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Países ricos prometen financiación climática, pero el apoyo no llega al ritmo necesario

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Los países en desarrollo necesitarán 305 mil millones de dólares anuales para 2035 para adaptarse a los efectos del cambio climático. Sin embargo, el apoyo económico que reciben de las naciones desarrolladas está muy por debajo de esa cantidad. Un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) revela que los flujos financieros destinados a la adaptación se han estancado o disminuido desde 2022, mientras aumentan los riesgos asociados a inundaciones, sequías, incendios y olas de calor.

Esta diferencia pone en evidencia uno de los principales desafíos de la acción climática internacional: los países que menos han contribuido al calentamiento global suelen ser los que tienen menos recursos para enfrentar sus consecuencias. Aunque las naciones ricas han anunciado nuevos compromisos económicos, el dinero todavía no llega en la cantidad ni con la rapidez necesarias. La pregunta es cuánto tiempo más podrán esperar las comunidades que necesitan proteger sus territorios y medios de vida.

¿Cuánto dinero necesitan los países en desarrollo para adaptarse al cambio climático?

De acuerdo con el informe del PNUMA, las 155 naciones en desarrollo necesitarán alrededor de 305 mil millones de dólares anuales para 2035. Esta inversión permitiría construir infraestructura resistente a fenómenos extremos, fortalecer los sistemas de alerta temprana, desarrollar sistemas de riego frente a las sequías y mejorar la protección contra inundaciones.

Sin embargo, los flujos financieros procedentes de los países desarrollados alcanzaron como máximo 32 mil millones de dólares en 2024, último año con información disponible. Aunque esto representó un incremento de mil millones respecto a 2023, también significó una disminución frente al máximo registrado en 2022. La cifra muestra la distancia entre las necesidades de adaptación y los recursos que efectivamente reciben las economías vulnerables.

Los compromisos de financiación climática no se cumplen al ritmo necesario

La brecha financiera tampoco es consecuencia de la falta de acuerdos internacionales. En 2021, durante la COP26, los países desarrollados reconocieron la necesidad de incrementar el apoyo para la adaptación de las naciones en desarrollo y establecieron el objetivo de movilizar 40 mil millones de dólares anuales para 2025. No obstante, los recursos registrados en 2024 todavía estaban por debajo de esa meta.

Posteriormente, en la COP30, celebrada en Belém, Brasil, en 2025, las naciones ricas acordaron triplicar el apoyo para la adaptación hacia 2035. De cumplirse, los recursos alcanzarían entre 85 mil y 120 mil millones de dólares anuales. Aun así, esta cantidad cubriría únicamente entre el 20 y el 29% de las necesidades estimadas por Naciones Unidas.

Entre los factores que explican el estancamiento se encuentra el aumento del gasto en defensa de varios gobiernos europeos, que están destinando una mayor proporción de sus presupuestos a este rubro. El informe también señala que los bancos multilaterales de desarrollo podrían haber compensado parte del déficit durante 2025, aunque esto no resuelve la insuficiencia de recursos.

Los países más vulnerables reciben menos recursos para adaptación

Los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares enfrentan algunos de los mayores riesgos climáticos y, al mismo tiempo, tienen menos capacidad económica para responder. Construir barreras marítimas, adquirir equipos para combatir incendios o reforzar infraestructura representa un esfuerzo considerable para estas economías.

Según las estimaciones de Naciones Unidas, estos países necesitan entre 40 mil y 50 mil millones de dólares anuales para adaptarse al cambio climático. Esto equivale al 3 o 4% de su producto interno bruto, aproximadamente el doble de la carga relativa que representa para los países en desarrollo de ingresos medios-altos. Pese a esta necesidad, los países menos adelantados recibieron en 2024 un 16% menos de apoyo para adaptación que en 2022.

Inundaciones y deslizamientos afectan a 765 millones de personas

La falta de recursos para prevenir y responder a los fenómenos extremos tiene consecuencias directas sobre las poblaciones. Entre 2020 y 2025, los países de ingresos bajos y medios concentraron el 99% de los 765 millones de personas afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra.

Además, las cifras disponibles podrían subestimar el impacto real de la crisis climática. Muchos países en desarrollo carecen de sistemas de monitoreo suficientes para contabilizar las muertes relacionadas con el calor o evaluar los daños a los ecosistemas. Esto dificulta dimensionar las pérdidas humanas y ambientales, así como establecer cuánto financiamiento se requiere para atenderlas.

El fondo para pérdidas y daños ya enfrenta una demanda superior a sus recursos

La adaptación no es el único desafío financiero. Los países también necesitan apoyo para enfrentar los daños que ya no pueden evitarse mediante medidas de prevención. Para atender esta situación se creó un fondo internacional de pérdidas y daños, dirigido a apoyar a las naciones en desarrollo afectadas por los impactos del cambio climático.

Sin embargo, su primera ronda de solicitudes mostró una diferencia considerable entre la demanda y los recursos disponibles. Un total de 119 países presentaron peticiones por 2 mil 800 millones de dólares, mientras que el financiamiento inicial del fondo ascendía a 342 millones. Esta demanda evidencia que los mecanismos internacionales de compensación todavía tienen una capacidad limitada frente a las necesidades de los países afectados.

¿Por qué importa que el financiamiento climático sea accesible?

Además de aumentar los recursos, las organizaciones defensoras de la justicia climática piden mejorar las condiciones en que se entregan. Su propuesta es priorizar las subvenciones y los préstamos en condiciones favorables, en lugar de créditos con intereses elevados que pueden aumentar la presión financiera de los países receptores.

El problema es que muchos proyectos de adaptación, como construir diques, habilitar refugios contra el calor o reforzar infraestructura, no generan ingresos directos para recuperar la inversión. El informe del PNUMA advierte que los costos asociados a la deuda y al capital propio pueden más que duplicar los presupuestos de estos proyectos. Por ello, las condiciones del financiamiento son tan importantes como el monto disponible.

La COP31 tendrá la adaptación climática entre sus prioridades

La insuficiencia de recursos será uno de los temas centrales de la próxima cumbre climática de Naciones Unidas, la COP31, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía. Los grupos defensores de la justicia climática consideran prioritario acelerar las transferencias económicas y garantizar que los países receptores puedan acceder a ellas sin comprometer aún más sus finanzas.

Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, advirtió que el calentamiento global ya alcanzó 1.5 °C por encima de los niveles preindustriales, lo que intensifica y vuelve más impredecibles sus impactos. También señaló que la adaptación debe entenderse como una inversión en seguridad nacional y regional, pues los fenómenos climáticos pueden afectar a varios países y amenazar sus economías, poblaciones y ecosistemas.

Cumplir los compromisos es clave para la resiliencia global

Las cifras del PNUMA muestran que los compromisos internacionales todavía no se traducen en recursos suficientes para proteger a las comunidades más expuestas al cambio climático. Aunque triplicar el apoyo para 2035 representaría un avance, la cantidad proyectada seguiría cubriendo menos de una tercera parte de las necesidades estimadas.

En este escenario, la financiación climática debe evaluarse no solo por los montos anunciados en las cumbres, sino también por la rapidez con que se entrega, las condiciones de acceso y su capacidad para fortalecer la resiliencia de los países receptores. La COP31 será una nueva oportunidad para abordar esta brecha, en un contexto donde aplazar las inversiones puede incrementar los costos económicos, sociales y ambientales.

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