. Se trata de lo correcto y lo incorrecto».
Bob Iger, director general de Disney.
En respuesta a la postura del gigante del entretenimiento, DeSantis atacó repetidamente a la compañía, refiriéndose a ella como «Disney woke», una expresión que alude a una postura progresista que abraza ciertos valores y narrativas, en este caso, a favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+.
Además, con el objetivo de ejercer un mayor control sobre el importante destino turístico ubicado en el centro de Florida, los legisladores aprobaron una legislación que eliminó la virtual autonomía que tenía Disney en la región. Esto implicó una pérdida de poder y autonomía para la compañía en la toma de decisiones relacionadas con el funcionamiento y la gestión de los parques temáticos de Disney World.
Disney vs Florida
En respuesta a las acciones del gobierno contra Disney, la compañía ha presentado una demanda ante un tribunal federal en Tallahassee con el objetivo de proteger a sus empleados, invitados y desarrolladores de posibles «represalias por expresar un punto de vista político impopular entre ciertos funcionarios estatales».
«Disney ahora se ve obligado a defenderse contra un Estado que arma su poder para infligir castigos políticos».
Walt Disney Co.
La empresa está solicitando al tribunal que declare ilegal la acción legislativa tomada por el estado de Florida, lo que implicaría que las medidas tomadas contra Disney deben ser consideradas inválidas. Según Disney, una junta turística recientemente formada, designada por el gobernador DeSantis, ha violado los derechos contractuales de la compañía al afectar los acuerdos previamente establecidos, sin proporcionar una compensación justa ni seguir un proceso legal adecuado.
DeSantis ha argumentado que Disney, que emplea aproximadamente a 75,000 personas en Florida, ha estado disfrutando de ventajas injustas durante décadas. Un portavoz agregó: «Desconocemos cualquier derecho legal que una empresa tenga para operar su propio gobierno o mantener privilegios especiales».
La disputa entre Disney y Florida ha sido un tema central en los discursos del gobernador actual mientras recorre Estados Unidos antes de su esperada candidatura presidencial. El ex presidente Donald Trump, favorito para la nominación republicana, ha criticado la postura de DeSantis, afirmando en las redes sociales que el gobernador «está siendo destruido por Disney» y advirtiendo que la compañía reduciría sus inversiones en Florida.
Disputa por la libertad de expresión
El caso de Disney vs. Florida podría aumentar el apoyo a DeSantis entre los votantes republicanos estadounidenses, según revela una encuesta de Reuters/Ipsos. Sin embargo, también podría perjudicarlo en el electorado en general.
El 73% de los encuestados, incluyendo el 82% de los demócratas y el 63% de los republicanos, manifestó que sería menos probable que respaldaran a un candidato político que apoyara leyes diseñadas para castigar a una empresa por sus posturas políticas o culturales.
El juez a cargo del caso de Disney vs. DeSantis es el juez de distrito de Estados Unidos Mark Walker, quien previamente ha anulado varias leyes que formaban parte de la agenda política conservadora del gobernador. Estas leyes incluían restricciones al discurso de los profesores universitarios, limitaciones a las protestas y restricciones al acceso al voto.
En última instancia, la resolución de este conflicto puede establecer un precedente importante sobre el papel de las empresas en hacer valer y respetar los derechos humanos como parte de su responsabilidad social. Proteger los avances en materia de derechos humanos tiene un impacto positivo tanto en la sociedad como en los negocios. Asimismo, también plantea interrogantes sobre el papel del estado, que como máxima autoridad, utiliza su poder para coaccionar a una empresa por sus posturas políticas o culturales.
Bien por Disney Co
Un gobernador retrograda que invade la libertad de expresión y los derechos humanos.