Movilizar más capital privado es uno de los principales objetivos de las instituciones multilaterales para acelerar el desarrollo y cerrar la brecha de financiación climática. El Banco Mundial ha conseguido avances importantes en este terreno: entre 2022 y 2026, triplicó con creces los recursos privados movilizados, al pasar de 35 mil millones a 112 mil millones de dólares. Sin embargo, el crecimiento de esta cifra no necesariamente significa que los países estén avanzando hacia economías más sostenibles. De hecho, algunos de los proyectos que el organismo presenta como casos de éxito muestran una contradicción: atraer más inversión puede terminar financiando actividades que prolongan la dependencia de los combustibles fósiles.
Un ejemplo es su apoyo a una financiación comercial de hasta 2 mil millones de dólares para las importaciones de gas natural licuado (GNL) en Bangladesh. Aunque garantizar el suministro energético es una necesidad legítima para los países en desarrollo, respaldar nuevas importaciones de combustibles fósiles también puede incrementar su exposición a la volatilidad de los mercados internacionales y dificultar su transición hacia fuentes más limpias. Así surge el dilema del Banco Mundial: ¿de qué sirve movilizar más recursos si una parte de ellos no contribuye a transformar los sistemas económicos y energéticos que necesitan cambiar?
El dilema del Banco Mundial: más inversión no significa más progreso climático
La movilización de capital privado se ha convertido en una respuesta recurrente ante las limitaciones presupuestarias de los gobiernos y las enormes necesidades de financiación para el desarrollo. Sin embargo, existe una diferencia entre conseguir recursos y garantizar que estos se destinen a inversiones compatibles con los objetivos climáticos.
El capital privado responde principalmente a criterios de rentabilidad, riesgo y recuperación de la inversión. Por ello, suele dirigirse hacia proyectos con flujos de ingresos previsibles, mientras que muchas de las transformaciones necesarias para una transición energética exitosa ofrecen beneficios sociales, ambientales y económicos que no se traducen fácilmente en ganancias comerciales.
Modernizar redes eléctricas, fortalecer instituciones, capacitar a trabajadores afectados por el abandono de industrias contaminantes o diversificar economías dependientes del petróleo son inversiones indispensables, pero no necesariamente atractivas para los mercados financieros.
Esta diferencia explica por qué aumentar el financiamiento no garantiza avanzar en la descarbonización. Si los recursos se destinan a proyectos que responden a necesidades inmediatas, pero no forman parte de una estrategia de transformación de largo plazo, pueden incluso reforzar las dependencias que los países necesitan superar.
El caso de Bangladesh ilustra esta tensión. La financiación para importar GNL puede contribuir a resolver necesidades actuales de suministro, pero también prolongar la dependencia de un combustible cuyos precios están sujetos a factores internacionales y geopolíticos. Además, las decisiones sobre infraestructura energética tienen consecuencias durante décadas: las inversiones realizadas hoy pueden condicionar las opciones disponibles mañana y generar activos varados si los países necesitan acelerar el abandono de los combustibles fósiles.
La cuestión, por tanto, no es negar las necesidades energéticas de Bangladesh, sino determinar si el financiamiento responde a un plan creíble para garantizar el acceso a la energía mientras se reduce progresivamente la dependencia del gas.
¿Por qué la transición energética necesita más que capital?
El abandono de los combustibles fósiles no consiste simplemente en sustituir centrales de carbón, petróleo y gas por instalaciones solares y eólicas. Requiere transformar sistemas económicos completos, lo que implica costos, reformas y decisiones que no siempre coinciden con los intereses de los inversionistas privados.
Entre los principales desafíos se encuentran:
- Infraestructura: ampliar la capacidad renovable requiere modernizar las redes eléctricas, desarrollar almacenamiento y garantizar que la electricidad limpia pueda distribuirse.
- Estabilidad económica: los países dependientes de los ingresos del petróleo y el gas necesitan diversificar sus fuentes de recaudación para evitar que la transición comprometa sus finanzas públicas.
- Justicia laboral: los trabajadores de industrias intensivas en carbono necesitan alternativas de empleo, capacitación y protección social.
- Desmantelamiento de infraestructura fósil: cerrar centrales y otras instalaciones contaminantes implica costos económicos y sociales que difícilmente pueden cubrirse solo con inversión comercial.
El Reino Unido muestra las consecuencias de no coordinar adecuadamente estas transformaciones. Durante la semana de las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el país gastó casi 50 millones de libras esterlinas diarios para apagar sus aerogeneradores y comprar gas fósil debido a las limitaciones de su red eléctrica.
El ejemplo evidencia que invertir en generación renovable no basta si no existen las condiciones para aprovecharla. También demuestra que una transición mal planificada puede incrementar los costos, desperdiciar electricidad limpia y retrasar los beneficios climáticos de las inversiones.
Por eso, los países necesitan planes de transición propios que definan qué infraestructura deben transformar, en qué plazos, con qué recursos y cómo distribuirán los costos. Sin esta planificación, los proveedores de financiamiento corren el riesgo de respaldar proyectos aislados que incrementan la inversión, pero no necesariamente acercan a las economías a sus objetivos climáticos.
¿Qué debería medir el Banco Mundial para demostrar su impacto climático?
El Banco Mundial tiene una posición estratégica para ayudar a los países a superar estos obstáculos. Sus recursos financieros, experiencia técnica e influencia sobre las políticas de desarrollo le permiten contribuir a coordinar inversiones públicas y privadas, impulsar reformas y establecer prioridades de largo plazo.
Sin embargo, para cumplir esa función necesita reconocer que no todas las inversiones necesarias para la transición pueden depender del mercado. Mientras algunos proyectos renovables y de infraestructura pueden atraer capital privado, actividades como el fortalecimiento institucional, la capacitación laboral, la diversificación económica y el desmantelamiento de centrales fósiles requieren, en muchos casos, subvenciones y financiación pública en condiciones favorables.
Por ello, el organismo debería dejar de evaluar su desempeño únicamente por la cantidad de capital que consigue movilizar y considerar también los resultados que produce. Esto implica medir:
- Descarbonización: cuánto contribuyen las inversiones a reducir las emisiones y la dependencia de los combustibles fósiles.
- Resiliencia energética: si los proyectos disminuyen la exposición de los países a la volatilidad de los mercados internacionales y fortalecen la seguridad del suministro.
- Transformación económica: si ayudan a diversificar las economías, modernizar infraestructura y desarrollar capacidades institucionales.
- Impacto social: si generan empleos sostenibles, protegen a los trabajadores afectados y mejoran el acceso asequible a la energía.
Estas métricas permitirían distinguir entre el éxito financiero de una operación y su contribución efectiva al desarrollo sostenible. También ayudarían a determinar si los recursos movilizados están alineados con las estrategias climáticas de los países receptores o si responden principalmente a oportunidades de inversión rentables.
Más financiación debe traducirse en mejores resultados
El dilema del Banco Mundial refleja una contradicción central de las finanzas sostenibles: la necesidad de movilizar grandes cantidades de capital y, al mismo tiempo, garantizar que ese dinero contribuya a transformar las economías. Los 112 mil millones de dólares alcanzados en 2026 representan un avance en capacidad financiera, pero no constituyen por sí mismos una medida del progreso climático.
La transición energética necesita inversión privada, pero también financiación pública, planificación, reformas estructurales y recursos para atender necesidades que no ofrecen retornos comerciales inmediatos. Si las instituciones multilaterales privilegian la cantidad de capital movilizado sobre el impacto de los proyectos, corren el riesgo de financiar soluciones de corto plazo que perpetúen problemas de largo alcance.
El verdadero éxito del Banco Mundial no debería medirse únicamente por cuánto dinero consigue atraer, sino por cuánto contribuye ese capital a reducir las emisiones, fortalecer la resiliencia económica y acelerar la transición energética de los países. Porque una inversión solo puede considerarse un avance para el desarrollo sostenible si ayuda a construir el futuro que pretende financiar, no si reproduce las dependencias que ese futuro necesita dejar atrás.
