En dónde inicia y en dónde termina la responsabilidad de una compañía acerca de sus operaciones es un tema que a menudo genera debate. Hay quienes consideran que esta se limita a la acción directa; mientras existen quienes aseguran que mediante el principio de debida diligencia, se extiende a lo largo de toda la cadena de valor, e incluso llega a tocar el comportamiento del consumidor.
En este sentido, un cuestionamiento válido, e incluso atractivo para aportar a este debate sería:
¿Es una compañía responsable de los argumentos que utilice un tercero para recomendar sus productos o servicios, en caso de que estos sean engañosos?
Para responder a esa pregunta, podemos echar un vistazo a un caso reciente vinculado a Amazon.
La demanda de Amazon
El gigante minorista demandó a 13 personas y empresas incluyendo a las influencers de medios sociales Kelly Fitzpatrick y Sabrina Kelly-Krejci, alegando que estaban usando el mercado de Amazon para vender artículos de lujo falsos que anunciaban en plataformas como Instagram y TikTok.
Las dos personas influyentes supuestamente publicaban enlaces a los listados de Amazon de productos genéricos, como carteras y monederos, sin logo. Con leyendas como «pide esto» y «recibe esto». Decían a sus seguidores que los llamados «enlaces ocultos» eran en realidad listados de productos con logotipos falsos de marcas como Gucci y Disney, que violan las políticas de Amazon contra los productos falsificados, según la denuncia presentada en el tribunal federal de Washington.
Amazon vs la falsificación
Steven Melendez en FastCompany comenta que en 2019 Amazon invirtió más de 500 millones de dólares para proteger a los clientes y las marcas del fraude, el abuso y la falsificación, incluso a través de herramientas que permiten a las marcas detectar y buscar la eliminación de los artículos falsificados en la plataforma.
Estos acusados fueron descarados en cuanto a la promoción de las falsificaciones en los medios de comunicación social y socavaron el trabajo de los influencers legítimos
Cristina Posa, consejera general asociada y directora de la Unidad de Crímenes de Falsificación de Amazon.
La empresa pide una orden judicial para impedir que los acusados vendan cualquier cosa a través de su plataforma, o incluso que hagan publicidad y se vinculen a las mercancías que se venden allí, así como el beneficio que obtuvieron vendiendo artículos falsificados allí.
Con ello, la marca pone el ejemplo sobre lo que significa actuar bajo el principio de debida diligencia y se coloca en una excelente posición para continuar fortaleciendo su relación de confianza con millones de consumidores.
