Tras el lamentable incidente ocurrido en septiembre de 2017, no queda aún claro dónde quedó el apoyo económico brindado por Norte América y Europa: más de noventa millones de pesos.
Además de la Ciudad de México fueron afectados Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Edo. de México, entre otros. Pronto se recibió apoyo proveniente de Estados Unidos, Canadá y diferentes países de Europa. Pero en el Informe de la Cuenta Pública de 2018 se muestran retrasos, omisiones y fallas importantes; por ejemplo: en la reparación de hospitales, viviendas y centros educativos.
Pronto asomó la clara falta de mecanismos de control, administración y distribución, por no mencionar una ausencia de seguimiento para dicho monto. Así lo sostuvo la ASF (Auditoría Superior de la Federación) en la evaluación que realizó a las labores de reconstrucción. Señaló que todo se debe a una clara falta de transparencia en el registro y el seguimiento de los donativos, y a la ausencia de coordinación entre dependencias. No obstante, no imputó responsabilidad alguna a funcionarios, ni instó a que los órganos internos de control o la Auditoría Superior de la Federación siguieran investigando.
La ASF, en la auditoría de desempeño 52-GB, advierte:
“El gobierno formó el Fideicomiso Fuerza México para coordinar y conjuntar esfuerzos con la iniciativa privada; ello impidió que las entidades y dependencias del Estado mexicano recibieran donativos, los administraran y los destinaran a la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública, dejando esa tarea al sector privado. Lo anterior evidenció la falta de un Marco Jurídico Ordinario en materia de donativos, que permitiese regular los donativos que recibe el gobierno federal”.
La Auditoría concluyó que la gestión por parte de la Secretaría de Hacienda “fue deficiente, pues no estableció bases o lineamientos para emitir las convocatorias, recibir, administrar, controlar y distribuir los donativos; no acreditó (tampoco) que se haya coordinado con las autoridades correspondientes (entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Fideicomiso Fuerza México) para la recepción y distribución de los donativos”.
El periódico Animal Político, publicó que la auditoría arrojó una falta de planeación de trabajos, ya que se documentaron estrategias de rehabilitación para sólo 44 de los 132 inmuebles afectados, sin que hubiera justificación de porque 88 inmuebles restantes quedaron fuera. También “existieron inconsistencias respecto de los avances registrados en las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos debido al registro de una disminución en los porcentajes de avance, sin que la Secretaría de Salud explicara las causas de dichas variaciones”.
Por si ello fuera poco, la falta de transparencia conllevó a una deficiente justificación del uso de 491 millones de pesos recibidos para asistir a los afectados, 179 millones de pesos más que lo que se había solicitado.
