A continuación reproducimos el texto íntegro de la declaración publicada el 29 de octubre
Irene Khan, Secretaria General, Amnistía Internacional
Jeremy Hobbs, Director Ejecutivo, Oxfam International
Dean Hirsch, Director Ejecutivo, World Vision International
Tom Miller, Director Ejecutivo, PLAN International
Gerd Leipold, Director Ejecutivo International, Greenpeace
Robert Glasser, Secretario General, CARE International
Hace unos días, el gobierno estadounidense estableció un nuevo plan de rescate financiero de 37.8 mil millones de dólares americanos para la aseguradora AIG, llevando el total de los préstamos de rescate a esa única compañía, durante las últimas dos semanas, a casi 123 mil millones. Esto es, 18 mil millones de dólares más que la cantidad anual de ayuda a países pobres, y el doble de lo requerido por las Metas de Desarrollo del Milenio, acordadas internacionalmente. En Europa también continúan los planes de rescate financiero. El gobierno británico ha otorgado 50 mil millones de libras esterlinas para recapitalizar al sector banquero, lo cual es equivalente a lo que requieren anualmente los países pobres para adaptarse al cambio climático.
La urgencia demostrada por los países ricos para resolver la crisis financiera marca un notorio contraste con su reticencia y sus promesas incumplidas de ayuda y alivio a la pobreza, derechos humanos y cambio climático.
Es demasiado pronto para predecir qué tan afectados resultarán los países pobres con la crisis financiera y la consecuente depresión económica. Sin embargo, queda claro que la decreciente demanda de exportaciones hacia países desarrollados y una menor inversión extranjera resultarán en un menor crecimiento e ingresos gubernamentales para servicios y protección social que ya de por sí son frágiles.
Para millones de los ciudadanos más pobres del mundo, es literalmente una cuestión de vida o muerte. En muchos países, las redes de seguridad social fueron desmanteladas bajo la presión de las instituciones financieras internacionales, dejando sin protección a los más vulnerables. A finales de septiembre, mientras Wall Street se tambaleaba de sus fracasos financieros bajo el escrutinio público, una reunión organizada por las Naciones Unidas en otra zona de Manhattan reveló que muy pocos gobiernos cumplirán con los objetivos establecidos por las Metas de Desarrollo del Milenio para reducir la pobreza antes de 2015, y que el alza en los precios de energéticos y alimentos han cancelado el progreso logrado.
El diagnóstico de derechos humanos no es bueno. No solamente los derechos económicos y sociales, incluyendo el derecho a la vivienda, a la salud y a la educación, están siendo presionados, sino que existe el riesgo de un aumento en las violaciones a los derechos humanos. Con la contracción de la economía y de las finanzas nacionales, los migrantes y refugiados pueden ser empujados a situaciones insostenibles. Puede aumentar la tensión social, llevando a gobiernos más nerviosos a reprimir la disidencia e imponer políticas severas de seguridad pública, limitando las libertades civiles. Estados frágiles pueden debilitarse aún más por la crisis actual y regresar a la inestabilidad y la violencia.
La situación puede empeorar si los países ricos deciden utilizar la crisis financiera como pretexto para limitar la ayuda y el comercio. La historia nos da motivos de preocupación. Durante la recesión de 1972 y 1973, el gasto en ayuda global cayó en 15 por ciento, hasta alcanzar los 28.8 mil millones de dólares estadounidenses. En el periodo de 1990 a 1993, los donantes redujeron su gasto en 25 por ciento durante cinco años, hasta los 46 mil millones de dólares, y la ayuda no regresó al nivel de 1992 sino hasta 2003. La ayuda humanitaria, es decir, lo que gastamos para ayudar a la gente afectada por desastres naturales y conflictos, también se redujo grandemente y durante un periodo de tiempo similar, como resultado directo de la recesión de 1990 a 1993 (sólo los años de los conflictos en Ruanda y Kosovo revirtieron la tendencia). En términos comerciales, por ejemplo, los países reaccionaron ante la caída de Wall Street en 1929 y la depresión global erigiendo barreras arancelarias, lo que disminuyó el comercio internacional en dos terceras partes.
Una repetición de esta situación en 2009 sería un desastre para los países exportadores pobres. Menos ayuda y flujos comerciales significarían que las poblaciones de los países más pobres paguen el precio más alto por el derroche de la burbuja crediticia en Norteamérica y Europa.
Los derechos humanos no son un lujo para los buenos tiempos. La inacción frente al cambio climático no es una opción viable. La pobreza mundial no ayuda a la estabilidad mundial. Los países ricos seguirán una estrategia miope y contraproducente si ignoran los retos más importantes de nuestros tiempos y se enfocan únicamente en intereses financieros estrechos.
No se trata sólo del dinero. Es una cuestión de atención permanente, colaboración internacional y voluntad política clara para resolver los grandes problemas. Las señales de una acción concertada por los ministros de finanzas del G7 y los ministros de finanzas de la Eurozona para solucionar la crisis financiera son bienvenidas, pero no son suficientes. Los gobiernos deben reducir la volatilidad en los precios de los energéticos, de los alimentos y en los mercados financieros para garantizar una regulación prudente, la protección adecuada de los derechos de los pobres y de los grupos vulnerables, así como la sustentabilidad ambiental a largo plazo. Los gobiernos deben mostrar un liderazgo decisivo para construir una economía global ecológica en la cual la calidad de vida de las personas sea más importante que un sistema que resguarda a unos pocos privilegiados.
Fuente: Cemefi
