La COP31 enfrenta uno de sus principales obstáculos en la falta de acuerdos sobre cómo avanzar en la transición energética y quién debe asumir los costos de la acción climática. Cerca de 200 países reunidos en Antalya, Turquía, mantienen posiciones divididas sobre el borrador del acuerdo, particularmente en torno a los combustibles fósiles, la financiación climática y las medidas de adaptación.
Aunque el viernes es la fecha límite oficial para cerrar las negociaciones, las diferencias amenazan con prolongar la cumbre. El desacuerdo no es menor: mientras algunas naciones buscan compromisos más ambiciosos para abandonar el petróleo, el gas y el carbón, otras se resisten a establecer nuevas obligaciones. Al mismo tiempo, los países vulnerables reclaman recursos que siguen llegando con lentitud.
¿Por qué no hay consenso sobre los combustibles fósiles en la COP31?
Uno de los puntos más controvertidos del borrador es la redacción relacionada con los combustibles fósiles en la COP31. El documento contempla dos alternativas: una retoma el lenguaje del acuerdo de 2023 sobre la transición para dejar atrás estos energéticos, mientras que la otra propone una formulación más ambiciosa que exige su eliminación gradual.
Sin embargo, ninguna de las dos opciones está garantizada. Ambas podrían desaparecer del texto final si los países no consiguen acercar sus posiciones. De acuerdo con observadores de las negociaciones, los grandes productores y consumidores de combustibles fósiles se resisten a establecer nuevos objetivos vinculantes o a comprometerse con el abandono del petróleo, el gas y el carbón.
El desacuerdo representa un desafío para Turquía, como país anfitrión, y Australia, que encabeza las negociaciones. Chris Bowen, principal negociador australiano, reconoció la dificultad de construir un documento que refleje las posiciones de todos los participantes:
“Francamente, si solo hablamos de aquello en lo que todos estamos de acuerdo… en esta etapa tan temprana del proceso, el documento sería bastante breve”.
La posibilidad de que el acuerdo final omita cualquier referencia más contundente a la eliminación de los combustibles fósiles resulta especialmente relevante frente a las advertencias científicas. Un informe de Naciones Unidas publicado el mes anterior señaló que el mundo se encamina a superar el umbral de calentamiento de 1.5 °C. En ese escenario, la falta de compromisos adicionales profundiza la distancia entre las metas climáticas y las decisiones políticas.
Electricidad para 2035: otra meta que divide a los países
Las diferencias sobre los combustibles fósiles en la COP31 no son el único obstáculo para alcanzar un acuerdo. El borrador también refleja desacuerdos sobre una propuesta de Turquía para elevar al 35% la participación de la electricidad en el consumo energético mundial para 2035.
Aunque el objetivo busca impulsar la electrificación, los países todavía no encuentran una posición común sobre su adopción. La discusión importa porque una mayor participación de la electricidad requiere transformar la manera en que se produce y consume energía, además de definir compromisos que los gobiernos estén dispuestos a respaldar.
Por ahora, la propuesta permanece entre los asuntos pendientes de negociación. Su eventual inclusión dependerá de que los países acepten una meta compartida y de que esta pueda integrarse en el acuerdo final.
¿Por qué la financiación para adaptación pierde prioridad?
El tercer gran frente de desacuerdo es el financiamiento climático. Los países en desarrollo, especialmente aquellos más expuestos a los efectos del calentamiento global, necesitan recursos para proteger a sus comunidades, infraestructura y economías. Sin embargo, las solicitudes de apoyo financiero corren el riesgo de quedar relegadas en las negociaciones.
Hace dos años, las naciones desarrolladas acordaron elevar la financiación climática para los países más pobres a 300 mil millones de dólares anuales para 2035. También se estableció la aspiración de movilizar 1.3 billones de dólares al año para esa fecha, considerando fuentes públicas y privadas. No obstante, los países ricos ya habían acumulado retrasos en sus compromisos: incumplieron por dos años el objetivo de financiación que debía alcanzarse en 2020.
La brecha entre las promesas y los recursos disponibles preocupa especialmente a los territorios vulnerables. Los incendios forestales en Europa y el devastador deshielo de un glaciar en Nepal ilustran la urgencia de responder a los riesgos climáticos, pero no han conseguido colocar las demandas de adaptación en el centro de la agenda.
Entre los factores que explican esta pérdida de prioridad se encuentran:
- Presiones económicas y políticas: varios gobiernos occidentales concentran su atención en la seguridad y el costo de vida.
- Conflictos internacionales: las guerras en Ucrania y Oriente Medio han contribuido a las presiones inflacionarias.
- Retiro de recursos estadounidenses: el presidente Donald Trump retiró la financiación internacional, lo que añade presión a los esfuerzos de apoyo climático.
- Retrasos en los compromisos: los antecedentes de incumplimiento alimentan la preocupación sobre la disponibilidad real de los fondos.
Para las pequeñas naciones insulares, estas demoras tienen consecuencias directas. Sus presupuestos se han reducido, mientras que los recursos que necesitan para proteger sus territorios y reparar los daños llegan demasiado lentamente.
Ralph Regenvanu, ministro de Cambio Climático y Gestión de Desastres de Vanuatu, defendió que la transición energética también debe entenderse como una estrategia de seguridad y resiliencia para las comunidades del Pacífico. La participación de su país en la Coalición Internacional para la Eliminación Gradual de los Incentivos a los Combustibles Fósiles, Incluidos los Subsidios (COFFIS), busca mejorar la transparencia sobre estos apoyos y detectar oportunidades para redirigir recursos hacia energías renovables y redes eléctricas más robustas.
“El Pacífico no carece de ambición. Lo que necesitamos son las herramientas, las alianzas y los recursos para convertir esa ambición en beneficios reales para nuestras comunidades”, afirmó.
Los combustibles fósiles en la COP31: ¿qué está en juego si no hay acuerdo?
Las negociaciones tienen consecuencias para distintos sectores. Los productores de petróleo, gas y carbón podrían enfrentar una cláusula de eliminación gradual si esta logra mantenerse en el texto final. Para los gobiernos donantes, el reto consiste en acordar recursos adicionales para adaptación, más allá del compromiso de 300 mil millones de dólares anuales. Por su parte, el sector energético tendría que considerar las implicaciones de una meta que eleve al 35% la participación de la electricidad en el consumo mundial para 2035.
Pero el alcance de la discusión va más allá de las metas sectoriales. La COP31 debe resolver cómo conciliar la ambición climática con los intereses económicos y políticos de casi 200 países, al tiempo que atiende las necesidades de quienes tienen menos recursos para enfrentar los impactos del calentamiento global.
La posibilidad de que los combustibles fósiles en la COP31 queden fuera del acuerdo final, o aparezcan bajo una formulación menos exigente, pondría de manifiesto los límites de la cooperación internacional frente a una transición que requiere decisiones concretas. Y si a ello se suma la falta de avances en financiación para adaptación, el resultado podría dejar sin respuesta dos demandas centrales: reducir las causas del cambio climático y proteger a las poblaciones que ya enfrentan sus consecuencias.












