Cada año, miles de jóvenes mexicanos llegan al mercado laboral con una expectativa común: conseguir una primera oportunidad que les permita construir experiencia, independencia económica y un proyecto de vida. Sin embargo, para muchos de ellos, esa puerta permanece cerrada por no contar con trayectoria previa.
El primer empleo se convierte así en una paradoja: las empresas solicitan experiencia para contratar, pero pocos espacios existen para que las nuevas generaciones puedan adquirirla. Ante este escenario, una iniciativa en la Cámara de Diputados busca modificar las reglas de contratación para impulsar la incorporación de jóvenes al trabajo formal.
El reto de abrir la puerta al primer empleo
La propuesta promovida por diputados de Movimiento Ciudadano (MC) durante la Comisión Permanente plantea reformar tres leyes para establecer una cuota obligatoria de contratación juvenil en empresas y dependencias públicas. La medida busca atender una problemática que afecta a quienes intentan incorporarse por primera vez al mercado laboral.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, las personas jóvenes enfrentan barreras relacionadas con la falta de experiencia, la escasez de oportunidades y prácticas discriminatorias que pueden llevarlas a aceptar empleos informales o con bajos salarios. Esta situación limita su acceso a seguridad social, vivienda y mejores condiciones de vida.
La iniciativa plantea que las empresas con 40 trabajadores o más incorporen una cuota mínima del 5% de jóvenes que nunca hayan sido registrados previamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como trabajadores. Además, la contratación deberá considerar criterios de igualdad de género.
Una sanción económica para quienes no cumplan la cuota juvenil
La propuesta busca convertir la inclusión laboral de jóvenes en una obligación patronal y no únicamente en una práctica voluntaria. Para ello, plantea modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) e incorporar nuevas disposiciones que establezcan responsabilidades específicas para empleadores y representantes.
En caso de incumplimiento, las empresas podrían recibir sanciones económicas que van de los 50 a los 2,500 UMAs.
Esto representa multas que oscilan entre 5,865.50 pesos y 293,275 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta.
Más allá del impacto financiero, la medida pretende enviar una señal sobre la importancia de generar espacios laborales donde las nuevas generaciones puedan desarrollarse profesionalmente. La iniciativa busca que la contratación juvenil deje de depender únicamente de la voluntad empresarial.
Exclusión laboral juvenil: multas y estímulos para cambiar el mercado laboral
La propuesta no solo contempla sanciones, también incorpora incentivos para aquellas organizaciones que decidan apostar por el talento joven. Entre las medidas planteadas está la creación de estímulos fiscales para empresas que generen empleos formales destinados a este sector.
A través de una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), se propone otorgar un beneficio fiscal equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a jóvenes contratados y registrados ante el IMSS.
Con esta estrategia, los legisladores buscan equilibrar la obligación de abrir oportunidades con incentivos que faciliten a las empresas adoptar nuevas prácticas de contratación. La intención es que la inclusión juvenil represente una inversión en talento y crecimiento económico.
El impacto de incorporar jóvenes al empleo formal
La discusión sobre empleo juvenil va más allá de conseguir un puesto de trabajo. Para millones de personas entre 18 y 29 años, acceder a un empleo formal representa la posibilidad de contar con ingresos estables, seguridad social y mejores condiciones para construir su futuro.
La iniciativa señala que las personas de entre 18 y 24 años son uno de los grupos con mayor vulnerabilidad laboral, debido a que enfrentan mayores dificultades para ejercer plenamente su derecho al trabajo.
Además, integrar a más jóvenes al mercado formal podría generar beneficios económicos más amplios. Al contar con ingresos y prestaciones, las nuevas generaciones pueden incrementar su consumo, fortalecer la economía y reducir condiciones asociadas con la desigualdad.
Una nueva conversación sobre talento, oportunidades y responsabilidad empresarial
La iniciativa impulsada por MC también contempla modificaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para establecer una cuota similar del 5% dentro del sector público. De esta manera, las dependencias e instituciones gubernamentales también tendrían que considerar la incorporación de jóvenes dentro de sus equipos.
El proyecto representa un cambio en la manera de abordar el acceso al empleo, al reconocer que la falta de oportunidades durante los primeros años laborales puede tener efectos prolongados en la trayectoria profesional y económica de las personas.
En abril de 2026, senadores de MC ya habían manifestado su interés por aprobar esta reforma; sin embargo, debido a sus implicaciones fiscales, el análisis pasó a la Cámara de Diputados. Si logra avanzar, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La discusión sobre la contratación juvenil plantea una pregunta clave para empresas, instituciones y sociedad: ¿cómo construir un mercado laboral donde la falta de experiencia no sea una barrera definitiva para comenzar una carrera profesional? La respuesta requiere políticas públicas, incentivos adecuados y organizaciones dispuestas a abrir espacios.
Más que una cuota o una sanción económica, el debate refleja la necesidad de transformar la relación entre talento joven y empleo formal. Crear oportunidades para quienes comienzan su trayectoria puede convertirse en una estrategia para fortalecer la economía, reducir desigualdades y construir un futuro laboral más incluyente.
