Airbnb destinará 10 centavos de dólar de los ingresos generados por cada reserva a financiar Airbnb.org, su organización de alojamiento temporal para personas afectadas por emergencias. Con esta medida, la compañía busca aportar 500 millones de dólares en cinco años y ampliar la asistencia que ofrece a personas desplazadas por desastres naturales, refugiados y pacientes que necesitan viajar para recibir atención médica.
El nuevo modelo de financiación permitirá que Airbnb.org cuente con recursos más constantes para ampliar sus operaciones y atender a más beneficiarios. La organización, fundada en 2020, ya ha extendido su presencia a 16 países y busca multiplicar por diez su alcance durante el próximo lustro, además de incorporar nuevas causas a sus programas de apoyo.
¿Cómo funcionarán las donaciones de Airbnb?
La compañía aportará 10 centavos de dólar por reserva mediante una reducción de su propio margen. Según Airbnb, el mecanismo no aumentará los precios para los viajeros ni reducirá los pagos a los anfitriones, quienes tampoco tendrán que inscribirse o realizar trámites.
El objetivo es reunir 500 millones de dólares para Airbnb.org durante los próximos cinco años. A diferencia de las campañas de recaudación ocasionales, este modelo vincula la financiación social con la actividad comercial de la plataforma y ofrece una fuente potencialmente más estable de recursos.
Fundada en 2020, Airbnb.org surgió después de varios años de donaciones informales de noches de alojamiento. Su operación consiste en proporcionar créditos para estancias gratuitas a beneficiarios identificados mediante asociaciones y entidades locales.
Starting today, Airbnb donates a portion of revenue from every stay to Airbnb․org to help provide free short-term housing for people displaced by disaster, traveling for medical care, or facing other crises.
Hasta ahora, la organización ha apoyado a personas afectadas por huracanes e incendios, refugiados y personas desplazadas. También incorporó a quienes deben viajar para recibir atención médica y prevé ampliar sus programas a personas que enfrentan violencia intrafamiliar.
Airbnb.org busca alcanzar un millón de noches gratuitas al año
La organización reporta un crecimiento importante de su capacidad de respuesta: pasó de atender ocho catástrofes en 2023 a más de 200 durante 2026, en 16 países. Entre sus intervenciones recientes figuran las estancias para personas evacuadas por los incendios forestales de Gironda, en el suroeste de Francia.
Christoph Gorder, director ejecutivo de Airbnb.org, estima que la organización facilitará alrededor de 100,000 estancias durante 2026. Su meta es alcanzar un millón de pernoctaciones gratuitas al año en cinco años.
El aumento de recursos podría contribuir a alcanzar esa escala, pero el número de emergencias atendidas no basta para medir el impacto. También será necesario conocer cuántas personas reciben ayuda, cuánto tiempo permanecen alojadas y qué tan rápido responde la organización ante una crisis.
Por ello, las donaciones de Airbnb deberán evaluarse mediante resultados verificables, no únicamente por el monto comprometido o la expansión geográfica de sus programas. La transparencia sobre los recursos transferidos y su utilización será fundamental para determinar si el crecimiento financiero se traduce en una mayor protección para las personas vulnerables.
¿Puede Airbnb contribuir a resolver emergencias mientras enfrenta críticas por la vivienda?
La iniciativa tiene un beneficio social concreto: proporcionar un lugar seguro a personas que han perdido temporalmente su hogar o necesitan desplazarse por circunstancias extraordinarias. No obstante, la labor de Airbnb.org convive con los cuestionamientos que enfrenta la plataforma por su posible contribución a reducir la oferta de vivienda para residentes locales.
En determinados mercados, destinar inmuebles residenciales al alquiler turístico puede intensificar la competencia por la vivienda y presionar los precios de los alquileres de largo plazo. La magnitud de estos efectos varía según las condiciones locales y la regulación, pero representa un riesgo social que una evaluación ESG de la compañía no debería ignorar.
La filantropía y la responsabilidad corporativa cumplen funciones diferentes. Financiar alojamiento de emergencia puede aliviar una necesidad inmediata, pero no compensa automáticamente los posibles efectos adversos del modelo de negocio. La responsabilidad de Airbnb también exige evaluar cómo su actividad influye en las comunidades donde opera y qué medidas adopta para reducir las presiones sobre la vivienda asequible.
En septiembre, la compañía anunció un fondo para la construcción de viviendas, con una inversión inicial de 250 millones de dólares y la ambición de alcanzar 5,000 millones en diez años. Esta iniciativa se relaciona de forma más directa con el desafío habitacional, aunque sus resultados dependerán de la cantidad de viviendas construidas, su ubicación y su accesibilidad para las comunidades que más las necesitan.
¿Son suficientes las donaciones de Airbnb para generar impacto social?
La aportación prevista de 500 millones de dólares representa una apuesta financiera relevante para ampliar la asistencia humanitaria. Sin embargo, su suficiencia no puede determinarse sin conocer el costo de los programas, la demanda de alojamiento y los resultados que se obtengan.
Para Airbnb.org, el reto será transformar los recursos en más estancias gratuitas y ampliar sus alianzas para atender nuevas causas, incluida la violencia intrafamiliar. Para Airbnb, el desafío es más amplio: demostrar que su compromiso social no se limita a financiar respuestas ante emergencias, sino que también contempla los efectos de su actividad comercial.
Las donaciones de Airbnb pueden ayudar a miles de personas a encontrar refugio en momentos críticos. Pero una estrategia ESG sólida debe evaluar tanto el beneficio generado como la capacidad de la empresa para prevenir y reducir los impactos negativos vinculados con su negocio. La asistencia humanitaria es una contribución valiosa; garantizar que las comunidades donde opera no enfrenten mayores barreras para acceder a una vivienda es una responsabilidad que debe abordarse por separado.
La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta para resolver dudas de salud, pero sus respuestas también pueden influir en decisiones médicas de alto riesgo. Una nueva demanda a OpenAI cuestiona los límites de estas tecnologías tras la muerte de Bowen Wan, una mujer de 31 años con epilepsia, cuyos padres aseguran que ChatGPT la orientó para suspender su medicamento anticonvulsivo.
Qun Wan y Meiqin Xu presentaron una demanda por homicidio culposo contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman. Según la denuncia, el chatbot diseñó un plan para reducir la dosis de lamotrigina de Bowen hasta eliminarla, sin supervisión médica. El caso reabre el debate sobre la seguridad de la inteligencia artificial generativa, la protección de los usuarios y la responsabilidad de las empresas cuando sus productos ofrecen recomendaciones que pueden afectar la salud.
¿Por qué OpenAI enfrenta una demanda por sus consejos médicos?
De acuerdo con Quartz, la denuncia, presentada ante el Tribunal Superior de San Francisco, sostiene que ChatGPT elaboró un plan para reducir la dosis de lamotrigina de Bowen Wan, quien tomaba 400 miligramos del medicamento. El esquema habría disminuido la dosis hasta llegar a cero en 25 días, sin que un médico lo prescribiera.
Los padres alegan que el chatbot ejerció la medicina sin licencia al proporcionar indicaciones que contradecían la guía para pacientes de Lamictal aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). También señalan que ChatGPT cuestionó la experiencia del epileptólogo de Bowen y calificó su negativa a realizarse un análisis de sangre como una «estrategia de evasión muy agresiva».
Estas acusaciones sitúan en el centro del caso una cuestión de seguridad: ¿cómo deben actuar los sistemas de inteligencia artificial cuando una consulta requiere evaluación clínica? Para los demandantes, las respuestas del chatbot pudieron influir en las decisiones de Bowen y alejarla del tratamiento indicado por sus especialistas.
Las conversaciones con ChatGPT revelan advertencias de la paciente
Un análisis de The New York Times identificó al menos 158 ocasiones en las que Bowen expresó preocupación por la reducción de su medicamento durante sus conversaciones con ChatGPT. El dato es relevante porque apunta a que las dudas sobre el tratamiento aparecieron reiteradamente, en lugar de limitarse a una consulta aislada.
El Dr. Nicholas Poolos, director del Centro Regional de Epilepsia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, declaró al periódico que habría considerado irracional ese esquema para una paciente con los antecedentes clínicos de Bowen. «No, no es racional, de ninguna manera», afirmó al evaluar el plan descrito.
El caso evidencia un desafío para la inteligencia artificial aplicada a la salud: una respuesta detallada y convincente no necesariamente es médicamente correcta. Por ello, la capacidad de reconocer situaciones de riesgo, comunicar límites y dirigir a los usuarios hacia profesionales sanitarios es un componente esencial de la seguridad de estos sistemas.
¿Qué relación señala la demanda entre la suspensión del medicamento y la muerte?
Según la denuncia, Bowen Wan tomó su última dosis de lamotrigina alrededor del 10 de febrero. El plan atribuido a ChatGPT establecía que dejaría de tomar el medicamento el 12 de febrero, fecha en la que falleció.
El médico forense del condado de King determinó que la causa de muerte fue una muerte súbita inesperada relacionada con la epilepsia. La demanda también indica que el análisis de sangre posterior al fallecimiento encontró una concentración de lamotrigina equivalente aproximadamente a una quinta parte de la concentración mínima generalmente considerada terapéutica.
Los demandantes presentan estos datos como parte de los elementos que respaldan sus acusaciones contra OpenAI. Sin embargo, corresponde al proceso judicial examinar las circunstancias de la muerte, la relación entre las respuestas del chatbot y las decisiones de Bowen, y la posible responsabilidad legal de la compañía. Las alegaciones no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de culpabilidad.
OpenAI afirma que ChatGPT utilizaba un modelo anterior
Drew Pusateri, portavoz de OpenAI, calificó el caso como una situación «increíblemente desgarradora». No obstante, señaló que Bowen utilizó GPT-4o, una versión anterior del sistema que la empresa ya había retirado de su aplicación para consumidores.
De acuerdo con The New York Times, GPT-4o dejó de estar disponible en esa aplicación el 13 de febrero, un día después de la fecha de fallecimiento señalada en la denuncia. Pusateri añadió que los modelos más recientes de OpenAI detectan mejor las situaciones que requieren atención urgente.
La denuncia también cuestiona la consistencia de las medidas de seguridad según el idioma. Bowen utilizaba ChatGPT en inglés y chino, pero, según sus padres, no recibió una advertencia sobre posibles diferencias en la precisión y las protecciones del producto al utilizar el segundo idioma. El señalamiento plantea interrogantes sobre cómo las empresas evalúan sus sistemas en distintos contextos lingüísticos y comunican sus limitaciones a los usuarios.
La demanda a OpenAI se suma a otros casos por daños atribuidos a ChatGPT
El proceso se suma a otras acciones legales que cuestionan las consecuencias de los consejos médicos generados por inteligencia artificial. En julio, un ex pastor de Florida demandó a OpenAI al alegar que las respuestas de GPT-4o le proporcionaron consejos perjudiciales que retrasaron el tratamiento de una embolia pulmonar.
En mayo, una pareja de Texas presentó otra demanda por homicidio culposo. Los padres sostienen que su hijo murió por una sobredosis de drogas después de seguir recomendaciones de ChatGPT. Aunque los casos involucran circunstancias distintas, todos plantean preguntas sobre la seguridad de estos sistemas y los límites de la responsabilidad de sus desarrolladores.
Matthew P. Bergman, abogado fundador del Centro Legal para Víctimas de las Redes Sociales, afirmó que, si un médico humano hubiera proporcionado a Bowen ese consejo, podría enfrentar una reclamación por negligencia médica. Benjamin S. Schenk, socio del bufete Schenk, señaló que el caso plantea una cuestión fundamental: dónde termina la IA generativa y comienza la medicina, y quién responde cuando un producto cruza esa frontera.
La seguridad de la IA también implica rendición de cuentas
La muerte de Bowen Wan ha puesto bajo escrutinio la capacidad de ChatGPT para gestionar consultas médicas delicadas y reconocer cuándo una respuesta puede representar un riesgo. Más allá de la precisión de sus modelos, el caso plantea la necesidad de evaluar cómo se diseñan las medidas de protección, qué límites se comunican a los usuarios y cuándo un sistema debe recomendar atención profesional en lugar de ofrecer instrucciones específicas.
Desde la responsabilidad social empresarial, el caso también vincula la innovación tecnológica con la prevención de daños, la transparencia y la rendición de cuentas. La resolución judicial deberá determinar si OpenAI tiene responsabilidad legal en estas circunstancias; entretanto, la discusión trasciende a una sola compañía: ¿qué obligaciones deben asumir los desarrolladores de inteligencia artificial cuando sus productos influyen en decisiones que pueden comprometer la salud y la vida de las personas?
La educación puede abrir caminos para que las nuevas generaciones construyan un futuro con más oportunidades, tanto para ellas como para sus comunidades. Para acercar esas posibilidades a más jóvenes, la colaboración entre organizaciones sociales y fundaciones empresariales puede ayudar a responder a necesidades educativas concretas.
En la región Chontal del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, 31 estudiantes de bachillerato y 10 universitarios se preparan para construir nuevas oportunidades en sus comunidades con el apoyo de Obras Educativas, asociación civil que trabaja en alianza con Fundación Gigante, brazo social de Grupo Gigante y Grupo Presidente. Esta colaboración se vincula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
Fundación Gigante: educación como eje de su compromiso social
Desde hace más de 20 años, Fundación Gigante contribuye a mejorar la vida de las personas en México mediante programas de beneficio social. Como organización sin fines de lucro, concentra sus acciones en tres pilares: educación, salud y ayuda en desastres naturales.
Su alianza con Obras Educativas se relaciona con el primero de estos ejes y con la labor que la asociación civil desarrolla en comunidades indígenas de Oaxaca. Para entender el contexto de esta colaboración, es importante conocer cómo trabaja la organización y cuáles son las necesidades que busca atender.
¿Cómo trabaja Obras Educativas con las comunidades indígenas de Oaxaca?
Obras Educativas promueve el cambio social mediante procesos educativos y productivos en la región Chontal del Istmo de Tehuantepec. Su labor busca contribuir al desarrollo de las comunidades indígenas con respeto a su dignidad y diversidad cultural.
Durante los últimos 10 años, ha trabajado con un modelo centrado en el potencial humano, que contempla acompañamiento, orientación y capacitación para que las personas participantes descubran su visión y desarrollen su potencial empresarial.
Este trabajo se organiza en tres líneas:
Autoempleo: impulsa la creación y consolidación de iniciativas económicas que aporten valor a la sociedad.
Agua: promueve un manejo sustentable y eficiente del recurso para contribuir a la seguridad hídrica de comunidades rurales vulnerables a la sequía.
Educación: brinda hospedaje y alimentación a jóvenes de nivel medio y medio superior, además de becas de manutención para estudiantes de preparatoria y universidad, con el propósito de favorecer la conclusión de sus estudios.
La línea educativa permite contextualizar la colaboración con Fundación Gigante y su relación con un desafío más amplio: favorecer el acceso a una educación de calidad, especialmente en comunidades donde persisten barreras para continuar los estudios.
ODS 4: ¿por qué importa la educación de calidad?
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), establecido por las Naciones Unidas, busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.
Sin embargo, obstáculos como la infraestructura educativa insuficiente, la disponibilidad de docentes y las desigualdades que afectan a comunidades marginadas pueden dificultar el acceso y la continuidad escolar.
En este contexto, el trabajo de Fundación Gigante en alianza con Obras Educativas se vincula con la formación académica de jóvenes de una comunidad indígena. Los programas educativos de la asociación contemplan apoyos como becas de manutención, hospedaje y alimentación para favorecer la continuidad de los estudios.
¿Qué aportan estas alianzas a la responsabilidad social empresarial?
La colaboración entre fundaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil permite sumar capacidades y experiencia para atender necesidades sociales concretas. Desde la responsabilidad social empresarial (RSE), la educación es un ámbito relevante por su relación con el desarrollo de habilidades y la ampliación de oportunidades.
Para comunicar la contribución de estas alianzas con rigor, también es importante dar seguimiento a los programas y distinguir entre sus objetivos, las acciones realizadas y los resultados documentados, sin atribuir impactos que no se hayan medido.
En la región Chontal del Istmo de Tehuantepec, los estudiantes de bachillerato y universidad representan el punto de referencia de esta colaboración entre Fundación Gigante y Obras Educativas. Su formación académica sitúa la educación en el centro de los esfuerzos por ampliar las oportunidades de las nuevas generaciones.
A media mañana la fila de puestos que bordea el camino hacia la zona ya está armada. Los toldos se tensan contra el sol de Yucatán. Alguien acomoda máscaras de madera sobre una manta, otro cuelga hamacas que se mecen sin viento. Un guía espera de pie junto a un grupo que todavía no decide si contrata el recorrido o entra por su cuenta. Cada uno de esos oficios se sostiene con reglas propias, y esas reglas definen cómo cobra cada quien.
Quiénes trabajan alrededor y de qué vive cada uno
El entorno de Chichén Itzá vive de gente de Pisté, de Tinum y de los pueblos cercanos. Está el artesano, que fabrica o revende objetos y gana según lo que logra colocar en el día. Está el guía, que ofrece su conocimiento y su voz durante un par de horas. Está el transportista, que trae y lleva visitantes desde la costa o desde Mérida. Y está el puesto de comida, que trabaja con el hambre de quien lleva horas caminando bajo el calor.
Son negocios distintos aunque trabajen a pocos metros unos de otros. El artesano depende del volumen y del margen por pieza. El guía, de cuántos recorridos cierra y de cómo llena su semana. El que sirve comida vive de la rotación. Cada modelo tiene su ritmo, y ese ritmo marca cómo se ordena el cobro.
Cuando el visitante dejó de traer efectivo
Durante años el cálculo era simple: billetes en la mano, cambio en una riñonera, cuentas al final del día sobre una calculadora vieja. Eso cambió cuando empezó a llegar gente que ya casi no carga efectivo. El viajero de fuera trae tarjeta, a veces solo el teléfono, y espera pagar así hasta una figura de barro.
Quien no aceptaba más que billetes empezó a perder ventas frente al puesto vecino que sí cobraba con terminal. El cambio no fue una decisión ideológica, sino una respuesta a lo que el cliente traía en el bolsillo. Y en cuanto entra un cobro que no es efectivo, queda un registro que antes no existía de qué se vendió y cuándo.
El puesto que vende mercadería, inventario, referencias y precios
El artesano que solo vende lo que él mismo talla maneja pocas cosas y las conoce de memoria. El problema aparece en el puesto grande, el que revende de todo: figuras, textiles, joyería, dulces regionales, refrescos. Ahí conviven decenas de referencias con precios que cambian según la temporada y según lo que costó reponer.
Cuando llega un grupo entero y todos quieren pagar a la vez, la cuenta mental falla. Cobrar tres piezas iguales no es lo mismo que cobrar quince distintas, cada una con su precio. Para ese comerciante, tener los productos codificados y usar un lector de código de barras acelera el cobro y deja claro qué salió del puesto en el día. La herramienta sirve poco si la mercadería no está etiquetada; cuando lo está, resuelve la velocidad en la fila y también deja saber qué reponer al día siguiente.
El guía: no vende un objeto, vende su tiempo
Un guía no tiene inventario. Ofrece una hora y media de recorrido, y eso no se guarda ni se repone. Su negocio se administra como una agenda. Un día puede encadenar cuatro grupos y al siguiente no cerrar ninguno. No maneja stock, maneja disponibilidad, y su límite es cuántas veces puede repetir la caminata sin quedarse sin voz.
Al cobrar, también documenta distinto. Quien presta un servicio profesional emite un comprobante que corresponde a su actividad, y conviene saber si aplica la factura o el recibo de honorarios. Cuál corresponde depende de la figura bajo la que trabaje cada quien, y esa definición es tema de un contador y de lo que indique el SAT, no de la costumbre del puesto de al lado.
Dos comprobantes distintos y por qué importa la diferencia
La diferencia de fondo es concreta. Quien vende un objeto documenta una venta de mercancía; quien presta un servicio documenta un trabajo. Parece un detalle administrativo y termina definiendo obligaciones distintas para dos personas que trabajan a un metro de distancia.
Por eso el artesano y el guía, aunque cobren al mismo turista el mismo día, no entregan el mismo papel. Cuando llega una revisión, o simplemente cuando hay que declarar, tener claro qué se emitió evita dolores de cabeza. La orientación puntual la da un contador que conozca el caso.
Los meses de mucho y los meses de nada
El ingreso alrededor de la zona no llega parejo. Hay semanas en que los estacionamientos se llenan de camiones y el guía no da abasto, y hay meses tibios en que los puestos abren más por costumbre que por venta. Vivir de esto obliga a administrar el año entero con lo que rinden las temporadas fuertes.
Quien lleva registro sabe cuánto entró de verdad en los meses buenos y puede estirar ese dinero en los flacos. Quien cobraba solo en efectivo, sin anotar, suele terminar con una idea vaga de cómo le fue.
El visitante extranjero y sus formas de pago
El turista de fuera cambia el escenario. Rara vez trae pesos suficientes, paga con tarjeta emitida en otro país y a veces pregunta por un comprobante que pueda mostrar en su casa. Para el que cobra, eso significa aceptar medios que no controla del todo y entregar constancia cuando se la piden.
Qué conviene tener resuelto antes de la temporada alta
Antes de que empiece el volumen conviene tener tres cosas ordenadas: cómo se cobra, cómo se registra lo que entra y qué comprobante se entrega. Llegar a los meses fuertes improvisando esos puntos cuesta ventas y noches de cuentas mal hechas.
Cuando la fila de puestos vuelve a armarse a media mañana, se nota quién tiene su cobro resuelto y quién todavía suma con los dedos. Buena parte del oficio, alrededor de la zona, pasa por esos detalles que no se ven desde afuera.
Desde Expok realizamos una entrevista con Juliana Cortez, Líder de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de ALAIAB, para conocer la perspectiva de la organización sobre este debate. Durante la conversación, explicó por qué considera importante diferenciar entre cómo se elabora un alimento y lo que este aporta, así como el papel que puede desempeñar la tecnología alimentaria frente a retos de salud, seguridad alimentaria y sostenibilidad.
¿Qué son los alimentos ultraprocesados y qué mide la clasificación NOVA?
De acuerdo con Cortez, no existe una definición única y consensuada a nivel internacional sobre qué son los alimentos ultraprocesados. El término está relacionado con NOVA, un sistema de clasificación desarrollado en Brasil que agrupa los alimentos en cuatro categorías según su grado de procesamiento y el propósito de este dentro de la producción industrial.
ALAIAB no comparte este enfoque como criterio para caracterizar los alimentos, dado que considera que el grado de procesamiento, por sí solo, no permite determinar su calidad nutricional ni sus efectos sobre la salud. La categoría 4 corresponde a los llamados ultraprocesados y considera la presencia de determinadas sustancias e ingredientes que se incorporan mediante procesos industriales. Para ALAIAB, uno de los puntos centrales del debate es que esta clasificación se enfoca en el procesamiento y no directamente en el contenido o aporte nutricional. Por ello, dentro de una misma categoría pueden convivir productos con perfiles muy diferentes, como una bebida azucarada, un pan integral, un yogur con activos o un cereal fortificado.
¿El grado de procesamiento determina el valor nutricional?
La postura de ALAIAB parte de una distinción: el procesamiento describe cómo se elabora un alimento, mientras que su valor nutricional depende de lo que contiene y aporta.
Un mismo proceso puede dar lugar a productos con cantidades distintas de azúcares, sodio, grasas, proteínas o fibra. También ocurre a la inversa: que un alimento considerado mínimamente procesado no necesariamente tenga, por ese solo hecho, un perfil nutricional más favorable.
Cortez señala procesos como la pasteurización, que permite eliminar patógenos, y la fermentación, que puede mejorar la biodisponibilidad de nutrientes. También destaca la fortificación como una intervención relevante en salud pública que requiere capacidades técnicas para desarrollarse a escala.
Desde esta perspectiva, evaluar un producto únicamente por la forma en que fue fabricado puede dejar fuera elementos de su composición. La misma lógica aplica a la innovación: si una empresa reduce azúcar, sodio o grasa en una formulación, pero esa mejora no se refleja en una clasificación basada en el procesamiento, el incentivo para continuar reformulando podría verse limitado, sostiene ALAIAB.
¿Qué dice la evidencia sobre los alimentos ultraprocesados?
ALAIAB reconoce que existen estudios que han encontrado asociaciones entre el consumo de estos productos y distintos efectos adversos para la salud. Sin embargo, Cortez plantea que la evidencia debe analizarse considerando su nivel de solidez.
La vocera explica que los estudios científicos se organizan en una jerarquía de acuerdo con su capacidad para establecer relaciones causales. En ese esquema, los ensayos controlados aleatorios y sus metaanálisis ocupan un lugar distinto al de los estudios observacionales.
Según la perspectiva expuesta por ALAIAB, una parte importante de las investigaciones que relacionan el consumo de estos productos con efectos adversos son observacionales. Por ello, identifican asociaciones, pero no necesariamente permiten establecer que el consumo de un alimento sea la causa directa de determinado resultado.
También señala que quienes consumen mayores cantidades de determinados productos pueden diferir en factores como actividad física, nivel de ingreso, índice de masa corporal, patrón dietético y estilo de vida, elementos que deben considerarse al interpretar los resultados.
¿Cómo debería evaluarse un alimento y qué papel juega el etiquetado frontal?
En el caso del etiquetado frontal, ALAIAB afirma compartir el objetivo de proporcionar información clara y útil para fortalecer las decisiones de los consumidores. La organización propone que estas herramientas consideren principalmente el perfil nutricional del producto, además de factores como:
Porción.
Frecuencia de consumo.
Composición nutricional.
Contexto dentro del patrón dietético.
Educación alimentaria.
Actividad física.
Acceso a los alimentos.
Desde esta perspectiva, el etiquetado frontal no debería considerarse una herramienta aislada. Para ALAIAB, mejorar los hábitos alimentarios requiere combinar información con educación, actividad física y políticas que atiendan el acceso a los alimentos.
La organización también plantea una mayor coherencia regional. De acuerdo con Cortez, la coexistencia de distintos sistemas de etiquetado en América Latina puede incrementar costos comerciales, dificultar la integración y afectar especialmente a las pequeñas empresas.
Además, considera necesario evaluar las políticas mediante indicadores de resultado para conocer si realmente modifican los patrones dietéticos y contribuyen a mejorar los indicadores de salud.
¿Cómo puede la tecnología alimentaria contribuir a la sostenibilidad?
El debate sobre el procesamiento no se limita a la nutrición. Para ALAIAB, la tecnología alimentaria también puede contribuir a enfrentar desafíos ambientales y sociales del sistema alimentario.
Uno de ellos es la pérdida y el desperdicio de alimentos. El procesamiento puede ampliar la vida útil de determinados productos y acercar la producción al consumo, especialmente en regiones donde existen limitaciones de infraestructura o cadenas de frío. La innovación también puede contribuir al uso más eficiente de recursos y al desarrollo de nuevas soluciones para los envases.
Entre las alternativas mencionadas por Cortez están:
Ecodiseño de envases.
Uso de materiales reciclados.
Sistemas de recolección.
Envases inteligentes que permitan identificar cuándo un producto está próximo a deteriorarse.
Mejora de formulaciones.
Fortificación de alimentos.
Así, el procesamiento puede tener una función que va más allá de transformar un producto: también puede contribuir a conservar alimentos, reducir desperdicios y desarrollar soluciones para necesidades nutricionales específicas.
Alimentos ultraprocesados: ¿cómo incorporarlos en una alimentación equilibrada?
Para Cortez, la discusión debe trasladarse del producto individual al conjunto de la alimentación.
La vocera señala que los alimentos y bebidas pueden incorporarse dentro de una dieta variada y equilibrada, considerando las necesidades particulares de cada persona. Por ello, un producto procesado no debería evaluarse de manera aislada, sino tomando en cuenta su composición, cantidad, frecuencia y función dentro del patrón dietético.
En este sentido, el planteamiento de ALAIAB busca desplazar la conversación de una clasificación entre alimentos “buenos” y “malos” hacia una evaluación más amplia de lo que contiene cada producto y el lugar que ocupa dentro de la alimentación.
En medio del debate sobre alimentos ultraprocesados, la organización plantea que la discusión no debería centrarse únicamente en cómo se elaboró un producto, sino también en qué aporta, cuánto se consume, con qué frecuencia y qué papel cumple dentro de un patrón alimentario y de un sistema alimentario más amplio.
Los bosques urbanos necesitan acciones constantes para conservarse, recuperar su vegetación y fortalecer los servicios ambientales que brindan a las ciudades y es por eso que el voluntariado puede convertirse en una herramienta para que las empresas participen directamente en su cuidado y, al mismo tiempo, acerquen a sus colaboradores a los retos ambientales.
Este es precisamente el objetivo del voluntariado corporativo de Grupo Restaurantero Gigante: generar un impacto en el entorno mientras quienes participan conocen de primera mano qué implica restaurar y conservar un espacio natural, así como la importancia de ser parte de estos esfuerzos.
Cada año, la iniciativa de esta compañía busca dar una segunda vida a los árboles naturales utilizados durante la temporada decembrina en las sucursales de Toks, pero también generar una experiencia en la que la sostenibilidad, que forma parte importante dentro de la cultura de la compañía, pueda experimentarse, comprenderse y convertirse en una responsabilidad compartida.
¿Cómo se llevó a cabo el voluntariado corporativo de Grupo Restaurantero Gigante 2026?
Año con año, durante la temporada de lluvias, se lleva a cabo la jornada de voluntariado corporativo de Grupo Restaurantero Gigante en el llamado Bosque Toks, un espacio ubicado al sur de la Ciudad de México en el que Grupo ha invertido, por más de nueve años en acciones de reforestación y mantenimiento de este entorno natural.
Para lograrlo, la compañía se ha aliado con Reforestalia, una organización que forma parte esencial de este proyecto, ya que, gracias a su propuesta innovadora de adopción de árboles de Navidad en maceta, desde 2017 se ha encargado de proporcionarle los pinos que adornan las sucursales Toks de toda la República durante las fiestas decembrinas, mismos que, pasadas las festividades y luego de un tiempo de adaptación, son reintegrados al bosque durante los voluntariados del Grupo.
Una vez allí, los árboles plantados reciben cuidados y monitoreo por parte del personal de Reforestalia, el cual ayuda a mantener en pie este recinto natural que, a su vez, proporciona diversos beneficios ambientales a la metrópoli en la que se encuentra ubicado.
Durante el voluntariado de este año, colaboradores de Grupo Restaurantero Gigante y estudiantes de la Cátedra Universitaria GRG —una iniciativa académica de la compañía que tiene por objeto acercar a jóvenes del IPN y la UNAM a la gestión de negocios sostenibles—, participaron no sólo en la reintegración de los árboles al entorno, sino también en dinámicas para fomentar el trabajo en equipo y la integración y actividades creativas, como pintar una tote bag, luego de lo cual pudieron disfrutar de una comida preparada con insumos locales y elaborada por los habitantes de la zona. El resultado es una jornada que combina restauración ambiental, convivencia y aprendizaje.
¿Cómo ayuda esta iniciativa a restaurar el medio ambiente?
El modelo busca cerrar el ciclo de vida de los árboles que llegan temporalmente a las sucursales de Toks. En lugar de que su uso termine al concluir la temporada, los ejemplares reciben cuidados y un proceso de adaptación antes de regresar al entorno natural.
Gracias a la reforestación promovida a través de esta iniciativa de adopción de árboles en maceta, así como a los voluntariados por medio de los cuales los árboles regresan al entorno natural, ha sido posible no sólo contribuir a la recuperación de áreas verdes, sino también al fortalecimiento de los suelos, la generación de aire limpio y la salud de los mantos acuíferos en dicha zona ubicada al sur de la CDMX.
Por todo ello, el valor de la colaboración entre GRG y Reforestalia no se limita a una donación o a una actividad aislada, sino que constituye un esfuerzo de conservación ambiental sostenido y que, además involucra a las personas que forman parte de la organización, propiciando así la adopción de hábitos más sostenibles y la generación de una conciencia ambiental.
¿Qué aporta el voluntariado a los colaboradores?
El voluntariado corporativo de Grupo Restaurantero Gigante también tiene un componente interno. Al reunir a personas de distintas áreas y perfiles alrededor de un objetivo común, estas actividades generan espacios de convivencia que difícilmente forman parte de la rutina laboral.
Para Juana Baltazar Andrés, encargada administrativa en Toks, participar en este voluntariado fue comprender la dimensión de los esfuerzos ambientales del Grupo:
“Para mí este voluntariado ha significado conocer personas, convivir con la naturaleza, conocer más del medio ambiente y, sobre todo, darnos cuenta de todo el ciclo que llevan estos arbolitos que en un momento dado van a parar las unidades de Toks”.
Por su parte, Gaudencio Bantier Ández Gálvez, colaborador de Toks, destacó el aprendizaje relacionado con la colaboración: convivir con personas de otras áreas y escolaridades le mostró que, aunque existan diferentes perspectivas, “al tener un objetivo claro, todos se pueden unir”.
Estos espacios pueden contribuir a fortalecer la comunicación, la integración y el sentido de pertenencia, al permitir que los colaboradores conozcan otras facetas de sus compañeros y participen juntos en una causa que trasciende sus funciones cotidianas.
¿Qué revela este voluntariado sobre la estrategia de RSE de GRG?
El voluntariado corporativo de Grupo Restaurantero Gigante muestra cómo una iniciativa ambiental puede generar beneficios simultáneos para el entorno y para las personas que participan en ella. La reintegración de los árboles contribuye a recuperar áreas verdes, mientras que la experiencia presencial ayuda a construir conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales.
Para los colaboradores, además, existe una dimensión de orgullo y pertenencia, como lo expresa Gaudencio Bantier:
“Para mí, trabajar en una empresa que es responsable es una satisfacción y un orgullo, ya que le damos un segundo uso a los materiales que nos entrega la tierra, en lugar de solo tirarlos a la basura”.
El caso también ejemplifica cómo las estrategias ambientales adquieren mayor fuerza cuando las personas pueden participar activamente en ellas. En GRG, el bosque se convierte así en un espacio de aprendizaje y colaboración donde restauración ambiental, integración y responsabilidad empresarial coinciden.
Por eso, más que devolver árboles al suelo, estas jornadas buscan que quienes participan comprendan que la conservación también requiere involucrarse. Y cuando ese aprendizaje sale del bosque y regresa a la empresa, puede convertirse en una cultura ambiental compartida.
Los créditos de carbono están ganando terreno en las estrategias climáticas corporativas. Un estudio de Climate Impact Partners (CIP), realizado entre 600 altos responsables de la toma de decisiones climáticas en Reino Unido y Estados Unidos, revela que el 81% de quienes utilizan o planean utilizar estos instrumentos considera que son esenciales para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas. Además, el 90% de los compradores afirma que han contribuido al cumplimiento de objetivos organizacionales durante los últimos 12 meses.
Sin embargo, los resultados positivos conviven con una contradicción: mientras las empresas reconocen el valor climático y comercial de estas inversiones, el temor a las críticas y las acusaciones de ecoblanqueo limita su comunicación pública. El reto para las organizaciones no consiste únicamente en financiar proyectos de mitigación, sino en demostrar que sus contribuciones son creíbles, complementan la reducción de sus propias emisiones y generan beneficios verificables.
¿Por qué los créditos de carbono son importantes para alcanzar el cero neto?
El informe de CIP, titulado Marcando la pauta: La perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, muestra que los mercados voluntarios de carbono ocupan un lugar cada vez más relevante en la planificación climática empresarial. Entre los responsables de la toma de decisiones que utilizan o planean utilizar estos instrumentos, el 81% los considera esenciales para cumplir sus objetivos de cero emisiones netas.
La perspectiva también apunta al largo plazo: el 66% prevé que seguirán siendo cruciales para sus planes climáticos dentro de seis años. Este dato sugiere que las empresas no los consideran necesariamente una medida temporal, sino una herramienta que podría formar parte de sus estrategias durante la transición hacia modelos de negocio con menores emisiones.
No obstante, su papel requiere una distinción importante: comprar créditos de carbono no equivale a reducir directamente las emisiones propias de una empresa. Estos instrumentos suelen financiar proyectos que evitan, reducen o eliminan emisiones fuera de las operaciones o la cadena de valor del comprador. Por ello, su contribución climática debe entenderse como un complemento de los esfuerzos de descarbonización, no como un sustituto de ellos.
Para las áreas ESG, la cuestión central es cómo integrar estas inversiones en una estrategia climática con objetivos medibles, plazos definidos y mecanismos de rendición de cuentas.
¿Qué beneficios empresariales generan los créditos de carbono?
Los resultados de CIP indican que la inversión climática puede aportar beneficios que van más allá de los compromisos ambientales. El 90% de los compradores encuestados afirmó que los créditos contribuyeron al cumplimiento de sus objetivos organizacionales durante los últimos 12 meses.
35% identificó beneficios en la captación de clientes.
Los resultados también varían según el modelo de negocio. Entre las empresas que venden directamente al consumidor (B2C), el 43% reportó aumentos directos en sus ingresos relacionados con estas iniciativas. Además, el 48% de las compañías con contacto directo con consumidores señaló beneficios en la retención y fidelización de clientes.
En las empresas que operan entre negocios (B2B), los incentivos pueden ser diferentes. Allí, los créditos también se relacionan con la gestión de riesgos climáticos y con las expectativas de las partes interesadas. De hecho, el 58% de los compradores B2B encuestados afirmó que alcanzar el cero neto no es posible dentro de su propia organización.
Estos datos muestran que la acción climática puede alinearse con objetivos comerciales concretos. Sin embargo, los beneficios reportados por las empresas no demuestran por sí solos la eficacia ambiental de cada crédito ni permiten concluir que la compra sea la causa exclusiva de los resultados financieros. Para evaluar su valor integral, es necesario analizar tanto la calidad de los proyectos como su contribución a la estrategia empresarial.
¿Qué hace que un crédito de carbono sea confiable?
El crecimiento del mercado no depende únicamente de la cantidad de empresas dispuestas a invertir. La integridad ambiental de los proyectos es determinante para que la financiación produzca resultados reales y las organizaciones puedan respaldar sus declaraciones climáticas.
Según el informe de CIP, el 84% de los compradores actuales prioriza la calidad sobre el precio. Esta preferencia refleja una mayor atención a los criterios que permiten distinguir las contribuciones climáticas sólidas de aquellas cuyo impacto resulta cuestionable.
Para evaluar una cartera de créditos, las empresas deben examinar aspectos como:
Adicionalidad: si el proyecto genera beneficios climáticos que no se habrían producido sin esa intervención.
Cuantificación y verificación: si las reducciones o eliminaciones de emisiones se calculan con metodologías sólidas y son verificadas de forma independiente.
Permanencia: si el carbono retirado de la atmósfera puede mantenerse almacenado durante el periodo previsto, considerando los riesgos de reversión.
Fugas: si la intervención desplaza las emisiones a otra zona o actividad y reduce así el beneficio neto.
Salvaguardas sociales y ambientales: si el proyecto respeta los derechos de las comunidades y evita daños colaterales.
Estos criterios son especialmente relevantes para las organizaciones que necesitan justificar sus decisiones ante inversionistas, clientes, empleados y reguladores. Una cartera más barata no necesariamente ofrece una mejor relación entre costo e impacto si sus resultados son inciertos o difíciles de demostrar.
La calidad, por tanto, no debería evaluarse solo como una característica del producto adquirido, sino como parte de la gestión de riesgos, la gobernanza climática y la credibilidad de las declaraciones ESG.
¿Por qué las empresas tienen miedo de hablar de sus inversiones climáticas?
Uno de los hallazgos más reveladores del estudio es la distancia entre los resultados que las empresas atribuyen a sus compras y su disposición a comunicarlos.
Solo el 22% de los compradores activos se siente seguro al hablar públicamente sobre sus créditos de carbono, mientras que el 69% ha reducido o detenido sus comunicaciones públicas debido al escrutinio de los medios de comunicación. Además, el 58% de los responsables de la toma de decisiones identifica la preocupación por la reputación como una de las principales barreras internas antes de comprar estos instrumentos.
La cautela tiene una explicación: las afirmaciones ambientales sin evidencia suficiente pueden exponer a una empresa a acusaciones de ecoblanqueo. Presentar una compensación como si eliminara la huella completa de un producto o negocio, por ejemplo, puede crear una impresión engañosa si no se explica qué emisiones se redujeron directamente y cuáles se abordaron mediante proyectos externos.
Pero el silencio también tiene consecuencias. Cuando las compañías que ya participan en el mercado evitan compartir sus experiencias, otras organizaciones pierden referencias para evaluar los proyectos, comprender sus riesgos y decidir si deben invertir. CIP advierte que esta falta de casos visibles puede frenar la incorporación de nuevos compradores y limitar el capital disponible para iniciativas climáticas.
El desafío no consiste en comunicar más a cualquier precio, sino en hacerlo con mayor precisión. Las empresas necesitan explicar qué financian, qué resultados se han verificado, qué límites tiene la contribución y cómo se relaciona con sus propios objetivos de reducción de emisiones.
¿Qué necesitan las empresas para comunicar sus créditos de carbono sin caer en el ecoblanqueo?
La verificación independiente y los marcos de comunicación creíbles pueden ayudar a reducir la incertidumbre. El informe de CIP señala que el 94% de los altos responsables de la toma de decisiones recibiría favorablemente una declaración clara y creíble a nivel de producto que demuestre el apoyo voluntario a proyectos de carbono de alta calidad.
Este interés apunta a una necesidad empresarial: contar con información comprensible y verificable para explicar la contribución climática sin exagerar sus alcances.
Para avanzar, las organizaciones pueden adoptar varias medidas:
Vincular la compra con una estrategia de descarbonización. Establecer metas de reducción de emisiones propias y explicar cómo las contribuciones externas las complementan.
Exigir evidencia verificable. Documentar la metodología, la certificación, la trazabilidad y los resultados de los proyectos financiados.
Comunicar con precisión. Evitar expresiones ambiguas como “cero emisiones” o “carbono neutral” si no se explican las condiciones, el alcance y los límites de la afirmación.
Involucrar a las áreas clave. Alinear sostenibilidad, comunicación, asuntos legales, finanzas y dirección para que las declaraciones públicas coincidan con la evidencia disponible.
Dar seguimiento a los resultados. Revisar el desempeño de los proyectos y actualizar las afirmaciones cuando cambien los datos o aparezcan riesgos nuevos.
La gobernanza es esencial en este proceso. El estudio indica que, en promedio, 2.4 partes interesadas internas participan en cada decisión corporativa de compra. Esto refuerza la necesidad de establecer responsabilidades claras y evitar que la adquisición de créditos sea una decisión aislada del área de sostenibilidad.
Además, el 31% de los responsables de la toma de decisiones climáticas en Estados Unidos identifica las expectativas de los inversionistas como un factor determinante para comprar créditos, frente al 19% en Reino Unido. La diferencia muestra que las motivaciones pueden variar por mercado y que las empresas deben comprender qué esperan sus grupos de interés antes de diseñar sus estrategias de inversión y comunicación.
¿Cómo están utilizando las empresas las alianzas climáticas?
Las colaboraciones entre compañías y proveedores especializados muestran algunas de las formas en que las organizaciones buscan integrar las contribuciones climáticas a sus planes de sostenibilidad. Climate Impact Partners trabaja con empresas de distintos sectores para apoyar proyectos que complementan sus estrategias de reducción de emisiones.
Entre los ejemplos que comunica CIP se encuentran:
Microsoft: mantiene una colaboración con Climate Impact Partners desde 2012. Según la información de la organización, la cartera gestionada incluye más de 50 proyectos en 30 países.
Deloitte Norte y Sur de Europa: colabora en un programa climático alineado con el marco de mitigación Beyond Value Chain Mitigation de la iniciativa Science Based Targets (SBTi), enfocado en la acción climática más allá de la cadena de valor.
Fujitsu: trabaja con CIP para conectar sus ambiciones climáticas con sus objetivos empresariales y compromisos de cero emisiones netas.
Trainline: participa en una alianza que vincula su actividad en el sector del transporte con iniciativas climáticas más amplias.
Aviva: colabora en iniciativas de acción climática que, de acuerdo con CIP, han beneficiado a más de un millón de personas.
Estos casos ilustran distintos enfoques de colaboración, pero no constituyen por sí mismos una evaluación independiente de los resultados de cada proyecto. Para determinar su eficacia, sería necesario revisar los créditos adquiridos, los estándares aplicados, las emisiones asociadas y los resultados ambientales y sociales verificados.
Para los equipos ESG, la lección es que las alianzas pueden facilitar el acceso a proyectos y conocimientos especializados, pero la responsabilidad sobre las declaraciones climáticas sigue siendo de cada empresa. Elegir un proveedor reconocido no elimina la necesidad de diligencia debida ni sustituye la evaluación del impacto.
Créditos de carbono y cero neto: ¿qué deberían priorizar los líderes ESG?
El estudio de CIP apunta a una conclusión relevante para las empresas: existe una percepción extendida de que los créditos pueden contribuir a los objetivos climáticos y generar valor comercial, pero el miedo al escrutinio limita la comunicación y puede frenar la participación de nuevos compradores.
El 81% que los considera esenciales refleja la importancia que han adquirido en las estrategias corporativas. Sin embargo, esa cifra no significa que sean indispensables para todas las empresas ni que cualquier compra garantice avances hacia el cero neto. El resultado describe la opinión de quienes utilizan o planean utilizar estos instrumentos, no un consenso de todas las organizaciones ni una prueba independiente de su eficacia.
La prioridad para los líderes ESG debe ser distinguir entre la contribución financiera a proyectos climáticos y la reducción efectiva de las emisiones de la propia organización. Los créditos de carbono pueden aportar financiación a iniciativas relevantes, pero su valor depende de la integridad de los proyectos, de la transparencia con que se comunican y de que no desplacen las medidas necesarias para transformar las operaciones.
Si las empresas quieren convertir el potencial del mercado en avances climáticos duraderos, necesitan combinar inversiones de calidad con reducciones propias, verificación independiente y rendición de cuentas. La confianza no se construye ocultando las decisiones climáticas ni presentándolas como una solución absoluta, sino mostrando con evidencia qué se ha logrado, qué falta por hacer y cómo cada contribución encaja en una trayectoria creíble hacia el cero neto.
La crisis climática no distribuye sus costos ni sus beneficios de manera equitativa. Mientras miles de millones de personas enfrentan olas de calor, pérdida de cosechas, encarecimiento de los alimentos y daños en sus viviendas, una pequeña élite económica obtiene rendimientos tanto de las actividades que agravan el calentamiento global como de los negocios que prometen proteger al mundo de sus consecuencias.
Ahora, un análisis de Oxfam advierte sobre esta contradicción: el 0.1% más rico de la población mundial, alrededor de ocho millones de personas, genera más emisiones de carbono que los 3,500 millones más pobres en conjunto. Al mismo tiempo, sus inversiones se extienden a empresas que participan en la recuperación y reconstrucción después de los desastres climáticos, un mercado que podría crecer de 70,000 millones de dólares a 92,000 millones anuales para 2029. La ganancia de los superrricos no se limita, por tanto, a acumular riqueza en una economía intensiva en carbono: también puede incluir los beneficios económicos derivados de reparar parte de los daños que esa misma economía contribuye a provocar.
Esta dinámica plantea una cuestión central para la agenda ambiental, social y de gobernanza: ¿qué ocurre cuando quienes tienen mayor capacidad para acelerar la transición climática también cuentan con incentivos financieros para preservar el modelo que alimenta la crisis?
¿Cómo obtienen los superricos una doble ganancia de la crisis climática?
Oxfam identifica dos vías de acumulación de riqueza que pueden coexistir en las carteras de los grandes inversionistas: financiar actividades que contribuyen al calentamiento global y participar en los mercados que crecen como respuesta a sus consecuencias.
La primera está vinculada con inversiones en industrias contaminantes, como los combustibles fósiles, así como con patrones de consumo de altas emisiones. La segunda se relaciona con la llamada economía de la adaptación y la reconstrucción, que comprende bienes y servicios destinados a reducir riesgos, responder a emergencias y recuperar infraestructura después de fenómenos extremos.
Este segundo mercado incluye, entre otros, equipos de refrigeración, barreras contra inundaciones, sistemas de protección contra incendios, transporte, alimentos, seguros y préstamos. Muchos de estos servicios son necesarios para proteger vidas y comunidades; el problema no reside en su existencia, sino en quién controla sus beneficios, bajo qué condiciones se ofrecen y si su crecimiento acompaña una reducción real de las emisiones.
El informe de Oxfam advierte que esta combinación genera un doble dividendo económico: ciertos inversionistas pueden beneficiarse de actividades que agravan la crisis y, posteriormente, de la demanda de soluciones para enfrentarla. En términos de responsabilidad empresarial, la contradicción es relevante porque la rentabilidad de una cartera no necesariamente refleja una contribución positiva al bienestar colectivo.
Además, esta estructura puede crear incentivos para retrasar medidas climáticas que amenacen determinados activos o fuentes de ingresos. No significa que todas las inversiones en adaptación busquen perpetuar la crisis, pero sí que los intereses financieros pueden entrar en conflicto con la rapidez y la profundidad de la descarbonización.
La ganancia de los superrricos también está en las empresas que reconstruyen después de los desastres
Para dimensionar el alcance de esta dinámica, Oxfam desarrolló el Destroy and Rebuild Index (Índice de Destrucción y Reconstrucción), que identifica a 217 corporaciones vinculadas con industrias que contribuyen al colapso climático o que ofrecen productos y servicios para prepararse ante sus consecuencias, responder a las emergencias y reconstruir después de ellas. Los datos revelan la escala económica de este entramado:
217 Corporaciones identificadas en el índice de Oxfam.
1,800 millones USD en facturación media por empresa durante el último año analizado.
1,000 millones USD en dividendos distribuidos a los accionistas por las compañías analizadas, según Oxfam.
Más de 1 billón USD en acciones de empresas del índice en manos de BlackRock y Vanguard, de acuerdo con la organización.
La presencia de grandes gestoras de activos resulta especialmente significativa. Según el informe, BlackRock y Vanguard mantienen inversiones en el 92% de las empresas incluidas en el índice, lo que evidencia el alcance de su exposición financiera a este conjunto de actividades.
Esto no significa que cada compañía identificada obtenga ganancias directamente de un desastre específico ni que todas sus actividades sean perjudiciales. Algunas soluciones de adaptación son indispensables para proteger a las comunidades. La cuestión es que los mismos circuitos de inversión pueden financiar actividades intensivas en carbono y, al mismo tiempo, capturar rendimientos de la demanda de protección y reconstrucción.
La ganancia de los superrricos adquiere así una dimensión estructural: no depende únicamente de una empresa o un desastre, sino de una red de activos, accionistas y mercados que puede beneficiarse de distintas etapas de la crisis. Para evaluar sus consecuencias, el análisis ESG necesita distinguir entre las inversiones que reducen efectivamente la vulnerabilidad y aquellas cuya rentabilidad puede crecer sin que disminuyan las causas del problema.
Cuando los desastres climáticos encarecen los alimentos, ¿quién se queda con el dinero?
La desigualdad también se manifiesta en la cadena alimentaria. Sequías, inundaciones y tormentas pueden reducir la oferta agrícola, interrumpir el transporte y elevar los precios. Aunque estos choques afectan a productores y consumidores, sus consecuencias financieras no se distribuyen de manera uniforme.
Oxfam advierte que las grandes comercializadoras de alimentos pueden beneficiarse de las crisis que alteran los mercados agrícolas. Según su análisis, la riqueza de los multimillonarios vinculados con estas actividades aumentó en 120,000 millones de dólares desde 2020. La organización señala que los incrementos de precios pueden favorecer desproporcionadamente a grandes corporaciones e inversionistas, mientras los pequeños agricultores pierden cosechas y los hogares deben destinar una mayor proporción de sus ingresos a alimentarse.
Un caso ilustrativo es el cacao de África occidental. Tras las condiciones meteorológicas extremas que afectaron la producción en 2024, sus precios aumentaron un 231%, de acuerdo con la información citada por Oxfam. Sin embargo, los agricultores locales no recibieron beneficios proporcionales de ese encarecimiento, según la organización.
El ejemplo expone una contradicción relevante: un precio más alto no garantiza que quienes producen el alimento ganen más. Los beneficios dependen de factores como el poder de negociación, el acceso al mercado, los contratos y la posición que ocupa cada participante en la cadena de suministro.
Para las empresas, esto plantea un riesgo de responsabilidad social y gobernanza. La resiliencia de una cadena de valor no puede medirse exclusivamente por su capacidad para mantener márgenes durante una crisis; también debe considerar si los proveedores pequeños pueden recuperarse y si los consumidores conservan acceso a bienes esenciales. De lo contrario, la adaptación económica puede terminar reproduciendo la vulnerabilidad que debería ayudar a resolver.
Los más ricos contaminan más, pero tienen mayores recursos para protegerse
La doble ganancia económica es apenas una parte de la desigualdad climática. La otra está en la distribución de las emisiones y de los daños.
Según Oxfam, las personas que integran el 0.1% más rico del mundo —unos ocho millones— generan más emisiones de carbono que los 3,500 millones de personas más pobres en conjunto. La organización también estima que cada persona de ese grupo ha contribuido 125 veces más que el promedio mundial a los episodios de calor extremo y casi 400 veces más que alguien perteneciente a la mitad más pobre de la población.
Estas diferencias no se explican solamente por el consumo individual. Los vuelos en jets privados, las propiedades de gran tamaño y otros estilos de vida intensivos en carbono forman parte del problema, pero Oxfam identifica las inversiones como una fuente central de la huella climática de las élites económicas.
La concentración de emisiones tiene una contraparte: la concentración de recursos para enfrentar sus consecuencias. Las personas adineradas pueden recurrir a seguros privados, viviendas mejor protegidas, evacuaciones, atención médica y alternativas para trasladarse a lugares más seguros. En cambio, un hogar con ingresos limitados puede perder su vivienda, sus herramientas de trabajo o sus ahorros ante una inundación, un incendio o una ola de calor.
La diferencia no consiste en que los sectores de menores ingresos estén completamente expuestos y los ricos sean inmunes. Consiste en que la riqueza compra capacidad de anticipación, protección y recuperación, mientras que la falta de recursos convierte un fenómeno extremo en una crisis económica y social prolongada.
Esta brecha también condiciona la recuperación. Una familia con patrimonio puede reparar su casa o trasladarse temporalmente; una que depende de sus ingresos diarios puede endeudarse, abandonar sus estudios o perder definitivamente su fuente de sustento. Cuando los daños se repiten antes de que los hogares vulnerables hayan podido recuperarse, la crisis climática profundiza la desigualdad preexistente.
La desigualdad climática también se mide en vidas y desplazamientos
Las consecuencias de esta distribución desigual no son únicamente económicas. Oxfam estima que las emisiones anuales del 1% más rico provocarán alrededor de 1.9 millones de muertes adicionales relacionadas con el calor. Más de tres cuartas partes se producirían en países de ingresos bajos y medios, responsables, según la organización, de apenas el 8% de las emisiones globales.
La cifra muestra la distancia entre responsabilidad y vulnerabilidad: quienes menos han contribuido al calentamiento global pueden sufrir una proporción desmedida de sus consecuencias, especialmente donde los servicios de salud, la infraestructura, la protección laboral y los sistemas de alerta son insuficientes.
A esto se suma el desplazamiento forzado. Oxfam señala que hasta 1,000 millones de personas podrían verse desplazadas por la crisis climática para 2050, cerca del 10% de la población mundial, con una afectación mayoritaria en el Sur Global.
El riesgo es que la reconstrucción posterior a un desastre no siempre devuelva a las comunidades a una situación equivalente a la que tenían antes. Si la recuperación depende de préstamos difíciles de pagar, servicios privatizados o procesos que encarecen el acceso a la vivienda y la tierra, las personas afectadas pueden terminar asumiendo costos adicionales mientras otros actores capturan las oportunidades comerciales.
Por eso, la justicia climática exige examinar no solo cuánto dinero se destina a la adaptación, sino quién decide cómo se utiliza, quién puede acceder a ella y quién termina pagando.
¿Puede la rentabilidad de los desastres frenar la acción climática?
Oxfam advierte que los intereses económicos vinculados con las industrias contaminantes y la reconstrucción pueden reducir los incentivos para impulsar cambios profundos. Cuando una transición energética amenaza activos rentables o cuando un modelo de negocio depende de la demanda creciente de protección frente a desastres, algunos inversionistas pueden tener razones financieras para resistirse a determinadas medidas climáticas.
La organización también alerta sobre el uso de las emergencias para promover privatizaciones, obtener concesiones o aumentar el endeudamiento de países con menos recursos. Estas prácticas no describen todas las inversiones en adaptación, pero muestran por qué la respuesta a una catástrofe necesita reglas transparentes, controles públicos y salvaguardas sociales.
Desde una perspectiva ESG, esto obliga a ir más allá de las declaraciones corporativas de sostenibilidad. Una empresa puede ofrecer soluciones de protección climática y, al mismo tiempo, mantener inversiones o actividades que agravan los riesgos que esas soluciones intentan contener. Evaluar su desempeño requiere considerar sus emisiones, su estrategia de transición, la trazabilidad de sus inversiones, la distribución de sus beneficios y su influencia en las políticas públicas.
También exige diferenciar entre adaptación y dependencia del desastre. La primera reduce la vulnerabilidad y fortalece la capacidad de las comunidades para resistir fenómenos extremos; la segunda aparece cuando la rentabilidad de un negocio depende de que los daños se repitan sin abordar suficientemente sus causas.
¿Qué medidas propone Oxfam para frenar la ganancia de los superrricos?
Ante este escenario, Oxfam pide que quienes más contribuyen al calentamiento global asuman una proporción mayor de sus costos. Sus propuestas incluyen:
Aumentar los impuestos a las grandes fortunas y a las industrias contaminantes, incluidos los sectores petrolero y gasístico, así como aplicar gravámenes a bienes de lujo de altas emisiones, como los jets privados.
Reforzar la financiación climática internacional, priorizando las subvenciones sobre los préstamos para evitar que los países vulnerables acumulen deuda al enfrentar una crisis que no han causado en la misma proporción.
Ampliar la infraestructura y los servicios públicos resilientes, para que la protección frente a fenómenos extremos no dependa exclusivamente de la capacidad de pago de cada persona.
Limitar la especulación con los desastres, mediante controles a las prácticas empresariales en la reconstrucción, la respuesta a emergencias y los sistemas alimentarios.
Estas medidas apuntan a una cuestión distributiva: si los beneficios de las actividades contaminantes se concentran en pocos actores y sus costos recaen sobre el conjunto de la sociedad, las políticas climáticas deben corregir ese desequilibrio. La financiación de la transición no puede descansar principalmente en quienes tienen menos patrimonio ni en países con menor responsabilidad histórica por las emisiones.
La discusión también concierne a las empresas y a sus inversionistas. Una estrategia ESG consistente debe identificar si sus rendimientos dependen de externalizar costos ambientales y sociales, así como demostrar que sus inversiones contribuyen a reducir las emisiones y fortalecer la resiliencia sin agravar las desigualdades.
La crisis climática no debería ser un negocio que premie la destrucción
El análisis de Oxfam pone de relieve una contradicción que las estrategias de sostenibilidad no pueden ignorar: los mercados pueden generar soluciones necesarias frente a los desastres y, a la vez, concentrar sus beneficios en quienes tienen mayor responsabilidad en la crisis climática.
La ganancia de los superrricos no se explica únicamente por sus niveles de consumo o por las inversiones en industrias contaminantes. También importa su capacidad para controlar activos, influir en las decisiones económicas y proteger su patrimonio frente a los daños que otras poblaciones deben afrontar con recursos mucho más limitados.
Esto no convierte automáticamente toda inversión en adaptación en una práctica cuestionable. La inversión privada puede ser indispensable para desarrollar infraestructura resiliente, mejorar los sistemas de alerta y proteger comunidades. El problema aparece cuando los rendimientos financieros no se acompañan de una reducción efectiva de los riesgos o cuando la reconstrucción termina transfiriendo los costos a quienes menos pueden asumirlos.
Para los líderes ESG, el desafío es evaluar el desempeño empresarial con una pregunta más exigente que la rentabilidad: ¿la actividad económica contribuye a evitar futuros daños o se limita a obtener beneficios de una crisis que continúa profundizándose?
Mientras las emisiones y las ganancias se concentren en los sectores más ricos, pero las pérdidas recaigan de manera desproporcionada en los hogares y países vulnerables, la respuesta climática seguirá enfrentando un problema de justicia. Frenar el calentamiento global requiere reducir la contaminación, pero también cambiar los incentivos económicos que permiten privatizar los beneficios y socializar los costos de la catástrofe.
El futbolista inglés Harry Kane acaba de sumar uno de los reconocimientos más importantes de su carrera: el Balón de Oro masculino 2026, que recibió el 26 de octubre tras una temporada excepcional con el Bayern de Múnich y la selección de Inglaterra. Con 73 goles entre su club y su país durante la campaña 2025-2026, el delantero se convirtió en el primer inglés en ganar este galardón desde Michael Owen, en 2001. El premio reconoce su desempeño deportivo, su disciplina y la capacidad para mantenerse entre los máximos referentes del fútbol internacional.
Sin embargo, la trayectoria de Kane también ofrece otra perspectiva sobre el papel de las figuras públicas: su capacidad para utilizar la visibilidad, los recursos y las alianzas que acompañan al éxito deportivo para contribuir a causas sociales. A través de la Harry Kane Foundation y de colaboraciones con organizaciones benéficas, el futbolista ha respaldado iniciativas relacionadas con la salud mental, la infancia, el bienestar familiar y la inclusión. Por eso, más allá de sus goles y trofeos, presentamos ocho acciones de responsabilidad social de Harry Kane que muestran cómo el deporte puede convertirse en una plataforma para generar conciencia, movilizar recursos y apoyar a quienes más lo necesitan.
De la cancha al impacto social: 8 acciones de responsabilidad social de Harry Kane
1. Creó la Harry Kane Foundation para transformar la conversación sobre salud mental
En octubre de 2022, durante el Día Mundial de la Salud Mental, Kane lanzó la Harry Kane Foundation (HKF), una iniciativa con el objetivo de contribuir a cambiar la forma en que las personas comprenden y atienden su bienestar emocional. La fundación trabaja con especialistas, organizaciones benéficas y aliados estratégicos para impulsar campañas de sensibilización, programas educativos, talleres, investigaciones y servicios de apoyo dirigidos a personas de distintas edades.
Su enfoque busca normalizar las conversaciones sobre salud mental, reducir el estigma y promover hábitos que ayuden a prevenir problemas antes de que se conviertan en crisis. Entre sus prioridades están desarrollar resiliencia, aprender a regular las emociones, reconocer cuándo se necesita ayuda y fortalecer las conexiones sociales. La importancia de esta iniciativa radica en que utiliza la influencia de un deportista de alcance internacional para abordar un tema que todavía puede generar vergüenza o silencio, especialmente entre los jóvenes y en entornos donde se espera que las personas siempre sean fuertes.
2. Impulsó recursos educativos para que niñas, niños y jóvenes desarrollen resiliencia
La responsabilidad social de Harry Kane también se expresa en programas que buscan llegar a la infancia y la adolescencia antes de que aparezcan problemas de salud mental más graves. A través de su fundación y de alianzas educativas, el futbolista ha respaldado recursos para que estudiantes aprendan a reconocer sus emociones, afrontar contratiempos y desarrollar confianza en sí mismos.
Así, en noviembre de 2025, la Harry Kane Foundation se asoció con The Mix, organización vinculada con Mental Health Innovations, para financiar y lanzar un módulo gratuito de resiliencia dentro de su programa LifeSkills. Creado junto con jóvenes y especialistas, el recurso está disponible en versiones para las edades de 10 a 14 y de 15 a 18 años. Mediante contenido interactivo, historias y estrategias prácticas, ayuda a comprender que la resiliencia no significa ser invulnerable, sino aprender a adaptarse, buscar apoyo y crecer ante las dificultades. La iniciativa demuestra el valor de la educación preventiva para dotar a las nuevas generaciones de herramientas que pueden acompañarlas durante toda la vida.
3. Promovió la actividad física como herramienta para cuidar la salud mental
Durante la Semana de Concienciación sobre la Salud Mental de 2024, Kane colaboró con BBC Children in Need, la Mental Health Foundation y Shout para promover la relación entre el movimiento físico y el bienestar emocional. Una de las iniciativas fue la campaña Move for Mental Health, que invitó a las personas a participar en retos de actividad física para visibilizar los beneficios del ejercicio y recaudar fondos destinados a Shout, servicio británico de apoyo emocional por mensajes de texto.
Kane también participó en Team Moodboosters, una actividad educativa de BBC Children in Need, y contribuyó con un prólogo a un material sobre bienestar dirigido a escolares y distribuido a través de la Mental Health Foundation. La relevancia de estas acciones consiste en acercar la prevención a la vida cotidiana: caminar, hacer ejercicio y mantener vínculos con otras personas pueden formar parte de hábitos saludables, aunque no sustituyen la atención profesional cuando esta es necesaria. Al vincular el movimiento con una conversación pública sobre salud mental, el futbolista ayuda a ampliar el alcance de mensajes preventivos y a reducir las barreras para hablar del tema.
With Children in Need’s support, project workers help turn young lives around.
Watch BBC Children in Need on iPlayer from 18 Nov.
4. Apoyó a niños con enfermedades graves y a sus familias mediante Haven House
Haven House Children’s Hospice es una organización que brinda cuidados especializados a bebés, niñas, niños y jóvenes con enfermedades graves, además de apoyo a sus familias. Kane mantiene una relación de apoyo con el hospicio desde hace años y, a través de su fundación, contribuye a visibilizar sus servicios y promover iniciativas de recaudación de fondos. El trabajo de esta organización incluye atención durante el día, estancias nocturnas, cuidados al final de la vida, acompañamiento en el duelo y actividades que favorecen la calidad de vida de los menores.
El respaldo de Kane también contempla el bienestar emocional de hermanos y otros familiares de los pacientes, quienes pueden experimentar estrés, incertidumbre y aislamiento durante periodos de atención prolongada. La fundación apoya los servicios de salud mental y bienestar de Haven House, además de facilitar experiencias especiales para las familias. Esta acción resulta significativa porque recuerda que la atención de una enfermedad grave no afecta únicamente al paciente: también transforma la vida de quienes lo cuidan. El apoyo social, el acompañamiento emocional y los espacios para compartir experiencias pueden aliviar parte de esa carga.
5. Convirtió una campaña de recaudación en un reto para apoyar a familias vulnerables
En febrero de 2024, Kane participó en Miles for Smiles, una iniciativa de Haven House que invitó a la comunidad a caminar 10,000 pasos diarios durante un mes para recaudar fondos destinados a los servicios de atención infantil y bienestar emocional del hospicio. El futbolista ayudó a promover el desafío y animó a sus seguidores a participar en una actividad accesible que combinaba movimiento, sensibilización y solidaridad. La campaña coincidió con la Semana de la Salud Mental Infantil, lo que reforzó su mensaje sobre la importancia de cuidar el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa logró recaudar más de 25,000 libras esterlinas, según Haven House, y muestra cómo una figura pública puede contribuir a transformar una actividad cotidiana en una herramienta de movilización social. En lugar de limitar el apoyo a una aportación económica individual, este tipo de campañas invita a la comunidad a involucrarse, compartir el mensaje y contribuir a una causa concreta. Desde la perspectiva de la responsabilidad social, su valor también reside en fortalecer la participación ciudadana y dar visibilidad a organizaciones que necesitan recursos para mantener sus servicios.
6. Cedió el espacio publicitario de las camisetas del Leyton Orient para apoyar causas sociales
En 2020, durante la pandemia de COVID-19, Kane patrocinó las camisetas del Leyton Orient, el club en el que debutó como profesional, y destinó los espacios publicitarios de sus tres equipaciones a causas sociales. La camiseta local incluyó un mensaje de agradecimiento al personal sanitario y a otros trabajadores esenciales; la segunda equipación mostró el logotipo de Haven House Children’s Hospice, y la tercera dio visibilidad a Mind, organización británica dedicada a la salud mental. Además, el club anunció que donaría a las causas correspondientes el 10% de los ingresos por la venta de cada camiseta.
La iniciativa combinó apoyo financiero, reconocimiento social y comunicación pública en un momento en que las organizaciones benéficas afrontaban dificultades para recaudar fondos. También permitió a Kane devolver algo al equipo que le ofreció una de sus primeras oportunidades profesionales. La acción es un ejemplo de cómo los activos comerciales del deporte —como los patrocinios y la venta de productos oficiales— pueden utilizarse para generar valor social, en vez de limitarse a objetivos promocionales. Su relevancia radica en vincular la actividad económica de un club con causas que necesitaban apoyo y visibilidad.
Kane of the Orient
Well done to England & Spurs striker Harry Kane, who will sponsor the shirts of Leyton Orient next season
7. Se sumó a una iniciativa colectiva para respaldar al personal sanitario durante la pandemia
En abril de 2020, Kane fue uno de los futbolistas de la Premier League que apoyaron #PlayersTogether, una iniciativa colectiva creada por jugadores para ayudar a recaudar y distribuir fondos entre organizaciones benéficas vinculadas con el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) y otras áreas prioritarias durante la pandemia. El proyecto buscaba canalizar recursos hacia quienes estaban atendiendo la emergencia sanitaria y facilitar que las donaciones llegaran con rapidez a los servicios que más las necesitaban.
La participación de Kane formó parte de un esfuerzo conjunto, por lo que no debe confundirse con una donación individual de una cantidad específica atribuible al jugador. Aun así, la iniciativa refleja una dimensión importante de la responsabilidad social en el deporte: la cooperación entre figuras públicas puede amplificar el alcance de una respuesta colectiva. En una emergencia, la capacidad de convocar, coordinar y dar visibilidad a las necesidades de las comunidades puede ser tan relevante como la aportación económica, especialmente cuando los sistemas de salud y las organizaciones de apoyo enfrentan una presión extraordinaria.
8. Apoya la investigación contra el cáncer y la participación de niñas y mujeres en el fútbol
Entre las iniciativas respaldadas por la Harry Kane Foundation se encuentra el Bobby Moore Fund, impulsado por Cancer Research UK para recaudar fondos destinados a la investigación del cáncer intestinal. Kane ha apoyado la campaña Football Shirt Friday, que invita a los aficionados a vestir camisetas de fútbol para generar conciencia y promover donaciones. La iniciativa aprovecha la identidad compartida de los seguidores del deporte para acercar la investigación médica a una audiencia amplia y recordar la importancia de mejorar la prevención, la detección y el tratamiento de esta enfermedad.
La fundación también respalda a la London Playing Fields Foundation y su trabajo para ampliar las oportunidades de niñas y mujeres en el fútbol. Entre sus líneas de acción se encuentra el desarrollo de un grupo dedicado al legado femenino del deporte, con iniciativas para facilitar la continuidad de las niñas en la práctica deportiva y favorecer su acceso a funciones como entrenadoras, árbitras y responsables de equipos. Este apoyo aborda una barrera social persistente: la desigualdad de oportunidades para participar y permanecer en el deporte. Al promover tanto la investigación sanitaria como la inclusión deportiva, Kane amplía el alcance de su labor social más allá de la salud mental.
Cuando el éxito deportivo también genera oportunidades para los demás
El Balón de Oro reconoce el rendimiento excepcional de Harry Kane dentro del campo, pero su trabajo social permite observar otra dimensión de su trayectoria: la posibilidad de aprovechar la influencia pública para contribuir a causas que afectan la vida de millones de personas. Desde la salud mental hasta la atención de menores con enfermedades graves, la investigación médica y la inclusión de niñas en el deporte, sus iniciativas muestran distintas formas de vincular la popularidad con objetivos sociales concretos.
La responsabilidad social de Harry Kane también deja una lección para las empresas, las instituciones deportivas y otros referentes públicos: el impacto no depende únicamente de cuánto dinero se dona, sino de la capacidad para construir alianzas, sostener programas, movilizar a las comunidades y dar visibilidad a problemas que necesitan atención. Su ejemplo no sustituye el trabajo de especialistas ni de las organizaciones que atienden directamente a las poblaciones vulnerables, pero puede contribuir a amplificarlo. Así, el reconocimiento deportivo adquiere una dimensión adicional cuando se convierte en una plataforma para inspirar participación y generar cambios que van más allá de los resultados en la cancha.
La transición ecológica está abriendo nuevas oportunidades laborales, pero también expone una contradicción del mercado de trabajo: mientras las empresas necesitan talento para transformar sus operaciones, una parte de la población enfrenta barreras para acceder a los puestos que están surgiendo. En España, la economía verde podría generar hasta 560,000 empleos antes de 2030, según las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Sin embargo, los profesionales mayores de 50 años, que representan una proporción importante del desempleo, corren el riesgo de quedar al margen de esta expansión.
El informe Activar la experiencia, elaborado por SAVIA, proyecto de Fundación Endesa en colaboración con Fundación Máshumano, identifica los obstáculos que impiden aprovechar el talento sénior en los sectores vinculados con la transición ecológica. Sus resultados plantean una cuestión relevante: ¿cómo pueden las empresas cubrir sus necesidades de competencias verdes sin reproducir las barreras de edad que limitan el acceso al empleo?
¿Qué sectores impulsarán la economía verde y dónde están las oportunidades?
Las oportunidades de empleo verde no se distribuyen de manera uniforme en España. De acuerdo con los datos de la OCDE recogidos en el informe, la Comunidad de Madrid registra el mayor peso de vacantes de empleo verde, con 22.1%, seguida de Cataluña, con 20.1%; Cantabria y País Vasco, con 20% cada una, y Galicia, con 19.8%. La Comunidad Valenciana (17.9%) y las Islas Baleares (17.2%) también destacan como territorios emergentes.
Las actividades con mayor potencial dependen de las características productivas y las necesidades de cada región:
Rehabilitación energética y gestión de residuos: Madrid concentra oportunidades relacionadas con la eficiencia de los edificios, la movilidad sostenible y la gestión de materiales.
Energías renovables y movilidad eléctrica: Cataluña destaca por el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas y eólicas, así como por las iniciativas de movilidad sostenible.
Eficiencia industrial y economía azul: el País Vasco presenta oportunidades vinculadas con la eficiencia energética, los residuos y la movilidad eléctrica, mientras Cantabria destaca por las renovables y la restauración de ecosistemas costeros.
Gestión de recursos naturales: Galicia ofrece posibilidades en acuicultura sostenible, biomasa y restauración ecológica.
Para quienes buscan incorporarse a estos sectores, la ubicación geográfica y las competencias requeridas son factores relevantes al definir una estrategia de formación o reconversión profesional. Para las empresas, estos datos también permiten identificar dónde podría concentrarse la demanda de talento y diseñar programas de capacitación relacionados con las necesidades locales.
El talento sénior podría cubrir parte de la demanda, pero enfrenta barreras de acceso
El potencial de la economía verde contrasta con la situación laboral de los mayores de 50 años. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2026, en España hay 767,000 personas desempleadas de esa edad, equivalentes al 30% del total. De ellas, 386,200 —la mitad— llevan un periodo prolongado buscando trabajo.
No obstante, el informe revela que el interés por incorporarse a sectores verdes existe: más del 90% de los profesionales sénior encuestados estaría dispuesto a trabajar en actividades vinculadas con la transición ecológica y formarse para hacerlo.
El problema es que la disposición individual no basta para acceder a las vacantes. El estudio identifica tres obstáculos principales:
Falta de formación especializada: solo el 3% de los encuestados ha recibido capacitación específica en economía verde, mientras que el 45% señala dificultades para acceder a ella.
Discriminación por edad: el 71% percibe edadismo en los procesos de selección, lo que puede limitar sus oportunidades incluso cuando cuenta con experiencia relevante.
Dificultad para identificar oportunidades: el 57% no sabe cómo buscar empleo en estos sectores y el 32% echa en falta redes profesionales que faciliten el acceso.
Estas barreras evidencian un desajuste entre las necesidades del mercado y las condiciones de acceso a la formación y al empleo. La transición ecológica demanda nuevas competencias, pero eso no significa que todos los puestos requieran trayectorias profesionales completamente nuevas. En actividades como la construcción, las instalaciones eléctricas, el mantenimiento industrial o la gestión de operaciones, la experiencia previa puede ser una base valiosa para adquirir conocimientos ambientales y digitales.
La expansión de la economía verde no se limita a crear puestos para especialistas en sostenibilidad. También transforma ocupaciones existentes y exige incorporar criterios ambientales a funciones técnicas, operativas y de gestión.
Para quienes buscan una oportunidad laboral, una estrategia útil consiste en identificar qué conocimientos de su experiencia pueden trasladarse a sectores verdes y cuáles necesitan actualizarse. Entre las áreas que conviene explorar se encuentran:
Competencias técnicas: eficiencia energética, instalación y mantenimiento de tecnologías renovables, rehabilitación de edificios, gestión de residuos y movilidad sostenible, según el sector de interés.
Habilidades digitales: manejo de herramientas de seguimiento, análisis de datos y sistemas tecnológicos aplicados a procesos industriales y ambientales.
Conocimientos de sostenibilidad: comprensión de los objetivos de descarbonización, uso eficiente de recursos y criterios ambientales aplicables a las actividades de una organización.
Capacidades transferibles: gestión de proyectos, mantenimiento, liderazgo de equipos, resolución de problemas y conocimiento de procesos productivos.
No todas las personas necesitan aprender lo mismo ni realizar una reconversión completa. Lo importante es relacionar la experiencia existente con las necesidades concretas de las vacantes y buscar formación que permita acreditar las nuevas competencias.
Para los profesionales ESG, este escenario también abre oportunidades en áreas como la gestión de emisiones, la evaluación de proveedores, la elaboración de indicadores de sostenibilidad y la implementación de planes ambientales. La demanda dependerá de cada mercado y del grado de integración de los objetivos climáticos en las operaciones empresariales.
¿Qué deben hacer las empresas para que el empleo verde sea inclusivo?
El informe plantea una respuesta coordinada entre trabajadores, empresas y administraciones. Para las organizaciones, aprovechar el talento sénior implica reconocer que la transición ecológica no depende únicamente de contratar perfiles jóvenes con formación reciente, sino también de actualizar las capacidades de quienes ya conocen los procesos, los clientes y las operaciones de cada sector.
Las empresas pueden avanzar mediante cuatro acciones:
Ofrecer formación adaptada y continua. Diseñar itinerarios de capacitación vinculados con puestos reales y facilitar que los trabajadores acrediten sus nuevas competencias.
Revisar los procesos de selección. Evaluar conocimientos y experiencia en lugar de utilizar la edad como criterio indirecto para descartar candidaturas.
Impulsar la mentoría intergeneracional. Combinar la experiencia operativa de los profesionales sénior con los conocimientos técnicos y digitales de otros perfiles.
Crear vías de incorporación flexibles. Facilitar procesos de reconversión, prácticas, contratación gradual y oportunidades de emprendimiento cuando sean adecuados.
Por su parte, las administraciones públicas pueden contribuir con programas de recualificación certificables, incentivos a la contratación sénior y campañas contra los estereotipos de edad. También resulta importante conectar los programas de formación con las vacantes y las necesidades reales de cada región.
Desde una perspectiva ESG, estas medidas permiten vincular la transición ambiental con la dimensión social de la sostenibilidad. La creación de empleo verde puede contribuir al desarrollo económico, pero su impacto será limitado si los beneficios se concentran en determinados grupos y dejan fuera a trabajadores con experiencia que podrían participar en el cambio.
La economía verde necesita talento, pero también igualdad de oportunidades
La previsión de hasta 560,000 empleos verdes en España antes de 2030 representa una oportunidad para la transformación productiva y la empleabilidad. Sin embargo, los datos de SAVIA muestran que la expansión de un sector no garantiza por sí sola que todas las personas puedan incorporarse a él.
Para quienes buscan trabajo, el reto consiste en identificar las actividades con mayor demanda, actualizar las competencias relevantes y reconocer qué conocimientos de su trayectoria pueden trasladarse a nuevos puestos. Para las empresas, implica invertir en formación, revisar sus criterios de selección y evitar que los prejuicios de edad reduzcan el talento disponible.
La economía verde será una oportunidad laboral más sólida si la transición ecológica también transforma las prácticas de contratación y desarrollo profesional. No basta con generar vacantes: es necesario construir rutas accesibles para cubrirlas y asegurar que las nuevas oportunidades no reproduzcan las desigualdades del mercado laboral que la propia transición debería ayudar a corregir.
