El Instituto de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) propondrá al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) la inclusión en el código de mejores prácticas corporativas de nuevas cláusulas que pidan a las empresas establecer prácticas de control interno más fuertes para reducir actos de corrupción.
Entre las medidas se incluyen: dar autoridad a los comités de auditorías y prácticas societarias para que puedan aprobar las transacciones que involucren al sector público, promover estímulos para el uso de mecanismos de denuncia y actos que se consideren ilegales como los buzones confidenciales y denuncias que deberán ser hechas directamente a los comités de auditoría.
Además, propondrán incluir en los programas de auditoría interna la revisión de desembolsos para identificar aquellos que puedan asociarse con actos ilegales.
México ocupa el lugar 98 entre 178 naciones en el índice de percepción de la corrupción, según fue calculado el año pasado por Transparencia Internacional, recordó Sergio Hernández, presidente del Comité Técnico Nacional de Gobierno Corporativo y Jurídico Financiero del IMEF.
«IMEF cree que es imperativo que dueños, consejeros y funcionarios de empresas mexicanas implementen medidas más estrictas en contra de la corrupción en todas sus formas», dijo en conferencia de prensa.
«Las empresas mexicanas tienen el deber de respetar las leyes a las que están sujetas, evitando todo tipo de prácticas de corrupción».
Por otro lado, el IMEF criticó el proyecto de dictamen para reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, ya que ésta viola el secreto fiscal.
En términos generales, la propuesta pretende obligar a las entidades que destinen recursos públicos a cualquier persona a informar sobre su uso y destino, lo cual es aceptable, indicó Enrique Ramírez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF.
Sin embargo, la redacción de la propuesta establece que la información de cualquier contribuyente que goce de cualquier beneficio, subsidio o tratamiento fiscal especial, por exenciones, cancelaciones o condonaciones tributarias podrá ser revelada.
«La reforma implicaría que pudiesen revelarse los datos personales de las personas que hubieran efectuado aportaciones a sus cuentas de ahorro para el retiro o bien, los de aquellas que apliquen en decreto que permite la deducción de las colegiaturas», ejemplificó.
Por otro lado, el IMEF mantuvo su postura de rechazo al impuesto empresarial a tasa única, por considerarlo un impuesto que resta competitividad al País y complica la contabilidad empresarial.
Además, rechazó la opinión del Gobierno de que funciona de forma efectiva como un impuesto mínimo, ya que en realidad se trata de un impuesto que orilla a una tributación doble.
Fuente: Reforma.com
Por: Gonzalo Soto.
Publicada: 21 de junio 2011.
