Donaciones públicas necesarias, pero con reglas

Por: Emilio Guerra Díaz

Resulta difícil para la población en general asimilar cuándo el gobierno, sea federal, estatal o municipal,  hace donaciones. Las suspicacias afloran y es difícil morigerarse. Tan sólo hechos recientes encienden la mecha de la desconfianza y de la perplejidad, desatando críticas tanto serias como superficiales. En la semana pasada se supo que:

1. Pemex –aún empresa del estado- donó al DIF Coahuila 73 millones de pesos, de los cuales 20 serían destinados a organizaciones de la sociedad civil de la entidad.
2. Gobiernos estatales donaron recursos a Teletón. Precisamente el de Coahuila entregó 28 millones al CRIT de Saltillo. Guanajuato donó 16 millones, mientras en que Aguascalientes el gobernador Lozano de la Torre entregó 15 millones y el Presidente Municipal de la ciudad capital 2.2 millones. En cambio a Gabino Cué, gobernador de Oaxaca (según lo reportó el Semanario Proceso), una treintena de organizaciones le pidieron no donar a la iniciativa de Landeros y “acatar la recomendación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de abstenerse de donar recursos públicos al Teletón”.
3. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de acuerdo a lo que publicó Reforma (29 de noviembre), donará 391 millones de pesos. El diario señala que esa generosa contribución se hará “sin revelar beneficiarios, motivos y reglas”. Es decir, los legisladores anuncian que actuarán con opacidad.

Pero a todo esto, ¿Hay que condenar y prohibir las donaciones públicas a organizaciones privadas de carácter filantrópico?

La visión oaxaqueña de la treintena de OSC que “exigen” a Cue “acate” recomendaciones como la de la ONU de NO donar recursos públicos a organizaciones privadas podría empujar al lector a decir: “¡Si, prohíbanse!” Pero en realidad es un galimatías. Fíjese el lector en estos hechos:

Miles de organizaciones vienen trabajando al menos desde hace 25, quizá 30 años para establecer el derecho de OSC a acceder a recursos públicos argumentando, con toda razón, que las organizaciones brindan servicios adicionales a los que no atiende el mercado (iniciativa privada), como tampoco aquellos que el Estado no cubre con suficiencia.

Gracias al empuje de diversas organizaciones que cabildearon en el pasado, se ha logrado que organizaciones privadas accedan a recursos públicos. Precisamente la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles sienta las bases para aclarar por qué son susceptibles de recibir recursos públicos por las actividades que realizan a favor del bien común.

Estas organizaciones tienen una mayor cobertura allende donde no llegan otros servicios y además la atención al beneficiario en muchas ocasiones es superior en calidez humana. También muchas organizaciones tienen costos subsidiados lo que hace que el precio final al beneficiario sea menor, permitiéndole tener acceso a servicios de salud, por ejemplo.

De tal manera, el marco legal regulador de organizaciones filantrópicas se ha ido adecuando y ha establecido una mejor relación gobierno-OSC aunque falta mucho por hacer. Para ser francos ha exagerado en los controles y no disminuye su desconfianza en el manejo de los recursos que reciben las organizaciones filantrópicas (sean donaciones privadas o públicas). Felipe Calderón endilgó la obligación de reportar donaciones superiores a los 208 mil pesos por ser susceptibles de tener “una procedencia ilícita” y señaló con la ley correspondiente, que las OSC filantrópicas son capaces “de lavar el dinero del narcotráfico”.

Hoy el acceso a fondos públicos – donaciones de gobierno – están regulados y en teoría sólo se destinan aquellas organizaciones que son donatarias autorizadas – o bien –  tienen registro CLUNI del Indesol, o cumplen con ambas condiciones.

Entonces hacer caso a las 30 organizaciones oaxaqueñas quienes piden no donar acatando “recomendaciones de la ONU”, sería darse un balazo en el pie, porque ellas como las demás organizaciones registradas ante Indesol que superan ya las 30 mil, requieren de apoyos públicos para su funcionamiento. Igual sucede en todos los países del mundo: el Estado destina fondos públicos a programas de organizaciones civiles.

Algunas OSC y personas a quienes molesta que los gobiernos hagan donaciones a organizaciones privadas impulsa la construcción de argumentos falaces para atacar ciertas obras filantrópicas (mismos que a la larga pueden aplicárseles a los mismos inquisidores), como por ejemplo, afirmar que los donativos ayudan a una empresa en particular – en el caso de Teletón a Televisa – a evadir impuestos. Sí son cuestionados sobre cómo sucede la evasión, no pueden explicarlo con claridad, ni con los argumentos fiscales.

Entonces el ejercicio de las donaciones públicas destinadas a OSC no es lo que debe discutirse. Toda organización privada que cumpla con los requisitos legales pueda acceder a fondos públicos (cómo las 30 oaxaqueñas) está en su derecho. Esa es una conquista.

El problema se ubica en la opacidad y discrecionalidad en la asignación de los recursos. Debemos de acabar con prácticas donde el gobernante es muy generoso con lo que no es de él, y pasar a criterios, reglas y evaluaciones tanto de organizaciones en su capacidad institucional como en la efectividad de sus servicios en relación al costo/beneficio.

¿Por qué un gobierno estatal dona 15 y otro 16 millones y un municipal 2.2 millones? ¿Cuál fue el criterio en cada caso?, ¿Quién tomó la decisión?, ¿Bajo qué reglas, mecanismos o procedimientos? ¿Por qué la ALDF puede accionar de esa manera?

El problema está en la actitud del donante no en el derecho de que las OSC reciban recursos públicos. Ahora bien, las organizaciones a quienes molesta que otras reciban recursos y ellas no, debiesen estar ocupadas por fortalecer sus instituciones, programas y servicios. Se ha dicho en diversos foros y encuentros, que se requieren más y mejores organizaciones filantrópicas, todas son bienvenidas pero tanto el donante sea gobierno o privado, tienen altas expectativas en la efectividad del sector.

Por otra parte, quizá ya sea hora de que Pemex cuente con una fundación para asignar recursos de inversión con un Consejo Directivo y uno Consultivo que esté conformado por miembros de la empresa como de sociedad civil. Gran parte de empresas de extracción de petróleo y productoras de energía cuentan con una. Así se separa la toma de decisiones y se transparentan las donaciones. En el caso de gobierno habrá que definir criterios para acabar con la discrecionalidad.

En el caso de la ALDF debemos estar muy pendientes. Así como en la Cámara de Diputados se habla de “moches”, se debe desterrar en la Capital del país cualquier sospecha de beneficio privado por comisión que puedan tener los legisladores locales en la relación con OSC.  La cantidad aprobada para donaciones es bienvenida pero con manejo transparente, reglas claras y OSC que cumplan los requisitos.

Desde el Consejo Directivo

El Presidente del Directorio compartió con los demás miembros de la mesa directiva y señaló que leyó la nota de Milenio Diario que encabezó con la leyenda “Crecieron los enemigos, pero tenemos amigos fuertes: Landeros” Expresó que a su juicio pese a todos los recursos con los que cuenta Teletón, siempre ha tenido problemas en su comunicación externa. Recordó que en ocasión de contrarrestar los efectos del abuso de la empatía, Teletón quiso explicar con una serie de piezas publicadas en periódicos el beneficio que brinda a la sociedad, pero fue contraproducente y reforzó la distorsión en el mensaje. Ahora la estrategia fue hablar de “un día de amor” y de que Landeros trabaja por  derechos de las personas con discapacidad pero… no checa.

La Secretaria del Consejo Directivo señaló que fue acertada la inserción del Centro Mexicano para la Filantropía convocando a la sociedad a resolver los conflictos sin violencia y sobre todo que la construcción de un estado de derecho concierte a gobernantes y gobernados. La sociedad civil puede jugar un papel más activo como asertivo pero para ello se requiere mucha innovación y originalidad para sumar ciudadanos a causas sociales.

El Director de la organización recordó que el 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y que toda organización de la sociedad civil tiene la oportunidad de revisar la carta aprobada en 1948 e inspirar su trabajo en sus preceptos.

Emilio Guerra Díaz

Emilio Guerra cuenta con amplia experiencia en la Gestión de la RSC, destacando su trabajo en el área de vinculación con la comunidad que potenciar la inversión social empresarial. Ha gerenciado fundaciones empresariales.