Además de los costos para la salud y saldos negativos en materia de seguridad y violencia que el mercado de las drogas causa en países de América Latina como México, la fabricación y eliminación de estupefacientes tienen importantes impactos en los ecosistemas debido a los efectos contaminantes causados por los precursores utilizados para su fabricación y por la deforestación de bosques para los cultivos ilícitos, de acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), brazo de las Naciones Unidas.
Funcionarios y especialistas de medio ambiente, consultados por El Economista, advierten que la producción ilícita de drogas, como la cocaína, es una amenaza latente en Centro y Latinoamérica; zona del continente americano que mayor actividad de este tipo registra.
El viceministro de Gestión Ambiental de Perú, Mariano Castro, explicó que el daño vinculado con la producción de la droga tiene tres grandes impactos ambientales: la deforestación de bosques amazónicos para habilitar tierras de cultivos ilícitos; la degradación y contaminación del suelo por el cultivo intensivo de coca en tierras forestales y de protección; y la contaminación del agua y el suelo por el vertido de los insumos químicos utilizados para la producción de los estupefacientes.
Al ser una actividad ilegal se realiza sin cumplir ningún tipo de estándar, entre los que se incluyen los medioambientales, advirtió el funcionario peruano. Tanto el proceso de plantar las hierbas de las que se obtendrá la droga, como los mecanismos por los cuales se destilarán, emplean químicos capaces de erosionar la tierra de manera casi irreversible.
La JIFE explica en su reporte mundial 2013 que el proceso mediante el que se eliminan las sustancias empleadas en la fabricación de drogas ilícitas las introduce en el medio ambiente a través de las aguas residuales, y a partir de ahí pueden llegar a los sedimentos, a las aguas superficiales, subterráneas y a los tejidos de vegetación y organismos acuáticos.
En consecuencia, la fauna, la flora silvestre y los seres humanos pueden estar expuestos de manera crónica a dosis muy bajas de la droga o de los productos químicos utilizados para su fabricación ilícita. Esto genera costos para las personas y para los gobiernos, que son responsables de garantizar la salud pública.
De acuerdo con la JIFE el cultivo ilícito del arbusto de coca y de la adormidera ha dado lugar a la tala de bosques –en el caso de la coca–, principalmente en Bolivia, Colombia y Perú. Algunos de los efectos devastadores que tiene ese cultivo para la biodiversidad son la pérdida, la degradación y la fragmentación de los bosques y la pérdida de zonas que podrían dedicarse al cultivo de alimentos.
Además de la deforestación causada por el cultivo, los productos químicos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas pueden ser perjudiciales para la biodiversidad tanto en la zona inmediata como aguas abajo, a consecuencia de la escorrentía. También pueden tener efectos negativos los productos químicos que se utilizan para la fumigación de cultivos ilícitos desde el aire.
Hacia 2010 la JIFE advertía sobre un crecimiento “preocupante” del cultivo de amapola en el país. En su informe anual de ese año reveló que la superficie total de cultivo ilícito erradicado en México aumentó de 13 mil 95 hectáreas en 2008 a 14 mil 753 en 2009.
En tanto, hacia 2012 la JIFE reportó que en México el cultivo de adormidera permanecía y observó que las incautaciones de anhídrido acético, sustancia extraída de esta flor, han estado principalmente relacionadas con la fabricación ilícita de P2-P, un precursor de la metanfetamina, y no con la fabricación ilícita de heroína, que también existe. En el país las incautaciones comunicadas de anhídrido acético aumentaron exponencialmente en el quinquenio 2007-2011, de 10 a 76,600 litros reveló el brazo de la ONU para la fiscalización de estupefacientes.
El abordaje
La responsabilidad de atender y generar medidas para enfrentar y dar solución a los impactos de los contaminantes de la agricultura y producción de la droga compete a todas las naciones que son parte de la cadena: los productores, comerciantes y los consumidores, recomendó Yolanda Díaz, directora del Observatorio Ecológico Ambiental para América Latina.
A decir de Cecilia Iglesias, de la Asociación Civil Red Ambiental, la industria de la droga, como cualquier industria contaminante, debe abordarse globalmente, porque de no homologarse las medidas el problema se traslada a países donde las reglas son menos estrictas.
Mariano Castro expuso que en la región el problema se aborda de maneras diferentes: la transición a la regularización -dentro de lo posible-; la intervención directa a extracción del cultivo ilegal a través del castigo a quienes ejercen esta actividad ilícita y la rehabilitación de las áreas afectadas; finalmente el fenómeno se ha tratado a través del reemplazo de los cultivos ilícitos hacia plantíos legales, como el cacao en el caso de Perú.
El golpe de las drogas al medio ambiente no es sólo un problema ecológico, abundó el viceministro, también es económico y social, por ende debe abordarse desde una perspectiva multisectorial y multilateral.
Ante ello, recomendó que los gobiernos de América Latina deben trabajar de manera conjunta compartiendo información respecto a lo que está en riesgo, las experiencias y la promoción de una estrategia de aprovechamiento de biodiversidad y recursos naturales.
Fuente: El Economista
