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Protestar es un derecho, reprimir es un delito

DF, México — Organizaciones civiles, ambientalistas, periodistas, intelectuales, artistas, caricaturistas y ciudadanos de a pie lanzaron este día un llamado a no utilizar la inseguridad y el clima de violencia sin precedente que vive el país para criminalizar la protesta social.

Organizaciones civiles, ambientalistas, periodistas, intelectuales, artistas, caricaturistas y ciudadanos de a pie, lanzaron este día un llamado a no utilizar la inseguridad y el clima de violencia sin precedente que vive el país para criminalizar la protesta social.

“La criminalización de la protesta social es la atribución que se toman los gobiernos para ejercer una facultad que nadie les otorgó: maltratar a quienes deben cuidar, persiguir a quienes deben proteger, ignorar a quienes deben mayor atención, y servir a quienes deben controlar. En otras palabras, en nuestro país opera un “derecho mafioso”, donde se aplica la ley de forma discriminatoria, particularmente contra los pobres y contra quienes cuestionan o se enfrentan al Estado. Esto nos preocupa porque significa que en México se están distorsionando conceptos esenciales de la democracia, tales como la legalidad y el Estado de Derecho. Es decir, cuando el gobierno utiliza estos conceptos -legalidad y Estado de derecho- en el marco de la protesta social, lo hace para justificar la represión y la violencia institucionalizada. La criminalización de los movimientos y protestas sociales en México muestran cuán lejos estamos de una auténtica democracia”, afirmó Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.

Algunos ejemplos de cómo se está intentando criminalizar la protesta social son:

* Iniciativa de ley del senador Mario López Valdez, del PRI, para modificar el Código Penal Federal (art. 209) y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (art. 2) en el rubro de apología del delito.
* Llamados del Partido Verde a aprobar la pena de muerte.
* Algunos contenidos de la reforma constitucional penal, aprobada el 19 de junio pasado, como son la figura del arraigo y la definición del régimen de excepción para la delincuencia organizada, que pueden ser utilizados en contra de los movimiento sociales.
* Modificaciones publicadas el pasado 19 de septiembre, en materia de entrega de recompensas a quienes colaboren en la localización o detención de personas contra las cuales exista mandato de aprehensión.
* Llamados a la unidad, del licenciado Felipe Calderón, con mensajes de este tipo: “La Patria exige la unidad nacional… Unidad que implica dejar ya, a un lado, acciones o intereses que buscan dividir a los mexicanos. Unidad que supone apoyar la tarea del Estado para hacer frente a los criminales… se puede discrepar pero no deliberadamente dividir y enconar. Se puede opinar distinto en la libertad que nos han heredado nuestros próceres, en el marco de libertad que el propio Estado garantiza pero no se puede atentar contra el Estado”.
* Llamados a la unidad en el mismo sentido de algunos sectores más de la población, entre otros.

“Estamos preocupados porque al amparo del discurso gubernamental contra la inseguridad se está cuestionando a aquellos que, por muy diversas razones, critican el estado actual de cosas en el país. Hoy quienes defienden su patrimonio natural, quienes se oponen a proyectos depredadores y que excluyen a las comunidades, quienes buscan defender activamente sus derechos, quienes luchan contra la pobreza o quienes, simplemente, no están de acuerdo con las decisiones que en nombre de todos se toman en este país, están siendo convertidos en delincuentes. Al amparo de ambigüedades legales se pretende equiparar a los activistas con delincuentes y esto es una muy mala señal del gobierno. Los problemas que el país enfrenta necesitan soluciones radicales, de largo plazo y que atiendan al bien común. De ninguna manera van a ser resueltos quitando derechos y acallando a quienes buscamos activamente una sociedad más justa”, afirmó Patricia Arendar, directora de Greenpeace México.

Los representantes de diversas organizaciones que asistieron a la conferencia advirtieron que la criminalización de la protesta social es el primer paso rumbo a la criminalización de la sociedad en su conjunto -por hablar, disentir, cuestionar, protestar- y a la eliminación progresiva de los derechos fundamentales.

Algunos de los mecanismos que un Estado represor utiliza para manejar las disidencias ciudadanas –y que ya están siendo utilizados en México- son:

* Renuncia al diálogo. Se cierran los espacios. Se ignoran las demandas. Se posponen las respuestas. Se dejan crecer los conflictos.
* Represión policial (con policía pública o privada). Represión mediante la violencia física contra movimientos y protestas sociales: uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias (la policía detiene, tortura y libera sin poner a disposición de la autoridad), abusos sexuales, uso de gases lacrimógenos, amenazas, vigilancia, torturas, cateos ilegales, censura, restricciones para publicar, restricciones para realizar asambleas, reuniones o marchas, etc. Todo esto seguido de la impunidad para los represores.
* Descalificación. Quienes protestan son descalificados, tachados de mentirosos, son señalados como delincuentes, desestabilizadores y acusados de violar derechos de terceros, por parte de la autoridad, los partidos políticos y los poderes privados.
* Militarización. Se militariza la vida civil para que sea el Ejército quien enfrente a la protesta y el descontento social.
* Criminalización de la protesta social. Es llevar a la vía judicial los conflictos sociales y la renuncia al diálogo y la política. Se lleva el conflicto a la arena judicial y se encarcela y somete a proceso penal a los líderes o participantes de los movimientos, quienes deben concentrarse en su defensa. Las formas en que esta criminalización se manifiesta son: detenciones arbitrarias; equiparación de luchadores sociales con delincuentes; agravamiento de las acusaciones; se legislan nuevos delitos de forma tan ambigua que puedan ser utilizados contra los movimientos sociales, falta de debido proceso penal y sentencias inusitadas.

Las organizaciones invitaron a la ciudadanía y a otras organizaciones a adherirse a la campaña “Protestar es un derecho, reprimir es un delito”, visitando el link: http://www.greenpeace.org/mexico/GP/protestar_derecho_reprimir_delito.

Entre quienes se han adherido a este manifiesto están: Carlos Monsiváis, Daniel Giménez Cacho, Elena Poniatowska, Javier Sicilia, Julieta Egurrola, Paco Ignacio Taibo II, entre muchos otros, así como organizaciones de mujeres, de derechos humanos, ambientalistas y de consumidores.

Además, informaron que el próximo domingo 26 de marzo se reunirán nuevamente en el Zócalo, la mayor plaza pública del país, a las 10 horas, para ejercer su derecho a manifestarse libremente.

Por último, las organizaciones señalaron que es muy importante no permitir que la protesta social sea vista como un delito. El ejercicio de todas las libertades (expresión, manifestación, denunciar las malas políticas públicas y la discrecionalidad, etc.) que tienen que ver con la protesta social, asegura que las distintas voces presentes en la sociedad puedan ser escuchadas, incluyendo aquellas que disienten, pues sólo así será posible tomar decisiones políticas justas y respetuosas de los derechos humanos.

Protestar es un derecho, reprimir es un delito. ¡No a la criminalización de la protesta social!

Fuente: Greenpeace

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