Combatir la corrupción es una de las acciones que están en prioridad del gobierno de México comandado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por ello, se han tomado decisiones radicales, entre las que está eliminar los apoyos para las instancias donde se encuentran mujeres que sufren de violencia doméstica, así como la de eliminar los apoyos económicos para las OSC.
Para algunos expertos de organizaciones internacionales como Oxfam, consideran que combatir la corrupción para tener más recursos que permitan la inversión social es errónea.
Investigadores reunidos en la sede mexicana de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtieron que el eetirar recursos a la sociedad civil bajo el argumento de que al combatir la corrupción se recaudarán los recursos que necesitan los grupos vulnerables, como asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un error que puede llevar a retrocesos en temas que ya habían avanzado.
Es por eso que ellos proponen una recaudación más eficiente que cobre a las grandes corporaciones las tasas tributarias que realmente deben pagar, es decir, en impuesto sobre la renta, especialmente a trasnacionales cuyas ganancias no permanecen en el país.
Según el economista chileno Ricardo Martner, exdirector de la Unidad de Asuntos Fiscales de la Cepal y actual miembro de la Comisión Independiente para la Reforma Tributaria Corporativa Mundial, “el combate a la corrupción no es suficiente para tener más recursos, se requiere una reforma tributaria que derive en inversión pública. Un pacto social requiere más y mejor recaudación”.
Por su parte, la investigadora Magdalena Sepúlveda advirtió que retirar recursos a organizaciones civiles bajo el argumento de combatir la corrupción traerá una importante desigualdad social y de género, al limitar las posibilidades de atención a los grupos vulnerables sin combatir la corrupción a gran escala.
“La restricción al trabajo de la sociedad civil impide una amplitud de voces en la discusión pública. Además hay una afectación de género, sí, me refiero a las estancias infantiles y los refugios para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica”, puntualizó Sepúlveda, miembro del Instituto de Investigación para el Desarrollo Social de la ONU.
De acuerdo con Susana Ruiz, experta en justicia fiscal de Oxfam, «la desigualdad en la recaudación impacta directamente en una baja inversión social, señalaron los expertos. Todo lo que no pagan los grandes corporativos al gobierno lo paga la ciudadanía: ya sea a través de recortes presupuestales, con programas de austeridad que reducen la inversión en políticas sociales; por la privatización de servicios o al aumentar el esfuerzo fiscal de las familias.
“Si no están pagando esas trasnacionales puede ser una renuncia del Estado a recaudar y por lo tanto a invertir, o puede decidir ‘si no recaudo de ellos lo recaudo de otros’. ¿Y dónde es más fácil recaudar? En los impuestos al consumo, ahí donde no puede escapar la ciudadanía”, abundó la especialista.
Según la información que proporcionó en entrevista con Animal Político, el balance neto de la desigualdad tiene que ver con el tipo de impuesto que se cobra: los impuestos al consumo (IVA) pueden ser una proporción mucho más elevada de los ingresos que pagar por un patrimonio muy alto, además de que se trata de aportaciones que los ciudadanos no pueden eludir, a diferencia de los millonarios que pueden enviar su dinero fuera del país o a paraísos fiscales.
“Cuando tengo que dedicar una parte muy elevada de mis ingresos por el consumo, es injusto, no es en función de mi capacidad real sino en función de consumos a los que no puedo escapar: alimentos, vivienda, transporte. Eso supone que todos los ciudadanos sean contribuyentes todos los días, todos pagamos por los actos cotidianos, ¿por qué hay otros que escapen?”, cuestionó la activista.
Los expertos internacionales advirtieron también, que la intención del nuevo gobierno de convertir la economía actual en una más justa no podrá concretarse sin una reforma fiscal integral.
