El pasado 8 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición de dos elementos constitucionales. Por una parte, el “derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la persona”; por otro, el “derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico”. De esta manera, al artículo 4 se le agregaron, como ya viene siendo costumbre, dos nuevos derechos humanos de carácter social. Antes de tratar cada uno de ellos, conviene detenernos en su carácter de derechos humanos de contenido social.
Durante años y por distintas razones, cuando se hablaba de “derechos humanos” se aludía a una condición naturalista, a una construcción etérea de fundamento religioso o, al menos, de moralismo ingenuo. El que las cosas hubieran sido así sigue siendo un buen criterio para suponer que aquello que está en nuestra Constitución (y en los tratados internacionales, por ahora los celebrados por el Estado mexicano) no era derecho. Más aun, que lo que se denominan derechos, simplemente por tener el componente de humanos, no lo eran o se trataba de algo incompatible con el derecho.
