Dentro del mundo de la responsabilidad social empresarial (RSE), bien se sabe que la norma ISO 26000, asociada a RSE, propone directrices y no dicta exigencias y, como tal, es la única norma ISO que no se puede certificar. No obstante, los países y organizaciones multinacionales pueden promulgar políticas que incentiven a las empresas a adoptar las mejores prácticas aceptadas internacionalmente.
Tal es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -conocida ampliamente como el «club de los países desarrollados» y a la cual muchos países latinoamericanos aspiran a pertenecer. La organización se define como una vía de ayuda para que los gobiernos aborden los desafíos económicos, sociales y de gobernabilidad de una economía globalizada. Actualmente en Latinoamérica, solo México y Chile pertenecen a esta agrupación de élite.
La OCDE definió un conjunto de pautas para las empresas multinacionales en materia de responsabilidad social corporativa que abarcan una amplia gama de temas, entre ellos due diligence en la cadena de suministro, divulgación de información, derechos humanos, empleo y relaciones industriales, medioambiente, combate del soborno, intereses de los consumidores, ciencia y tecnología, competencia y tributación.
Refrendar estas directrices, además de suscribir una declaración de inversión internacional, es un requisito de ingreso a la OCDE, de acuerdo con Roel Nieuwenkamp, presidente del grupo de trabajo del comité de inversiones de la entidad. Además de México y Chile, los signatarios latinoamericanos de las pautas sobre RSE para empresas multinacionales son Argentina, Colombia, Perú y Brasil. Costa Rica está hoy en proceso de convertirse en uno de los países adherentes, manifestó el funcionario a BNamericas.
Por otra parte, el Punto Nacional de Contacto (PNC) es una oficina que brinda apoyo a las empresas para que lleven a la práctica las directrices de la OCDE. La adherencia a los lineamientos es voluntaria, pero si una empresa no se maneja o no invierte con apego a estas, podría generarse un informe y remitirse al PNC. A su vez, el punto de contacto procedería a investigar y, si es necesario, servir de mediador entre las partes.
El PNC no es un organismo que imponga sanciones, explica Nieuwenkamp, pero si se determina que una compañía no está respetando las directrices, podría exponerse a «severas consecuencias en el ámbito financiero». Por ejemplo, podría tener problemas para conseguir garantías de crédito a la exportación, con lo que quedaría en riesgo su capacidad de enviar productos al exterior.
Para tratar este y otros temas, tendrá lugar el 26 y 27 de enero en Santiago de Chile la primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). El tema del encuentro es Alianza para el Desarrollo Sustentable: Promoviendo Inversiones de Calidad Social y Ambiental.
Fuente: BN Américas
Por: Christian Molinari
